Es de sobra sabido que
cuando se quiere demorar la solución de un problema público grave
como el de los desahucios, lo más adecuado es crear una comisión.
Mejor si está integrada por expertos entreverados de políticos,
porque ello garantiza que se siga mareando la perdiz por tiempo
indefinido mientras el problema a resolver se complica. Para cuando
la comisión llega a un acuerdo, el asunto del que se ha ocupado está
tan enquistado que sus soluciones apenas sirven para parchear la
situación; casi es mejor romper los papeles y crear otra comisión
y, así, por los tiempos de los tiempos.
El Gobierno y el PSOE, a
través de sus respectivos números dos, – Soraya Sáenz de
Santamaría y Elena Valenciano -, se reunieron ayer durante más de dos
horas en un almuerzo de trabajo en
la Moncloa y acordaron eso, crear una comisión de seis expertos,
tres de ellos nombrados por el PSOE y los tres restantes por
el Gobierno, y que se reunirá el próximo lunes por primera vez. Su
objetivo es proponer medidas que frenen de manera urgente el
drama social de los desahucios provocados por la crisis económica y
el paro.
La
intensidad de la urgencia se
desconoce, pero no es previsible que sea excesiva habida cuenta de
que, con crisis o sin ella, con drama social o sin él, las cosas de
palacio siempre van despacio. Por tanto, tampoco se puede saber a
ciencia cierta cuándo se modificará la vetusta ley sobre desahucios
ni en qué términos o si tendrá o no carácter retroactivo. Por
tanto, hacen bien las organizaciones nacidas al calor de esta
dramática situación en mostrarse cuando menos escépticas a la
espera de conocer en qué quedarán finalmente las propuestas de la
comisión de marras.
Y
es que propuestas hay de sobra para poner fin al problema sin
necesidad de comisiones de ningún tipo: sólo se necesita voluntad
política de hacerlo; dación en pago, negociación de los plazos y
los intereses de la deuda o prohibición expresa de desahuciar
cuando la entidad ha recibido fondos públicos, son algunas de
ellas. Esas soluciones han estado encima de la mesa desde el comienzo
mismo de la crisis, cuando era más que previsible el drama de los
desahucios a la vista de la alegría con la que los bancos habían
vendido sus hipotecas sin pararse a pensar mucho en las garantías
que tenían de cobrarlas, una alegría que terminó contagiando a
muchos ciudadanos que picaron el anzuelo y se endeudaron hasta las
cejas.
La
brutal irrupción de la crisis y el aumento incesante del paro han
derribado aquel castillo de naipes y han expulsado de sus hogares a
más de 250.000 familias. Desde el Gobierno, el PSOE pudo haber hecho
algo y, a pesar de contar con apoyos suficientes, no tuvo los
arrestos suficientes para enfrentarse a la banca, que amenazó airada
con poner las hipotecas a precios estratoféricos si se aprobaba, por
ejemplo, la dación en pago, algo habitual en países
como Estados Unidos. Por la misma razón, tampoco el PP, entonces en
la oposición, mostró el más mínimo interés por el problema. A lo
más que han llegado ha sido a un Código de Buenas Prácticas
Bancarias de adhesión voluntaria y absolutamente inútil como
demuestran las alarmantes cifras de desahucios.
Tampoco
movió una ceja el Poder Judicial, que no ha reaccionado hasta que ha
caído en la cuenta de que muchos jueces de este país se han
convertido en los cobradores del frac de
la banca. Después de guardar en un cajón un informe de un grupo de
juristas con soluciones para acabar con el drama de los lanzamientos,
el Consejo General del Poder Judicial actúa ahora como si se hubiese bajado de un guindo y pide también que se cambie la ley, aunque al
menos nos ha ahorrado otra comisión.
Por
su parte, la banca calla, espera y sigue a lo suyo: con una mano
agarra encantada el dinero público que le entregamos todos los
españoles para que sanee sus cuentas y con la otra sigue
desahuciando a mansalva y quedándose con los pisos embargados por
debajo del precio de tasación mientras los desahuciados siguen
pagando la deuda. En lo que la comisión acuerda lo que se debe
hacer, el Gobierno y el Parlamento lo aprueban, entra en vigor y
comienza a aplicarse, miles de familias más se quedarán en la calle
y sin llavero y seguirán pagando por unas viviendas que ya no serán
suyas. Eso sí, para entonces tendremos la banca más saneada con
dinero público del mundo mundial.
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