El dilema de la economía sumergida

Al menos que yo recuerde, ésta es la primera vez que una administración pública le pone números a la economía sumergida, que por su propia definición y características no es fácil de cuantificar. La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias acaba de reconocer públicamente que en el Archipiélago existen unos 125.000 trabajos “sumergidos”, esto es, no regularizados. Si es cierta, la cifra espanta porque supone el 43% de los trabajadores en paro inscritos en las oficinas públicas de empleo de la comunidad autónoma, que ascienden a casi 289.000 personas.

No olvidemos, sin embargo, que las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA ) que conocíamos el pasado viernes colocan el número total de desempleados en el Archipiélago en 378.000 personas, casi 100.000 más que las que han confiado en los servicios de la administración pública para encontrar un trabajo. Quiere ello decir, que a esos 125.000 trabajos no declarados hay que añadir seguramente algunos miles más de desempleados que no confían ya en los servicios públicos de empleo para encontrar una ocupación regulada.

Las causas de estos preocupantes datos no son difíciles de adivinar: por un lado, la inveterada tradición nacional, tanto de empresarios como de trabajadores, de burlar las cargas fiscales y sociales que implican el trabajo regularizado, algo que por desgracia está demasiado extendido incluso en épocas de bonanza económica; por otro, la expulsión del mercado laboral legalizado de millones de trabajadores a raíz de la crisis económica y de las facilidades concedidas a los empresarios para despedir a precio de saldo. 

Es seguramente esta segunda causa la que ha hecho que se haya disparado el número de trabajadores que, ante las nulas perspectivas de encontrar un empleo legal, han optado por aceptar una ocupación en precario pero cuya remuneración, por baja que sea, está exenta de cotizaciones sociales y pago de impuestos. A nadie se le escapa que esta práctica supone, sobre todo, un quebranto para las arcas de la Seguridad Social y la hacienda pública, además de una competencia desleal para los empresarios que hacen frente a sus obligaciones y una presión a la baja de los salarios de la economía legal.

Es una vieja máxima que la economía sumergida – sobre todo en épocas de crisis tan profunda como la actual – es una válvula de escape sin la cual la conflictividad social podría llegar a alcanzar cotas de intensidad incontrolable y de consecuencias imprevisibles: mejor dejarla estar para evitarse más problemas que los que ya tenemos y, de paso, permitir que los trabajadores y empresarios sumergidos puedan seguir tirando hasta que vengan tiempos mejores.

El problema es serio y el dilema para resolverlo también: permitir que cada vez más trabajadores y empresarios se adentren en la economía sumergida no hará sino agravar las tensiones de las cuentas públicas, pero perseguirla y sancionarla puede dar lugar a situaciones de mayor depauperación social que las que ya sufrimos en España y, particularmente, en Canarias.

¿Que hacer entonces? La solución no es fácil y, hasta ahora, las medidas que se han adoptado para aflorar el empleo sumergido han arrojado un balance bastante pobre: o a las autoridades laborales les faltan medios y convicción para afrontar la situación o a los trabajadores y empresarios sumergidos le sobran artimañas para eludir la legalidad, o ambas cosas a la vez.

Lo que parece evidente es que la mejor manera de luchar contra el empleo sumergido no es poniendo el despido a precio de saldo y suprimiendo derechos laborales, sino adoptando medidas que favorezcan el trabajo digno y de calidad y aplicando la ley a los que opten – trabajadores o empresarios – por la ilegalidad. En cuanto a la primera condición, el camino emprendido es justamente el contrario, con lo que nadie debería de extrañarse de que la economía sumergida termine engullendo a buena parte de la economía productiva de este país.

Báñez y la irrealidad

La realidad:

1.- Casi 5,8 millones de españoles están a día de hoy en el paro y en dos millones de hogares de este país no trabaja ninguno de sus miembros. Uno de cada cuatro españoles no tiene trabajo y en comunidades como Canarias no lo pueden hacer tres de cada diez. Causa directa de estos datos es la aplicación de la injusta y desequilibrada reforma laboral que ha disparado los expedientes de regulación de empleo al calor del abaratamiento del despido. La tasa de paro juvenil de España supera el 50% y en comunidades como Canarias alcanza el 62%.

