Agencia de Viajes Gürtel

Ya es mala pata que el mismo día en el que el Congreso debatía sobre la Ley de Transparencia publiquen los medios que la trama corrupta Gürtel también corrió con parte de los gastos de un viaje de Ana Mato a Disneyland París y que el filántropo Francisco Correa planeó una excursión en trineo con perros huskies por la helada Laponia para él, Bárcenas y Sepúlveda, el ex marido de la ministra.

Tardando está Ruiz - Gallardón en exigirle a la Fiscalía General del Estado que inste al juez Ruz para que ordene el cese inmediato de cualquier información periodística que afecte a la familia Mato – Sepúlveda, a Luis Bárcenas o al propio Correa. La seguridad nacional está en juego y de aquí no me muevo.

Conocido por la Agencia Tributaria que Correa pagó con su espléndida tarjeta de crédito parte del viajecito de Mato a la morada del ubicuo ratón Mickey en París – no hay constancia aún de que se diera una vuelta por el Louvre aunque fuera pagando ella la entrada – la reacción de la ministra ha sido la de ¡oh, cielos. Y yo sin enterarme!. Ella - al igual que la egregia infanta Cristina y los negocios de su marido – tampoco sabía nada, oiga. Así que no es justo señalarla con el dedo ni tirarse de los pelos porque no tenga la menor intención de dimitir ni Mariano Rajoy de destituirla, no vaya a Aznar a ponérsele bravo de nuevo.

Y eso a pesar de que esta señora, tan despistada con sus gastos domésticos, tampoco sabía si el Jaguar que había aparcado en el garaje había caído del cielo o se lo habían traído los Reyes Magos, que para el caso es lo mismo. Ni supo nunca que los cumpleaños y comuniones de sus retoños o un viajecito a Dublín o una escapada a La Palma o….. también los apoquinó un Papa Noel con mostacho y gafas de sol. Suponer que todo eso lo pagó este cuarto rey mago a cambio de favores de las administraciones públicas del PP es una calumnia y ni por la cabeza debería de pasársenos. Lo hizo por amistad entrañable, como el iluminado regalo por la boda del yerno de Aznar, por filantropía, por caballerosidad, porque él es así y punto.

Ahora bien, se impone la duda razonable de si una mujer que no tiene ni pajolera idea de quién paga su gastos puede seguir al frente de un ministerio como el de Sanidad. ¿Y si se nos cuela un virus mutante? ¿Y si las bacterias se amotinan? ¿Y si los triglicéridos se van de copas?

Hablemos ahora de Laponia, la patria del generoso Papa Noel, miren por dónde. Se trata de un sitio en el que no he estado nunca pero en el que seguro que hace un frío do carallo. Allí sólo hay nieve – junto a los bancos suizos, el hábitat natural de Luis Bárcenas – y perros huskies. Pues allí que planeó Correa un viajecito en trineo para él, el Bárcenas y el Sepúlveda - insistimos – ex esposo de la ministra que no se entera de quién le paga sus gastos.Todos juntos y revueltos, en buena hermandad y camaradería, guiando trineos de perros por los helados páramos de Laponia y suponemos que dándole al vodka a gollete.

Eso sí, previa escala en Helsinki, en hotel de lujo y en habitaciones altas para disfrutar de una vista desahogada sobre la hermosa capital finlandesa. Habida cuenta de que se trataba de clientes VIP, se le olvidó exigirle a la dirección del hotel que ese día no estuviera nevando o lloviendo sobre Helsinki, no se fueran a acatarrar y se fastidiara el paseo en trineo. En cualquier caso, pecata minuta.

Vista su eficacia y competencia yo ya he decidido que las vacaciones de este verano las pondré en manos de Viajes Gürtel. Sólo me falta decidirme entre las Islas Caimán o las Bahamas. ¿Qué me aconsejan?

Canarias: 30 años de autonomía

Sería un error que, influenciados por la larga y dura crisis económica y el cuestionamiento del modelo autonómico, concluyéramos que las tres décadas de autonomía que hoy cumple Canarias han sido en vano. En el parlamento que se constituyó el 30 de mayo de 1983 había una sola diputada, María Dolores Palliser, mientras que en el actual son veinte y cuatro, cerca de la mitad. Este simple dato sirve para poner de manifiesto el salto de gigante que ha dado Canarias en estos treinta años en este aspecto – la incorporación de la mujer a la vida política, social y económica de las Islas – y en otros muchos.

Canarias accedió a la autonomía por la vía general de las comunidades consideradas no históricas y ni tan siquiera contaba con la corta experiencia que habían atesorado Cataluña y el País Vasco durante la II República. Por ello, los sesenta parlamentarios que constituyeron la primera cámara legislativa canaria se enfrentaban a un papel en blanco en el que estaba todo por escribir. Haciendo frente además a no pocas resistencias que veían en la autonomía un modelo político impostado frente a la experiencia y el prestigio de los cabildos insulares, aquellos parlamentarios y el gobierno regional de entonces asumieron la tarea de sacar a Canarias de los niveles de atraso y abandono seculares que padecía el Archipiélago en ámbitos como la educación, la sanidad o las infraestructuras más elementales.

