El papa del fin del mundo

Benedicto XVI dio la campanada al convertirse en el primer papa en renunciar en 600 años y los cardenales reunidos en el cónclave la han redoblado en tiempo récord eligiendo a un latinoamericano y jesuita como sucesor. Francisco I es el designado para afrontar los numerosos y difíciles retos que tiene la Iglesia Católica si quiere acompasar su paso al de la sociedad contemporánea.

Que sea el primer latinoamericano y el primer jesuita que ocupa el puesto no son en sí garantías de cambio o reforma, pero encienden una pequeña luz de esperanza de que algo empiece por fin a moverse en la fosilizada jerarquía católica. La procedencia geográfica del nuevo papa y su formación de jesuita representan una novedad histórica nada desdeñable pero no son suficientes para ocultar tras la arcaica pompa del cónclave y el humo de la fumata blanca los graves problemas de una institución con más 1.200 millones de seguidores en todo el mundo.

El novelista estadounidense Don DeLillo escribió en una de sus obras que “el católico moderno es un tipo duro que plantea preguntas penetrantes”. A ellas deberá responder con acierto Francisco I para pasar el examen al que le someterá a partir de ahora la comunidad católica en particular y la sociedad en la que se inserta en general. El peso de la acción y el pensamiento de la Iglesia en una sociedad cada vez más secularizada pero de profundas raíces católicas como la occidental sigue aún siendo notable.

Sin embargo, hasta ahora, esa Iglesia se ha caracterizado por remar a contracorriente y obstaculizar los procesos sociales de cambio. Esta actitud le está pasando una costosa factura en forma de desafección galopante entre sus propios seguidores. Así ocurre en Europa, la cuna de su poder, o en la misma Latinoamérica, de donde procede el nuevo papa y en donde la tan denostada por la jerarquía Teología de la Liberación se ha visto desautorizada y no ha podido impedir que las iglesias evangélicas hayan captado una creciente feligresía.


Compromiso real y beligerante con los más desfavorecidos, renuncia al poder y a las riquezas terrenales, pederastia en el seno del clero, papel de la mujer en la Iglesia, moral sexual, gobierno del Vaticano, transparencia en la financiación de la Iglesia, actitud ante los avances científicos y modernización de un ritual pesado y anacrónico obsesionado con la simbología del poder del papado y de la curia, - todo ello manteniendo el dogma -, son solo algunas de las difíciles preguntas que Francisco I deberá contestar en este examen al que ha aceptado presentarse.

Cuando hace siete años el cónclave eligió al alemán Ratzinger como sucesor del mediático Juan Pablo II fue casi unánime el convencimiento de que llegarían los cambios tantas veces reclamados y otras tantas frustrados a raíz de la involución a la que se sometió el Concilio Vaticano II. Siete años después las cosas apenas han cambiado más allá de alguna condena más bien tibia de la pederastia; en otros terrenos como el gobierno del Vaticano, la sexualidad, el celibato, el papel de la mujer, el compromiso social o la financiación de la Iglesia han continuado prácticamente igual de estancadas, en parte por el inmovilismo de la curia y en parte por la falta de voluntad de Benedicto XVI para afrontar esos retos. Todo unido, más la salud y la edad, le llevaron a tomar la insólita decisión de renunciar.

Ahora parece que se renueva la misma esperanza en un papa latinoamericano y jesuita que, además, deberá convivir a escasos metros con su antecesor que, sin duda, seguirá de cerca todos sus pasos. La trayectoria del papa Bergoglio habla de un hombre austero y de origen humilde, aparentemente alejado de los tejemanejes vaticanos, beligerante en la denuncia de las desigualdades sociales pero, al mismo tiempo, ortodoxo en lo moral y con un pasado oscuro y nunca aclarado en sus relaciones con la dictadura militar argentina. Nadie debería esperar milagros de Francisco I por mucho que sea un milagro lo que empieza ya a necesitar la Iglesia Católica. De momento, su gran reto consiste en  empezar a recuperar el terreno perdido ante la sociedad, junto a la que en pocas ocasiones  ha sabido caminar, para acompañarla en sus avances, problemas y necesidades hasta el fin del mundo.

Explicaciones y responsabilidades

El video difundido ayer por la Cadena SER no deja lugar a dudas sobre quién embistió a quien en la tragedia en la que se vieron implicadas una patrullera de la Guardia Civil y una patera de inmigrantes el pasado mes de diciembre en aguas de Lanzarote. El resultado del violento abordaje fue un fallecido, siete desaparecidos y 17 supervivientes, entre ellos un menor de edad. Las imágenes captadas por las cámaras del Servicio Integral de Vigilancia son tan elocuentes como espeluznantes y apenas necesitan explicación adicional: la patrullera, después de cruzarse con la barquilla, vuelve sobre su estela y enfila hacia la embarcación de los inmigrantes a gran velocidad pasándole literalmente por encima y hundiéndola con el trágico balance conocido. 

