Un mal día para la “marca España”

Todo empezó a ir mal cuando muchos españoles se desayunaron con un reportaje fotográfico de la biblia mundial del periodismo, el New York Times, que retrata con toda crudeza algunas - solo algunas – de las dramáticas consecuencias de la crisis económica en España: gente hurgando en los contenedores de basura, comedores sociales, protestas contra los recortes laborales y sociales, etc. Más allá de que tampoco están los Estados Unidos para presumir de equidad social y ausencia de miseria y desprotección sanitaria, éste fue el presente con el que recibió Nueva York al Rey y al presidente Rajoy. En doce fotografías en deslumbrante blanco y negro para dotarlas de mayor fuerza, la alicaída “marca España” que el monarca pretendía fomentar recibió el primer golpe de la jornada.

La cosa empeoró cuando, subido a la tarima de oradores, el presidente catalán Artur Mas anunció lo que casi todo el mundo esperaba después del fracaso de su órdago con el pacto fiscal: elecciones adelantadas al 25 de noviembre. Envuelto en la estelada y tocado con la barretina, Mas escenificó su propio fracaso político al convocar elecciones cuando aún le quedaba por delante la mitad de la legislatura y en los dos años que lleva al frente de la Generalitat la situación económica de su comunidad no ha hecho sino empeorar.


Pero la culpa, obviamente, no es suya ni de los gobiernos catalanes anteriores ni de la profundidad de la recesión generalizada: la culpa sólo la tiene el Gobierno de Madrid, al que acusa de haber levantado un muro ante las aspiraciones catalanas de contar con un sistema de financiación similar al que tienen vascos y navarros. El paro o las interminables listas de espera que sufren los ciudadanos de Cataluña son asuntos secundarios para él y de hecho solo se refirió a ellos en su discurso media hora después de haber empezado a hablar: en donde haya una buena causa independentista a la que encaramarse por anacrónica que resulte, que se quiten del camino los problemas reales de la gente de a pie. Todo lo resolverá la soberanía o la independencia o lo que sea que pretenda en realidad con tal de sacarle los euros a Rajoy.

Si con las fotos del New Yok Times y las elecciones catalanes la “marca España” empezaba a registrar ya una de sus cotizaciones más bajas de los últimos años, la puntilla la pusieron las cargas policiales de la noche en los alrededores del Congreso de los Diputados. Las escenas ya conocidas de otras manifestaciones se repetían: carga policial, carreras, caídas, porrazos, gente sangrando, manifestantes arrastrados a las furgonetas policiales, periodo de descanso y vuelta a empezar.

Esto a las puertas del Congreso de los Diputados que los convocantes de la protesta se proponían rodear coincidiendo con un pleno de la cámara; sin embargo, la policía se les adelantó y lo rodeó primero desde un día antes, de manera que la mayoría de los manifestantes se contentó con verlo desde lejos, mientras los afortunados que pudieron mirar cara a a cara a los leones se llevaron algún que otro porrazo de recuerdo. Una vez más parece que ha habido de todo: exceso de fuerza policial por un lado y provocación de grupúsculos expertos en reventar manifestaciones por otro.


No fue una buena idea cercar el Congreso y no sólo porque era previsible que la policía lo hiciera primero y hasta porque la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, llegara a comparar las protestas con el 23-F en un descarado intento de deslegitimarlas. No fue buena idea porque el Congreso es la sede de la soberanía nacional y, nos gusten más o menos, sus miembros han sido elegidos en unas elecciones libres y plurales. Si los impulsores de las protestas de ayer quieren cambiar el sistema deben explicar con algo más de claridad cuál es el que proponen para sustituirlo. Del mismo modo deben explicar por qué consideran que la Constitución Española no es democrática – me pregunto qué diría Santiago Carrillo ante eso – y cuál es la que proponen en su lugar.

