La coartada de la crisis

Ningún ciudadano medianamente informado debería de tener ya duda alguna sobre lo bien que le han venido a la derecha ultraliberal y a las grandes corporaciones la crisis económica que ellos mismos provocaron con la alegre desregulación del sistema financiero. Con la coartada de la lucha contra la crisis como bandera, se ha recortado y ajustado el estado del bienestar hasta límites insospechados hace menos de una década. Los ejemplos que están en la mente de todos llenan las páginas de los periódicos y sería extraordinariamente prolijo mencionarlos todos aquí. Pero hay algunos ejemplos paradigmáticos que demuestran que detrás de ese enternecedor afán de gobiernos como los del PP para “favorecer el crecimiento y el empleo”, sólo hay ideología pura y dura.

La ideología de quienes creen, por ejemplo, que sólo la empresa privada es capaz de gestionar con eficacia y eficiencia servicios esenciales como la justicia, la sanidad o la educación. Que la puesta en práctica de la biblia ultraliberal suponga limitar o impedir que los más desfavorecidos accedan a esos servicios esenciales es precisamente lo que se persigue. No por mentir una y mil veces asegurando que lo que se busca es garantizar la calidad, la gratuidad y la universalidad de esos servicios tales afirmaciones dejan de ser un repugnante ejercicio de cinismo.

Algunos ejemplos

Tomemos el caso de la Sanidad en este país y las privatizaciones de hospitales públicos de una comunidad como la de Madrid, afortunadamente rechazadas en las instancias judiciales y protestadas en la calle por los profesionales pero que volverán a intentar en cuanto puedan estos ultraliberales de banderita rojigualda en la muñeca, siempre tan preocupados por la “marca España”. Pensemos cómo ha afectado a la salud general de este país el copago farmacéutico del que ni siquiera se han librado unos pensionistas con pensiones de miseria y a la baja.

Reparemos también, al menos por un instante, en el descenso del número de pleitos en determinadas jurisdicciones desde que Ruiz – Gallardón aplica sus tasas judiciales y limitó el derecho de todos los ciudadanos a una tutela judicial efectiva. Pensemos también en el retroceso de décadas que representará para las mujeres de este país la reforma de la ley del aborto, eso sí, a mayor satisfacción de una reaccionaria Iglesia Católica de la que el ministro de Justicia parece recibir la inspiración legislativa.

También nos vienen a la cabeza los jóvenes que han tenido que abandonar sus estudios porque el ministerio obliga a subir las tasas, les paga las cada vez más raquíticas becas cuando el curso está a punto de terminar y además anuncia que se lo irá poniendo un poco más difícil a los que aspiren a conseguir una ayuda a partir de ahora. No contento aún el incalificable ministro Wert con convertir el derecho a la educación en una carrera por la excelencia de los más pudientes, lanza ahora el globo sonda de cambiar becas por préstamos que los alumnos tendrán que devolver cuando encuentren un trabajo, una utopía cada vez más lejana para la inmensa mayoría de jóvenes de este país a los que sólo les va quedando la opción de la movilidad exterior.

Nunca hubo crisis para los ricos

Y así en todos los ámbitos: las grandes fortunas de este país, que junto con las grandes corporaciones siguen evadiendo impuestos o colocando sus jugosas rentas en las SICAVS que nadie se atreve a tocar, han recuperado ya el nivel de ingresos anterior a la crisis. ¿Alguien se puede extrañar por ello y por el hecho de que España sea desde hace tiempo el segundo país de la UE con mayor índice de desigualdad y de que dentro del propio país haya escandalosas diferencias de renta entre comunidades autónomas? En paralelo y después de una salvaje reforma laboral que dejó a los trabajadores a los pies de unos empresarios que aún piden más sangre, los salarios continúan a la baja porque eso es bueno para la competitividad del país, según los iluminados profetas del rampante ultraliberalismo.

Esa patológica obsesión por la competitividad supone al mismo tiempo la congelación del consumo interno, la caída de la inversión y la destrucción de más empleo, aunque eso no lo suelen destacar esos profetas. Tampoco que el poco empleo que se crea se hace en condiciones cada vez más precarias y no sin que antes el gobierno subvencione generosamente cotizaciones empresariales y someta a los jóvenes que buscan su primer empleo a situaciones que bordean la indignidad más absoluta.

Hedor a corrupción

Este premeditado ataque contra el estado del bienestar en todos sus frentes se acompaña en España de un intenso hedor a corrupción por falta de regeneración y ventilación democráticas que se extiende desde las instituciones más altas del Estado hasta las más bajas y que alcanza en mayor o menor medida a poderes públicos, partidos políticos, sindicatos o empresas privadas y públicas. Sin embargo, contra esta carcoma democrática nadie habla en serio de reformas de calado ni de ajustes ni de recortes, sólo se proponen placebos mientras la metástasis avanza imparable.