 

 

Lo que la Administración y la Guardia Civil siguen sin explicar es porqué la patrullera embistió a la patera cuando en teoría se encontraba en misión de rescate de los inmigrantes. La Delegación del Gobierno en Canarias no puede seguir parapetándose detrás de los juzgados para no dar explicaciones convincentes. A la vista de estas imágenes su versión oficial de lo ocurrido pierde la poca credibilidad que tenía y se impone un relato completo de los hechos, con pelos y señales. Ya no cabe seguir definiendo lo ocurrido como un desafortunado accidente y hablando eufemísticamente de “contacto” entre ambas embarcaciones cuando lo que las imágenes muestran es un brutal impacto de la patrullera contra una frágil barquilla que, además, se encontraba detenida cuando ocurrieron los hechos.

También ha perdido toda credibilidad la versión según la cual, el patrón de la patera se había lanzado al mar para no ser detenido y la había dejado sin control, lo que hizo que se estrellara contra la patrullera. Sólo después de que EL PAIS publicara que la patrullera había sufrido una avería que supuestamente le impedía maniobrar, admitió la Delegación del Gobierno una colisión con la patera que las imágenes conocidas ayer corroboran en toda su crudeza.

Los inmigrantes supervivientes alegaron desde un primer momento lo que esas imágenes certifican, que la patrullera se les echó literalmente encima a gran velocidad y con las luces apagadas. Sin embargo, el testimonio de quienes habían estado a punto de correr la misma suerte que sus compañeros de tragedia no fue suficiente para impedir que los juzgados de lo contencioso y la fiscalía defendieran la inmediata expulsión de los náufragos de territorio español en contra del parecer de los letrados que ejercían su representación y de la magistrada Victoria Rosell, coordinadora de Derechos Humanos en el TSJC. Cabe preguntarse si los jueces y el fiscal habían visto estas imágenes antes de exigir la expulsión de los inmigrantes y, si es así, porque no atendieron las demandas para posponer la medida hasta que se esclarecieran las eventuales responsabilidades sobre lo ocurrido y se resolvieran las  reclamaciones patrimoniales que se solicitaban.

Todo el proceso de expulsión, en el que desempeñó un papel muy beligerante la propia Delegación del Gobierno exigiendo que fuera inmediata y afeando la conducta de la magistrada Rosell por interceder a favor de los inmigrantes, invita a la sospecha sobre la necesidad de alejar del escenario de los hechos a testigos incómodos que pudieran poner en evidencia que lo ocurrido entre la patrullera y la patera no fue un accidente inevitable sino tal vez el fruto de una cadena de errores y negligencias con resultados fatales.

Aunque las imágenes del video difundido por la SER desmontan la endeble versión oficial de los hechos, aún quedan algunas preguntas sin responder y a las que la Delegación del Gobierno no puede seguir haciendo oídos sordos: ¿por qué estaba averiada la zodiac que debió haberse desplegado para rescatar a los inmigrantes? ¿por qué se avisó a Salvamento Marítimo sólo cuando ya se había producido la colisión? ¿por qué iban en la patrullera sólo cuatro agentes cuando se trata de una embarcación con capacidad para once o doce? ¿tenía el agente al mando de la patrullera la pericia y las capacidades suficientes para el puesto?

La máxima responsable del Gobierno del Estado en las Islas y la propia Guardia Civil, cuyo director general tendrá que dar explicaciones en el Congreso a petición de IU, no pueden dejar pasar ni un minuto más sin detallar con claridad porqué la patrullera arrolló a la patera y si se cumplieron o no los protocolos establecidos para estos casos. Y, después, asumir responsabilidades políticas por haber ocultado los hechos que ahora muestran las inapelables imágenes. Todo ello sin menoscabo de que la jueza de Lanzarote que instruye el caso agilice las investigiaciones para llegar al fondo de los hechos y depurar las responsabilidades judiciales pertinentes. Es lo menos que se merecen las víctimas de una tragedia que – ahora parece más claro que nunca – se pudo haber evitado.

