Grabando, grabando

Aplaudo con las orejas que el Consejo del Poder Judicial haya reconocido hoy que la Audiencia de Las Palmas y los jueces que en ella trabajan siguen bajo su jurisdicción. Empezaba a albergar  serias dudas a la vista del ruidoso silencio con el que en Madrid se han tomado hasta ahora el “Albagate”. El mismo tipo de silencio – por cierto - que guarda la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y su presidente, Antonio Doreste, como si el bochornoso asunto en cuestión estuviera ocurriendo en Nueva Zelanda.

Hablamos del juez Salvador Alba, quien parece haber descubierto a destiempo una irrefrenable vocación de ingeniero de sonido y no ha dudado en grabar a sus propios colegas a la hora del café o mientras deliberaban de los asuntos de sus respectivos negociados. En su descargo hay que decir que es una suerte para sus compañeros que Alba haya preferido grabarles las conversaciones en lugar de emplear sus habilidades en judo con ellos. El juez en cuestión comparte esta vocación grabadora con Miguel Ángel Ramírez, un prominente hombre de negocios que en sus ratos libres también preside un equipo de fútbol, demostrando que cuando se pone interés en lo que se hace hay tiempo para todo. Unas y otras grabaciones llegaron a los medios que las difundieron y transcribieron antes incluso de que lo hicieran los peritos. El consiguiente escándalo tuvo la virtud de poner de acuerdo a todos los partidos políticos, cosa pocas veces vista en los últimos tiempos.

Todos a una pidieron al Consejo del Poder Judicial que saliera del letargo y actuara por el bien de la Justicia y de la necesaria credibilidad en ella por parte de los curritos que ante un juez no tenemos perro que nos ladre. Con jueces y fiscales refunfuñando por los rincones y quejándose de manera anónima de que el ventilador los estaba literalmente cubriendo injustamente a todos de inmundicias – por no emplear otra palabra de peor olor – sólo una asociación, la de Jueces por la Democracia, dio el paso de pedir formalmente al dormido Consejo del Poder Judicial que apartara cautelarmente al frustrado ingeniero de sonido de sus labores judiciales. Más que nada porque grabar subrepticiamente a tus colegas y luego sentarte con ellos en el mismo tribunal a impartir justicia como si no hubiera pasado nada queda un poco raro, tenso y chocante.

Horas después, el Consejo tuvo a bien comunicar la apertura de un expediente disciplinario a nuestro magistrado grabador por la “posible comisión de dos faltas muy graves y una grave previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial”. En román paladino significa que está muy feo grabar las conversaciones con tus colegas, revelar secretos judiciales y abusar de tu autoridad como juez para perjudicar a otros compañeros con el fin de hacerle un favor a tu mecenas político.  Lo que no hace el abúlico Consejo del Poder Judicial es apartar cautelarmente al juez de la grabadora de sus funciones judiciales, que es lo que le vienen pidiendo diferentes sectores de la sociedad canaria hasta en arameo antiguo.

Todo hace indicar que el Consejo no llegará a tanto por ahora y esperará a que el caso se ventile en la vía penal, en donde Alba tendrá que aclarar su gusto por las grabadoras baratas, antes de decidir si lo manda a galeras o le paga los estudios de ingeniería. Puede que en el Consejo no sepan qué significa exactamente el término “cautelar” y haya que explicarles que por el bien de la Justicia y de la credibilidad de los ciudadanos en ella sería muy saludable e higiénico que Alba no siguiera formando parte de tribunales ni tomando decisiones judiciales de ningún tipo al menos durante una larga temporada. Con suerte hasta puede que deje la judicatura para dedicarse de lleno y en exclusiva al mundo de los sonidos. 

