Reformas Soraya

La última gran campaña propagandística del Gobierno se llama reforma de las administraciones públicas. Rajoy – tan alérgico a los micrófonos cuando hay que hablar de Gürtel o Bárcenas – la presentó en sociedad y dos días después la aprobó el Consejo de Ministros. De encomiarla como es debido se encargó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría con el inapreciable apoyo de Montoro, una vez resuelta la crisis de identidad fiscal de la infanta. Dos horas largas invirtieron vicepresidenta y ministro en loar lo felices que nos hará a todos la reforma y lo mucho que nos vamos a ahorrar con ella: 37.700 millones de euros hasta 2015 “si las cuentas de Hacienda están bien hechas y es seguro que lo estaaán”, dijo con retintín Saénz de Santamaría mientras Montoro sonreía.

En estas cuentas del Gran Capital que hace el Gobierno y en las que no hay un solo desglose de datos que permita demostrar la cifra, ya se incluye la supresión de la paga de Navidad de los empleados públicos y el ahorro que supuso la destrucción de 375.000 trabajos en el sector público en el primer año de la era Rajoy. El resto es un mero desiderátum sin base argumental alguna por mucho que la vicepresidenta asegure que no habrá más destrucción de empleo público y que el ahorro en ese capítulo – la mitad del total estimado – se conseguirá con la extensión de la jornada, la tasa cero de reposición o la supresión de días libres.

En realidad, toda la reforma en sí es un desiderátum, ya que más de la mitad de las “recomendaciones” para eliminar duplicidades entre administraciones dependen de la voluntad de las comunidades autónomas para su puesta en práctica. Algunas de ellas ya han dicho “nones” y han criticado que se les presente una reforma en cuya elaboración no han sido escuchadas. Así que lo de suprimir defensores del pueblo, audiencias de cuentas, consejos consultivos, agencias meteorológicas, institutos de estadística o número de diputados autonómicos va a ser que no.

Le recriminan al Gobierno, además, una mal disimulada querencia jacobina con su afán por recentralizar competencias y le recuerdan que muchas de esas instituciones están recogidas en sus respectivos estatutos de autonomía, leyes orgánicas que sería necesario modificar. Por lo demás, le afean que pretenda adelgazar mucho más la administración autonómica que la estatal y le recuerdan la inutilidad de las diputaciones, por no hablar del Senado o las delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas, provincias e islas.

En todo caso, al Gobierno siempre le queda la opción del palo para meter en cintura a las autonomías díscolas y parece dispuesto a emplearlo llegado el caso: autonomía que no adelgace autonomía a la que se le pondrán las cosas muy difíciles en materia de déficit público o financiación. De eso ya se encargará Montoro a su debido tiempo.

La reforma de la administración pública es una de las promesas estrella de Rajoy. Sin embargo, sólo la ha puesto sobre la mesa cuando empezaron a meterle prisa en Bruselas. Ahora quiere hacernos creer que se ha pasado ocho meses elaborándola en los que, no obstante, no ha habido tiempo para una sola reunión con las autonomías ni con la oposición. Como Juan Palomo, el presidente se ha sacado de la chistera una reforma administrativa con la que quedar bien en Bruselas y ante Merkel – a la que la obediente Santamaría se la presenta hoy – pero cuyas posibilidades de aplicación son remotas.

Y no es que los ciudadanos de este país no demanden racionalidad y claridad en sus relaciones con unas administraciones engorrosas, confusas y difusas, que generan molestias y gastos que repercuten directamente sobre la actividad económica. Sólo que la presentada hace unos días por el Gobierno está viciada de falta de consenso y ambición y huele a centralismo trasnochado en un país complejo y diverso como España.

Se trata de una reforma más preocupada por lo que sobra que por lo que se puede hacer mucho mejor, más atenta al ahorro a ojo de buen cubero que a la eficacia y a la eficiencia, más celosa de preservar sus reductos de poder – diputaciones – que de la profesionalización y la independencia política de la función pública. Toda reforma de un edificio tan complejo como el de la administración pública debe comenzar por unos cimientos firmes y duraderos y la “reforma Soraya” no cumple esa condición.   

Justicia revuelta, ganancia de banqueros

Un juez de instrucción de técnica manifiestamente mejorable, un Ministerio Público extremadamente celoso de los derechos constitucionales del imputado, una acusación particular cubierta con piel de cordero y una audiencia provincial de estilo tan manifiestamente mejorable como el del instructor. Esos son sólo algunos de los factores que han llevado a que el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, saliera anoche de la cárcel por orden del mismo juez que le envió a ella de forma incondicional. El que ya se conoce como “caso Blesa” tiene tantos meandros y vericuetos que es fácil perderse en ellos.

La historia interminable

Comenzó en 2009 cuando el seudosindicato ultraderechista Manos Limpias presentó una denuncia contra el banquero y el ex presidente de la patronal Díaz Ferrán, también consejero de la entidad, acusándoles de estafa por la concesión del primero al segundo de un crédito de casi 27 millones de euros para Viajes Marsans. Las diligencias abiertas entonces por el juez Silva fueron sobreseídas un año después por falta de pruebas. El mismo juez las reabrió tres años más tarde pero se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, en donde se siguen los pasos de la fusión bancaria que dio lugar a Bankia y su desastrosa salida a Bolsa.

