Los hombres de negro llegan a Canarias

Y han venido para quedarse una temporada larga. Sin embargo, no vienen a tomar el sol ni a disfrutar del clima, sino a escudriñar cuánto y en qué se gasta el dinero la comunidad autónoma. Enviados por el Ministerio de Hacienda, es la consecuencia inevitable de la decisión del Gobierno de Canarias de adherirse - nada de rescate - al Fondo de Liquidez Autonómico y pedir casi 757 millones de euros para pagar la deuda con vencimiento este año y cumplir el objetivo de déficit.

Hay coincidencia general en que a Canarias no le quedaba más remedio que pedir un cable financiero toda vez que el interés que exigen los bancos – cerca del 7% - ronda la usura frente al 5,5% que exige Hacienda. Luego están los dos años de carencia y los diez para la amortización del préstamo que, a primera vista, parecen también condiciones favorables.

 

Sin embargo, como suele ocurrir casi siempre, el diablo está en los detalles. Y uno de esos detalles – nada menor, por cierto – es que la comunidad autónoma queda intervenida económicamente de facto por el Ministerio de Hacienda y deja muy capitidisminuido el margen de maniobra económica del Gobierno de Canarias y, por tanto, su propia autonomía. Todo ello en un marco presupuestario asfixiante en el que Canarias vuelve a perder posiciones en su legítima aspiración de que la inversión en las Islas se acerque a la media del Estado y de que se corrijan las disfunciones del sistema de financiación autonómico.

Por eso, dice bien el Gobierno de Canarias cuando afirma que si el Ejecutivo del Estado cumpliese simplemente con lo que se establece en el Régimen Económico y Fiscal no sería necesario acudir al Fondo de Liquidez Autonómico. La decisión de pedir el rescate ha sido acogida con resignación por casi todos, pero sólo el PP se ha alegrado sinceramente de que el Ejecutivo regional haya dado ese paso y hasta su líder en las Islas, José Manuel Soria, ha considerado conveniente instar el presidente canario a que dé las gracias a Mariano Rajoy por su generosidad para con las Islas.

Contrasta la insistencia con la que el PP venía demandando la petición del rescate de Canarias de la que ahora se alegra tanto, con los remoloneos de Rajoy para hacer lo propio con España a la espera seguramente de que pasen las elecciones vascas y gallegas. Son las dos habituales varas de medir que emplea el PP en estos casos en los que recurre a la ley del embudo: lo ancho para mi y lo estrecho para ti.

Es el mismo PP que hurtó a los ciudadanos un debate parlamentario sobre las condiciones del rescate de la banca y que ahora parece dispuesto a evitarle a Mariano Rajoy el mal trago de comparecer en el Congreso para explicar las condiciones del rescate integral, como si fuese un asunto menor que no afectará una vez más y para mal a la vida de los españoles.

En ese sentido, debería de dar ejemplo el Gobierno de Canarias y su presidente comparecer a petición propio en el Parlamento autonómico para explicar con todo lujo de detalles las condiciones y consecuencias de esta adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico y cómo afectará la decisión a los ciudadanos de esta comunidad autónoma, cada día más desconcertados ante la toma de medidas que se se les trasladan como dolorosas aunque inevitables y que influyen de forma decisiva en su vida cotidiana.

La línea roja del agua

Los Presupuestos Generales del Estado de este año ya han traspasado numerosas líneas rojas en el premeditado ataque del PP contra el estado del bienestar pero los de 2013 dan unos cuantos pasos más allá de ese límite. Sin embargo, por lo que a Canarias se refiere, las cuentas públicas del próximo año rebasan todo lo imaginable al dejar a cero la subvención que recibe la producción de agua desalada en las Islas, ya recortadas en los Presupuestos aún en vigor. 

Sólo la ignorancia o los deseos deliberados de jorobar – por no emplear otra palabra que también empieza por “j” - pueden explicar una decisión como esa. Ignorancia no creo que sea porque, entre otras cosas,  en la mesa del Consejo de Ministros se sienta un miembro del Gobierno que fue alcalde de la ciudad más poblada de Canarias y en la que la práctica totalidad de sus habitantes se tiene que abastecer por fuerza de agua desalada; por tanto, conoce perfectamente el coste de la producción y lo que pagan los ciudadanos por algo tan elemental y necesario como el agua. 

Ese mismo ministro fue también presidente del cabildo de una isla con un potente sector turístico que depende de manera directa e inevitable del agua procedente de potabilizadoras. Y no digamos nada de islas como Lanzarote o Fuerteventura en donde, además de contar también con una pujante industria turística, casi el 100% de la población residente tiene que abastecerse también de agua desalada. 