Ponferrada bien vale una misa

Enrique IV sólo pudo ocupar el trono de Francia después de abjurar del protestantismo y hacerse católico. “París bien vale una misa”, cuentan los cronistas que dijo para justificar su acceso al poder aún a costa de renunciar a sus convicciones religiosas. En el bochornoso episodio de la moción de censura en Ponferrada ha pasado algo muy similar. El PSOE ha renegado de uno sus principios más acendrados - la tolerancia cero contra cualquier tipo de violencia de género - y, como Enrique IV, los ha relegado a un segundo término para ocupar la alcaldía de la ciudad apoyándose en el voto de un condenado por acoso sexual.

Días antes de que se votara la moción de censura, la dirección federal del PSOE, empezando por Rubalcaba, conocía de las intenciones de sus correligionarios leoneses pero no detuvo la operación, ni la desautorizó ni siquiera advirtió con abrirles expediente de expulsión a los que la habían puesto en marcha. Es más, el secretario de organización, Óscar López, se vanaglorió del acuerdo porque el edil condenado por acoso que apoyó con su voto al candidato socialista a la alcaldía se comprometió a dimitir inmediatamente, cosa que en efecto ha hecho después de vengarse a gusto del alcalde censurado con el que compartió siglas y gobierno municipal en el PP cuando tuvo lugar el tristemente famoso “caso Nevenka Fernández”.  

“Tenemos un acosador menos en política”, dijo con vergonzoso triunfalismo el tal López, como si la condición de acosador de ese individuo no fuera de dominio común y no estuviera verificada judicialmente antes de que apoyara al PSOE en la moción de censura.

Fue sólo con los hechos ya consumados y con el nuevo alcalde socialista empuñando el bastón de mando, cuando Rubalcaba y su guardia de corps empezaron a rasgarse las vestiduras, a exigir rectificaciones y a amenazar con la excomunión socialista. Nada tiene de raro que el nuevo alcalde y sus concejales les hayan hecho una higa tipo Bárcenas y hayan decidido darse de baja del PSOE para conservar el poder que tanto les ha costado ganar.

Literalmente y en cristiano dejan al secretario general y a la Ejecutiva socialista con el culo al aire y ponen en solfa el tambaleante liderazgo de Rubalcaba, que ya cuestionan abiertamente también en Cataluña y en Galicia, mientras él y su aparato se agarran al sillón de Ferraz como náufragos a un tablón en medio del mar encrespado.

A partir de ahora, cualquier agrupación local de pueblo más o menos grande les podrá tomar por el pito del sereno y hacer lo que le venga mejor a sus intereses locales. Y que le vayan dando morcillas a los principios si se convierten en un estorbo para hacerse con el poder.

Ganada Ponferrada a costa de renunciar a una de las esencias fundamentales del discurso socialista, el PSOE debería adoptar como nuevo lema de su ideario, aunque ligeramente modificada, la frase inmortal de Groucho Marx: “Estos son mis principios pero, si me impiden llegar al poder, tengo otros”. En esto parece haber derivado el marxismo del PSOE.

Los lunes, milagro petrolero

No hace mucho el ministro Soria se dirigió educadamente a las grandes petroleras que copan el mercado español de los carburantes y les pidió que, por favor, se cortaran un poco con los precios. Enseñó la zanahoria pero no ocultó el palo: o se avienen a razones o el Gobierno actuará. La BP, REPSOL y CEPSA le respondieron, muy educadamente también, que los "márgenes ya están muy ajustadas" pero que verían lo que se podía hacer. Es decir, le dijeron “nones”, eso sí, de muy buenas maneras. Pasados unos meses de aquel cordial encuentro entre Ministerio y petroleras, el precio de los combustibles ha seguido subiendo en globo.

Los avispados cerebros de la Comisión Nacional de la Energía han decidido ahora abrir un expediente informativo sobre el prodigioso milagro por el que las gasolineras de las tres petroleras que copan las tres cuartas partes del mercado de los carburantes, bajan los precios los lunes más del 1% y vuelven a subirlos a partir del martes hasta llegar al fin de semana, cuando los  automovilistas se sienten algo más rumbosos y miran menos lo que cuesta la gasofa. Entonces, el alza compensa con creces la bajada y vuelta a empezar. El lunes, además de ser el día de menor consumo, es también el que se usa por Bruselas para elaborar las estadísticas sobre  los precios de los combustibles en la Unión Europea. Así, las estadísticas quedan sesgadas y reflejan una realidad bien distinta de la que sufren en sus bolsillos los ciudadanos.

Desde luego, no hay que ser experto de la susodicha Comisión de la Energía para entender que el mercado de los combustibles en España, teóricamente liberalizado, funciona en régimen de oligopolio entre las tres petroleras que se comen casi todo el pastel y que están conchababas de facto para imponer los precios. Las tibias medidas del Gobierno poco han servido para corregir el descaro con lo que las grandes compañías del petróleo nos sacan los cuartos.

