No pudo elegir mejor sitio el ministro Ruiz-Gallardón para anunciar lo que ya podría definirse como la ley del silencio para los periodistas. Fue nada menos que en la Asociación de la Prensa de Madrid en donde el ministro de Justicia vino a explicar cómo afectará a la prensa la modificación de la Ley de Enjuiciamiento criminal. Amparándose en argumentos como que hay que evitar los juicios paralelos, salvaguardar la presunción de inocencia, proteger la intimidad de los encausados o la seguridad nacional, Gallardón está a punto de perpetrar el mayor ataque conocido en democracia a un derecho constitucional básico: la libertad de información.
En esa línea, quiere el ministro que los jueces, bien de oficio o a instancias del fiscal, ordenen a un medio de comunicación cesar en la difusión de informaciones sobre un proceso judicial, ya se encuentre éste en fase de instrucción o incluso durante el juicio oral que, por principio, debe ser público. Los que no obedezcan se enfrentarán a importantes sanciones que incluyen las de carácter penal y hasta el secuestro del medio infractor, advierte circunspecto Gallardón.
Entre los argumentos empleados por el ministro para justificar esta ley del silencio con la que pretende amordazar el derecho a la información, mencionó Gallardón la influencia que determinadas informaciones judiciales pueden ejercer sobre un juez o a un jurado popular en el momento de dictar sentencia o pronunciar un veredicto. Insulta así el ministro a los jueces, a los que parece tomar por seres pusilánimes y fácilmente impresionables, incapaces por tanto de dirimir las responsabilidades derivadas de las pruebas analizadas en un proceso judicial y aplicar la ley en consecuencia.
Con todo, la alarma alcanza su máxima intensidad cuando, además y encima, se faculta al Ministerio Público a pedir a un juez que ordene a un medio de comunicación que deje de informar sobre un sumario o un juicio. Es por ahí por donde el ministro abre de par en par la puerta para que el Gobierno pueda, a través de la fiscalía cuyo Fiscal General nombra a dedo, silenciar informaciones judiciales que le puedan resultar perjudiciales o simplemente incómodas. Sólo hay que remontarse unas pocas semanas en el tiempo para recordar la insólita actuación de la fiscalía de Palma tras el auto del juez Castro que imputó a la infanta Cristina por el caso Nóos.
No creo que sea un prejuicio deducir que lo que busca Gallardón en última instancia es impedir que los medios de comunicación aireen asuntos tan poco edificantes como el mismo caso Nóos, la trama Gürtel, los papeles de Bárcenas, los ERES de Andalucía (bueno, este último tal vez sí) o tantos otros asuntos turbios que hemos ido conociendo en los últimos tiempos. Probablemente, sin el trabajo de muchos periodistas y el apoyo de los medios para los que trabajan, los ciudadanos jamás habríamos tenido noción de hasta qué punto se ha ido extendiendo el chapapote de la corrupción en este país.
Por irritante que resulte, conviene recordar aquí que el papel de los medios en una sociedad avanzada es la de ofrecer información veraz a los ciudadanos sin reparar a quién afecte y ateniéndose a los códigos deontológicos de la profesión. Esos son los únicos límites que cabe imponer a los medios de comunicación en una sociedad avanzada; para quienes los traspasen – que de hecho y por desgracia se traspasan en ocasiones - ya cuenta con medios el ordenamiento jurídico español. Si lo que el ministro quiere es volver a los tiempos de la censura y obligar a los medios a publicar el BOE y los comunicados oficiales del Gobierno, debería decirlo con claridad.
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