Como si de un vulgar caco reincidente se tratara, el ex presidente de Caja Madrid ha vuelto a ingresar en la madrileña cárcel de Soto del Real. En esta ocasión lo ha hecho para quedarse una temporada previsiblemente algo más larga que la anterior, cuando en menos de 24 horas consiguió reunir sin aparente esfuerzo los 2,5 millones de euros de fianza que le había impuesto el juez Silva. Ahora no hay fianza y el inspector de Hacienda convertido en banquero gracias a su amigo Aznar tendrá que esperar sentado a que su defensa – y tal vez la misma fiscalía – consigan sacarlo del trullo. Puede que no tarden mucho a la vista de la indignación del fiscal que, ni en la primera ocasión ni en la de ayer, ha estado de acuerdo con la decisión del juez.
Entiende el Ministerio Público que la medida es desproporcionada, que Blesa está colaborando con la Justicia y que no hay riesgo de fuga toda vez que el propio juez ya le retiró el pasaporte al banquero. No lo ve así el instructor, que ha basado su de nuevo fulminante decisión en la posibilidad de que Blesa y otros implicados en la ruinosa compra para Caja Madrid de un banco en Estados Unidos unifiquen su versión de lo ocurrido y se vayan de rositas. Y entre lo ocurrido, según revelan los correos entre Blesa y su director financiero, aparecen 100 millones de euros “sobrantes” de la operación de compra del banco estadounidense que no se sabe muy bien para qué fueron empleados y quién se los quedó finalmente.
El juez, que califica la gestión de Blesa de “aberrante”, sospecha que se añadieron a la compra para tener posibles con los que realizar otra operación que “se pusiera a tiro”. De este modo podría burlarse de nuevo el preceptivo control de la inversión tal y como ya ocurrió con la adquisición de ese banco norteamericano que supuso un quebranto de 500 millones de euros para la entidad madrileña.
La fiscalía, sin embargo, amenaza con denunciar al juez. Afirma que puede haber incurrido en prevaricación continuada al solicitar a Caja Madrid mediante providencia y no a través de un auto judicial motivado los correos electrónicos de Miguel Blesa. Le acusa también de abrir y cerrar el sumario a conveniencia y recuerda que el juez Silva está recusado por el propio Blesa a propósito del crédito de 26,6 millones de euros concedidos pero no pagados a Gerardo Díaz Ferrán, compañero de cárcel del banquero desde anoche. Entiende el fiscal que Silva debería de haberse abstenido de tomar una medida tan dura contra Blesa a la espera de que se resuelva la recusación.
Al margen de que la fiscalía esté mostrando en los últimos tiempos un celo defensor de encumbrados imputados digno de mejor causa, no deberían echarse en saco roto sus advertencias por mucho que suenen a triquiñuelas jurídicas. Silva parece ser un juez controvertido, de decisiones fulminantes y lenguaje mucho más propio de un afilado editorial periodístico que de una pieza judicial de la que se espera sea lo más meditada e imparcial posible.
Ese etilo justiciero tan particular, unido a posibles irregularidades en la instrucción, podrían ser argumentos más que suficientes para que la defensa de Blesa e incluso la fiscalía solicitaran la nulidad de las actuaciones y entonces sí que habríamos hecho un pan como unas tortas. El legítimo deseo de la sociedad de que paguen por sus actos los responsables del latrocinio bancario no puede ser la coartada para saltarse a la torera los procedimientos reglados en una instrucción judicial si lo que queremos es justicia y no revancha. En ningún caso y aunque el imputado se llame Miguel Blesa.
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