¿Moción o dimisión?

Alfredo Pérez Rubalcaba se ha amarrado los machos y ha anunciado que presentará una moción de censura contra Rajoy si el presidente no comparece en el Congreso para explicar su relación con Bárcenas. Eso ocurrirá – ha precisado Rubalcaba – si el PP vuelve a vetar la comparecencia de Rajoy, algo que se discutirá otra vez en una nueva reunión de la Diputación Permanente del Congreso convocada para el próximo día 24. Si los populares vuelven a decir por octava vez no a la comparecencia, que es lo más probable, el líder socialista registraría la moción de censura para la que ya ha pedido el apoyo del resto de la oposición en donde no todos comparten de momento la iniciativa.

IU aboga por la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas, el grupo catalán exhibe su habitual ambigüedad, el vasco no la ve y los republicanos de ERC no apoyarán una moción presentada por un partido que no respalda el “derecho a decidir”. No es imprescindible el apoyo del resto de la oposición para que la censura se presente y debata. Para eso basta que la firmen 35 diputados del PSOE que, además, deben proponer un candidato y un programa de gobierno alternativo. El candidato se supone que ya lo tienen y, salvo sorpresa mayúscula, sería Alfredo Pérez Rubalcaba. Cosa distinta es el programa de gobierno que  tendría que exponer en la cámara y que no se elabora de la noche a la mañana sin riesgo de hacer un pan como unas tortas.  

El paso al frente dado hoy por el líder socialista puede suponer para él un paso hacia el abismo político habida cuenta de que la iniciativa no tiene posibilidad alguna de prosperar y el PP aprovecharía para sacarle los colores derivados de su paso por el Gobierno de Zapatero. Rubalcaba no es un ingenuo que acaba de empezar en política y es de suponer que ha sopesado los riesgos políticos a los que se enfrenta si continúa adelante con la moción de censura. 

Si acaso, la iniciativa tiene la ventaja de ser la única de la oposición que el PP no puede bloquear por lo que Rajoy tendría que dar la cara en el Congreso y contar todo lo que sabe y calla sobre la financiación ilegal de la que habla Bárcenas y los sobresueldos en negro percibidos por él y el resto de la cúpula del partido. Sin embargo, ni eso es seguro ya que el reglamento de la Cámara no obliga al presidente censurado a defenderse en el hemiciclo y Rajoy podría volver a escabullirse. Eso en el supuesto de que el debate no degenere en un nuevo episodio de “y tú más” que sólo transmita ruido y confusión y no termine aclarándole gran cosa a los ciudadanos que volverían a quedar defraudados por el comportamiento de los dirigentes políticos. Por ello, la moción de censura se antoja de entrada como un brindis al sol de escasa eficacia.

La dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas como reclama IU tal vez sea un lujo que España no se puede permitir en estos momentos por más que las encuestas le suenen últimamente a gloria a Cayo Lara y los suyos frente al retroceso del PP y el PSOE en la intención de voto. La opción de resistir al escándalo y no hacer nada para aclararlo sólo la defiende el PP y no es de recibo a la vista de las últimas revelaciones periodísticas sobre los SMS entre Rajoy y Bárcenas que ya han repicado los principales medios internacionales y las declaraciones de ayer del ex tesorero en sede judicial.

Queda por último la dimisión del presidente y su sustitución por otro miembro del Gobierno, tal vez la vicepresidente Sáenz de Santamaría que parece ajena al trasiego de sobresueldos, SMS y otras sospechas que pesan sobre el PP. La oposición tiene medios de presión para empujar en esa dirección y los cálculos electorales y políticos de unos y de otros no deberían pasarlos por alto. La situación generada sólo admite la dimisión de un presidente rehén de sus silencios ante un escándalo que afecta gravemente a su credibilidad, a la del Gobierno, a la del Estado de Derecho y a la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. Resistir y esperar a que escampe hace tiempo que dejó de ser una opción: la única salida es la dimisión.

