Otra recesión y yo con estos pelos

Pues sí, amigos míos: dicen los que saben que estamos justo al borde de otra recesión económica en la eurozona, con lo que ya irían tres seguidas. O mejor dicho, una que no acaba nunca para los que seguimos pagando la crisis económica y la tercera para los que sólo tienen en cuenta las grandes cifras de la economía, esas con los que el Gobierno suele llenarse la boca hasta atorarse. ¿Qué es una recesión macroeconómica, se preguntarán ustedes mientras ven criar telarañas en la cuenta del banco y el sueldo, si lo tienen, apenas les llega a fin de mes? Copio y pego: "Recesión macroeconómica es la disminución o perdida generalizada de la actividad económica de un país o región, medida a través de la bajada en tasa anual del Producto Interior Bruto real durante un periodo suficientemente prolongado". Y aunque no hay mucha coincidencia sobre cómo de largo debe de ser ese periodo de penurias, se admite que hablamos de recesión cuando la economía entra en barrena durante tres trimestres consecutivos. 

Es, en otras palabras, lo que los amigos de los eufemismos como el ministro De Guindos suelen llamar el “crecimiento negativo” y lo que los ciudadanos de a pie llamamos “estar jodidos”, con perdón. Porque al final, y a los hechos me remito, somos esos ciudadanos de a pie los que cargamos con las consecuencias de la bendita recesión. Y mucho me temo que es lo que volverá a pasar si efectivamente caemos otra vez en esa situación, camino de la cual parece que vamos de modo imparable. Algunos datos macroeconómicos indican que se acerca otra tormenta perfecta. Es el caso de los precios, que siguen a la baja en la zona euro ante la congelación del consumo y la cadena de consecuencias que eso comporta, con la destrucción de empleo o la no contratación de nueva mano de obra como primera derivada y la paralela caída de los salarios que realimenta el círculo vicioso. 

También es el caso del crédito bancario, que sigue atorrado mientras los bancos siguen haciendo negocio con la deuda pública e incluso guardándolo en el Banco Central Europeo aunque Mario Draghi les cobre intereses por ello. Es la desaceleración del crecimiento – otro bonito eufemismo para referirse a una economía que empieza a carburar mal – en países que se supone son motores para tirar del carro. Véase el ejemplo alemán, en donde el gobierno de la reina de la austeridad fiscal, Ángela Merkel, no ha tenido más remedio que revisar a la baja sus previsiones de crecimiento para este año y el que viene. Y por señalar un dato más, son las exportaciones – el Santo Grial de la economía española para el Gobierno - que están frenando en seco ante la falta de demanda en una eurozona llena de temores e incertidumbres. 

Aunque hay algunos más, estos elementos se bastan y sobran para exponernos a otro periodo de estancamiento económico de duración imprevisible. Dicho lo cual me vienen a la memoria las declaraciones con las que Luis de Guindos nos alegró la vuelta de las vacaciones. Dijo entonces el ministro que la mala situación económica en la eurozona podría tener nefastas consecuencias para nuestro país. A los pocos días y tras deshacerse de Ruiz – Gallardón, Mariano Rajoy se fue a Pekín a venderle a los empresarios chinos que el crecimiento económico español ya estaba asombrando al mundo y parte del universo. A la vuelta se presentaron los Presupuestos Generales del Estado para 2015 y el triunfalismo sobre las previsiones económicas para el año que viene inundó los discursos del Gobierno. 

El antes prudente Luis de Guindos aseguró sin despeinarse que la economía española crecerá el año que viene el 2% y el paro bajará hasta situarse en torno al 23%. Para de Guindos, los nubarrones sobre la economía europea habían desaparecido del horizonte como si hubieran sido una simple tormenta de verano. Según el ministro, España ha corregido sus desequilibrios macroeconómicos entre los que no cuentan al parecer ni el paro ni la deuda. Más ufano aún si cabe que Guindos, el ministro de Hacienda insistió en su mantra más querido en los últimos tiempos: el crecimiento económico del año que viene compensará con creces la caída de ingresos derivada de ese sucedáneo de reforma fiscal del que se siente tan orgulloso. Ahora que, como ya vaticinaban los analistas y están confirmando los datos macroeconómicos, la recesión parece cada vez más cerca me pregunto si mantendrán el mismo optimismo Rajoy y los suyos. 

Es muy probable que sí, puesto que la marca de la casa es sostenella y no enmendalla así truene y relampaguee. El objetivo – y la causa última de esta situación - es la austeridad fiscal a toda costa y que salga el sol por Alemania. Si las previsiones macroeconómicas no se cumplen y las cuentas no cuadran – como es fácil que ocurra - ya encontrarán Montoro y compañía la forma de que pongamos de nuestros bolsillos lo que falte y un poco más. Y si aún no llega hay más soluciones, entre ellas pedirle por favor al clan pata negra de Caja Madrid que tenga la bondad de devolver lo que robó, a las grandes empresas beneficiadas por el Impuesto de Sociedades - Telefónica, Santander e Iberdrola - que hagan lo mismo y a los 90.000 nuevos ricos que hay en España desde el inicio de la crisis que hagan una obra de caridad por el bien del país y el cumplimiento del objetivo de déficit. Si lo pide Montoro quién se puede negar. 

