Año y media se ha pasado el ministro Soria deshojando la margarita sobre la reforma del sistema energético español. El objetivo anunciado al comienzo de una legislatura que se va acercando ya a su ecuador era enjugar el insondable déficit de tarifa eléctrica. Según las cuentas del Gran Capitán, el susodicho déficit va ya por los 26.000 millones de euros y subiendo. Aunque el asunto es mucho más complejo porque entran en juego un número enorme de elementos y factores sobre cuya influencia en el famoso déficit ni las empresas ni los expertos se ponen de acuerdo, vamos a dejarlo en que se trata de que pagamos mucho menos que lo que cuesta conseguir que la bombilla se encienda cuando apretamos el interruptor. Esa es al menos la explicación del Gobierno.
Sólo este año – dice el Gobierno – el monstruoso déficit rondará los 4.500 millones de euros. Para reducirlo ha ido elevando los llamados peajes que se cobran por el uso de la red y que es la parte regulada del recibo, del que representa el 50%. El otro 50% del recibo se calcula según la subasta trimestral de las empresas distribuidoras en el mercado de la energía. Así, entre peajes y subastas en un sistema de fijación de precios que es un verdadero galimatías y que reclama a gritos una clarificación para saber lo que pagamos y a quién se lo pagamos, la factura eléctrica de los hogares españoles se ha incrementado en más de un 60% en los últimos cinco años.
Un consumidor de los llamados de último recurso (TUR), que somos la inmensa mayoría, pagaba hace cinco años algo más de 300 euros de luz al año frente a los más de 500 que paga a estas alturas de 2013 mientras el maldito déficit de tarifa no ha dejado de crecer. Para arreglarlo, a Soria no se le ha ocurrido mejor solución que volver a tocarnos la cartera cuando aún no ha pasado un mes de la última subida, la del 1,2% del pasado 1 de julio. En este caso, a los consumidores se nos va a pasar una factura de unos 900 millones de euros con lo que nos tocará apoquinar una nueva subida del 3,2% en esta ocasión. ¿Averiguan de dónde salen esos 900 millones de euros? Precisamente de los famosos peajes que Soria ha vuelto a elevar para cobrárnoslos en el recibo.
Además, la mal llamada reforma aprobada hoy en el Consejo de Ministros llega después del pulso de los últimos días entre Montoro y Soria a propósito del sobrecoste de la producción eléctrica en Canarias y Baleares. Aunque se estima en unos 1.800 millones de euros, el titular de Hacienda se agarró al objetivo de déficit para torcerle el brazo al de Industria y sólo ha aceptado incluir en los Presupuestos Generales del Estado la mitad de esa cantidad mientras Soria quería que fuera todo.
Además, la mal llamada reforma aprobada hoy en el Consejo de Ministros llega después del pulso de los últimos días entre Montoro y Soria a propósito del sobrecoste de la producción eléctrica en Canarias y Baleares. Aunque se estima en unos 1.800 millones de euros, el titular de Hacienda se agarró al objetivo de déficit para torcerle el brazo al de Industria y sólo ha aceptado incluir en los Presupuestos Generales del Estado la mitad de esa cantidad mientras Soria quería que fuera todo.
También las eléctricas tendrán que poner de su parte, incluidas las de energías renovables a las que se les suprimen las primas y se envía a vender directamente en el mercado. Queda de momento en el aire la promesa de Soria de levantar la moratoria de las ayudas a las renovables en Canarias en donde, como él mismo reconoció en el Congreso, resulta mucho más barato producir electricidad con energías limpias que con convencionales. Algo que ya se sabía y que, sin embargo, no le impidió nada más llegar al ministerio cargarse de un plumazo una ayudas que han paralizado inversiones millonarias y han puesto en el disparadero miles de puestos de trabajo. Sin contar el tiempo perdido – que ya era mucho – para que las Islas aprovechen sus extraordinarias condiciones para producir electricidad con fuentes limpias. Habrá que esperar para saber si finalmente Montoro le permite cumplir su promesa y si las tarifas que ofrece a las empresas canarias de renovables garantizan lo que el propio ministro ha calificado hoy de “rentabilidad adecuada”.
En muy apretada síntesis, a esto se reduce la esperada reforma del sistema energético español que el Gobierno califica de “definitiva” para acabar con el indomable déficit tarifario. Que sea la “definitiva” está por ver; lo que sí parece claro es que, más que ante una reforma que reordene y clarifique el sector, elimine costes ocultos e impulse las energías limpias, estamos ante una nueva escabechina de recortes en la que los consumidores seguiremos poniendo dinero para cuadrar las cuentas del Gran Capitán que representa el famoso déficit de tarifa.
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