El gobierno de los expertos

Propongo que a partir de ahora las leyes y reformas las hagan expertos en todos los ámbitos posibles, pero especialmente en todos aquellos que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos de este país: pensiones, mercado de trabajo, impuestos, sanidad, educación, justicia, igualdad, etc. Créanme, es lo mejor a la vista de la impericia y desidia de nuestros diputados y senadores elegidos en las urnas, a lo que se ve, incapaces de proponer y consensuar las reformas que necesita España para salir de la crisis.

La designación de esos expertos correría a cargo del Gobierno que, a su vez, quedaría sometido a sus decisiones y a la posibilidad de que algún ministro particularmente torpe pueda ser removido del puesto y sustituido por un brillante experto en la competencia correspondiente. De esa vigilancia no estaría exento tampoco el presidente, al que igualmente se le puede apartar de sus funciones, eso sí, después de un completo informe científico cuajado de complejas fórmulas matemáticas que demuestren que es un peligroso zote y un riesgo inasumible para el país.

Es muy importante que estos tecnócratas sean unas eminencias en sus respectivas disciplinas, con muchos títulos, premios, masters en Estados Unidos y condecoraciones, y que tengan bien claros sus objetivos. Si se trata de acabar con el sistema de pensiones para convertirlas en caridad para pobres, es imprescindible que sean personas vinculadas directa o indirectamente a los bancos y a las aseguradoras privadas; si hablamos de reforma laboral para flexibilizar al máximo los despidos, nada mejor que unos cuantos cerebros grises salidos de los think tank conservadores o de la patronal; para reformar el sistema fiscal nada mejor que algunas de las grandes fortunas del país; para la reforma y derribo de la sanidad pública son fundamentales las opiniones y propuestas de los expertos en la sanidad privada y para la contrarreforma educativa no pueden faltar las de los obispos.

Con el fin de dotar de algo de color y animar los debates, es conveniente incluir a algún experto discordante pero asegurándose siempre de que sus opiniones sean claramente minoritarias. La misión de este parlamento experto en la sombra sería la de marcarle con claridad y sin ambigüedades ni contradicciones la agenda política al Gobierno, que ya no se vería obligado a someterse a las Cortes y solo tendría que aplicar las medidas y reformas propuestas mediante el BOE, sin más engorros legislativos, debates, enmiendas y votaciones. 

Puesto que estos acreditados expertos cobrarían ya de las empresas cuyos intereses defienden, podríamos así suprimir el Congreso y el Senado y, por supuesto, los parlamentos autonómicos. Los españoles nos ahorraríamos así un pastizal en campañas electorales, sueldos, dietas y viajes, nos evitaríamos perder un domingo de campo o playa para ir a votar, tendríamos un Gobierno decidido y competente y cumpliríamos holgadamente con el objetivo de déficit. ¿Qué más se puede pedir?

Soria + IVA

Decididamente, Mariano Rajoy es un hombre sin suerte al que la realidad no le deja hacer las cosas que le gustarían. Un día después de que dijera en Bruselas que no tocará el IVA “a corto plazo” – no dijo cómo de corto será el plazo – y de que hasta el Banco Central Europeo le pidiera que no lo suba – en contra, por cierto, del parecer de la Comisión Europea - va su ministro de Industria, Energía y Turismo y dice que sí lo tocará, al IVA me refiero. Lo dijo Soria en Antena 3, en donde hace apenas unos días José María Aznar también le había espetado al presidente que tiene que bajar los impuestos. Sospecho que Rajoy terminará eliminando esa emisora de su mando a distancia.

Como puede observarse, la coordinación y claridad de ideas entre el presidente y sus ministros es absoluta, con lo que no sé a qué viene nombrar a Soraya Sáenz de Santamaría coordinadora del área económica del Gobierno si ya se coordinan perfectamente Soria, de Guindos y Montoro como es público y notorio. Y eso por no mencionar a la Comisión Europea y al BCE, todos tocándonos las narices según su leal saber y entender.

La explicación de Soria para decir que nos tocará el IVA recuerda a la de Cospedal sobre la “simulación de la indemnización en diferido” al bueno de Luis Bárcenas. Reproduzco literalmente las palabras del ministro porque soy incapaz de glosarlas sin enredarme. Así respondió cuando le preguntaron si subirá el IVA: “No, una subida del IVA sería que lo que está en un tipo del 10% pase a un tipo del 15%, pero de lo que se está hablando es de que algunos productos que tributan en el tipo superreducido y que en otros países no tributan a ese tipo, pasen a tributar al mismo tipo que lo están haciendo en otros países". 

O sea que, según Soria, subir el IVA de los bienes y servicios que ahora pagan el tipo reducido no es subir el IVA. El gran Perogrullo lo habría explicado de forma mucho más clara: subirá el IVA porque subirá el IVA. Si lo he entendido bien, de la parrafada tipo Soria parecen deducirse dos cosas: que no subirá el IVA del turismo pero sí lo hará el que afecta a productos de lujo, superfluos y prescindibles como el pan, la leche, los huevos, las frutas o las verduras. En definitiva, nada de lo que no pueda privarse un país en el que las personas que pasan hambre apenas superan los tres millones y en el que son sólo unos centenares de miles los niños desnutridos que acuden a diario al colegio con la mochila repleta y el estómago vacío.