El juez Andreu de la Audiencia Nacional rechazó la inhibición y le devolvió la papa caliente a Silva. Éste continuó adelante con la investigación en contra del parecer de la fiscalía que ya pidió entonces a la Audiencia de Madrid que anulase la causa. En el transcurso de la misma, el juez encontró indicios de criminalidad en el famoso crédito y en mayo pasado llamó a Blesa para que declarara como imputado, aunque no por el préstamo, sino por la compra de un banco en Estados Unidos en la etapa en la que fue presidente de Caja Madrid.

Después de tomarle declaración decretó su encarcelamiento eludible bajo fianza de 2,5 millones de euros por “riesgo innegable de fuga”. Blesa no tardó ni 24 horas en reunir el dinero y se fue a su casa. A los pocos días, el juez Silva vuelve a llamar a Blesa con urgencia para tomarle declaración una vez más por la compra del banco estadounidense y le envía de nuevo a prisión, ahora sin fianza. Vuelven a montar en cólera la defensa y la fiscalía y piden a la Audiencia de Madrid que anule la causa. Ésta les da la razón y anula la causa principal – el crédito a Díaz Ferrán – y de inmediato se exige la puesta en libertad de Blesa a lo que el juez Silva accedió ayer tarde.

No obstante, en el auto en el que ordenó que el banquero fuera liberado expresa sus dudas sobre el alcance de la decisión de la Audiencia, de la que dice que no deja claro si afecta también a la compra del banco norteamericano. Se queja, además, de que se le exija la liberación de Blesa aportando el auto que anula la causa del crédito sospechoso, que no es el motivo por el que se le envió a prisión. Cabe recordar, además, que el juez ha pedido amparo al Consejo del Poder Judicial ante lo que considera interferencias y presiones por parte del fiscal.

Y tú más

En este bochornoso toma y daca entre fiscalía, instructor, Audiencia, defensa – que además ha recusado al juez por animadversión contra su cliente - y acusación particular han volado chuzos de punta: los autos del juez – dice la Audiencia – están sacados de Wikipedia, denotan dotes adivinatorios, expresan opiniones y sospechas personales y pretenden convertir la presuntas culpas de Blesa en una causa general contra los banqueros como responsables de la crisis económica. Si es verdad que el estilo jurídico del juez Silva no tiene muchas posibilidades de convertirse en modelo de lo que debe ser un auto judicial razonado y prudente, tampoco el de la magistrada de la Audiencia que redactó la anulación de la causa.

Todos, empezando por el juez y siguiendo por la fiscalía, la defensa, la acusación y la Audiencia, parecen haberse olvidado tanto de las formas como del fondo – tan importantes en Justicia – y optado por el trazo grueso y espontáneo. Pero el caso está lejos de concluir: la acusación llevará la anulación de la causa al Supremo y Blesa aún tendrá que responder por las preferentes que colocó Caja Madrid y sus sueldos millonarios.

Tanta algarabía y confusión judicial ponen de manifiesto que sentar en un banquillo o enviar a la cárcel a un banquero en España, amamantado además en las ubres del poder político, no tiene el mismo peso que hacerlo con cualquier otro ciudadano de a pie, ante el que nadie se tomaría la más mínima molestia de presentar recursos fueran o no desmesuradas o desproporcionadas las decisiones del juez instructor. Por eso, en el caso que nos ocupa, la actuación judicial debió de haber sido mucho menos visceral y mucho más fundamentada jurídicamente.

De aquellos lodos

Ahora se corre incluso el riesgo de que la actuación del juez Silva haya viciado de nulidad toda la causa contra Blesa y el banquero no llegue a responder nunca de su desastrosa gestión y de los perjuicios ocasionados. Pero no es al juez al que se juzga aunque su instrucción sea manifiestamente mejorable. Porque, al margen del embrollo judicial en el que ha degenerado el proceso, los ciudadanos de este país tenemos la convicción de que Blesa y otros como él son responsables en primer grado, aunque no en exclusiva, de las penalidades que sufren millones de españoles que hoy nos sentimos estafados, timados y robados.

Blesa abandonó anoche la cárcel sin arrepentirse de nada, defendiendo su inocencia y pidiendo un juez imparcial. En su derecho está como estamos el resto de los ciudadanos que, además, exigimos claridad, rapidez y rigor judicial para que de una vez empiecen a responder de sus acciones u omisiones quienes nos han conducido a esta situación.