Hay razones más que suficientes para salir a la calle y protestar alto y claro en contra de que paguen la crisis quienes la sufren y en contra del denodado ataque que sufre el estado del bienestar a manos del neoliberalismo más rampante. Pero no sólo el fondo de esas protestas es importante, también las formas lo son: la contundencia en las críticas no tiene porque estar reñida con el respeto a las instituciones que representan a todos los españoles, al menos mientras no haya un sistema mejor que el democrático, el menos malo de todos los conocidos hasta ahora.

Este es el panorama en vísperas de que el Consejo de Ministros apruebe mañana los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Mucho me temo que mañana tampoco será un buen día y habrá más razones para salir a la calle a protestar, aún sintiéndolo mucho por la “marca España”.

Financiación autonómica y ceremonia de la confusión

Con la algarabía catalana – Mariano Rajoy dixit – en primer plano, el Gobierno del PP y el PP se han enredado en su propio lío con un confuso cruce de mensajes encontrados sobre la necesidad o no de revisar el sistema por el que se financia a las comunidades autónomas. Las declaraciones contradictorias sobre este asunto entre miembros del Ejecutivo y del partido que lo sustenta hacen pensar por momentos en que el PP le hace oposición a su propio gobierno y viceversa.

 
La película de los hechos es aproximadamente la siguiente: el jueves se reúnen Mariano Rajoy y Artur Mas con el pacto fiscal que pide Cataluña sobre la mesa; como la petición catalana es inasumible por el Gobierno central se le ofrece a Más una revisión del modelo de financiación. Al día siguiente, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría admite que hay muchas autonomías disgustadas con el sistema, promete que “se revisará en esta legislatura” y anuncia que el asunto se abordará en la reunión que los presidentes autonómicos celebrarán la semana próxima con Rajoy.



Sin embargo, para sorpresa de muchos, en la reunión que ayer celebraron la propia vicepresidenta y las comunidades autónomas para preparar el orden del día del encuentro autonómico con Rajoy, el asunto ni siquiera se mencionó. Esa fue la primera señal de aviso. La segunda, mucho más alarmante, la dio casi al mismo tiempo María Dolores de Cospedal, la número dos del PP y a la sazón presidenta de Castilla – La Mancha que, junto a la propia Cataluña, Canarias o Andalucía, peor financiación reciben.

Aseguró la dirigente popular – en contra de lo que había dicho Sáenz de Santamaría – que “no es el momento de abrir en canal” el modelo de financiación autonómico y que los presidentes de las autonomías en la que gobierna el PP ni siquiera lo plantearán en la reunión con Rajoy. Éste, desde la lejanía de Nueva York, a donde llegan muy atenuadas las demandas soberanistas catalanas, remachó el clavo asegurando que revisar la financiación autonómica no es una prioridad para su Gobierno.

Aunque con otras palabras, el presidente vino a decir que en épocas de vacas flacas como la actual, en la que la caja pública empieza a criar telarañas por la caída de los ingresos, poco es lo que hay para repartir y contentar las aspiraciones de todas las comunidades autónomas. Muchas de esas comunidades - caso de Canarias, que debió de habérselo pensado bien antes de darle en 2009 el visto bueno al modelo actual - se sienten perjudicadas por el reparto en vigor. Para estas autonomías, las últimas declaraciones de Cospedal y de Rajoy son un jarro de agua fría sobre sus aspiraciones – alimentadas por las palabras de Sáenz de Santamaría - de que el modelo se revise cuanto antes para paliar el déficit de financiación que vienen padeciendo en los últimos años.

Pero, más allá de la algarabía en la que parece haber caído de nuevo el Gobierno en relación con este asunto, con la desautorización de Rajoy a su propia vicepresidenta, surge una duda razonable sobre si efectivamente es este el mejor escenario económico para revisar la financiación autonómica de la que dependen la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación.

A menos que los ingresos vuelvan a aumentar significativamente a corto y medio plazo – que no parece lo más probable – será imposible atender las demandas de todos sin originar nuevos y tal vez más profundos agravios comparativos entre comunidades autónomas ricas y pobres, sobre todo si la revisión se hace pensando en calmar las veleidades soberanistas catalanas.