Cataluña: la hora de la política

Artur Mas se desdice e, incumpliendo lo que había prometido y las leyes y decretos que había impulsado, ha aparcado la consulta soberanista del 9N. No obstante, ha advertido que ese día habrá “urnas y papeletas” aunque no ha dicho con qué cobertura legal, puesto que la mayoría de los decretos firmados por el propio presidente catalán están suspendidos por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno central. Mas vuelve a adoptar la táctica de la astucia y esconde sus cartas para que el Gobierno del Estado no recurra sus nuevas decisiones y queden anuladas las pocas agarraderas legales que le quedan para continuar adelante con una apuesta que él mismo acaba de descafeinar hasta dejarla prácticamente irreconocible. Se llama salvar los muebles y para ello se propone no firmar ningún nuevo decreto susceptible de recurso de inconstitucionalidad. 

El anuncio de Mas ha roto en mil pedazos la unidad de las fuerzas soberanistas catalanas que apostaban por la consulta y que ahora se sienten traicionadas por el presidente. Esquerra Republicana de Cataluña, a la que el cambio de escenario anunciado por Mas ha cogido con el pie cambiado, amagó incluso con una declaración unilateral de independencia si no se celebra la consulta. No obstante, en las últimas horas su líder Oriol Junqueras ha moderado esa posición y se ha ofrecido a colaborar con el Gobierno catalán en el sucedáneo de consulta anunciado hoy por el presidente. A renglón seguido, el líder republicano ha dicho que ante la ruptura del consenso hay que ir a elecciones anticipadas en Cataluña. Es, en otras palabras, el abrazo del oso al que Junqueras no está dispuesto a renunciar y al que Mas está indisolublemente unido desde que decidió ponerse al frente del movimiento soberanista y enarbolar la bandera como el primero. 

Consciente de que lo que quiera que ocurra ese día de noviembre no es ni de lejos lo que había prometido cumplir y carecerá de fuerza vinculante alguna, el presidente ha dejado caer que tras las votaciones del 9N habrá comicios anticipados en Cataluña para “reconfirmar” lo que hayan dicho las urnas. Lo que en otras palabras suena claramente a elecciones plebiscitarias en las que Mas no va a jugar precisamente con las mejores cartas después de su fallida apuesta por el “derecho a decidir”. Si definitivamente da el paso de convocar a las urnas tras la consulta del 9N le hará un inmenso favor a ERC, fuerza que ya se frota las manos tras las recientes encuestas que la sitúan como clara ganadora y que tendrá así la posibilidad de presentarse ante los electores como la única que ha conservado las esencias de la consulta soberanista convertida hoy en algo similar a un sondeo de opinión pública. El escenario que se abriría en ese caso podría ser incluso mucho más delicado que el que dibujaba la consulta del 9N retirada por Mas. 

En Madrid, el anuncio del presidente catalán ha sido acogido con un suspiro de alivio. Mariano Rajoy dijo, incluso antes de que hablara Artur Mas para explicar el cambio de escenario, que era “una excelente noticia” y volvió a repetir el mantra de las leyes y la Constitución y a ofrecer diálogo. Preguntado por qué cosas concretas ofrece el Gobierno central a los ciudadanos catalanes que desean votar el 9N, el presidente repitió también las vaguedades a las que ya nos tiene acostumbrados en este y en otros asuntos: “La única oferta que puedo hacer es de futuro”, dijo Rajoy. Y añadió, filosófico: “En la vida lo mejor es mirar al futuro y superar algunas cosas que hemos vivido en los últimos tiempos. Lo que hay que hacer es dialogar y hablar”. Y todo, por supuesto, en el marco de la Ley y la Constitución, faltaba más. ¿Oferta de futuro? ¿mirar al futuro? ¿superar “algunas cosas” que hemos vivido juntos? ¿qué cosas? ¿dialogar y hablar sobre qué? 

Estas plúmbeas manifestaciones de Rajoy sólo vienen a confirmar su inmovilismo más absoluto ante un asunto que desde hace tiempo ha traspasado el terreno meramente jurídico para adentrarse de lleno en el político. Ese es precisamente el terreno que Rajoy no se atreve a pisar ante el vértigo que le producen tanto a él como a su partido cosas como, por ejemplo, la reforma de la Constitución e incluso, la posibilidad mucho más remota de ser el propio Gobierno del Estado el que convoque la consulta catalana. También es posible que ya sea tarde para esa opción ante el cariz que ha tomado la situación catalana. Sin embargo, a la vista de que Mas no ha tenido más remedio que arriar la bandera de la consulta, debería también Rajoy arriar al menos un poco la de la Ley y convertir su hasta ahora vacía oferta de diálogo en algo concreto y tangible. Puede que esta sea la última oportunidad que tenga para hacerlo.    