De la Cavada, ideólogo de la CEOE

Aguardo impaciente a que el presunto ministro de Hacienda dé una explicación sobre la crisis de identidad fiscal de la infanta Cristina. Mientras espero y desespero, centro mi atención en un montaraz empresario surgido de la caverna de los tiempos al que le parece mal que el Estatuto de los Trabajadores permita que un empleado disfrute de cuatro días de permiso por la muerte de un familiar en primer grado si el desplazamiento implica pernoctar. Dice el individuo en cuestión que en los tiempos del AVE, los aviones supersónicos y las autopistas de ocho carriles no se sostiene que se empleen tiempos de permiso similares a los de la época de La Diligencia de John Ford, de lo que se deduce que a este jinete del Apocalipsis le gustan las películas de indios y vaqueros. A él – sobra decirlo – el papel que más le agrada es el de justiciero cortacabelleras de trabajadores absentistas aunque sea por causa de duelo familiar.

Lo pueden decir con conocimiento de causa los propios empleados de la CEOE, de cuya cúpula forma parte, que presentaron contra él una denuncia por acoso laboral de la que derivó una condena de 25.000 euros por la que en cualquier otra empresa habría sido despedido de forma fulminante, pero no en la CEOE. No parece sin embargo que la sentencia – que aún no es firme – le haya servido de escarmiento. De hecho es autor de un acrisolado repertorio de animaladas similares a la de los permisos por defunción. 

A su dilatado catálogo de pensamientos para la posteridad laboral de este país pertenecen, por ejemplo, ideas como la de que hay que aceptar un puesto de trabajo “aunque sea en Laponia”, que “los jueces actúan como Dios les da a entender y se erigen en empresarios” o que el Estatuto de los Trabajadores es “una copia de la legislación laboral de Largo Caballero”.

Es esa última frase la que delata las verdaderas querencias de nuestro hombre, que inició su carrera laboral como abogado del sindicato vertical franquista. A lo que se ve, cuatro décadas de relaciones laborales en democracia no han sido suficientes para que se sacuda el pelo de la dehesa que aún cubre su espeso vello ideológico. Tras el revuelo levantado por sus críticas a los días de permiso laboral, el individuo de nuestras pesadillas se ha disculpado “si ha herido la sensibilidad de alguien”; sin embargo, a renglón seguido, ha vuelto a considerar excesivos tantos días de permiso para darle el último adiós a un familiar dejando el trabajo desatendido y a la empresa casi en números rojos.

En la CEOE nadie, salvo el vicepresidente, se ha atrevido a afearle sus palabras. El presidente Rosell ni se ha inmutado mientras pregonaba a coro con Rajoy que “lo peor de la crisis ha pasado” y presentaba un código ético de la patronal que va a convertir a la CEOE en el summum de la transparencia y la virtud. Sugiero que le envíen una copia a la cárcel a Díaz Ferrán, el hombre que dejó dicho para la Historia que había que trabajar más y cobrar menos para salir de la crisis mientras hundía fraudulentamente sus empresas y echaba a sus empleados.

Al de la frase sobre los permisos laborales le pueden nombrar ideólogo de guardia con derecho a látigo y cadenas. Por cierto, se me olvidaba mencionar que se llama José de la Cavada y es responsable de relaciones laborales de la patronal, un cargo a todas luces merecido. Sólo que si cambiara la “v” de su apellido por una “g” mejoraría mucho su perfil.   

Montoro y el misterioso caso de la infanta

Si finalmente se confirma que Cristóbal Montoro es el ministro de Hacienda aunque él intente disimularlo, va a tener que explicar de forma muy convincente el extraño caso de unas fincas presuntamente vendidas por la infanta Cristina, algo que esta niega haber hecho por la sencilla razón de que nunca habían sido suyas; lo niega ella y los que supuestamente las compraron, que han echado mano hasta de las polvorientas escrituras del bisabuelo que demuestran que siempre han sido de la familia y que aseguran que de la tal infanta solo tienen noticias por la tele, en donde aparece mucho últimamente.

Todo el lío parece ser obra de Hacienda que, salvo que se demuestre lo contrario, forma parte del negociado del que Montoro es supuestamente competente. El ministro, tan aficionado a señalar con su dedo acusador a colectivos poco complacientes con el Gobierno, calla ahora mientras crece la bola de nieve. Cuando le preguntan qué ha pasado se escuda en legalismos sobre privacidad, encoge el dedo de acusar y guarda silencio. Lo tendrá que aclarar, quiera o no.

Estamos hablando de la Agencia Tributaria, que cada año nos pasa la factura y nos revisa con lupa los ingresos no vaya a escapársele un defraudador fiscal en potencia. Sin embargo, a la vista de cómo parece haber actuado en el informe que el juez le pidió para conocer el patrimonio de la infanta, bien podríamos estar hablando de la Agencia Tributaria de la República de Chichinabo de Abajo. Primero, porque filtró a EL PAÍS que había comunicado “informalmente” al juez - ¿qué demonios es “informalmente” en un caso como este - que en los papeles que le envío con las supuestas ventas de fincas por parte de la infanta había un error.

Después, en un comunicado, le arrimó el mochuelo pero sin mencionarlos a los notarios y a los registradores de la propiedad que a lo peor se equivocaron al poner el DNI en los formularios. Estos ya han dicho que la posibilidad de error es mínima, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de trece supuestas ventas diferentes en tres provincias distintas ¿Hubo error en todas esas escrituras? ¿Estaban ese día los notarios y registradores celebrando la fiesta del santo patrón y tenían el dedo como tonto? De lo que se deduce que la metedura de pata o de dedo, de existir, estará en otro lado.

