Desahucios: de repente, todos alarmados

Han tenido que suicidarse dos personas y una tercera intentarlo – al menos, según cifras conocidas – para que cunda la alarma sobre el drama social de los desahucios. De repente, el Gobierno, la oposición, los ayuntamientos, los jueces, la policía, algunos bancos y hasta los medios de comunicación que ignoraron o minimizaron lo que está ocurriendo, se confiesan alarmados y proponen todo tipo de soluciones para detener tanto atropello. Todos se rasgan ahora las vestiduras y claman para modificar una ley que tiene más de un siglo de vida y que ata de pies y manos al deudor frente al acreedor sin dejarle apenas capacidad de defensa cuando, por causas sobrevenidas y ajenas a su voluntad, no puede seguir haciendo frente al pago de la hipoteca.

Hay mucho de hipocresía en esta alarma político-institucional que se ha desatado en torno a los desahucios. En los partidos políticos como el PSOE o el PP, porque tuvieron la oportunidad de cambiar la legislación y se conformaron con aprobar un inútil Código de Buenas Prácticas de adhesión voluntaria por parte de la banca que – a la vista está por el número de desahucios que se ha producido en España desde el inicio de la crisis – no ha servido para nada. La insensibilidad de la práctica totalidad del arco político ante el drama de miles de personas arrojadas a la calle, el miedo a incomodar a la banca y la promiscuidad entre políticos y banqueros, con deudas condonadas y créditos para campañas electorales pendientes de devolución, son la clave para entender la indiferencia que han mostrado hasta ahora. 

Tampoco el Poder Judicial ha estado a la altura de las circunstancias, insensible también hasta hoy ante el colapso de muchos juzgados, cuyos titulares tienen que dedicar a diario tiempo y esfuerzo que pagamos todos los ciudadanos para resolver las ejecuciones de desahucio a mayor gloria de la banca, a la que también tenemos que sanear con nuestro dinero para que no quiebre. Y lo mismo puede argumentarse de los ayuntamientos, que podían haber puesto en marcha mucho antes medidas de presión sobre las entidades que se niegan a atender a razones y solicitan el desahucio sin pararse a considerar las circunstancias personales del deudor.

Pero no todo el mundo acaba de caer en la cuenta ahora de que se debe frenar este drama por una ley injusta que es necesario cambiar con urgencia. Probablemente, sin el trabajo y la denuncia constante y tenaz de los últimos meses de plataformas ciudadanas nacidas al calor del 15M como Stop Desahucios o la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, unido al de organizaciones de usuarios de la banca como AUSBANC o ADICAE, las instituciones, los partidos, el Poder Judicial, la policía y los medios de comunicación seguirían mirando para otro lado como si los desahucios no pasaran de ser meras anécdotas sin mayor trascendencia social en lugar de un drama más que previsible.

La sociedad civil da una vez más ejemplo y marca el camino a una clase política y a unas instituciones ensimismadas en sus cuitas de salón y ajenas a la realidad social. En medio de esa alarma repentina se enmarca la reunión que hoy mantendrán el Gobierno y el PSOE para consensuar una modificación de le ley que equilibre las relaciones entre deudor y acreedor. Surgen voces incluso entre la oposición y hasta entre los jueces que piden que se paralicen todos los desahucios en marcha mientras no se modifique la ley, lo que puede tardar aún meses o semanas en el mejor de los casos.

Debería de ser así aunque, por desgracia, de nada le servirá a las cerca de 400.000 familias que han sido echadas de sus viviendas desde el comienzo de esta crisis. Otra tendría que haber sido su suerte si la repentina preocupación y alarma que hoy muestran todos por el drama de los desahucios se hubiese producido hace sólo tres o cuatro años. Es el precio que estamos pagando por poner los intereses privados por encima del bien de la mayoría.

La princesa Merkel

Aburridos de no tener nada que hacer, en el Banco Central Europeo se pusieron a cavilar a qué dedicar el abundante tiempo libre del que disponen. Así, pensando y pensando, cayeron en la cuenta de que, después de una década, seguimos con los mismos billetes de euro del primer día y se dijeron que esto no puede continuar ni un minuto más. Inmediatamente se pusieron manos a la obra y siguieron pensando en cómo remozar esos papelitos y monedas que nos hacen a todos tan felices, aunque a unos mucho más que a otros.

Como son unos clásicos, no tardaron en encontrar la solución: estampar la imagen de la princesa Europa en los nuevos billetes. Se trata de una princesa fenicia de la mitología griega que fue raptada por Zeus y que, a la postre, le dio nombre al también llamado viejo continente. ¡Qué emocionante! Los cerebros del BCE hasta han diseñado una campaña publicitaria para que a los euopeítos de a pie se nos caiga la baba contemplado lo apañados que quedarán los nuevos billetes y lo difícil que lo tendrán los malandrines para falsificarlos.

En Grecia ya piensan en declarar fiesta nacional el día en el que se pongan en circulación y otro tanto podrían hacer España y Portugal. Luego vendrá lo más fácil de todo, hacer que esos nuevos y flamantes billetes lleguen a quienes más los necesitan: los bancos. Lo poco que sobre es probable que el BCE lo done para obras de caridad y beneficencia.