2.- Cerca de medio millón de personas se han ido de España en lo que llevamos de 2012 en busca de las oportunidades de trabajo que en nuestro país no encuentran.

3.- La tasa de pobreza en España afecta a dos de cada diez ciudadanos y en comunidades autónomas como Canarias a tres de cada diez. 

4.- La tasa de pobreza infantil en España afecta al 24% de los niños y en Canarias a casi el 30%. España es el país con mayores tasas de desigualdad social de la Unión Europea. 

5.- En muchos lugares de España, incluida Canarias, hay niños que sólo pueden hacer una comida diaria, la que reciben en el comedor escolar, porque sus familias no disponen de recursos para alimentarlos mejor.

6.- En los dos últimos años, que han coincidido con el agravamiento de la situación económica, organizaciones como Cruz Roja, Cáritas o los bancos de alimentos se han visto desbordadas ante las peticiones de comida. 

Larga cola de españoles saliendo de la crisis

 7.- Desde el comienzo de la crisis económica se han registrado en España más de 350.000 desahucios, y la cifra sigue aumentando acompañada además de episodios de desesperación que han conducido al suicidio. Ni el Poder Judicial ni el Gobierno ven necesario hacer frente a este drama social.

8.- Desde el comienzo de la crisis han cerrado en España más de 300.000 pequeñas y medianas empresas, y la cifra sigue aumentando.

9.- Desde que se puso en marcha la reestructuración del sistema bancario, las entidades financieras han recibido miles de millones de euros públicos para sanear los activos tóxicos generados por su mala cabeza especulativa; y más que recibirán en virtud del rescate bancario. 

10.- Desde que comenzó la crisis, los directivos y altos ejecutivos bancarios se han llevado centenares de millones de euros en concepto de pensiones por jubilación y primas. Mientras, miles de españoles estafados con productos como las participaciones preferentes siguen esperando una solución.

 

11.- Con la llegada del PP al Gobierno se ha exacerbado la política de recortes emprendida por el PSOE y se ha implantado el copago en la sanidad, se ha excluido a los inmigrantes irregulares del Sistema Nacional de Salud y se ha reducido drásticamente el número de medicamentos financiados por la sanidad pública. Además, también se ha recortado a conciencia en educación, investigación y cultura.

12.- Las comunidades autónomas, asfixiadas por los recortes presupuestarios para cumplir el objetivo de déficit, se han quedado sin recursos para atender las competencias en sanidad, educación y prestaciones sociales y muchas de ellas han tenido que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico y someterse a la intervención de sus cuentas y a nuevos ajustes y recortes. 

13.- Ni antes con el PSOE ni ahora con el PP se ha perseguido con decisión el fraude fiscal ni se han gravado las grandes fortunas o los bienes de la Iglesia Católica. Se han incrementado en cambio el IVA y el IRPF y se ha hecho recaer la mayor presión fiscal sobre las espaldas de la clase media, cada día más depauperada. 

14.- Desde el comienzo de la crisis, los ciudadanos de este país cada vez contamos menos en las decisiones económicas que nos afectan y que se nos imponen porque lo dictan los mercados. Se nos engañó en la campaña electoral prometiendo que no se haría todo lo que se ha hecho después y se nos sigue engañando cada día cuando se asegura que todas esas medidas servirán para crecer y crear empleo.

La irrealidad:

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho: “Estamos saliendo de la crisis, hay señales. Estamos viendo ya señales esperanzadoras en un entorno de una crisis económica muy dura. Y no me refiero a un optimismo vacío sino al relato de la realidad.

Las preguntas:

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué color, intensidad y tamaño son las señales? ¿Son brotes verdes o azules? ¿Flipa la ministra? ¿Se cree lo que dice? ¿Cree que los españoles creen en lo que dice? ¿Es la ministra un ser de este mundo en crisis? ¿Los parados, los excluidos, los desahuciados y los hambrientos son también personas humanas para la ministra? ¿Nos toma el pelo la ministra? ¿Por qué?