Rajoy arrinconado

Para ser el de Rajoy un gobierno sólo preocupado en salvar a los españoles de la crisis económica, es asombrosa la cantidad de horas que tienen que echarle a diario sus miembros y dirigentes del partido que lo sustenta al “caso Bárcenas”, que bien podría llamarse ya el “caso PP”. Sin ir más lejos hoy mismo, con dos comparecencias ante los medios, una antes y otra después de que el ex tesorero empezara a cumplir su amenaza de tirar de la manta ante el juez Ruz. El único que reserva todo su tiempo para la crisis es el propio Rajoy, al que sus correos electrónicos pidiéndole a Barcenas que resista después de conocerse que tenía más de 20 millones de euros en Suiza no le merecen ninguna explicación ni ante los medios y mucho menos ante el Parlamento.

Unas cuartillas leídas que no aclaran absolutamente nada es todo lo que hemos podido escuchar de su boca el mismo día en el que Bárcenas ha reconocido en sede judicial ser el autor de puño y letra de los papeles con la contabilidad B del partido, que le pagó sobresueldos a Rajoy y a María Dolores de Cospedal y que el PP le ofreció 500.000 euros a cambio de su silencio, entre otras cosas a cual más grave y más que suficientes para una dimisión en bloque del Gobierno, no digamos ya para una explicación coherente en el Congreso.

Han sido una vez más sus fieles escuderos Floriano y Cospedal los que han tenido que dar la cara  para repetir el mismo cansino estribillo de los últimos meses: Bárcenas es un presunto delincuente que no ha explicado el origen de los millones que se le han encontrado en Suiza y que nada tienen que ver con una financiación ilegal del PP ni con el pago de sobresueldos a su cúpula. Por supuesto, el Gobierno no acepta chantajes de un personaje como Bárcenas ni ha presionado de una y mil maneras con soborno de 500.000 euros incluido para evitar que empezara a contar todo lo que sabe ante el juez, al que le ha dejado de regalo un pen drive con numerosas bombas de relojería cuyo contenido no tardaremos en ir conociendo.

El PP, con Mariano Rajoy al frente, no sólo se enroca en una posición cada día más insostenible ante el bombardeo de noticias a cual más escandalosa al tiempo que pretende culpar a la oposición por cumplir con su función legítima: exigir al presidente explicaciones claras y convincentes antes de asumir las correspondientes responsabilidades políticas por una trama de corrupción de la que nadie en su sano juicio puede creer que no fuera conocedor e incluso – a tenor de los SMS publicados ayer por EL MUNDO - connivente y puede que hasta encubridor.

En esas pocas cuartillas con las que Rajoy ha vuelto a despachar hoy el escándalo en una rueda de prensa amañada con algún medio próximo al Gobierno, el presidente ha dicho que el Estado de Derecho no se somete a ningún tipo de chantajes. Rajoy confunde interesadamente el Estado de Derecho con su propia función de presidente del Gobierno, del que dice con tono providencial que sólo se ocupa y preocupa de la salida de la crisis y no de las acusaciones de un presunto delincuente.

No es cierto: si así fuera no habría hecho hoy una suerte de pliego de descargo ante los medios ni tendría problema alguno para responder a la oposición en el Congreso. Rajoy está acorralado por el hombre en el que confió y al que por acción u omisión o por interés personal dejó hacer a sus anchas, incluso después de que la Justicia centrara su atención en él. Rajoy sabe que se ha convertido en un rehén de Bárcenas pero no sabe cómo escapar de una situación en la que su mutismo se ha convertido ya en un clamoroso reconocimiento de sus propias responsabilidades políticas y puede que judiciales. Las revelaciones de Bárcenas y sus reiterados silencios han conducido al presidente al rincón en el que hoy se encuentra y del que la única salida posible ya es la dimisión.

