No es casualidad sino
todo lo contrario que el PP haya lanzado una piedra contra el derecho
fundamental de manifestación justo en el momento en el que arrecian
en la calle las protestas sociales contra las políticas de recortes
del Gobierno. En el partido gubernamental empieza a cundir la
preocupación por la frecuencia y la intensidad de las protestas y a
algunos de sus miembros no se les ha ocurrido nada mejor que proponer
una modulación de un derecho recogido expresamente en la
Constitución.
Abrió el fuego la
Delegada del Gobierno en Madrid pero enseguida se le unió el
presidente de esa comunidad autónoma y hasta el Fiscal General del
Estado, Eduardo Torres-Dulce, que habla por su parte de regular administrativamente ese derecho, eufemismo que, como el de modular, sólo pretende ocultar sin conseguirlo el verdadero
fin de la idea: recortar el derecho ciudadano a manifestarse de forma
pública y colectiva y dentro de los cauces ya establecidos por la
Ley.
Aún preocupa mucho más
que a Torres-Dulce le preocupen las manifestaciones que - dice –
atacan a las instituciones del Estado, como si el Gobierno, las
Cortes o el Poder Judicial debieran ser territorios sagrados exentos
de la crítica y la protesta civil. Si a esa ocurrencia del Fiscal
General del Estado le unimos el dislate de María Dolores de Cospedal
al comparar el 25S con la intentona golpista de Tejero, es fácil
hacerse una idea cabal de cuáles son las verdaderas intenciones de
los que piden modular las manifestaciones: volver a la época
en la que Fraga clamaba aquello de la calle es mía y poner en práctica las alabanzas de Rajoy a la mayoría silenciosa, acallando y deslegitimando así unas protestas sociales más justificadas que nunca en
estos momentos.
Con todo, se puede estar más o menos de acuerdo con las consignas de las manifestaciones – basta con no acudir a ellas si no se comparten sus proclamas o sus fines - y en absoluto se pueden compartir los actos de violencia que muy contadas veces se producen en estas protestas. Sobra pues la modulación, porque para perseguir y castigar la violencia eventual en las manifestaciones ya se bastan y sobran la policía y los tribunales de justicia que disponen de instrumentos materiales y legales más que suficientes para ello.
El PP, que ahora está
tan preocupado por estas manifestaciones, es el mismo que desde la
oposición animaba a participar en las que convocaban la Iglesia
Católica o las víctimas del terrorismo contra José Luis Rodríguez
Zapatero y en algunas de las cuales – por cierto – también hubo
algún brote de violencia como el zarandeo, los insultos y el intento
de agresión en 2005 a José Bono, entonces ministro de Defensa.
En
aquel momento, al PP no le parecía necesario modular nada ni
lloraba lágrimas de cocodrilo por los negocios del centro de Madrid que
solía colapsarse también con aquellas protestas; lo único que
importaba es que se sumaran al desgaste del Gobierno cuantos más
manifestantes mejor.
Si el PP, ahora en el
poder, desea modular algo,
tiene un inmenso campo de actuación a su alcance sin tocar derechos
fundamentales. Puede empezar, por ejemplo, exigiendo
responsabilidades penales a los banqueros que, después de endosarle
a todos los españoles una deuda descomunal y de engañar a miles de
ellos con las participaciones preferentes, están a punto de irse de
rositas y con los bolsillos bien llenos; puede seguir por la propia
corrupción que anida en el seno de los partidos, incluido el PP, y
si lo desea, y no es mucho esfuerzo, puede perseguir el fraude fiscal
de las grandes fortunas. Ahí tienen terreno el Gobierno, la policía
y los jueces para modular a
placer. Que lo hagan y dejen el derecho de manifestación en paz.
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