En las manifestaciones del
movimiento de los indignados en mayo del año pasado, el PP, entonces en la
oposición, le reprochó al Gobierno del PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba de
ministro del Interior, no haber sido más contundente en la respuesta policial a
aquella marea humana que llenó la madrileña Puerta del Sol y otras céntricas
plazas españolas.
Menos de un año después, el Gobierno, ahora en manos del PP,
parece haber querido enmendar aquella "blandura" policial cargando
indiscriminada y desproporcionadamente contra los alumnos de un instituto
valenciano que protestaban por la falta de calefacción en su centro.
A la vista
de los apaleamientos y golpes de los que han sido víctimas los estudiantes que
se atrevieron a protestar, la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana
dice ahora que ella no dio orden a la policía para que actuara con tanta dureza
pero el jefe policial llamó a los estudiantes "el enemigo". Por su
parte, el ministro del Interior criticó por la mañana "los excesos"
pero por la tarde cargó la prueba de la culpa sobre "los radicales",
sin más precisiones.
La Delegada dice ahora que se abrirá una investigación
sobre lo ocurrido (ya sabemos todos en qué suelen terminar esas
investigaciones) y el ministro comparecerá en el Congreso para "dar
explicaciones". A la espera quedamos de una y otra cosa aunque no
deberíamos hacernos demasiadas ilusiones sobre la depuración de
responsabilidades.
Preocupa pensar en la posibilidad de que la respuesta del
Gobierno a las legítimas protestas de una ciudadanía cada vez más atenazada por
la crisis y las duras, desequilibradas e injustas reformas puestas en marcha
sea la porra policial. Para evitar males mayores, debería el Gobierno ejercer
su autoridad legítima empleando más la mano izquierda y no sólo la derecha.
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