En ese escenario, Canarias podría salir aún mucho más perjudicada de lo que está actualmente con el ahora denostado sistema de 2009. ¿Qué hacer entonces? Sólo cabe una salida: exigir con una sola voz que reúna a todas las instituciones, fuerzas políticas, sociales y económicas del Archipiélago una financiación acorde con la realidad del Archipiélago y el cumplimiento escrupuloso del Régimen Económico y Fiscal, una particularidad canaria cada vez más arrinconada e ignorada por el Gobierno del Estado. Eso o, en el caso de que al final se abra el melón de la revisión del sistema, rezar aquello de virgencita, virgencita que me quede como estoy.

Errores y mentiras

Estos días está causando furor en la red un vídeo de apenas tres minutos en el que Nick Clegg, el líder de los liberal demócratas británicos, socios de los conservadores de David Cameron en el gobierno de su graciosa majestad, pide perdón por haber apoyado la subida de las tasas universitarias a la que se opuso en la campaña electoral. Una web satírica lo ha convertido en un rap y ahí tenemos a Mr. Clegg a un paso de ocupar el primer puesto de los 40 Principales gracias a la originalidad y a lo poco común de su decisión.

Es cierto que su gesto – que le honra – debería tener la lógica consecuencia de la dimisión por defraudar la confianza de los votantes, al margen de que no servirá para que bajen las tasas ni para que los estudiantes que ya han pagado la subida recuperen el dinero. Por otro lado, Clegg ha intentado con este vídeo – que sus asesores le desaconsejaron que grabara para no proyectar una imagen de debilidad - producir un golpe de efecto al inicio del congreso de su partido en el que, como es natural en este tipo de cónclaves, no falta gente con deseos de moverle la silla. Aún así, que un representante público se atreva a decir de motu propio que cometió un error y pida perdón por ello es algo que adquiere un altísimo valor en los tiempos actuales de descrédito de la política y de los políticos.

Traslademos el asunto a España. Los casos en los que un representante público pide perdón por sus errores o por haber hecho lo contrario de lo que prometió se pueden contar con los dedos de una mano y sobran más de la mitad. El ex presidente Zapatero admitió en un par de ocasiones que no vio el huracán económico que se avecinaba, aunque la confesión no incluyó nunca la palabra perdón o la expresión lo siento; además, no se produjo por propia voluntad sino en respuesta a preguntas periodísticas o a críticas de la oposición. Más parecido al gesto de Nick Clegg fue el de nuestro rey cazador, que con cara compungida pidió perdón en treinta segundos por su metedura de pata en Botswana y prometió que una cosa así no se repetirá.

Comentario aparte merece el caso de Mariano Rajoy, que tendrá el dudoso honor de pasar a la historia como el presidente del Gobierno que más medidas contrarias a lo que había prometido ha puesto en marcha. El problema de Rajoy no es que haya cometido errores, salvo que se consideren como tales el rosario de decisiones adoptadas en sus nueve meses de gobierno que van justo en la dirección contraria a las promesas hechas en la campaña (impuestos, despido, copago, recortes en sanidad, educación y servicios sociales, etc.).

El problema es que ha mentido a los ciudadanos, o por ignorancia – cosa poco probable –, o por calculo político – mucho más verosímil. Cogido en falta cada vez que aplica un nuevo recorte se escuda en vanos argumentos del tipo no hay más remedio, es lo que toca o a mi tampoco me gusta pero hay que hacerlo para crecer y crear empleo. Nick Clegg ha necesitado unos tres minutos para disculparse por el asunto de las tasas universitarias y el Rey treinta segundos para hacerlo por el caso de la cacería en Botswana; si Rajoy sufriera un ataque de remordimiento político – algo muy dudoso - necesitaría al menos un capítulo entero de Secretos y mentiras.