Las luces

Treinta años después nadie puede negar que el avance ha sido espectacular en todas y cada una de las islas, independientemente de si son menores o mayores: drástico descenso del analfabetismo, amplia red de centros educativos, dos universidades, centros de salud y hospitales homologables con los de cualquier otro país de nuestro entorno, modernas vías de comunicación y nuevos puertos o aeropuertos son algunos de los testigos de estos avances en términos de bienestar social para el conjunto de los dos millones de habitantes de las Islas.

Conseguirlo no ha sido fácil porque nada importante lo es. En demasiadas ocasiones ha habido que perseverar hasta la extenuación ante el gobierno central de turno para hacerle comprender la realidad singular de este archipiélago y la imprescindible necesidad de atender adecuadamente sus problemas peculiares. Fue esa insistencia la que permitió, por ejemplo, que el cambio de modelo de adhesión de Canarias a la hoy llamada Unión Europea – conseguido no sin una tenaz oposición por parte de los sectores más perjudicados – se hiciera a cambio de que las Islas recibieran de Bruselas un trato diferenciado por su lejanía e insularidad. Por eso, no deja de ser paradójico que en ocasiones se tenga la triste sensación de que los problemas particulares de este archipiélago se comprenden mejor en la lejana Bruselas que en la más cercana Madrid.

Las sombras

Pero no todo ha sido luz cegadora en estas tres décadas de la autonomía canaria. Ha habido y hay aún sombras, hoy mucho más agrandadas por la crisis. La economía canaria de estos treinta años ha cabalgado prácticamente a lomos de un único caballo llamado turismo que en gran medida guían manos externas a Canarias, que son también las que recogen la mayor parte de los beneficios. Los reiterados intentos de diversificar el modelo productivo y abrirlo a otras actividades capaces de generar un mayor valor añadido en las Islas como la investigación y la innovación nunca han terminado de cuajar.

El Régimen Económico y Fiscal, que debería de haber contribuido a ese objetivo, tampoco lo ha conseguido a pesar de contar con una herramienta tan potente en manos de los empresarios como la Reserva de Inversiones. Un mercado laboral sin la cualificación adecuada y una cierta cultura de la subvención y los beneficios fiscales han desincentivado en muchos casos el riesgo de la inversión y han limitado las enormes posibilidades de generación de riqueza y empleo de la economía canaria. Esas sombras, unidas a las políticas de austeridad suicida impuestas en la UE tras el estallido de la crisis, son las principales responsables de los altos índices de desempleo que sufre Canarias, cebados especialmente en las nuevas generaciones, con su reflejo directo en las tasas de pobreza y exclusión social.

En el plano político, con la modificación el Estatuto de Autonomía aparcada sine die, la reforma del sistema electoral canario sigue empantanada una legislatura tras otra perpetuando así un modelo de dudosa homologación democrática. La sana discrepancia política ya es casi imposible que desemboque en ningún tipo de consenso al imponerse los intereses partidistas coyunturales sobre el interés general de los ciudadanos. El diálogo de sordos y sin voluntad alguna de acercamiento en el que con excesiva frecuencia se emplean a fondo los actuales parlamentarios y dirigentes políticos, aleja a los ciudadanos de la vida pública y aísla a aquellos en su torre de marfil. 

Treinta años después del primer parlamento autonómico canario aún resurge con cierta virulencia aunque esporádicamente el pleito insular que tanto daño hace a este archipiélago, por mucho que aún haya quienes vean en él una suerte de incentivo para la competencia entre islas. Tres décadas que nos dejan también una selva administrativa de cuatro niveles superpuestos y una aberrante confusión de competencias que desorienta y causa gastos y molestias innecesarios a ciudadanos y empresas en plena era de internet y las redes sociales.

El futuro

El futuro no está escrito, como no lo estaba tampoco para los sesenta diputados que constituyeron la primera cámara legislativa canaria hace treinta años. Sin embargo, conviene hacer algunas consideraciones al respecto. En pleno vendaval económico, con los servicios públicos esenciales de sanidad y educación amenazados tras el esfuerzo y el coste social y económico que ha supuesto ponerlos en pie, lo urgente es salvaguardarlos contra viento y marea. En paralelo hay que bregar a brazo partido en pro de la cohesión social cada día más deteriorada: no hay sociedad que resista durante mucho tiempo más los índices de paro y pobreza que sufre hoy Canarias por mucho que florezca la economía sumergida o las redes familiares amortigüen en parte el problema. Esas son tareas inaplazables por la gravedad de la situación.

En cuanto a las relaciones con el Gobierno del Estado, pocas veces antes tan tensas, se hace imprescindible, más allá de las declaraciones más o menos gruesas, tender vías de entendimiento sobre aspectos que son cruciales para el futuro próximo de este Archipiélago: los sondeos petrolíferos, un nuevo Régimen Económico y Fiscal y la corrección de la insuficiente financiación autonómica de los servicios básicos. Sin embargo, la conveniencia de asumir nuevas competencias en un escenario de crisis económica prolongando como el actual, puede esperar a tiempos mejores.