Lo más probable es que esté en la propia Agencia que, ante la petición del juez, se limitó a un copia y pega con lo que encontró en su base de datos sobre la infanta. Pero claro ¿cómo figuraban esos bienes a nombre de la infanta si quienes supuestamente los compraron aseguran que siempre han sido suyos y que nunca han tenido relaciones económicas con personajes de sangre azul? Y en su caso ¿había tributado la infanta por los bienes que supuestamente vendió? ¿No? ¿Hacienda somos todos?

Hay más: ¿cómo es posible que Hacienda le remita a un juez un informe para la investigación judicial de un personaje como la infanta sin matizar, ni comprobar y luego le diga “informalmente” que hay un error o más bien trece errores, todos referidos a la misma persona y en trece operaciones diferentes en tres provincias distintas? Y ese error, de haberse producido ¿ha sido intencionado? ¿con qué fines? ¿enredar al juez y desprestigiar la investigación sobre el caso Nóos?

La Fiscalía, que en este asunto no pierde comba para echarle un cabo a la infanta, ya ha anunciado una investigación. El juez Castro, que a estas alturas debe de estar más que harto de que el fiscal torpedee sus decisiones y Hacienda le tome el pelo – recuerden que hace poco se atrevió a prejuzgar que la infanta no había cometido ningún delito fiscal – ha decidido tomar la línea recta y ha pedido a los registros de la propiedad que le informen de si la hija menor del rey vendió lo que Hacienda dice que vendió.

El único que calla de momento es Montoro, tan acusica en otras ocasiones y que en esta se ha apresurado a ponerse de perfil como si el asunto no fuera con él ni con la Agencia Tributaria de la que es el máximo responsable político. Como tal debe dar explicaciones claras y convincentes sobre lo ocurrido o estaremos legitimados para creer que las cloacas del Estado bajan mucho más sucias de lo que todos sospechábamos.

Pacto para la galería

PP y PSOE sacan pecho estos días después de su pacto de mínimos sobre las políticas que deberá defender Rajoy en la próxima cumbre europea. El pacto en política es un valor en sí mismo porque elimina tensiones y acerca puntos de vista, algo muy necesario después de año y medio de legislatura presidida por el enfrentamiento constante, apelaciones del Gobierno a la herencia socialista y el consabido “y tú más”. Lo que el pacto político no puede ser en ningún caso es un fin en sí mismo y el que la semana pasada cerraron los dos principales partidos españoles no parece que vaya más allá de ese objetivo: pactar por pactar sin concretar objetivos, acciones y medidas, plazos o condiciones.

Acudir a la cumbre europea a pedir que se luche contra el paro juvenil, que vuelva el crédito a las pymes y que se destinen recursos a la inversión es algo que Rajoy puede hacer sin necesidad alguna de contar con el respaldo del principal partido de la oposición. De hecho, es exactamente eso lo que ha venido reclamando con insistencia antes de que el PP y el PSOE cocinaran y cerraran casi en secreto este pacto del que se ha desmarcado el resto del arco parlamentario – con la excepción de CC - al sentirse ninguneado por los dos grandes partidos. Y no porque los otros partidos no estuviesen de acuerdo con el fondo – que cualquiera puede suscribir sin comprometerse absolutamente a nada – sino por las formas exhibidas por las cúpulas socialista y popular.

De ingenuos sería suponer que este pacto de vaguedades y generalidades será de alguna utilidad práctica para España en la próxima cumbre europea que, una vez más, se vuelve a anunciar como histórica y decisiva. De cumbres trascendentales está la Unión Europea llena desde que se inició la crisis y miren cómo estamos. Porque de lo que no debe caber ninguna duda es de que hasta que no se celebren las elecciones alemanas no cabe esperar ningún cambio significativo en las políticas de austericidio que han llevado a Europa a la situación de postración económica en la que se encuentra. Y aún después de celebradas tampoco es previsible un giro copernicano que ponga el acento en la reactivación económica y en el empleo después de años de recortes, ajustes y reformas con los dramáticos resultados sociales de sobra conocidos.

Para que ese giro se produzca hace falta mucho más que un pacto para la galería como el que han suscrito el PP y el PSOE. Hace falta una mayoría de países dispuestos a decirle a Alemania y a los estados que secundan sus políticas que hasta aquí hemos llegado, que no son admisibles más recortes sociales ni más pérdida de derechos ni más hachazos al estado del bienestar.

En paralelo, se hace imprescindible un pacto nacional entre las fuerzas políticas y los agentes sociales por el crecimiento y el empleo, contra el fraude fiscal y contra la pobreza y la exclusión social; un gran acuerdo con objetivos concretos, medidas claras y cuantificadas y calendario definido. Nada de eso se recoge en el acuerdo entre populares y socialistas, sólo timoratas peticiones que se olvidarán al día siguiente de concluida la cumbre.