Para más sonrojo, el expediente informativo con el que ahora se las amenaza llega después de la denuncia del apaño de precios hecha por la Organización de Consumidores y Usuarios. Ni siquiera parece obedecer a una decisión de oficio de una Comisión Nacional de la Energía que, mientras las petroleras se lo siguen llevando crudo a costa de los que no podemos prescindir del coche, dormía plácidamente la siesta.

Con sinceridad, creo poco o nada en ese expediente por mucho que el siguiente paso sea imponerle una sanción a estos chorizos de la gasolina. En cualquier caso, no me cabe la menor duda de que con lo que se han embolsado a costa nuestra les saldrá a cuenta pagarla y ya la repercutirán luego en los precios.

La alabada liberalización de los mercados en muchos casos deviene en monopolios u oligopolios si las presuntas autoridades que en teoría deben fomentar la competencia y vigilar para que no se produzcan abusos de posición de dominio en el mercado miran para otro lado. Por eso, las eventuales sanciones que se anuncian a bombo y platillo para hacer creer que se persigue y castiga de verdad a las grandes compañías que hacen de los ciudadanos rehenes de su codicia sin límites, no pasan de ser inútiles cortinas de humo. Desde luego, no van a evitar que continuemos asistiendo atónitos al milagro de unos precios de la gasolina que siempre suben mucho más de lo que bajan o parecen bajar.

Montoro enciende el ventilador

Cualquier día de estos nos levantaremos y escucharemos aterrados que Montoro nos señala con su dedito acusador como defraudadores de Hacienda. Mejor será por tanto no criticar ni con mucha dureza ni muy alto la amnistía fiscal por la que se le coló media trama Gürtel con el innombrable Bárcenas al frente.  Señor Montoro, diga conmigo: Bár – ce – nas.

En un intento desesperado de desviar la atención del escándalo de corrupción que tiene al PP y al Gobierno acorralados, el irrepetible ministro de Hacienda lleva una temporada insinuando, lanzando insidias y predicando admoniciones y castigos terribles contra todo aquel o aquello – sea persona física o jurídica – que se atreva a afearle que le pusiera alfombra roja a los grandes defraudadores o que, simplemente, manifieste sus críticas contra los recortes. No deja títere con cabeza este sheriff fiscal, contra todos dispara: desde los actores díscolos que, según él, acampan en paraíso fiscales a los partidos políticos de la oposición a los que no cita pero apunta, a los medios de comunicación críticos con el Gobierno y ahora también a los tertulianos y creadores de opinión que no le bailan el agua a él, a su partido o al Gobierno.

Comete una ilegalidad y lo sabe  porque, además de ministro es catedrático de Hacienda Pública. No puede Montoro sembrar la duda, la insidia y la sospecha contra todos aquellos que alzan la voz para denostar sus decisiones o la política del Gobierno. Sencillamente, no puede usar la información confidencial de la Agencia Tributaria a la que por razón de su cargo tiene acceso para atacar a los no adeptos. Es, además de una ilegalidad, una desfachatez política. Lo que tiene que hacer es hablar menos – o mejor, nada – y enviar a los inspectores de Hacienda contra los defraudadores, sean estos quienes sean.

Eso sí, no debería dejar el ministro que se le pasara este ataque justiciero que le embarga en los últimos meses para empezar por su propio partido y por el que fue su tesorero durante tantos años de duro trabajo, hasta el punto de acumular 38 millones de euros en Suiza. Ya el innombrable le ha presentado varias demandas al PP - hasta he perdido la cuenta - mientras éste sigue dando largas y rodeos para no demandar a Bárcenas directamente. Prefiere en cambio actuar contra EL PAÍS y contra el autor de los papeles, que no cita, - o sea, Bárcenas - que salpican a la cúpula del partido que sustenta al Gobierno, incluido su presidente que, significativamente, no se suma a la iniciativa. De EL MUNDO, que publicó la primicia de los sobres en negro, se ha olvidado convenientemente, no vaya Pedro J. a liar más las cosas si como ha dicho uno de los firmantes de la información, Eduardo Inda, guardan un as en la manga para casos de demanda.

En cualquier país en donde el verbo dimitir forme parte del vocabulario habitual de la política, un ministro como Montoro ya habría dimitido o habría sido destituido por hacer uso para la lucha política de los datos de Hacienda. En España en cambio,  lo que se hace es amagar con hacer públicos los nombres de los grandes defraudadores fiscales, sin más precisiones técnicas y legales, con la esperanza de que las trapisondas de los demás oculten o al menos diluyan las propias. Como en el tango, en el mismo lodo todos manoseaos.