El Ministerio de Sanidad ha tenido que cambiar un protocolo del ébola buenísimo y de riesgo cero porque en cuanto se presentó el primer caso se demostró que estaba lleno de agujeros y la gestión política solo contribuyó a agravarlo. Sanidad tardó una semana en darse cuenta de que el protocolo no servía y ha corregido los fallos, esperemos que para bien y sin que ello excluya la asunción de responsabilidades de quien, como la ministra Mato, juraba que no había protocolo mejor. Con mucha más calma se lo toman partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales cuando se trata de enseñar la puerta de la calle a los militantes pillados con el carrito de los helados. Llegado ese momento crítico los anquilosados y garantistas protocolos se imponen a las decisiones fulminantes y quedan para las calendas griegas lo que cualquiera en cualquier otro ámbito que no fuera el político, el sindical o el de las organizaciones patronales haría inmediatamente: expulsión fulminante.
A la vista del escándalo de las tarjetas en negro de Caja Madrid, unos y otros se han agarrado con más o menos fuerza a sus respectivas normas para posponer una decisión sobre la que no debería haber dudas. No estamos ante meras sospechas o rumores sino ante evidencias reconocidas por los mismos que durante años han tirado de tarjetas en negro para sus gastos y caprichos personales, sus comidas en restaurantes de lujo, sus vacaciones, joyas, vino y cacerías en África. No cabe aquí tanto expediente informativo que luego será de expulsión para dar paso más tarde a la expulsión propiamente dicha. Los ciudadanos no entienden la pachorra con la que las fuerzas políticas, los sindicatos y las patronales afrontan este tipo de situaciones y, como es lógico, terminan por no creerse una palabra de tanta verborrea sin contenido ni ejemplos palpables sobre la transparencia y la regeneración política.
En el caso de las tarjetas de Caja Madrid tienen todas las organizaciones implicadas una magnífica ocasión para demostrar que su discurso regenerador no es mera palabrería y sí voluntad decidida de acabar con este tipo de prácticas que ahondan más si cabe la brecha entre los ciudadanos y la política. El caso paradigmático lo encontramos una vez más en el PP y en Rodrigo Rato, todo un ex ministro de economía, ex gerente del Fondo Monetaria Internacional y en su día hasta aspirante a suceder a Aznar, pringado también en el escándalo de las tarjetas. Rato, Blesa y Sánchez Barcoj deberán comparecer el jueves ante el juez en calidad de imputados por el uso de las tarjetas en negro, pero ni aún así encuentra el PP razones para una expulsión fulminante del partido.
Tampoco ve nada reprobable en el hecho de que el otrora todopoderoso ministro haya devuelto parte del dinero birlado y que empleó en cosas tan edificantes y relacionadas con sus funciones como presidente de Caja Madrid como la compra de alcohol, frecuentar salas de fiesta y adquirir arte sacro. Parece que tanto en el PP como en otros partidos, sindicatos o patronales a nadie se le ocurre todavía preguntarse por qué devuelve alguien dinero que no ha robado ni por qué lo acepta si sabe que no es suyo.
Carlos Floriano, ese infalible vicesecretario que tienen los populares para hablar de vez en cuando con los medios, se ha pasado la mañana despejando balones fuera cuando los periodistas le han preguntado con insistencia si el PP piensa expulsar a Rato de sus filas. Según Floriano, primero hay que abrir expediente informativo, después y a la vista del resultado convertirlo o no en expediente de expulsión y, por último y si no hay más remedio, se procede a comunicarle a Rato que, sintiéndolo mucho, queda expulsado del PP. Eso sí, dice Floriano que todo eso ocurrirá “cuanto antes”, lo que puede significar también no antes de que sea el propio Rato el que pida la baja en el PP y le ahorre este mal trago al partido.
Si los partidos políticos como el PP o las organizaciones empresariales como la CEOE – que aún mantiene como vicepresidente a un personaje de la catadura moral de Arturo Fernández, pillado también in fraganti con una tarjeta en negro – no entienden que la opinión pública ya no admite más dilaciones en la adopción de medidas contundentes contra la corrupción, pueden ahorrarse todos el huero discurso regeneracionista. La gestión de Sanidad con el ébola ha puesto en riesgo la salud pública pero la pachorra para actuar contra la propia corrupción y pedir responsabilidades sólo al adversario pone en riesgo algo igualmente valioso: la salud democrática de un país, lo suficientemente deteriorada ya como para continuar con juegos de manos, excusas y evasivas.
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