La identidad

Después de tres décadas de autonomía, la sociedad canaria parece aún perpleja ante su propia identidad como pueblo. Treinta años fomentando un tipismo decimonónico derivado de una sociedad rural idealizada – que, evidentemente, también forma parte de nuestra cultura - no parecen haber sido la mejor manera de que los ciudadanos naturales o residentes en estas Islas se hayan encontrado por fin a sí mismos. En días como hoy, en el que se celebra el nacimiento de la autonomía canaria, hay que instar a poner en valor otros aspectos no menos constituyentes de nuestra forma de ser, actuar y estar pero adaptados a la contemporaneidad de nuestra sociedad: los nuevos creadores artísticos, los investigadores, los profesionales destacados en todos los ámbitos o nuestras renovadas relaciones con un mundo abierto, globalizado y cambiante son sólo algunos de los elementos que no pueden pasarse más tiempo por alto en la fiesta de la autonomía.

Todo lo anterior conduce a la conclusión de que los treinta años de autonomía que hoy celebra Canarias representan la etapa más próspera de nuestra historia reciente. Las sombras no pueden ocultar las luces de este periodo pero tampoco podemos ignorarlas. De lo que se trata, y a eso deberemos dedicarnos todos los que amamos esta tierra y los que han asumido la responsabilidad de defenderla y mejorarla, es de borrarlas.

Gallardón y la ley del silencio

No pudo elegir mejor sitio el ministro Ruiz-Gallardón para anunciar lo que ya podría definirse como la ley del silencio para los periodistas. Fue nada menos que en la Asociación de la Prensa de Madrid en donde el ministro de Justicia vino a explicar cómo afectará a la prensa la modificación de la Ley de Enjuiciamiento criminal. Amparándose en argumentos como que hay que evitar los juicios paralelos, salvaguardar la presunción de inocencia, proteger la intimidad de los encausados o la seguridad nacional, Gallardón está a punto de perpetrar el mayor ataque conocido en democracia a un derecho constitucional básico: la libertad de información.



En esa línea, quiere el ministro que los jueces, bien de oficio o a instancias del fiscal, ordenen a un medio de comunicación cesar en la difusión de informaciones sobre un proceso judicial, ya se encuentre éste en fase de instrucción o incluso durante el juicio oral que, por principio, debe ser público. Los que no obedezcan se enfrentarán a importantes sanciones que incluyen las de carácter penal y hasta el secuestro del medio infractor, advierte circunspecto Gallardón.

Entre los argumentos empleados por el ministro para justificar esta ley del silencio con la que pretende amordazar el derecho a la información, mencionó Gallardón la influencia que determinadas informaciones judiciales pueden ejercer sobre un juez o a un jurado popular en el momento de dictar sentencia o pronunciar un veredicto. Insulta así el ministro a los jueces, a los que parece tomar por seres pusilánimes y fácilmente impresionables, incapaces por tanto de dirimir las responsabilidades derivadas de las pruebas analizadas en un proceso judicial y aplicar la ley en consecuencia.

Con todo, la alarma alcanza su máxima intensidad cuando, además y encima, se faculta al Ministerio Público a pedir a un juez que ordene a un medio de comunicación que deje de informar sobre un sumario o un juicio. Es por ahí por donde el ministro abre de par en par la puerta para que el Gobierno pueda, a través de la fiscalía cuyo Fiscal General nombra a dedo, silenciar informaciones judiciales que le puedan resultar perjudiciales o simplemente incómodas. Sólo hay que remontarse unas pocas semanas en el tiempo para recordar la insólita actuación de la fiscalía de Palma tras el auto del juez Castro que imputó a la infanta Cristina por el caso Nóos.

No creo que sea un prejuicio deducir que lo que busca Gallardón en última instancia es impedir que los medios de comunicación aireen asuntos tan poco edificantes como el mismo caso Nóos, la trama Gürtel, los papeles de Bárcenas, los ERES de Andalucía (bueno, este último tal vez sí)  o tantos otros asuntos turbios que hemos ido conociendo en los últimos tiempos. Probablemente, sin el trabajo de muchos periodistas y el apoyo de los medios para los que trabajan, los ciudadanos jamás habríamos tenido noción de hasta qué punto se ha ido extendiendo el chapapote de la corrupción en este país.

Por irritante que resulte, conviene recordar aquí que el papel de los medios en una sociedad avanzada es la de ofrecer información veraz a los ciudadanos sin reparar a quién afecte y ateniéndose a los códigos deontológicos de la profesión. Esos son los únicos límites que cabe imponer a los medios de comunicación en una sociedad avanzada; para quienes los traspasen – que de hecho y por desgracia se traspasan en ocasiones - ya cuenta con medios el ordenamiento jurídico español. Si lo que el ministro quiere es volver a los tiempos de la censura y obligar a los medios a publicar el BOE y los comunicados oficiales del Gobierno, debería decirlo con claridad.