No diga reforma, diga tarifazo

Año y media se ha pasado el ministro Soria deshojando la margarita sobre la reforma del sistema energético español. El objetivo anunciado al comienzo de una legislatura que se va acercando ya a su ecuador era enjugar el insondable déficit de tarifa eléctrica. Según las cuentas del Gran Capitán, el susodicho déficit va ya por los 26.000 millones de euros y subiendo. Aunque el asunto es mucho más complejo porque entran en juego un número enorme de elementos y factores sobre cuya influencia en el famoso déficit ni las empresas ni los expertos se ponen de acuerdo, vamos a dejarlo en que se trata de que pagamos mucho menos que lo que cuesta conseguir que la bombilla se encienda cuando apretamos el interruptor. Esa es al menos la explicación del Gobierno.

Sólo este año – dice el Gobierno – el monstruoso déficit rondará los 4.500 millones de euros. Para reducirlo ha ido elevando los llamados peajes que se cobran por el uso de la red y que es la parte regulada del recibo, del que representa el 50%. El otro 50% del recibo se calcula según la subasta trimestral de las empresas distribuidoras en el mercado de la energía. Así, entre peajes y subastas en un sistema de fijación de precios que es un verdadero galimatías y que reclama a gritos una clarificación para saber lo que pagamos y a quién se lo pagamos, la factura eléctrica de los hogares españoles se ha incrementado en más de un 60% en los últimos cinco años.

Un consumidor de los llamados de último recurso (TUR), que somos la inmensa mayoría, pagaba hace cinco años algo más de 300 euros de luz al año frente a los más de 500 que paga a estas alturas de 2013 mientras el maldito déficit de tarifa no ha dejado de crecer. Para arreglarlo, a Soria no se le ha ocurrido mejor solución que volver a tocarnos la cartera cuando aún no ha pasado un mes de la última subida, la del 1,2% del pasado 1 de julio. En este caso, a los consumidores se nos va a pasar una factura de unos 900 millones de euros con lo que nos tocará apoquinar una nueva subida del 3,2% en esta ocasión. ¿Averiguan de dónde salen esos 900 millones de euros? Precisamente de los famosos peajes que Soria ha vuelto a elevar para cobrárnoslos en el recibo.

Además, la mal llamada reforma aprobada hoy en el Consejo de Ministros llega después del pulso de los últimos días entre Montoro y Soria a propósito del sobrecoste de la producción eléctrica en Canarias y Baleares. Aunque se estima en unos 1.800 millones de euros, el titular de Hacienda se agarró al objetivo de déficit para torcerle el brazo al de Industria y sólo ha aceptado incluir en los Presupuestos Generales del Estado la mitad de esa cantidad mientras Soria quería que fuera todo.

También las eléctricas tendrán que poner de su parte, incluidas las de energías renovables a las que se les suprimen las primas y se envía a vender directamente en el mercado. Queda de momento en el aire la promesa de Soria de levantar la moratoria de las ayudas a las renovables en Canarias en donde, como él mismo reconoció en el Congreso, resulta mucho más barato producir electricidad con energías limpias que con convencionales. Algo que ya se sabía y que, sin embargo, no le impidió nada más llegar al ministerio cargarse de un plumazo una ayudas que han paralizado inversiones millonarias y han puesto en el disparadero miles de puestos de trabajo. Sin contar el tiempo perdido – que ya era mucho – para que las Islas aprovechen sus extraordinarias condiciones para producir electricidad con fuentes limpias. Habrá que esperar para saber si finalmente Montoro le permite cumplir su promesa y si las tarifas que ofrece a las empresas canarias de renovables garantizan lo que el propio ministro ha calificado hoy de “rentabilidad adecuada”.

En muy apretada síntesis, a esto se reduce la esperada reforma del sistema energético español que el Gobierno califica de “definitiva” para acabar con el indomable déficit tarifario. Que sea la “definitiva” está por ver; lo que sí parece claro es que, más que ante una reforma que reordene y clarifique el sector, elimine costes ocultos e impulse las energías limpias, estamos ante una nueva escabechina de recortes en la que los consumidores seguiremos poniendo dinero para cuadrar las cuentas del Gran Capitán que representa el famoso déficit de tarifa.