Ese IVA superreducido con el que Soria dice que nos tocará la cartera y que pagamos todos los ciudadanos al margen de nuestro nivel de renta, también afecta a otros bienes y servicios igualmente innecesarios y caprichosos como viviendas sociales, libros, medicamentos, material sanitario, prótesis, vehículos para personas con movilidad reducida o teleasistencia.

Claro que cabe la hipótesis de que a Soria lo haya enviado el propio Rajoy para que explore el terreno de una subida del IVA con un globo sonda como el que lanzó ayer en televisión. Eso es algo que ya ha hecho este Gobierno en ocasiones anteriores y que, en realidad, suelen hacer todos los gobiernos. Poco importa dar una imagen de descoordinación absoluta entre el presidente y sus ministros y transmitir de paso la idea de que este país se gobierna a veces desde el camarote de los hermanos Marx. 

Lo importante es producir una onda expansiva que, convenientemente analizada, permita decidir cómo y cuándo subirá de nuevo el IVA. Porque subirá, de eso no hay duda. Entre tanto, Rajoy ya nos está dorando la amarga píldora con el anuncio de una reforma fiscal tan integral, profunda e intergaláctica que puede que hasta los que más tienen tengan que pagar más impuestos. Como Montoro calla de momento, cualquier duda habrá que planteársela a Soria, el ministro de Industria que más sabe de impuestos en el Gobierno.

Blesa de nuevo entre rejas

Como si de un vulgar caco reincidente se tratara, el ex presidente de Caja Madrid ha vuelto a ingresar en la madrileña cárcel de Soto del Real. En esta ocasión lo ha hecho para quedarse una temporada previsiblemente algo más larga que la anterior, cuando en menos de 24 horas consiguió reunir sin aparente esfuerzo los 2,5 millones de euros de fianza que le había impuesto el juez Silva. Ahora no hay fianza y el inspector de Hacienda convertido en banquero gracias a su amigo Aznar tendrá que esperar sentado a que su defensa – y tal vez la misma fiscalía – consigan sacarlo del trullo. Puede que no tarden mucho a la vista de la indignación del fiscal que, ni en la primera ocasión ni en la de ayer, ha estado de acuerdo con la decisión del juez.

Entiende el Ministerio Público que la medida es desproporcionada, que Blesa está colaborando con la Justicia y que no hay riesgo de fuga toda vez que el propio juez ya le retiró el pasaporte al banquero. No lo ve así el instructor, que ha basado su de nuevo fulminante decisión en la posibilidad de que Blesa y otros implicados en la ruinosa compra para Caja Madrid de un banco en Estados Unidos unifiquen su versión de lo ocurrido y se vayan de rositas. Y entre lo ocurrido, según revelan los correos entre Blesa y su director financiero, aparecen 100 millones de euros “sobrantes” de la operación de compra del banco estadounidense que no se sabe muy bien para qué fueron empleados y quién se los quedó finalmente.

 El juez, que califica la gestión de Blesa de “aberrante”, sospecha que se añadieron a la compra para tener posibles con los que realizar otra operación que “se pusiera a tiro”. De este modo podría burlarse de nuevo el preceptivo control de la inversión tal y como ya ocurrió con la adquisición de ese banco norteamericano que supuso un quebranto de 500 millones de euros para la entidad madrileña.

La fiscalía, sin embargo, amenaza con denunciar al juez. Afirma que puede haber incurrido en prevaricación continuada al solicitar a Caja Madrid mediante providencia y no a través de un auto judicial motivado los correos electrónicos de Miguel Blesa. Le acusa también de abrir y cerrar el sumario a conveniencia y recuerda que el juez Silva está recusado por el propio Blesa a propósito del crédito de 26,6 millones de euros concedidos pero no pagados a Gerardo Díaz Ferrán, compañero de cárcel del banquero desde anoche. Entiende el fiscal que Silva debería de haberse abstenido de tomar una medida tan dura contra Blesa a la espera de que se resuelva la recusación.

Al margen de que la fiscalía esté mostrando en los últimos tiempos un celo defensor de encumbrados imputados digno de mejor causa, no deberían echarse en saco roto sus advertencias por mucho que suenen a triquiñuelas jurídicas. Silva parece ser un juez controvertido, de decisiones fulminantes y lenguaje mucho más propio de un afilado editorial periodístico que de una pieza judicial de la que se espera sea lo más meditada e imparcial posible.

Ese etilo justiciero tan particular, unido a posibles irregularidades en la instrucción, podrían ser argumentos más que suficientes para que la defensa de Blesa e incluso la fiscalía solicitaran la nulidad de las actuaciones y entonces sí que habríamos hecho un pan como unas tortas. El legítimo deseo de la sociedad de que paguen por sus actos los responsables del latrocinio bancario no puede ser la coartada para saltarse a la torera los procedimientos reglados en una instrucción judicial si lo que queremos es justicia y no revancha. En ningún caso y aunque el imputado se llame Miguel Blesa.