El trinque de la troika

Andan por España de nuevo los hombres de negro. Hoy han llegado los del FMI y en unos días lo harán sus colegas del BCE y la UE. El Trío de la Troika – valga la redundancia - vuelve para levantar otra vez las alfombras de los bancos, ver si se van mejorando de la indigestión inmobiliaria y les dan el alta o si por el contrario necesitan una nueva inyección millonaria de euros en vena para que recuperen definitivamente la salud perdida.

De lo que descubran dependerá que le recomienden o no al Gobierno español que deje de hacerse el remolón y amplíe el rescate a la banca para lo cual ya han empezado a presionar suavemente. Educadamente, eso sí, que estos señores son muy considerados, han estudiado en universidades de mucho ringo rango y nunca pierden los estribos cuando hablan de dinero.

Vale, lo admito: sé que hay gente muy sensata que se pone nerviosa cuando se critica que con dinero público y a costa de la piel de los ciudadanos se haya rescatado a la banca con la peor cabeza de la historia de este país. Enseguida sacan a relucir la importancia de los bancos en una economía capitalista, que sin bancos no hay crédito, que sin crédito no hay inversión, que sin inversión no hay empleo y que sin empleo no hay paraíso ni estado del bienestar que merezca ese nombre. Conclusión: hay que rescatarlos cueste lo que nos cueste.

Lo malo que tiene el argumento es que ya está muy gastado: cuando se cumplen cinco años de la crisis no hay crédito, no hay inversión, no hay empleo, cada vez hay menos estado del bienestar y el paraíso es ya poco más que una utopía para charlatanes del optimismo bobalicón por bandera. Por qué no hay nada de eso es un misterio tan insondable como el de los famosos agujeros negros. Del generoso rescate que nunca se ha querido reconocer como tal se han gastado ya 40.000 millones de euros, el Gobierno ha puesto otros 60.000 de nuestros bolsillos y en la suma no entran otras generosas ayudas públicas a la banca. Ni con esas: el crédito sigue congelado, la inversión paralizada, etc., etc..


Eso sí, los mismos bancos tan necesitados de sanear todavía sus balances siguen haciendo un gran negocio con la deuda pública que compran al 4 o al 5% con dinero que les presta el BCE al 1%. Y no entremos ahora en consideraciones políticas de fondo como la pérdida de soberanía que supone para España que unos señores de negro vengan a revolver papeles y a imponernos cuánto dinero más tenemos que darle a los bancos para sacarlos del penoso estado de postración en el que se encuentran.

Sea en malahora que vuelven a España los hombres de negro de la troika, precedidos por una nueva recomendación al Gobierno para que devalúe aún más los salarios, ya por los suelos, y mejore así la famosa competitividad. A este paso, España será en poco tiempo más competitiva que Bangladesh o China, países a los que nos vamos pareciendo más cada día.

Dudo de que sus agendas electrónicas de última generación tengan un hueco libre fuera de las reuniones con los banqueros y el Gobierno, pero les sugiero a estos modernos jinetes del Apocalipsis bancario darse una vuelta por una cola del paro o por un colegio público o por un hospital o por un parque de pensionistas o por el hogar de una familia al borde del desahucio y le pregunten a la gente cómo ve lo de seguir dándole dinero a los bancos. No serviría de nada pero lo que nos reiríamos no está en los libros.

Apadrina un pensionista

Hace poco, la rectora de la Universidad de Málaga y presidenta de la Conferencia de Rectores lanzó la idea – seguramente con toda la buena voluntad del mundo – de recurrir al padrinazgo de particulares o empresas con el riñón bien forrado para costear los estudios de jóvenes sin recursos. La propuesta pretende paliar el desaguisado que ocasionará la política de becas de un ministro como José Ignacio Wert, que ha confundido el tocino con la velocidad y la excelencia académica con la igualdad de oportunidades para acceder a la enseñanza.

De inmediato, la comunidad universitaria se dividió entre quienes no ven mal la propuesta de la rectora y quienes opinan que supone sustituir el derecho a la educación por la caridad particular, arbitraria y voluntaria. Ignoro el recorrido que tendrá la idea de la rectora, aunque algunas universidades ya habían recurrido de hecho a esa fórmula para ir tirando en medio del tsunami de recortes y ajustes que nos ahoga. Tal vez convendría no echarla en saco roto e incluso extenderla a otros colectivos sociales como el de los pensionistas presentes y futuros. 