Tal vez el pacto de la semana pasada restañe levemente la maltrecha imagen del bipartidismo en España, tal vez Rubalcaba recupere algo de fuelle ante su propio partido y tal vez Rajoy mejore su imagen con un aggiornamento de hombre dialogante y dispuesto a ceder en los grandes asuntos de estado después de meses de decir no a todo lo que le propusiese el principal partido de la oposición. En cualquier caso, magra cosecha para tanta escasez.

TV griega: el nuevo trofeo de la troika

En su carrera suicida hacia el abismo, la troika comunitaria acaba de adjudicarse un nuevo trofeo y le ha dado un nuevo empujoncito a Grecia para que definitivamente se convierta en un país en ruinas, económicas y democráticas. El reciente cierre con alevosía y nocturnidad de la radiotelevisión pública griega es un ataque dictatorial sin paliativos contra uno de los pilares de cualquier sistema democrático, la libertad de expresión y el derecho a la información. La medida la ha tomado el partido conservador mayoritario que, en lugar de llamarse Nueva Democracia, debería rebautizarse como Vieja Dictadura.

La decisión unilateral y sin previo aviso se ha justificado en la supuesta opacidad y despilfarro del medio público, ignorando interesadamente que la camarilla política que lo dirige cobra tanto como todos los trabajadores juntos, lo cual - es cierto - no es exclusivo de Grecia y sus medios públicos de comunicación. Ha sido tan brutal y repentina la decisión que las otras dos fuerzas políticas que apoyan al Gobierno la han rechazada y pueden estar a punto de desencadenar una nueva crisis política y tal vez unas elecciones anticipadas.


No es un detalle menor que sólo los neonazis xenófobos de Amanecer Dorado la hayan aplaudido: cuanto más amordazados o silenciados estén los medios, mejor para sus planes criminales. Sea como sea, lo cierto es que más de 2.500 periodistas se han encontrado en la calle de la tarde a la noche, justo en el intervalo que va desde que se anuncia el cierre hasta que se ejecuta con apoyo policial incluido. Mientras, desde Bruselas un hipócrita comisario de Economía llamado Olli Rehn silbaba y miraba para otro lado como si el asunto no fuera con quien lleva años martirizando a los griegos con recortes salvajes y despidos masivos. A la troika le importa literalmente un pimiento que se cierre un medio de comunicación público, el primero desde la Segunda Guerra Mundial, que ha dejado a Grecia en la insólita situación de ser el único país de la Unión Europea sin radiotelevisión pública.

A pesar de las lágrimas de cocodrilo del FMI sobre los errores cometidos en Grecia, no es la libertad de expresión ni el pluralismo ni la cobertura a la que por mero cálculo económico no llegan los medios privados en un país de orografía tan difícil como Grecia lo que les preocupa. Es el bienestar de los mercados y la deuda contraída por Grecia con los bancos alemanes lo que les quita el sueño a los eurócratas comunitarios; si para pagarla hay que hacer tabla rasa del denostado sector público se hace sin miramientos ni contemplaciones, caiga quien caiga, y se manda a unos cuantos miles de trabajadores más al paro.

En los cálculos de un gobierno tan dócil ante la dictadura de la troika como el griego parece que ni siquiera se pensó en la posibilidad de negociar con los trabajadores de la radio televisión pública para buscar la manera de redimensionar la plantilla, cerrar centros innecesarios, rebajar los sueldos de la cúpula directiva o cualquier otra alternativa que hiciera lo menos traumático posible el hachazo y que al mismo tiempo garantizase la viabilidad económica del medio. Se optó por el golpe de mano a traición, traspasando una línea roja que nadie hasta ahora se había atrevido a cruzar y sentando un peligrosísimo precedente. Todo ello con la connivencia cómplice de las exquisitas autoridades comunitarias que no paran en cambio de afear a otros países sus déficits democráticos.

El Gobierno griego debe dar marcha atrás de manera inmediata, reanudar las emisiones de la radio y la televisión públicas y abrir un diálogo con los trabajadores para garantizar el futuro de la empresa y el derecho de los ciudadanos a contar con un medio informativo público y plural de referencia. Sólo así podrá enmendar en parte una medida insólita, autoritaria y más propia de una dictadura que del país en el que nació la democracia.

Fuera de juego de Messi

Al astro argentino del fútbol, el mejor pagado del mundo, le acaba de mostrar la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona una tarjeta de intenso color amarillo que podría tornarse en roja. La causa, un flagrante fuera de juego y unos cuantos goles a Hacienda por toda la escuadra y con la mano. Al decir de la querella que la fiscal presentó ayer contra él, el jugador habría usado su mano izquierda para ocultar en paraísos fiscales como Belice y Uruguay los jugosos derechos de imagen que cobraba con su mano derecha, dándole así un nuevo significado al pasaje bíblico.