Desinfectando a Rato

El Ministerio de Sanidad ha tenido que cambiar un protocolo del ébola buenísimo y de riesgo cero porque en cuanto se presentó el primer caso se demostró que estaba lleno de agujeros y la gestión política solo contribuyó a agravarlo. Sanidad tardó una semana en darse cuenta de que el protocolo no servía y ha corregido los fallos, esperemos que para bien y sin que ello excluya la asunción de responsabilidades de quien, como la ministra Mato, juraba que no había protocolo mejor. Con mucha más calma se lo toman partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales cuando se trata de enseñar la puerta de la calle a los militantes pillados con el carrito de los helados. Llegado ese momento crítico los anquilosados y garantistas protocolos se imponen a las decisiones fulminantes y quedan para las calendas griegas lo que cualquiera en cualquier otro ámbito que no fuera el político, el sindical o el de las organizaciones patronales haría inmediatamente: expulsión fulminante. 

A la vista del escándalo de las tarjetas en negro de Caja Madrid, unos y otros se han agarrado con más o menos fuerza a sus respectivas normas para posponer una decisión sobre la que no debería haber dudas. No estamos ante meras sospechas o rumores sino ante evidencias reconocidas por los mismos que durante años han tirado de tarjetas en negro para sus gastos y caprichos personales, sus comidas en restaurantes de lujo, sus vacaciones, joyas, vino y cacerías en África. No cabe aquí tanto expediente informativo que luego será de expulsión para dar paso más tarde a la expulsión propiamente dicha. Los ciudadanos no entienden la pachorra con la que las fuerzas políticas, los sindicatos y las patronales afrontan este tipo de situaciones y, como es lógico, terminan por no creerse una palabra de tanta verborrea sin contenido ni ejemplos palpables sobre la transparencia y la regeneración política. 

En el caso de las tarjetas de Caja Madrid tienen todas las organizaciones implicadas una magnífica ocasión para demostrar que su discurso regenerador no es mera palabrería y sí voluntad decidida de acabar con este tipo de prácticas que ahondan más si cabe la brecha entre los ciudadanos y la política. El caso paradigmático lo encontramos una vez más en el PP y en Rodrigo Rato, todo un ex ministro de economía, ex gerente del Fondo Monetaria Internacional y en su día hasta aspirante a suceder a Aznar, pringado también en el escándalo de las tarjetas. Rato, Blesa y Sánchez Barcoj deberán comparecer el jueves ante el juez en calidad de imputados por el uso de las tarjetas en negro, pero ni aún así encuentra el PP razones para una expulsión fulminante del partido. 

Tampoco ve nada reprobable en el hecho de que el otrora todopoderoso ministro haya devuelto parte del dinero birlado y que empleó en cosas tan edificantes y relacionadas con sus funciones como presidente de Caja Madrid como la compra de alcohol, frecuentar salas de fiesta y adquirir arte sacro. Parece que tanto en el PP como en otros partidos, sindicatos o patronales a nadie se le ocurre todavía preguntarse por qué devuelve alguien dinero que no ha robado ni por qué lo acepta si sabe que no es suyo.

Carlos Floriano, ese infalible vicesecretario que tienen los populares para hablar de vez en cuando con los medios, se ha pasado la mañana despejando balones fuera cuando los periodistas le han preguntado con insistencia si el PP piensa expulsar a Rato de sus filas. Según Floriano, primero hay que abrir expediente informativo, después y a la vista del resultado convertirlo o no en expediente de expulsión y, por último y si no hay más remedio, se procede a comunicarle a Rato que, sintiéndolo mucho, queda expulsado del PP. Eso sí, dice Floriano que todo eso ocurrirá “cuanto antes”, lo que puede significar también no antes de que sea el propio Rato el que pida la baja en el PP y le ahorre este mal trago al partido. 

Si los partidos políticos como el PP o las organizaciones empresariales como la CEOE – que aún mantiene como vicepresidente a un personaje de la catadura moral de Arturo Fernández, pillado también in fraganti con una tarjeta en negro – no entienden que la opinión pública ya no admite más dilaciones en la adopción de medidas contundentes contra la corrupción, pueden ahorrarse todos el huero discurso regeneracionista. La gestión de Sanidad con el ébola ha puesto en riesgo la salud pública pero la pachorra para actuar contra la propia corrupción y pedir responsabilidades sólo al adversario pone en riesgo algo igualmente valioso: la salud democrática de un país, lo suficientemente deteriorada ya como para continuar con juegos de manos, excusas y evasivas.