Blesa o la caída de los dioses

Puede que termine siendo un espejismo pero lo cierto a esta hora es que Miguel Blesa, uno de los banqueros más prominentes del PP, ha pasado la primera noche en una cárcel de Madrid. Allí debe haberse encontrado con un empresario llamado Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE, ex propietario de Viajes Marsans (entre otras empresas hoy desaparecidas) y ex consejero de Caja Madrid, la entidad que Blesa dirigió como una finca privada durante casi 14 años y a la que llegó gracias a su vieja amistad con Aznar y al apoyo de sindicalistas y hasta de IU.

Blesa es el primer banquero de la crisis que da con sus huesos en una prisión desde el comienzo de la crisis y el segundo que corre la misma suerte en democracia después de Mario Conde, ahora rehabilitado para las tertulias de la caverna mediática. Es a esa promiscuidad político – empresarial – bancaria a la que se deben los males de las hoy desaparecidas cajas de ahorro y Caja Madrid es un ejemplo muy ilustrativo.

Blesa quiso hacer de “su” caja una entidad con gran proyección no solo nacional e internacional. Se expandió por todo el país abriendo centenares de sucursales al calor del ladrillo y no tuvo reparos en comprarse un banco estadounidense por el doble de su valor a pesar de que, según las autoridades norteamericanas, su solvencia era cuando menos cuestionable. Para lograrlo se saltó los controles de la Comunidad de Madrid dirigida por Esperanza Aguirre con el resultado final de un quebranto para la entidad de más de 500 millones de euros.

Su amistad con Díaz Ferrán facilitó mucho las cosas para que el ex patrón de la patronal a la vez que consejero de Caja Madrid se hiciera con créditos por más de 100 millones de euros que avaló con sociedades en números rojos. En paralelo se lanzó a dar créditos hipotecarios del 100% pero con escasas garantías de cobrarlos si las cosas se torcían, como terminó ocurriendo cuando reventó la burbuja inmobiliaria. También, y entre otras cosas, invirtió en ENDESA y en IBERIA, creó una inmobiliaria y puso 1.000 millones en otra, Martinsa Fadesa, que acabaría provocando la mayor bancarrota de la historia de España. Y no contento aún, se metió en la estafa de las preferentes de las que colocó unos 3.000 millones de euros y sobre las que dijo con chulería en el Congreso que no admitía “haber causado daños” con ellas.

Mientras se creía y actuaba como el Rothschild de la banca española, Miguel Blesa también miró por sus propios intereses y los de sus colaboradores con sueldos y bonus de escándalo en un país que ya se estaba adentrando en los más duro de la crisis. Su final en Caja Madrid fue de lo más tormentoso: después de la pugna entre Aguirre y Ruiz-Gallardón sobre su marcha o su continuidad terminó perdiendo la batalla a manos de Rajoy que se inclinó por Rato para dirigir una entidad que, al dejarla Blesa, presentaba una caída de resultados del 68% tras las nuevas obligaciones de provisión de fondos.

Había estallado la crisis y las cajas buscaban fusionarse casi a la desesperada: Caja Madrid se casó con Bancaja – otra que tal baila – y de ambas, más otras cajas pequeñas, nació un engendro llamado Bankia que a su vez provocó el rescate del sistema financiero del país. Ahora Miguel Blesa está en prisión a expensas de reunir los 2,5 millones de euros de fianza y tal vez preguntándose junto a Díaz Ferrán “cómo hemos llegado hasta aquí”.

En capilla hay unos cuantos banqueros más que actuaron como él, que depreciaron a sus clientes y a sus accionistas, que ignoraron la función social de las cajas y que hicieron de ellas un coto particular para políticos y empresarios especuladores. Hasta hace poco todos se creían dioses del Olimpo financiero y a resguardo de cualquier contratiempo. Sin embargo, el tinglado no es ahora más que una montaña de escombros y muchos de ellos seguramente ya sufren pesadillas ante la posibilidad de tener que dormir en una fría celda carcelaria como ha hecho esta pasada noche un tal Miguel Blesa.

Rebelión a bordo en el PP

No le será fácil a Mariano Rajoy salir del jardín de espinas en el que se ha metido tras conocerse su disposición favorable a que Cataluña casi duplique este año el objetivo de déficit establecido para el conjunto de las comunidades autónomas. Sus barones más influyentes no han tardado en poner el grito en el cielo ante lo que entienden como un trato de favor para con una autonomía que, además de haber incumplido el objetivo fijado para el pasado año a pesar de los severos recortes en educación y sanidad, no afloja un punto en su deriva soberanista.

Argumentan que es injusto premiar a las incumplidoras y castigar a las que cumplieron y, en consecuencia, abominan de un reparto del déficit a la carta. Sospechan, y con razón, de que si Cataluña es premiada las demás serán obligadas a continuar con los recortes para que al final las cuentas globales puedan cuadrar. De hecho, el ministro Montoro, sospechosamente desaparecido desde hace unos días, ha venido a decir que es bueno que las autonomías que el año pasado cumplieron el déficit sigan apretándose más el cinturón este año, lo que seguramente ha ayudado a encender un poco más si cabe la rebelión en los feudos territoriales del PP.

