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La línea roja del agua



Los Presupuestos Generales del Estado de este año ya han traspasado numerosas líneas rojas en el premeditado ataque del PP contra el estado del bienestar pero los de 2013 dan unos cuantos pasos más allá de ese límite. Sin embargo, por lo que a Canarias se refiere, las cuentas públicas del próximo año rebasan todo lo imaginable al dejar a cero la subvención que recibe la producción de agua desalada en las Islas, ya recortadas en los Presupuestos aún en vigor. 


Sólo la ignorancia o los deseos deliberados de jorobar – por no emplear otra palabra que también empieza por “j” - pueden explicar una decisión como esa. Ignorancia no creo que sea porque, entre otras cosas,  en la mesa del Consejo de Ministros se sienta un miembro del Gobierno que fue alcalde de la ciudad más poblada de Canarias y en la que la práctica totalidad de sus habitantes se tiene que abastecer por fuerza de agua desalada; por tanto, conoce perfectamente el coste de la producción y lo que pagan los ciudadanos por algo tan elemental y necesario como el agua. 

Ese mismo ministro fue también presidente del cabildo de una isla con un potente sector turístico que depende de manera directa e inevitable del agua procedente de potabilizadoras. Y no digamos nada de islas como Lanzarote o Fuerteventura en donde, además de contar también con una pujante industria turística, casi el 100% de la población residente tiene que abastecerse también de agua desalada. 

A pesar de las subvenciones públicas, el agua en Canarias es de las más caras de España y, encima, no es demasiado recomendable para beber o cocinar. De manera que decenas de miles de ciudadanos tenemos que recurrir al agua embotellada para tareas que en otros lugares del país se resuelven con el agua del grifo y a precios mucho más económicos. Para mayor escarnio estamos hablando de una partida de apenas diez millones de euros, lo que no llega ni a la categoría de gota en el océano presupuestario.

En su alocada y absurda carrera de recortes, el Gobierno del PP no ha tenido suficiente con someter a los canarios a la humillación de mostrar un certificado de residente para verificar que vivimos en estas islas o con regatearnos la compensación por la lejanía y la insularidad, además de despreciar los acuerdos bilaterales firmados y reducir a la nada partidas vitales como la del Plan Integral de Empleo. 

Ahora, además, pretende obligarnos a pagar el agua al precio del petróleo o del Don Perignon en un territorio con más de un 30% de paro y con los salarios y las pensiones más bajas del país. Los canarios no podemos consentir que el Gobierno traspase también esa línea roja y los primeros que deben evitarlo son nuestros representantes públicos en las Cortes Generales, empezando por los diputados y senadores del PP. Contemporizar o intentar justificar lo injustificable no es una alternativa por lo que, de llegar a aplicarse la medida, no tendrán otra opción que entregar sus actas de diputados y senadores.

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