Aplaudo la iniciativa, pero me permito discrepar del motivo escogido para los nuevos billetes. Después de más de una década viendo puentes, arcos y otros elementos arquitectónicos, tengo para mi que esos nuevos billetes de euro reflejarían mucho mejor la realidad europea si mostraran, por ejemplo, una sierra eléctrica, un cola del paro, un grupo de desahuciados o un banquero con puro y chistera. 

Pero si lo que a los cerebros pensantes del BCE les tira es la mitología, también podían haber echado mano de la que tienen más cerca, la germana: un rolliza walkiria con largas trenzas rubias habría sido también muy apropiada. Aunque, si lo que de verdad se quiere es plasmar el verdadero espíritu de la vieja Europa actual, nada habría resultado más oportuno y representativo que una imagen de Angela Merkel estampada con esmero sobre billetes y monedas. Además ¿quién se atrevería a falsificar unos billetes como estos?

Desahucios: con la banca hemos topado

Es de sobra sabido que cuando se quiere demorar la solución de un problema público grave como el de los desahucios, lo más adecuado es crear una comisión. Mejor si está integrada por expertos entreverados de políticos, porque ello garantiza que se siga mareando la perdiz por tiempo indefinido mientras el problema a resolver se complica. Para cuando la comisión llega a un acuerdo, el asunto del que se ha ocupado está tan enquistado que sus soluciones apenas sirven para parchear la situación; casi es mejor romper los papeles y crear otra comisión y, así, por los tiempos de los tiempos. 

El Gobierno y el PSOE, a través de sus respectivos números dos, – Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano -, se reunieron ayer durante más de dos horas en un almuerzo de trabajo en la Moncloa y acordaron eso, crear una comisión de seis expertos, tres de ellos nombrados por el PSOE y los tres restantes por el Gobierno, y que se reunirá el próximo lunes por primera vez. Su objetivo es proponer medidas que frenen de manera urgente el drama social de los desahucios provocados por la crisis económica y el paro.

La intensidad de la urgencia se desconoce, pero no es previsible que sea excesiva habida cuenta de que, con crisis o sin ella, con drama social o sin él, las cosas de palacio siempre van despacio. Por tanto, tampoco se puede saber a ciencia cierta cuándo se modificará la vetusta ley sobre desahucios ni en qué términos o si tendrá o no carácter retroactivo. Por tanto, hacen bien las organizaciones nacidas al calor de esta dramática situación en mostrarse cuando menos escépticas a la espera de conocer en qué quedarán finalmente las propuestas de la comisión de marras.

Y es que propuestas hay de sobra para poner fin al problema sin necesidad de comisiones de ningún tipo: sólo se necesita voluntad política de hacerlo; dación en pago, negociación de los plazos y los intereses de la deuda o prohibición expresa de desahuciar cuando la entidad ha recibido fondos públicos, son algunas de ellas. Esas soluciones han estado encima de la mesa desde el comienzo mismo de la crisis, cuando era más que previsible el drama de los desahucios a la vista de la alegría con la que los bancos habían vendido sus hipotecas sin pararse a pensar mucho en las garantías que tenían de cobrarlas, una alegría que terminó contagiando a muchos ciudadanos que picaron el anzuelo y se endeudaron hasta las cejas.

La brutal irrupción de la crisis y el aumento incesante del paro han derribado aquel castillo de naipes y han expulsado de sus hogares a más de 250.000 familias. Desde el Gobierno, el PSOE pudo haber hecho algo y, a pesar de contar con apoyos suficientes, no tuvo los arrestos suficientes para enfrentarse a la banca, que amenazó airada con poner las hipotecas a precios estratoféricos si se aprobaba, por ejemplo, la dación en pago, algo habitual en países como Estados Unidos. Por la misma razón, tampoco el PP, entonces en la oposición, mostró el más mínimo interés por el problema. A lo más que han llegado ha sido a un Código de Buenas Prácticas Bancarias de adhesión voluntaria y absolutamente inútil como demuestran las alarmantes cifras de desahucios. 

 

Tampoco movió una ceja el Poder Judicial, que no ha reaccionado hasta que ha caído en la cuenta de que muchos jueces de este país se han convertido en los cobradores del frac de la banca. Después de guardar en un cajón un informe de un grupo de juristas con soluciones para acabar con el drama de los lanzamientos, el Consejo General del Poder Judicial actúa ahora como si se hubiese bajado de un guindo y pide también que se cambie la ley, aunque al menos nos ha ahorrado otra comisión.

Por su parte, la banca calla, espera y sigue a lo suyo: con una mano agarra encantada el dinero público que le entregamos todos los españoles para que sanee sus cuentas y con la otra sigue desahuciando a mansalva y quedándose con los pisos embargados por debajo del precio de tasación mientras los desahuciados siguen pagando la deuda. En lo que la comisión acuerda lo que se debe hacer, el Gobierno y el Parlamento lo aprueban, entra en vigor y comienza a aplicarse, miles de familias más se quedarán en la calle y sin llavero y seguirán pagando por unas viviendas que ya no serán suyas. Eso sí, para entonces tendremos la banca más saneada con dinero público del mundo mundial.