La fiscal ha echado cuentas y le sale un fraude a la Hacienda Pública española superior a los cuatro millones de euros. El método no es nada original: se simula que los ingresos por derechos de imagen se ceden a empresas fantasma radicadas en paraísos fiscales y se ahorra uno el engorro de incluirlos en la declaración de la renta. Con todo, dice la fiscal que la trama no se le ocurrió a él, que tal vez no tenga cabeza para esos cambalaches fiscales, sino a su avispado padre cuando vio que el precoz retoño ya iba para estrella del fútbol antes incluso de que alcanzara la mayoría de edad.

Claro que eso no le exime de su responsabilidad ni le permite escudarse en sus “asesores financieros” para eludir el hecho objetivo de que es él, y no su padre o sus abogados, quien tendría que haber rendido cuentas en tiempo, forma y cuantía ante Hacienda. En otras palabras, que no es una suerte de infanta Cristina en pantalón corto que no se entera de cómo es posible que ganando tanto dinero le sale tan poco a pagar en la declaración del IRPF.

No es Messi el primero que ve tarjeta amarilla por llevarse crudas las astronómicas cifras que el mundo del fútbol y aledaños está dispuesto a pagar por ver a alguien corretear detrás de una pelota. En esto ni siquiera es el mejor: sin ir más lejos, su paisano Maradona aún le debe al fisco italiano unos 25 millones de euros tras su paso por el Nápoles. Ahora, cada vez que pone sus mágicos pies en aquel país, los sabuesos de Hacienda le pisan los talones y le embargan todo lo que le trincan, desde el Rolex a las generosas colaboraciones por aparecer en televisión. También están Eto`o, Figo, Sucker, Arantxa Sánchez Vicario o, en el mundo de la farándula, Lola Flores y Ana Torroja. Sin mencionar, por supuesto, a los Bárcenas y compañía, que pertenecen a otro negociado. Eso, por citar sólo los casos que son conocidos y notorios, sin descartar que haya habido muchos otros que no han salido a la luz pública.

En mayor o menor medida, todos fueron en su día astros nacionales o mundiales en lo suyo y modelos idolatrados a imitar por centenares de miles y hasta millones de personas, desde niños de pecho a jubilados, mujeres y hombres. Messi, con su cara de no haber roto nunca un plato, tambien está a punto de fichar por el club de los grandes defraudadores a Hacienda. Algo más que decir que es inocente y que se enteró por la prensa tendrá que hacer para afrontar la situación. Le cabe la posibilidad de admitir las acusaciones de la Fiscalía y avenirse a un arreglo pagando los impuestos, los intereses de demora y la correspondiente multa, todo lo cual le puede salir por unos 25 millones de euros, lo que no creo que lo deje en la indigencia.

La otra opción es negarlo todo y, si el juez admite la querella de la Fiscalía, enfrentarse a un juicio que puede terminar con una condena de entre 2 y 6 años de cárcel. Él, su padre y sus asesores sabrán lo que les conviene más. Pero haga lo que haga, una cosa es evidente: en un país sumido en una profunda crisis económica y social, con un paro y una pobreza galopantes, con recortes y ajustes de todos los colores y con Hacienda mirando debajo del colchón de los ciudadanos de a pie que acuden todas las semanas al estadio a aplaudir a sus ídolos, la imagen de Messi, ese chico discreto y callado que a todos enamora, ha quedado hecha añicos. A los dioses se les puede perdonar casi todo, pero no el juego sucio.

Un crédito, por caridad

Desde que Zapatero habitaba en La Moncloa venimos los españoles asistiendo a una reforma del sistema financiero tras otra. En cada ocasión que se anuncia la reestructuración de los bancos, el anuncio se acompaña con la cantinela de que la medida permitirá que vuelva a fluir el crédito para los autónomos y los particulares. Así llevamos ya no menos de seis años y seguimos en las mismas. Ninguna de esas reformas ha servido más que para sanear los insondables balances bancarios de la indigestión inmobiliaria pero el crédito sigue sin aparecer por ningún lado, al menos para quienes de verdad lo necesitan y lo reclaman casi a gritos un día tras otro.

Aseguran las pequeñas y medianas empresas que siete de cada diez autónomos que acuden a una sucursal bancaria a pedir un préstamo se van por donde han venido sin conseguirlo. Lo más sangrante es que el porcentaje se eleva hasta el 80% si el crédito se le pide a uno de los bancos nacionalizados y ayudados a escapar de la quiebra con dinero público.

La falta de crédito, eso ni siquiera el Gobierno lo niega, es uno de los principales cuellos de botella de la economía española. El círculo vicioso es infernal: los bancos no dan crédito porque - dicen - no hay demanda ni proyectos solventes, lo que no se compadece con las quejas de los pequeños empresarios que sufren en sus negocios cómo las entidades les dan una y otra vez con la puerta en las narices o les piden intereses tan altos o condiciones tan leoninas que mejor echar el cierre y, en su caso, despedir unos cuantos trabajadores más. La repercusión sobre el consumo y la inversión es inmediata, lo que retroalimenta la espiral de la sequía crediticia. Argumentan también los bancos que, en muchos casos, las empresas sólo buscan refinanciar deudas y, claro, por ahí no están dispuestos a pasar porque les obligaría a proveer nuevos fondos y vuelta a empezar.

