Del muy imperfecto estado
del bienestar del que hemos disfrutado después de muchos esfuerzos en España
estamos pasando a marchas forzadas a la ley de la selva en donde prevalecen los
más fuertes, léase los más ricos.
Amparado en su mayoría
absoluta y en su completa falta de sensibilidad, el Gobierno ha cargado sobre
los hombros de los empobrecidos pensionistas de este país el pago de los
medicamentos y hasta de las prótesis y el transporte sanitario que necesitan,
por ejemplo, para acudir a rehabilitación o a recibir quimioterapia.
No contento con tamaña
injusticia, que extiende al resto de la población que tenga la desgracia de
ponerse enferma, el Ministerio de Sanidad excluye también de la asistencia
sanitaria pública a los inmigrantes irregulares sin detenerse a pensar en los
riesgos que representa la medida para la salud pública general y, por supuesto,
sin un ápice de piedad para aquellos ciudadanos de otros países
extracomunitarios que se han quedado sin trabajo debido a la crisis.
Nada importa, no hay valores
ni principios humanitarios ni de equidad social en una derecha ultraliberal que
sólo ve en el estado del bienestar un despilfarro de dinero público y no una
manera – la única posible - de redistribución
de la riqueza.
Vamos a ritmo imparable
hacia esa ley de la jungla en la que los más débiles, los más pobres, los
enfermos y los inmigrantes tienen todas las de perder. Sólo importa
tranquilizar a los mercados – los reyes de esta selva -, echar números para
ahorrar y hablar del déficit y del peligro de ser intervenidos, como si no lo
estuviésemos ya de hecho.
Las personas ya no importamos, nuestros proyectos
vitales estorban a la hora de hacer la resta y nuestra opinión como ciudadanos
importa aún menos. Sálvese quien pueda.
