Hace poco, la rectora de la Universidad de Málaga y presidenta de la Conferencia de Rectores lanzó la idea – seguramente con toda la buena voluntad del mundo – de recurrir al padrinazgo de particulares o empresas con el riñón bien forrado para costear los estudios de jóvenes sin recursos. La propuesta pretende paliar el desaguisado que ocasionará la política de becas de un ministro como José Ignacio Wert, que ha confundido el tocino con la velocidad y la excelencia académica con la igualdad de oportunidades para acceder a la enseñanza.
De inmediato, la comunidad universitaria se dividió entre quienes no ven mal la propuesta de la rectora y quienes opinan que supone sustituir el derecho a la educación por la caridad particular, arbitraria y voluntaria. Ignoro el recorrido que tendrá la idea de la rectora, aunque algunas universidades ya habían recurrido de hecho a esa fórmula para ir tirando en medio del tsunami de recortes y ajustes que nos ahoga. Tal vez convendría no echarla en saco roto e incluso extenderla a otros colectivos sociales como el de los pensionistas presentes y futuros.
El Gobierno acaba de aprobar el galimatías del factor de sostenibilidad de las pensiones que, en síntesis, consiste en cómo hacer para que los pensionistas pierdan más poder adquisitivo del que ya han perdido con la crisis y encima sigan trabajando como canguros y contribuyendo al sostenimiento de los hijos y nietos en paro. Ya hay estudios que auguran que con esta reforma, la pérdida de poder adquisitivo oscilará entre el 15 y el 28% de unas pensiones que ya son de las más bajas de la Unión Europea.
La sin par Fátima Báñez ha dicho hoy sin sonrojarse que esta reforma proporciona “seguridad, tranquilidad y certidumbre” a los pensionistas. Ninguna de las tres cosas son ciertas: no hay seguridad de la cantidad que se va a cobrar porque el Gobierno desvincula la revalorización de las pensiones del coste de la vida y abre la puerta a la discrecionalidad gubernamental a la hora de fijar la cuantía. Respecto a esa alambicada fórmula que se ha sacado el Gobierno de la chistera para calcular cuánto aumentarán las pensiones año a año y que, según Báñez, permitirá que las pensiones nunca se congelen, sólo cabe decir que no congelarlas no equivale ni de lejos a incrementarlas de acuerdo con el coste de la vida, más bien todo lo contrario.
Por tanto, ni tranquilidad ni certidumbre: desazón y sometimiento al albur del uso político que el gobierno de turno quiera hacer de las pensiones y de los votos de los pensionistas, siempre tan apetecibles para los partidos políticos. De modo que con las termitas neoliberales destruyendo de prisa y sin pausa las vigas maestras del estado del bienestar, desde la educación a las pensiones pasando por la sanidad y los servicios sociales, tal vez haya que ir pensando en trasladar a los pensionistas la idea de la rectora malagueña.
Sustituyamos el derecho a una pensión digna y acorde con el coste de la vida por las pensiones privadas y las asociaciones de damas de benifencencia para los pobres de solemnidad. Eso sí que es un factor de sostenibilidad tan claro y nítido que todo el mundo puede entenderlo y saber a qué atenerse.
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