 
Soluciones

En ese círculo vicioso se sigue moviendo el crédito en este país sin que nadie sea capaz de romper el nudo gordiano. Podría hacerlo el Gobierno, el Banco Central Europeo, la troika o todos juntos, lo mismo da. Bastaría con que se obligara a los bancos salvados con dinero público a destinar una parte de las ayudas a la concesión de créditos o imponer intereses sobre los depósitos que muchos de esos bancos tienen en el Banco Central Europeo para que muevan el dinero. Nadie se atreve, en cambio. El BCE se limita a una ridícula bajada de los tipos de interés que, en la práctica, poco arregla. Lo único que consigue es que los bancos se sigan financiando a tipos de interés bajos y coloquen ese dinero en deuda pública cuatro o cinco puntos por encima, con lo que obtienen pingües beneficios destinados de nuevo a sanear sus cuentas.

La troika envía a sus hombres de negro a España y constata que el sistema financiero sigue hecho unos zorros y debe continuarse con la estrecha vigilancia de su evolución. A renglón seguido sale el Gobernador del Banco de España y dice que ya puede ir pensando el Gobierno español en ampliar el rescate de las entidades financieras echando mano de los 60.000 millones de euros aún no gastados. La oposición había propuesto que parte de ese dinero se destinara precisamente a la concesión de créditos, pero los aspavientos de Bruselas advirtiendo de que esa millonada debe emplearse sólo en rescatar a los bancos frenaron la iniciativa.

Así, mientras los bancos, tan esenciales ellos para la economía, siguen su interminable proceso de reestructuración, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los particulares mueren de inanición crediticia al tiempo que las empresas alemanes, por ejemplo, se financian tranquilamente en condiciones infinitamente más ventajosas.

La guinda

La guinda ha venido a ponerla Rajoy en la presentación de una ley de Emprendedores que ha tardado año y medio en tener ultimada y que no entrará en vigor hasta el año que viene. Sabedor de que sin préstamos bancarios su proyecta estrella no pasa de puro papel mojado, ha venido a decir con tono serio que “los que tienen que dar crédito – ni siquiera se ha atrevido a pronunciar la palabra “bancos" – tienen que estar a la altura de las circunstancias”. No lo ha pedido por favor pero poco le ha faltado. Ha dicho que la línea de crédito del ICO está a disposición de los bancos para que fluya el dinero, cuando hace tiempo ya que debería haber implementado medidas para que el crédito pase directamente de esa entidad pública a los que lo demanden y en condiciones asequibles en tiempos de penuria como los actuales.

Claro que eso iría contra el negocio de los bancos, que podrían quejarse de competencia desleal, y eso sí que no puede ser, como no pudo ser tampoco aprobar la dación en pago para las hipotecas que ahora pide hasta el Parlamento Europeo. Por tanto, mientras la banca sigue recibiendo ayudas públicas para regurgitar todo el ladrillo que tragó durante la burbuja inmobiliaria y limpiar sus balances de una gestión desastrosa y en muchos casos delictiva, pymes y particulares harían mejor en dirigir sus oraciones a San Carlos Borromeo, el patrón de los banqueros. A lo mejor él sí atiende sus plegarias, aunque lo dudo.

Gran Hermano Obama

 

Barak Obama ya va camino de convertirse en el presidente de Estados Unidos que más expectativas favorables generó dentro y fuera de su país para irlas defraudando todas y cada una de ellas. La solemne promesa de poner fin a la ignominia de Guantánamo parece haber quedado aparcada indefinidamente al igual que el control de armas en Estados Unidos; la situación actual en Irak y Afganistán es la de sendos estados fallidos y la intervención militar estadounidense se ha revelado como un sonado fracaso. Es verdad que Obama puede en este caso recurrir en parte a la herencia envenenada que le dejó George W. Bush. Sin embargo, no es menos cierto que su primer mandato en la Casa Blanca se saldó con decepcionantes resultados en estos y otros asuntos tanto domésticos como de política internacional.

Obama, el presidente de los discursos brillantes y del precipitado y politizado Nobel de la Paz, proyecta una imagen cada vez más apagada y delatora de la distancia sideral que separa sus palabras de sus hechos. Y entre las cosas que por debilidad o indecisión no ha querido o podido hacer, acabamos de saber que tampoco fue capaz de poner fin al espionaje privado de las comunicaciones telefónicas y en la red de millones de ciudadanos en todo el mundo. En aras de la seguridad de la gran potencia, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos lleva años espiando en secreto las llamadas telefónicas, mensajes, correos, chats, fotografías, comentarios y cualquier otra actividad que a criterio de oscuros funcionarios de inteligencia escondidos en sus guaridas puedan resultar sospechosos.

Obama lo sabía y, de hecho, había criticado la paranoia de Bush y sus invasoras medidas de la privacidad y la libertad individuales a raíz de los atentados contra las Torres Gemelas. Cuando llegó a la Casa Blanca expresó su escepticismo sobre la “utilidad” - que no su rechazo -  de ese tipo de investigaciones, pero sus asesores parece que no tuvieron demasiadas dificultades para hacerle ver que eran muy útiles para la seguridad de Estados Unidos.