Así las cosas, quienes quieran creer en los cantos celestiales de la recuperación económica que se empeña en vender el Gobierno que llegó para derruir el estado del bienestar hasta los cimientos con la excusa de luchar contra la crisis, están en su derecho a hacerlo. En cambio, para la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país no hay nada en el panorama económico, social y político de España que permita emplear ese término con la más mínima propiedad. En ellos reside la única esperanza de que la crisis no siga siendo la coartada perfecta para vender en almoneda lo que tanto ha costado a tantos durante tanto tiempo.

Durao Barroso desvía a córner

En mi galería personal de ilustres personajes de la Unión Europea figuran ya Olli Rehn, el comisario de economía que llegó del frío para helarnos la sangre, o Mario Draghui, el taciturno presidente del Banco Central Europeo. Hoy quiero incorporar a la colección al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. Siempre me ha llenado de admiración su capacidad para obedecer dócilmente a los dictados de Angela Merkel, a la que en buena medida le debe el cargo. Ahora que le quedan dos telediarios al frente del presunto ejecutivo comunitario, ha venido a España y ha soltado una bomba. Ha dicho en Santander que las causas de la crisis económica en España no hay que buscarlas ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas sino en casa. 

Más concretamente en el Banco de España que, mientras las cajas de ahorro se indigestaban de ladrillo de pésima calidad, miró para otro lado hasta que estalló la burbuja inmobiliaria y nos arrastró a todos con su onda expansiva que aún perdura. Se lamenta nuestro hombre – y en eso lleva toda la razón – de que cada vez que alguien en Bruselas preguntaba a los españoles cómo andaban de salud las cajas de ahorro de nuestro país la respuesta siempre era la misma: dabuten, fetén, viento en popa a todo crédito. Hasta que pasó lo que pasó y empezaron los líos, salieron a flote los balances falsos e inflados, se pusieron en marcha las fusiones con los resultados conocidos, algunos se lanzaron a la piscina bursátil sin pensárselo dos veces y, de propina, afloró la estafa colectiva de las preferentes.

Claro que de esto último no dijo nada Durao Barroso: supongo que está convencido de que el toco mocho de las preferentes es cosa de la microeconomía y él sólo habla de macroeconomía como corresponde a su elevada responsabilidad europea. Aún así, no le falta razón en el repaso en toda regla que le ha dado hoy al supuestos supervisor bancario español y a su contrastada desidia ante el hinchamiento de la burbuja inmobiliaria: ni parece que se preocupara gran cosa por la calidad de los créditos que alegremente concedían las cajas para comprar pisos y a los que añadían unos miles de euros más para el coche y los muebles, ni mostró el más mínimo interés por averiguar el grado de toxicidad de las preferentes que suscribían niños de pecho y jubilados que firmaban con el dedo. 

Lo que Durao ha dicho hoy ya lo habíamos dicho muchos hace tiempo, en cuanto empezó a emanar un intenso olor a podrido de las cuentas de resultados de las politizadas cajas españolas. Cuando alguno se atrevía a sugerir que el gobierno y el Banco de España debieron pinchar la burbuja inmobiliaria para evitar lo que luego sucedió, se nos respondía con displicencia que eso no era posible sin afectar, entre otras cosas, a la recaudación de ayuntamientos y otras administraciones a través de las licencias urbanísticas. Por no hablar de la corrupción política que la locura inmobiliaria que se desató en el país engordó a conciencia. 

Supongo que al ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez – MAFO, para los amigos – y al ex presidente Zapatero las palabras de Durao Barroso no deben de haberles llenado de orgullo y satisfacción sino más bien todo lo contrario. Siempre defendieron contra viento y marea y hasta contra las evidencias, que el sistema financiero español era solvente y estaba preparado para afrontar el peor de los escenarios económicos imaginables. Sólo que cuando se comprobó que no era así sino que buena parte de las entidades estaban podridas hasta los cimientos, hubo que tirar del rescate bancario que no fue rescate sino “generoso préstamos” – Rajoy dixit - pero que al final terminamos pagando todos los españoles. 