A pesar de las subvenciones públicas, el agua en Canarias es de las más caras de España y, encima, no es demasiado recomendable para beber o cocinar. De manera que decenas de miles de ciudadanos tenemos que recurrir al agua embotellada para tareas que en otros lugares del país se resuelven con el agua del grifo y a precios mucho más económicos. Para mayor escarnio estamos hablando de una partida de apenas diez millones de euros, lo que no llega ni a la categoría de gota en el océano presupuestario.

En su alocada y absurda carrera de recortes, el Gobierno del PP no ha tenido suficiente con someter a los canarios a la humillación de mostrar un certificado de residente para verificar que vivimos en estas islas o con regatearnos la compensación por la lejanía y la insularidad, además de despreciar los acuerdos bilaterales firmados y reducir a la nada partidas vitales como la del Plan Integral de Empleo. 

Ahora, además, pretende obligarnos a pagar el agua al precio del petróleo o del Don Perignon en un territorio con más de un 30% de paro y con los salarios y las pensiones más bajas del país. Los canarios no podemos consentir que el Gobierno traspase también esa línea roja y los primeros que deben evitarlo son nuestros representantes públicos en las Cortes Generales, empezando por los diputados y senadores del PP. Contemporizar o intentar justificar lo injustificable no es una alternativa por lo que, de llegar a aplicarse la medida, no tendrán otra opción que entregar sus actas de diputados y senadores.

Modular es lo mismo que recortar

No es casualidad sino todo lo contrario que el PP haya lanzado una piedra contra el derecho fundamental de manifestación justo en el momento en el que arrecian en la calle las protestas sociales contra las políticas de recortes del Gobierno. En el partido gubernamental empieza a cundir la preocupación por la frecuencia y la intensidad de las protestas y a algunos de sus miembros no se les ha ocurrido nada mejor que proponer una modulación de un derecho recogido expresamente en la Constitución.

Abrió el fuego la Delegada del Gobierno en Madrid pero enseguida se le unió el presidente de esa comunidad autónoma y hasta el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que habla por su parte de regular administrativamente ese derecho, eufemismo que, como el de modular, sólo pretende ocultar sin conseguirlo el verdadero fin de la idea: recortar el derecho ciudadano a manifestarse de forma pública y colectiva y dentro de los cauces ya establecidos por la Ley.

Aún preocupa mucho más que a Torres-Dulce le preocupen las manifestaciones que - dice – atacan a las instituciones del Estado, como si el Gobierno, las Cortes o el Poder Judicial debieran ser territorios sagrados exentos de la crítica y la protesta civil. Si a esa ocurrencia del Fiscal General del Estado le unimos el dislate de María Dolores de Cospedal al comparar el 25S con la intentona golpista de Tejero, es fácil hacerse una idea cabal de cuáles son las verdaderas intenciones de los que piden modular las manifestaciones: volver a la época en la que Fraga clamaba aquello de la calle es mía y poner en práctica las alabanzas de Rajoy a la mayoría silenciosa, acallando y deslegitimando así unas protestas sociales más justificadas que nunca en estos momentos. 

Con todo, se puede estar más o menos de acuerdo con las consignas de las manifestaciones – basta con no acudir a ellas si no se comparten sus proclamas o sus fines - y en absoluto se pueden compartir los actos de violencia que muy contadas veces se producen en estas protestas. Sobra pues la modulación, porque para perseguir y castigar la violencia eventual en las manifestaciones ya se bastan y sobran la policía y los tribunales de justicia que disponen de instrumentos materiales y legales más que suficientes para ello.

El PP, que ahora está tan preocupado por estas manifestaciones, es el mismo que desde la oposición animaba a participar en las que convocaban la Iglesia Católica o las víctimas del terrorismo contra José Luis Rodríguez Zapatero y en algunas de las cuales – por cierto – también hubo algún brote de violencia como el zarandeo, los insultos y el intento de agresión en 2005 a José Bono, entonces ministro de Defensa. 

En aquel momento, al PP no le parecía necesario modular nada ni lloraba lágrimas de cocodrilo por los negocios del centro de Madrid que solía colapsarse también con aquellas protestas; lo único que importaba es que se sumaran al desgaste del Gobierno cuantos más manifestantes mejor.

Si el PP, ahora en el poder, desea modular algo, tiene un inmenso campo de actuación a su alcance sin tocar derechos fundamentales. Puede empezar, por ejemplo, exigiendo responsabilidades penales a los banqueros que, después de endosarle a todos los españoles una deuda descomunal y de engañar a miles de ellos con las participaciones preferentes, están a punto de irse de rositas y con los bolsillos bien llenos; puede seguir por la propia corrupción que anida en el seno de los partidos, incluido el PP, y si lo desea, y no es mucho esfuerzo, puede perseguir el fraude fiscal de las grandes fortunas. Ahí tienen terreno el Gobierno, la policía y los jueces para modular a placer. Que lo hagan y dejen el derecho de manifestación en paz.