Los Presupuestos
Generales del Estado de este año ya han traspasado numerosas líneas
rojas en el premeditado ataque del PP contra el estado del bienestar pero los de 2013 dan unos cuantos pasos más allá de ese límite. Sin
embargo, por lo que a Canarias se refiere, las cuentas públicas del
próximo año rebasan todo lo imaginable al dejar a cero la
subvención que recibe la producción de agua desalada en las Islas,
ya recortadas en los Presupuestos aún en vigor.
Sólo la ignorancia
o los deseos deliberados de jorobar – por no emplear otra palabra
que también empieza por “j” - pueden explicar una decisión como
esa. Ignorancia no creo que sea porque, entre otras cosas, en la mesa
del Consejo de Ministros se sienta un miembro del Gobierno que fue
alcalde de la ciudad más poblada de Canarias y en la que la práctica
totalidad de sus habitantes se tiene que abastecer por fuerza de agua
desalada; por tanto, conoce perfectamente el coste de la producción
y lo que pagan los ciudadanos por algo tan elemental y necesario como
el agua.
Ese mismo ministro fue también presidente del cabildo de
una isla con un potente sector turístico que depende de manera
directa e inevitable del agua procedente de potabilizadoras. Y no
digamos nada de islas como Lanzarote o Fuerteventura en donde, además
de contar también con una pujante industria turística, casi el 100%
de la población residente tiene que abastecerse también de agua
desalada.
A pesar de las subvenciones públicas, el agua en Canarias
es de las más caras de España y, encima, no es demasiado
recomendable para beber o cocinar. De manera que decenas de miles de
ciudadanos tenemos que recurrir al agua embotellada para tareas que
en otros lugares del país se resuelven con el agua del grifo y a
precios mucho más económicos. Para mayor escarnio estamos hablando de una partida de apenas diez millones de euros, lo que no llega ni a la categoría de gota en el océano presupuestario.
En su alocada y absurda carrera de
recortes, el Gobierno del PP no ha tenido suficiente con someter a
los canarios a la humillación de mostrar un certificado de residente
para verificar que vivimos en estas islas o con regatearnos la
compensación por la lejanía y la insularidad, además de despreciar
los acuerdos bilaterales firmados y reducir a la nada partidas
vitales como la del Plan Integral de Empleo.
Ahora, además, pretende
obligarnos a pagar el agua al precio del petróleo o del Don Perignon
en un territorio con más de un 30% de paro y con los salarios y las
pensiones más bajas del país. Los canarios no podemos consentir que
el Gobierno traspase también esa línea roja y los primeros que
deben evitarlo son nuestros representantes públicos en las Cortes
Generales, empezando por los diputados y senadores del PP.
Contemporizar o intentar justificar lo injustificable no es una
alternativa por lo que, de llegar a aplicarse la medida, no tendrán otra opción que entregar sus actas de diputados y senadores.
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