El suelo de todos

Un territorio pequeño y fragmentado como Canarias, caracterizado además por valores ambientales únicos en el mundo, requiere una gestión del suelo capaz de compatibilizar con exquisito equilibrio lo público y lo privado. El enconado debate que sigue suscitando el proyecto de Ley del Suelo aprobado por el Gobierno de Canarias y que esta semana inicia su trámite en el parlamento autonómico, con partidarios entuasiastas y críticos irreductibles, es un buen ejemplo de los intereses en liza y de lo que nos jugamos los canarios en este envite: nada más y nada menos que hasta dónde pueden llegar los intereses privados en esta materia y hasta dónde los públicos.

Gobierno, oposición y agentes económicos y sociales comparten el objetivo de podar la maraña normativa sobre el suelo con el fin de agilizar los procedimientos administrativos y no demorar sine die proyectos de cuantiosas inversiones, supuestamente generadores de riqueza y puestos de trabajo. Las discrepancias surgen desde el momento en el que se intentan identificar las causas del problema y las soluciones para resolverlo.  Los detractores achacan al Gobierno demasiada prisa a la hora de impulsar un proyecto que hubiera requerido de un análisis previo mucho más profundo sobre el suelo y su vinculación con la economía canaria, así como de un esfuerzo mucho mayor de pedagogía para que los ciudadanos podamos tener suficientes elementos de juicio sobre un asunto vital para el futuro de estas islas.

Por desgracia, a fecha de hoy sigue predominando por parte de todos – detractores y favorables al proyecto de ley - el trazo grueso y la consigna antes que el análisis reposado de un  problema muy complejo y la búsqueda consensuada de soluciones. Culpar a la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) se ha convertido casi en un tópico entre quienes defienden la iniciativa gubernamental y abogan por la desaparición de este organismo al que culpan de lento, ineficaz y superfluo. De esa crítica a la COTMAC participa el propio Gobierno de Canarias, decidido a descargarla de las funciones que ahora tiene encomendadas para que sean los ayuntamientos los que puedan desarrollar su propio planeamiento urbanístico si más controles medioambientales y de legalidad que los que en su caso establezcan los tribunales de justicia.

Es cierto que CC y el PSOE han sellado un acuerdo para que la COTMAC o el órgano que la sustituya en la nueva ley se ocupe al menos de la llamada evaluación estratégica ambiental. Sin embargo, causa inquietud que la responsabilidad primera y última sobre el planeamiento urbanístico quede en manos de ayuntamientos que en su inmensa mayoría carecen de los mínimos medios técnicos y humanos para ejercerla. Si llamativo resulta que la Comunidad Autónoma abdique sus competencias en instituciones que difícilmente las podrán desempeñar salvo que se dote a la ley de una adecuada ficha financiera, no lo es menos la posibilidad que se reserva el Gobierno de suspender el planeamiento bajo el amparo del interés general, algo que la ley debería precisar con el máximo cuidado para cerrar la puerta a cualquier posibilidad de especulación.

En ese mismo sentido, autorizar usos complementarios en suelo rústico con el argumento de mejorar las rentas del sector primario puede tener un efecto perverso si no se delimita bien el alcance de la medida: que lo complementario se convierta en principal y lo principal – la ganadería y la agricultura – en secundario. Del mismo modo es imprescindible que quede meridianamente claro que la principal joya de la corona de esta tierra, sus espacios naturales, no pueden albergar usos incompatibles con sus valores culturales, ambientales y paisajísticos.

El Gobierno, que presume de lo participativa que ha sido la ley, tiene tiempo aún de hacer un nuevo esfuerzo para que la norma que quiere que el Parlamento apruebe antes de que acabe el año cuente con el máximo consenso. En caso de que no fuera posible, debería plantearse la posibilidad de retirarla y acordar un nuevo plazo para lograrlo, por más que la demora decepcione a determinados intereses económicos que aguardan ansiosos y que ya empiezan a revolverse contra los cambios que podrían introducirse en el trámite parlamentario. Un cambio legal del calado y la trascendencia que se propone, bien merece el esfuerzo de buscar el mayor respaldo social y político posible sobre lo que se puede y no se puede hacer en el suelo de todos los canarios.  