Claro que en las declaraciones del presidente de la Comisión no está toda la verdad sino sólo una parte de las causas de la crisis. La casi patológica obsesión por la reducción del déficit público y el consiguiente austericidio que impone Alemania y que él, como una de las tres patas de la troika, ha seguido a pies juntillas sin atreverse a chistarle a Merkel también forma parte del origen de esta situación. Por no añadir la indecisión y la falta de rumbo sobre cuestiones trascendentales como la unión bancaria de la que él es tan responsable como el que más. Me parece bien el rapapolvo que hoy le ha echado al Banco de España y al gobierno de Zapatero por su pasividad ante lo que estaba ocurriendo ante sus mismas narices con la burbuja inmobiliaria. Lo que no es de recibo es que Durao Barroso pretenda de este modo desviar a córner y escamotear sus propias responsabilidades por acción u omisión durante esta interminable crisis.       

Vendo aeropuertos a buen precio

El lote incluye los aeropuertos para las personas y los pájaros, como del Castellón, y también los muy rentables como la mayoría de los canarios. Son los aeropuertos de AENA, la todavía empresa pública española que gestiona la red aeroportuaria española. Se trata de un sector estratégico para la economía nacional que debería seguir en manos públicas sin que ello sea impedimento para corregir sus desequilibrios económicos que, en gran medida, son el fruto de una disparatada política de construcción aeroportuaria en los tiempos de bonanza. 

Sin embargo, después del Consejo de Ministros de hoy ya le queda poco para que casi la mitad de sus acciones pasen a manos privadas. Ana Pastor, la ministra de trenes y aviones, entre otras cosas, llevaba meses deshojando la margarita de la privatización de AENA y al fin se ha animado a dar el paso. Sabido es que cuando a un neoliberal se le mete entre ceja y ceja privatizar algo no hay nada ni nadie que pueda hacerle cambiar de opinión.

Es verdad que había encontrado algunas reticencias en el propio Gobierno. Así, al ministro del petróleo y del turismo, José Manuel Soria, no le hacía mucha gracia una privatización de los aeropuertos ahora que el turismo parece ser el único sector económico boyante de la economía española. También andaba reticente Montoro, preocupado como es su obligación porque la Hacienda Pública haga caja aunque sea legalizando la prostitución y las drogas. Se temen ambos – y en eso no les falta razón – que la privatización del gestor aeroportuario puede generar, entre otros efectos perversos, subidas de tasas que espantarían a las compañías aéreas que traen los turistas a lugares como Canarias. 

Salvadas esas pequeñas dificultades, Pastor ha hecho hoy el anuncio que bolsas y mercados venían esperando desde hacía meses y de nuevo hay negocio a la vista a costa de una empresa pública. El Estado se reservará el 51% de AENA y el 49% restante pasará a manos privadas: un 28% al menudeo de inversores en bolsa y el otro 21% para el núcleo duro de las empresas interesadas en el negocio que, eso sí, se elegirán cuidadosamente en concurso público. Una vez hecho el anuncio, el proceso parece casi imparable y en la Bolsa ya están preparándole a AENA la pista de aterrizaje con banda de música incluida para el 1 de enero próximo como tarde. 

Respecto a los grandes inversores señalan algunas fuentes que Ferrovial, una empresa española dedicada a la construcción y que ya gestiona los aeropuertos británicos, es una de las más interesadas en meter la cuchara en el pastel, aunque con condiciones. No quieren ir de convidados de piedra, es decir, que el Gobierno les adjudique el papel de poner el dinero y a cambio no tener arte ni parte en la gestión diaria de los aeropuertos. Y es a partir de ahí en donde empiezan a surgir dudas y preguntas: ¿cerrará aeropuertos no rentables económicamente pero vitales para islas como El Hierro, La Gomera o La Palma? ¿Y qué pasa con la cogestión de los aeropuertos que vienen reclamando desde hace años autonomías como Cataluña, Baleares o Canarias? ¿Subirá las tasas aeroportuarias para enjugar el déficit de 11.000 millones de euros que tiene AENA? ¿Y qué pasará entonces con el turismo? ¿Se irán las compañías aéreas, en muchos casos en manos de gigantescos touroperadores, a otros destinos más baratos? ¿Y los trabajadores de AENA? ¿Habrá despidos? 

Inquietante abanico de preguntas a las que Pastor debería de responder. Y es que, por más que se quede el Estado con el 51% de AENA, si los socios capitalistas no ven rentabilidad en la inversión ya puede la ministra pensar en vender toda la empresa al mejor postor que, por otro lado, es lo que terminará pasando más pronto que tarde, tiempo al tiempo. Hace unos años AENA estaba valorada en 30.000 millones de euros pero ahora el Gobierno la valora en 16.000 millones de los que hay que restar los 11.000 de deuda. En total 5.000 millones de los que Montoro se quedará con la mitad para intentar tapar el agujero de la deuda pública que crece día a día. Una perita en dulce ante la que las grandes empresas no se mostrarán nada indiferentes siempre y cuando las dejen abrir la boca. Que las dejarán, no les quepa la menor duda.