Tal vez nunca nos habríamos enterado de lo que estaba haciendo Estados Unidos con nuestras comunicaciones privadas si un enigmático ex agente de la CIA – ahora en paradero desconocido - no lo hubiese revelado a dos periódicos mientras Obama dejaba hacer. La primera reacción del presidente ha sido, cuando menos, lamentable: “Para garantizar la seguridad de Estados Unidos hay que renunciar a un poco de libertad”. Sobra decir que en nada se diferencia el mensaje que encierran esas palabras del que lanzaba Bush en sus tiempos y, apurando, del que podría lanzar cualquier sátrapa de alguna república bananera o, incluso, de alguna gran potencia rival de Estados Unidos como China.

El presidente norteamericano ha intentado justificar este espionaje masivo a millones de ciudadanos no estadounidenses con legalismos del estilo de “el Congreso está informado” y la vigilancia “cuenta con respaldo judicial”. Es la palabra de Obama y cada uno le puede dar el valor que desee, aunque a estas alturas ya empieza a ser menguante. En cualquier caso, yo me pregunto, y creo que pueden preguntarse otros millones de personas en todo el mundo que no sean estadounidenses, qué derecho le asiste al Congreso o a los jueces de Estados Unidos para amparar legal y judicialmente el espionaje de mis comunicaciones privadas.

Aún en el supuesto de que el ciberespionaje masivo sirviera para garantizar la seguridad de Estados Unidos – lo que es mucho suponer - la práctica vulnera abiertamente dos principios elementales y sagrados: la libertad y el derecho a la privacidad. Que sea precisamente la potencia que más presume de defenderlos la que los pisotee a conciencia y que lo haga con el conocimiento pleno de su presidente sólo puede producir indignación y una profunda decepción. 

El Obama de las grandes frases – ahora se ve que para la galería - se ha convertido en el Gran Hermano que imaginó Orwell hace décadas, demostrando que la realidad puede superar a la ficción. El Obama de hoy ya no es el del “yes, we can” que tantas esperanzas generó en todo el mundo, sino el del “no, I can´t”. Por acción u omisión.

El gobierno de los expertos

Propongo que a partir de ahora las leyes y reformas las hagan expertos en todos los ámbitos posibles, pero especialmente en todos aquellos que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos de este país: pensiones, mercado de trabajo, impuestos, sanidad, educación, justicia, igualdad, etc. Créanme, es lo mejor a la vista de la impericia y desidia de nuestros diputados y senadores elegidos en las urnas, a lo que se ve, incapaces de proponer y consensuar las reformas que necesita España para salir de la crisis.

La designación de esos expertos correría a cargo del Gobierno que, a su vez, quedaría sometido a sus decisiones y a la posibilidad de que algún ministro particularmente torpe pueda ser removido del puesto y sustituido por un brillante experto en la competencia correspondiente. De esa vigilancia no estaría exento tampoco el presidente, al que igualmente se le puede apartar de sus funciones, eso sí, después de un completo informe científico cuajado de complejas fórmulas matemáticas que demuestren que es un peligroso zote y un riesgo inasumible para el país.

Es muy importante que estos tecnócratas sean unas eminencias en sus respectivas disciplinas, con muchos títulos, premios, masters en Estados Unidos y condecoraciones, y que tengan bien claros sus objetivos. Si se trata de acabar con el sistema de pensiones para convertirlas en caridad para pobres, es imprescindible que sean personas vinculadas directa o indirectamente a los bancos y a las aseguradoras privadas; si hablamos de reforma laboral para flexibilizar al máximo los despidos, nada mejor que unos cuantos cerebros grises salidos de los think tank conservadores o de la patronal; para reformar el sistema fiscal nada mejor que algunas de las grandes fortunas del país; para la reforma y derribo de la sanidad pública son fundamentales las opiniones y propuestas de los expertos en la sanidad privada y para la contrarreforma educativa no pueden faltar las de los obispos.

Con el fin de dotar de algo de color y animar los debates, es conveniente incluir a algún experto discordante pero asegurándose siempre de que sus opiniones sean claramente minoritarias. La misión de este parlamento experto en la sombra sería la de marcarle con claridad y sin ambigüedades ni contradicciones la agenda política al Gobierno, que ya no se vería obligado a someterse a las Cortes y solo tendría que aplicar las medidas y reformas propuestas mediante el BOE, sin más engorros legislativos, debates, enmiendas y votaciones. 

Puesto que estos acreditados expertos cobrarían ya de las empresas cuyos intereses defienden, podríamos así suprimir el Congreso y el Senado y, por supuesto, los parlamentos autonómicos. Los españoles nos ahorraríamos así un pastizal en campañas electorales, sueldos, dietas y viajes, nos evitaríamos perder un domingo de campo o playa para ir a votar, tendríamos un Gobierno decidido y competente y cumpliríamos holgadamente con el objetivo de déficit. ¿Qué más se puede pedir?