Justicia en entredicho

Los miles de jueces españoles que a diario instruyen causas y dictan autos y sentencias de acuerdo a las leyes, no se merecen respirar el hedor que emana estos días de la Audiencia Provincial de Las Palmas a propósito del “Albagate”. Ya sufren suficientes estrecheces materiales y humanas y una cierta desconfianza social en su labor, como para verse además enfangados por un escándalo que crece y se agrava a medida que se conocen nuevos y truculentos detalles. En beneficio de su imagen y de la imprescindible confianza en la Justicia que imparten, entendida como columna maestra de cualquier estado de derecho que se precie, se tendría que haber actuado hace tiempo por parte de quien tiene la potestad de hacerlo y sin embargo apenas ha movido un dedo.

Hablo de los responsables del Consejo del Poder Judicial que, a pesar de llamarse pomposamente a sí mismos “gobierno de los jueces”, sigue mostrando una pasividad cercana a la connivencia o cuando menos al corporativismo más rancio que cabría esperar a estas alturas del siglo XXI. Como ciudadano de a pie siento una mezcla de asombro, vergüenza, indignación e indefensión al comprobar que, el hecho de que un juez sea grabado en su despacho por un empresario al que investiga y con el que trama la manera de perjudicar la carrera política de una magistrada rival en beneficio de un determinado y conocido político, sólo ha merecido de momento la apertura de un inofensivo expediente previo por parte del citado Consejo.

Mi estupefacción va en aumento cuando se revela además que el juez en cuestión también ha grabado conversaciones con colegas suyos e incluso sesiones judiciales, y el mismo Consejo tampoco mueve un músculo ni hace siquiera sea un amago de apartarlo cautelarmente de sus funciones hasta que se esclarezcan los hechos por vía penal y disciplinaria. En las conversaciones conocidas estos días a través de los medios, aparece incluso el presidente de la Audiencia Nacional supuestamente escuchando la petición de favores por parte del  empresario de marras sujeto a investigación judicial por un fraude fiscal millonario y que ahora ha decidido hacerse pasar por la víctima del escándalo.

Es cuando menos insólito que todo un presidente de la Audiencia Nacional se haya limitado a emitir una tímido desmentido de que esa reunión tuviera lugar y no haya presentado aún una querella criminal contra el empresario. En las grabaciones del escándalo figuran otros jueces, empresarios, políticos y hasta periodistas que pasaban por allí pero nada de eso le parece lo suficientemente grave al Consejo del Poder Judicial para salir de la bochornosa pasividad de la que hace gala ante este caso.

¿Es que acaso no tenemos derecho los ciudadanos a  que se nos diga con meridiana claridad que no es cierto que en la Audiencia de Las Palmas se intercambian favores judiciales y políticos como en una suerte de mercado persa? ¿Es que no aportamos con nuestros impuestos al sostenimiento de la Justicia o no podemos exigir equidad y respeto a las leyes por parte de quienes tienen la responsabilidad constitucional de hacerlas cumplir además de cumplirlas los primeros y de manera ejemplar?

No se trata de rasgarse las vestidura ni de caerse de un guindo a estas alturas: no es un secreto para nadie que la Justicia en España dista mucho de parecerse a la tópica imagen de la diosa con los ojos vendados, la espada y la balanza en equilibrio perfecto; con poca memoria que hagamos recordaremos todos cómo se han torcido sus renglones cuando se han cruzado en su camino intereses políticos o económicos. 

Puede que sean precisamente esos intereses los que estén detrás de su pasmosa indiferencia ante el “Albagate” pero, sean cuales sean las razones, queda seriamente en entredicho la utilidad de un órgano como el Consejo del Poder Judicial controlado por intereses políticos. Si limitarse a mirar para otro lado es todo lo que está dispuesto a hacer, creo que su abultado presupuesto estaría mucho mejor empleado en agilizar la administración de Justicia y en mejorar las carencias de todo tipo a las que se enfrentan calladamente a diario miles de jueces de este país para impartir justicia con rigor, equidad e imparcialidad.