Desahucios y alarma social

El Gobierno español actual y los anteriores se han distinguido por modificar el Código Penal a golpe de titulares. Ante cada nuevo caso de asesinato, secuestro o violación, especialmente cuando las víctimas son menores de edad, todos ellos han optado por endurecer las penas con las que se castigan estos delitos y dar así pábulo a un populismo penal claramente inducido por ciertos titulares de prensa y determinados programas de televisión de intenso color amarillo. Se ha conseguido así que nuestro país posea uno de los códigos penales más duros de su entorno y que, a pesar de ello, registre la población reclusa más numerosa y que sea, además, el lugar en donde los penados más tiempo pasan entre rejas, aunque haya una falsa percepción social que cree todo lo contrario. Todo esto en un país que tiene una de las tasas de delincuencia más bajas de la Unión Europea.

Ni que decir tiene que las reiteradas reformas del Código Penal no han servido para evitar que ese tipo de sucesos se sigan produciendo, del mismo modo que la pena de muerte no ha servido para que en los países que la aplican – véase el caso de Estados Unidos – no se sigan cometiendo homicidios y asesinatos. No debe ser, por tanto, la benevolencia de las penas lo que hace que se mate, secuestre o viole y, en consecuencia, no es el endurecimiento de las condenas la panacea para que ese tipo de sucesos se reduzca a su mínima expresión.

Esta altísima sensibilidad penal de los sucesivos gobiernos- que ahora amenaza con exacerbarse aún más a través del endurecimiento de las penas relacionadas con manifestaciones o protestas callejeras - contrasta con la insensibilidad mostrada ante un drama que también está generando una importante alarma social pero ante el que no parece haber la más mínima voluntad de cambiar las leyes: los desahucios de sus viviendas de familias que, debido a la crisis económica, ya no pueden hacer frente al pago de las hipotecas suscritas en la época en la que atábamos los perros con longanizas en este país. 

Se calcula que desde el comienzo de la crisis, unas 350.000 familias españolas han perdido sus casas que, en la mayoría de los ocasiones, han ido a engrosar los activos de los bancos después de quedárselas muy por debajo de su valor de tasación mientras los deudores han tenido que seguir pagando la hipoteca por una vivienda que ya no poseen. Y eso, a pesar de que ahora los bancos no sepan muy bien qué hacer con tanto piso dada la situación de estancamiento del mercado inmobiliario español.

A lo más que ha llegado el Gobierno es a aprobar un llamado Código de Buenas Prácticas de carácter meramente voluntario para los bancos y que, a la vista está, es a todas luces insuficiente para frenar los desahucios de familias que ese están quedando literalmente en la calle en un dantesco escenario de paro y exclusión social. Dos ejemplos claros de esa situación de desamparo absoluto los acabamos de vivir hace unos días con un hombre que se ahorcó en Granada poco antes de ser expulsado de su vivienda, y otro en Valencia que intentó también suicidarse tirándose al vacío desde el balcón de la vivienda de la que iba a ser desahuciado.

Coincidieron estas noticias con la decisión del Consejo General del Poder Judicial de meter en un cajón el informe de un grupo de jueces – informe encargado por el propio Consejo, para mayor escarnio – en el que se hacen una serie de recomendaciones para adaptar la caduca legislación de ¡1909! sobre desahucios a la realidad social y económica de la España actual. 

Recomendaciones como establecer la dación de la vivienda en pago de la hipoteca, extender a las familias en apuros las suculentas ayudas con dinero público que va a recibir la banca para librarse precisamente de sus activos inmobiliarios tóxicos, alargar los plazos de pago o rebajar temporalmente los tipos de interés, no son asumidas por el Consejo que, en consecuencia, no las elevará al Gobierno para que vea la posibilidad de modificar la vetusta normativa al respecto.

Esta completa insensibilidad del Poder Judicial ante un drama social como el de los desahucios es acorde con la del Poder Ejecutivo: preguntado por este asunto, el Gobierno se ha limitado a responder que, “ si hace falta, revisará el Código de Buenas Prácticas”. La cuestión es no incordiar a los bancos con medidas que vayan en contra de sus intereses, mientras depauperamos a conciencia el país para que las entidades financieras limpien sus balances con el dinero de todos los ciudadanos y el sufrimiento de los que han perdido y perderán sus viviendas gracias a una legislación injusta y desfasada. Esta es la doble vara de medir la alarma social que tiene el Gobierno: para unos la ley, para otros el favor.