 
El Gobierno acaba de aprobar el galimatías del factor de sostenibilidad de las pensiones que, en síntesis, consiste en cómo hacer para que los pensionistas pierdan más poder adquisitivo del que ya han perdido con la crisis y encima sigan trabajando como canguros y contribuyendo al sostenimiento de los hijos y nietos en paro. Ya hay estudios que auguran que con esta reforma, la pérdida de poder adquisitivo oscilará entre el 15 y el 28% de unas pensiones que ya son de las más bajas de la Unión Europea.


La sin par Fátima Báñez ha dicho hoy sin sonrojarse que esta reforma proporciona “seguridad, tranquilidad y certidumbre” a los pensionistas. Ninguna de las tres cosas son ciertas: no hay seguridad de la cantidad que se va a cobrar porque el Gobierno desvincula la revalorización de las pensiones del coste de la vida y abre la puerta a la discrecionalidad gubernamental a la hora de fijar la cuantía. Respecto a esa alambicada fórmula que se ha sacado el Gobierno de la chistera para calcular cuánto aumentarán las pensiones año a año y que, según Báñez, permitirá que las pensiones nunca se congelen, sólo cabe decir que no congelarlas no equivale ni de lejos a incrementarlas de acuerdo con el coste de la vida, más bien todo lo contrario.

Por tanto, ni tranquilidad ni certidumbre: desazón y sometimiento al albur del uso político que el gobierno de turno quiera hacer de las pensiones y de los votos de los pensionistas, siempre tan apetecibles para los partidos políticos. De modo que con las termitas neoliberales destruyendo de prisa y sin pausa las vigas maestras del estado del bienestar, desde la educación a las pensiones pasando por la sanidad y los servicios sociales, tal vez haya que ir pensando en trasladar a los pensionistas la idea de la rectora malagueña.

Sustituyamos el derecho a una pensión digna y acorde con el coste de la vida por las pensiones privadas y las asociaciones de damas de benifencencia para los pobres de solemnidad. Eso sí que es un factor de sostenibilidad tan claro y nítido que todo el mundo puede entenderlo y saber a qué atenerse.

Opaca transparencia

Un año han empleado los partidos políticos para ponerse de acuerdo sobre la Ley de Transparencia y no lo han conseguido. La norma se vota hoy en el Congreso de los Diputados y, previsiblemente, saldrá adelante con el voto en contra del PSOE, el principal partido de la oposición.

Era ésta una de las leyes estrella prometidas por Rajoy, pero ya se sabe lo que ocurre con las promesas del presidente: se convierten en lo contrario de lo que prometen. Esta ley llega además tarde, y no sólo por lo asombroso que resulta que se discuta sobre la obligada transparencia que debe presidir el comportamiento de personas e instituciones que se nutren de los impuestos cuarenta años después del retorno a la democracia.También porque durante el año que se ha demorado su tramitación, a pesar de las expectativas de mejorar el gobierno de la res pública con la que se presentó, se han ido destapando una tras otra no pocas sentinas de corrupción pública que bien merecería la situación que la ley se echara a la papelera y se empezara de cero.

Por lo demás, esta es una ley timorata en aspectos esenciales para que merezca el nombre de “transparente”. La Casa del Rey entró en ella a regañadientes del PP y del PSOE que al final cedieron gracias – y tal vez sea lo único que haya que agradecerle – a las andanzas de Iñaki Urdangarín y su regia esposa. Eso sí, ma non troppo: los miembros de la Casa Real no estarán obligados a detallar los gastos de sus numerosas actividades públicas ni a dar cuenta de los negocios que realicen gracias a las asignaciones que reciben de los Presupuestos Generales del Estado. Si un colectivo o un particular tiene la mala idea de interesarse por el destino que la Casa Real da a esos recursos públicos será el Gobierno el que decida si facilita o no la información.

Ejemplo diáfano de la opaca transparencia de la ley es que, a pesar de reconocer el derecho a la información, le impone un largo listado de restricciones que van desde la seguridad nacional al secreteo profesional pasando por la seguridad pública, la prevención, las garantías de los procesos judiciales o los intereses económicos y comerciales. En resumen, un derecho a la información lleno de pegas y restricciones que lo convierten en puro papel mojado sin contenido práctico y efectivo alguno.

El Gobierno se arroga también proponer al presidente del pomposo e “independiente” Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que supuestamente debe velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia: lo nombrará por mayoría el Congreso a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. ¿Independiente? ¿De quién?

Más, qué Ley de Transparencia cabe esperar de un Gobierno cuyo presidente lleva meses guardando silencio contumaz y cómplice sobre el caso de corrupción más grave de la democracia.