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Grabando, grabando

Aplaudo con las orejas que el Consejo del Poder Judicial haya reconocido hoy que la Audiencia de Las Palmas y los jueces que en ella trabajan siguen bajo su jurisdicción. Empezaba a albergar  serias dudas a la vista del ruidoso silencio con el que en Madrid se han tomado hasta ahora el “Albagate”. El mismo tipo de silencio – por cierto - que guarda la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y su presidente, Antonio Doreste, como si el bochornoso asunto en cuestión estuviera ocurriendo en Nueva Zelanda.

Hablamos del juez Salvador Alba, quien parece haber descubierto a destiempo una irrefrenable vocación de ingeniero de sonido y no ha dudado en grabar a sus propios colegas a la hora del café o mientras deliberaban de los asuntos de sus respectivos negociados. En su descargo hay que decir que es una suerte para sus compañeros que Alba haya preferido grabarles las conversaciones en lugar de emplear sus habilidades en judo con ellos. El juez en cuestión comparte esta vocación grabadora con Miguel Ángel Ramírez, un prominente hombre de negocios que en sus ratos libres también preside un equipo de fútbol, demostrando que cuando se pone interés en lo que se hace hay tiempo para todo. Unas y otras grabaciones llegaron a los medios que las difundieron y transcribieron antes incluso de que lo hicieran los peritos. El consiguiente escándalo tuvo la virtud de poner de acuerdo a todos los partidos políticos, cosa pocas veces vista en los últimos tiempos.


Todos a una pidieron al Consejo del Poder Judicial que saliera del letargo y actuara por el bien de la Justicia y de la necesaria credibilidad en ella por parte de los curritos que ante un juez no tenemos perro que nos ladre. Con jueces y fiscales refunfuñando por los rincones y quejándose de manera anónima de que el ventilador los estaba literalmente cubriendo injustamente a todos de inmundicias – por no emplear otra palabra de peor olor – sólo una asociación, la de Jueces por la Democracia, dio el paso de pedir formalmente al dormido Consejo del Poder Judicial que apartara cautelarmente al frustrado ingeniero de sonido de sus labores judiciales. Más que nada porque grabar subrepticiamente a tus colegas y luego sentarte con ellos en el mismo tribunal a impartir justicia como si no hubiera pasado nada queda un poco raro, tenso y chocante.

Horas después, el Consejo tuvo a bien comunicar la apertura de un expediente disciplinario a nuestro magistrado grabador por la “posible comisión de dos faltas muy graves y una grave previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial”. En román paladino significa que está muy feo grabar las conversaciones con tus colegas, revelar secretos judiciales y abusar de tu autoridad como juez para perjudicar a otros compañeros con el fin de hacerle un favor a tu mecenas político.  Lo que no hace el abúlico Consejo del Poder Judicial es apartar cautelarmente al juez de la grabadora de sus funciones judiciales, que es lo que le vienen pidiendo diferentes sectores de la sociedad canaria hasta en arameo antiguo.

Todo hace indicar que el Consejo no llegará a tanto por ahora y esperará a que el caso se ventile en la vía penal, en donde Alba tendrá que aclarar su gusto por las grabadoras baratas, antes de decidir si lo manda a galeras o le paga los estudios de ingeniería. Puede que en el Consejo no sepan qué significa exactamente el término “cautelar” y haya que explicarles que por el bien de la Justicia y de la credibilidad de los ciudadanos en ella sería muy saludable e higiénico que Alba no siguiera formando parte de tribunales ni tomando decisiones judiciales de ningún tipo al menos durante una larga temporada. Con suerte hasta puede que deje la judicatura para dedicarse de lleno y en exclusiva al mundo de los sonidos. 

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