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Desahucios y alarma social

El Gobierno español actual y los anteriores se han distinguido por modificar el Código Penal a golpe de titulares. Ante cada nuevo caso de asesinato, secuestro o violación, especialmente cuando las víctimas son menores de edad, todos ellos han optado por endurecer las penas con las que se castigan estos delitos y dar así pábulo a un populismo penal claramente inducido por ciertos titulares de prensa y determinados programas de televisión de intenso color amarillo. Se ha conseguido así que nuestro país posea uno de los códigos penales más duros de su entorno y que, a pesar de ello, registre la población reclusa más numerosa y que sea, además, el lugar en donde los penados más tiempo pasan entre rejas, aunque haya una falsa percepción social que cree todo lo contrario. Todo esto en un país que tiene una de las tasas de delincuencia más bajas de la Unión Europea.

Ni que decir tiene que las reiteradas reformas del Código Penal no han servido para evitar que ese tipo de sucesos se sigan produciendo, del mismo modo que la pena de muerte no ha servido para que en los países que la aplican – véase el caso de Estados Unidos – no se sigan cometiendo homicidios y asesinatos. No debe ser, por tanto, la benevolencia de las penas lo que hace que se mate, secuestre o viole y, en consecuencia, no es el endurecimiento de las condenas la panacea para que ese tipo de sucesos se reduzca a su mínima expresión.

Esta altísima sensibilidad penal de los sucesivos gobiernos- que ahora amenaza con exacerbarse aún más a través del endurecimiento de las penas relacionadas con manifestaciones o protestas callejeras - contrasta con la insensibilidad mostrada ante un drama que también está generando una importante alarma social pero ante el que no parece haber la más mínima voluntad de cambiar las leyes: los desahucios de sus viviendas de familias que, debido a la crisis económica, ya no pueden hacer frente al pago de las hipotecas suscritas en la época en la que atábamos los perros con longanizas en este país. 


Se calcula que desde el comienzo de la crisis, unas 350.000 familias españolas han perdido sus casas que, en la mayoría de los ocasiones, han ido a engrosar los activos de los bancos después de quedárselas muy por debajo de su valor de tasación mientras los deudores han tenido que seguir pagando la hipoteca por una vivienda que ya no poseen. Y eso, a pesar de que ahora los bancos no sepan muy bien qué hacer con tanto piso dada la situación de estancamiento del mercado inmobiliario español.

A lo más que ha llegado el Gobierno es a aprobar un llamado Código de Buenas Prácticas de carácter meramente voluntario para los bancos y que, a la vista está, es a todas luces insuficiente para frenar los desahucios de familias que ese están quedando literalmente en la calle en un dantesco escenario de paro y exclusión social. Dos ejemplos claros de esa situación de desamparo absoluto los acabamos de vivir hace unos días con un hombre que se ahorcó en Granada poco antes de ser expulsado de su vivienda, y otro en Valencia que intentó también suicidarse tirándose al vacío desde el balcón de la vivienda de la que iba a ser desahuciado.

Coincidieron estas noticias con la decisión del Consejo General del Poder Judicial de meter en un cajón el informe de un grupo de jueces – informe encargado por el propio Consejo, para mayor escarnio – en el que se hacen una serie de recomendaciones para adaptar la caduca legislación de ¡1909! sobre desahucios a la realidad social y económica de la España actual. 

Recomendaciones como establecer la dación de la vivienda en pago de la hipoteca, extender a las familias en apuros las suculentas ayudas con dinero público que va a recibir la banca para librarse precisamente de sus activos inmobiliarios tóxicos, alargar los plazos de pago o rebajar temporalmente los tipos de interés, no son asumidas por el Consejo que, en consecuencia, no las elevará al Gobierno para que vea la posibilidad de modificar la vetusta normativa al respecto.

Esta completa insensibilidad del Poder Judicial ante un drama social como el de los desahucios es acorde con la del Poder Ejecutivo: preguntado por este asunto, el Gobierno se ha limitado a responder que, “ si hace falta, revisará el Código de Buenas Prácticas”. La cuestión es no incordiar a los bancos con medidas que vayan en contra de sus intereses, mientras depauperamos a conciencia el país para que las entidades financieras limpien sus balances con el dinero de todos los ciudadanos y el sufrimiento de los que han perdido y perderán sus viviendas gracias a una legislación injusta y desfasada. Esta es la doble vara de medir la alarma social que tiene el Gobierno: para unos la ley, para otros el favor.

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