Así las cosas, encaje de bolillos o la cuadratura del círculo tendrá que hacer el presidente para encontrar una solución que, en todo caso y a buen seguro, siempre dejará descontenta a más de una comunidad autónoma. Molesta, además, que la posibilidad de que Cataluña reciba un trato más favorable que el resto a pesar de ser una de las que mayor déficit presentan, se haya negociado de manera bilateral y casi en secreto entre Rajoy y Artur Mas y no en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que es donde las autonomías y Montoro se tiran civilizadamente los trastos a la cabeza.

Por lo pronto, la única posición conocida de Rajoy para sofocar la rebelión de sus barones ha sido pedirles “generosidad y altura de miras” y la respuesta ha sido elevar el tono de la protesta. Algo más tendrán que ofrecer Rajoy y Montoro para calmar a unos barones populares que están estos días de los nervios. La cuestión de fondo a dilucidar es qué criterios va a seguir el Gobierno para el reparto del déficit a la carta ente las comunidades autónomas, más allá de las vaguedades de González Pons al afirmar que será una “solución justa para todos”.

¿Qué primará en ese reparto? ¿La situación de la sanidad y la educación en cada comunidad después de los últimos recortes? ¿Los escalofriantes datos de pobreza que se hicieron públicos ayer con un aumento de la brecha social entre autonomías y con Canarias como la región en donde más ha aumentado este indicador en los últimos años? ¿La tasa de paro? ¿La singularidad territorial? ¿El endeudamiento? ¿Las insuficiencias de la financiación autonómica? ¿El color político de cada gobierno autonómico?

Una cosa está clara: a la vista de la respuesta airada de los barones populares, Rajoy no podrá en esta ocasión ni callar ni adoptar esa posición de perfil en la que es todo un maestro. Puede que al final consiga salir del jardín de espinas en el que se ha metido si por disciplina de partido los barones terminan por abandonar el motín que protagonizan estos días y plegarse a sus decisiones por más que no les gusten. En cualquier caso, eso no le salvará de sufrir unos cuantos y profundos arañazos políticos.

Contrato único y dos piedras

Un señor de cuyo nombre no puedo acordarme y que dice ser comisario europeo de Empleo, está disfrutando de unas pocas horas de gloria después de “sugerirle” a España que se piense la posibilidad de implantar un contrato laboral único para luchar contra el paro juvenil. Tengo la sensación de que lo dijo al buen tun – tun y sin pensárselo demasiado, evidencia de que, a pesar de su alto comisariado, desconoce por completo la realidad socioeconómica del país y va por esos mundos comunitarios de Dios soltando atrevidas ocurrencias.

Para empezar, porque no hay un país de la Unión Europea que tenga un contrato laboral único y sólo en Estados Unidos podríamos encontrar algo similar y salvando las distancias. De ahí en parte que, preguntados los expertos por la idea del comisario, nadie haya sido capaz de explicar en qué demonios consiste el contrato laboral único “y abierto” y si es bueno, malo o mediopensionista. En realidad, la idea no es nueva aunque fue rechazada en su momento: ya la plantearon hace algún tiempo varios economistas y hasta la ha vuelto a defender ahora UPyD, la única fuerza política, por cierto, que lo ha hecho. 

Por una vez y sin que sirva de precedente ante una “sugerencia” de la UE, el resto de partidos, el Gobierno – “muy satisfecho” de una reforma laboral que no piensa tocar - , los sindicatos, los empresarios y buena parte de los conocedores del derecho laboral la han considerado descabellada e inviable. Las razones son muchas y sería prolijo detallarlas aquí. Valga como ejemplo que chocaría contra la Constitución por cuanto podría suponer el despido sin causa y por tanto sin necesidad de que un juez determine su procedencia o improcedencia, algo elemental para establecer la correspondiente indemnización.



Se malician los sindicatos que eso es precisamente lo que busca la “idea” del comisario, el despido “gratis total”, y que el mercado laboral se precarice aún más de lo que está. No se han quedado atrás en las críticas los empresarios, que no acaban de entender cómo se puede aplicar esa medida en un país con una economía tan estacional como la española en la que es habitual hacer contratos por días o por temporadas en los servicios o en la agricultura. Por supuesto, despedir ya lo hacen y a precios “muy competitivos” como ponen de manifiesto las cifras del paro. Me pregunto si el comisario se ha leído la reforma laboral española y si conoce sus efectos, que desmienten con rotundidad que los trabajadores indefinidos estén tan sobreprotegidos frente a los que no lo son como afirma alegremente este señor.

Desde luego, no debe ser bueno que en España existan más de treinta modalidades de contrato laboral aunque en la práctica sólo se utilicen dos o tres. Todo lo que sea aclarar esa tupida selva administrativa es bueno pero no hay ningún mercado laboral avanzado que pueda funcionar con un solo modelo de contratación. En cualquier caso y más allá de disquisiciones bizantinas sobre el contrato único o sobre si debe haber uno, dos, veinte o cincuenta variedades de contratación, lo que hasta el despistado comisario de Empleo seguramente entiende es que la creación de puestos de trabajo apenas guarda relación con ese hecho sino con que las empresas vean oportunidades de negocio y con que haya crédito para financiar las inversiones y reactivar el consumo. ¿Tiene para eso alguna sugerencia brillante el ocurrente comisario?