Ajuste técnico en el Sahara

El ministro español de Asuntos Exteriores ha dicho que la decisión del Gobierno marroquí de poner el mar del Sahara bajo su soberanía ha sido “un ajuste técnico que no tendrá repercusiones en la delimitación de las aguas entre Marruecos y Canarias”. No puedo menos que aplaudir la capacidad de Alfonso Dastis para el eufemismo diplomático pero no me tranquilizan en absoluto sus explicaciones. Lo que pretende hacer el gobierno marroquí no es un “ajuste técnico”, es simplemente apropiarse de algo que no le pertenece o que, como mínimo, está en litigio. Marruecos no puede poner esas aguas bajo su soberanía porque ninguna instancia internacional con capacidad para ello le ha reconocido que tenga derecho a hacerlo.

Empezando por las Naciones Unidos, en donde desde 1963 el territorio hoy ocupado por Marruecos figura como no autónomo y pendiente de descolonización. Han sido las propias Naciones Unidas las que en numerosas ocasiones han instado a la descolonización mediante un referéndum de autodeterminación que Marruecos ha torpedeado una y otra vez sin que España, potencia colonial hasta que en 1975 fue expulsada por la Marcha Verde lanzada por Hasan II, haya hecho nada para que se celebrara. Es más, en los vergonzosos Acuerdos Tripartitos de Madrid entregó el control del territorio a Marruecos y a Mauritania en una de las decisiones más infames del gobierno español en décadas.

“No puede calificarse de ajuste técnico una decisión unilateral y contraria al derecho internacional” 

A fecha de hoy, la ONU sólo le reconoce a Marruecos la condición de potencia administradora del territorio del Sahara pero no de sus aguas y, por tanto, su anuncio de esta semana carece de efectos jurídicos prácticos. Además de la ONU, han sido también  los tribunales internacionales los que han negado vínculos de soberanía entre Marruecos y el territorio en cuestión. Empezando por la sentencia de 1975 del Tribunal Internacional de La Haya a instancias de las propias Naciones Unidas. En ella se estableció con claridad esa ausencia de vínculos que, a la postre, provocó la Marcha Verde en la que 350.000 colonos marroquíes ocuparon por la fuerza un territorio del que España huyó a la carrera abandonando a los saharauis a su suerte. Mucho más reciente es el fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo pesquero en el que se remacha el clavo al indicar que el Sahara no forma parte del reino alaui. Son argumentos más que sobrados para concluir que la decisión del Gobierno marroquí, si bien no tiene efectos jurídicos internacionales, sí es un nuevo hecho consumado con el que Mohamed VI aspira a que los pueda llegar a tener.

En la decisión se puede atisbar también un intento de protegerse frente a la estrategia del Polisario de denunciar ante tribunales de otros países que los productos y mercancías procedentes del Sahara – fosfatos o pesca, por ejemplo – suponen un expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui. Un caso reciente lo encontramos en Sudáfrica, en donde el Tribunal Supremo de ese país ha retenido un barco con 54.000 kilos de fosfato procedente de Marruecos a la espera de determinar quién tiene el derecho sobre el cargamento. 

“Desde el punto de vista de Canarias, la decisión marroquí no es tranquilizadora” 

Mirado desde el punto de vista de Canarias, la decisión marroquí tampoco es tranquilizadora por más que Dastis le quite hierro y que el presidente del Gobierno de Canarias se haya conformado con las explicaciones del ministro. Marruecos está tomando posiciones para la delimitación de la mediana de sus aguas con las españolas, un viejo contencioso que ningún gobierno español ha sido capaz de resolver después de casi tres décadas de negociaciones. En el horizonte puede verse incluso un indisimulado interés por los recursos naturales localizados en los fondos marinos canarios, el telurio entre ellos. De ahí su aviso a navegantes de que solicitará también la ampliación de su plataforma continental hacia el oeste, tal y como ya ha hecho igualmente España.  

Decir como ha dicho Dastis que la decisión unilateral de Marruecos es un “ajuste técnico” para adaptar su legislación a la normativa marítima internacional es pretender escurrir una vez más el bulto para no enfadar al incómodo vecino del sur. A Dastis se le suponen los conocimientos suficientes para saber que Marruecos no puede tomar decisiones de ninguna clase sobre unas aguas sobre las que ni siquiera tiene status de potencia administradora. El ministro debe comparecer en el Congreso para aclarar a todos los españoles, y en particular a los canarios, cómo de técnico es el ajuste marroquí y qué piensa hacer como responsable de Exteriores ante los posibles efectos para los intereses canarios y para la solución de un conflicto ante el que España no puede permanecer eternamente de perfil.   

Pasar sin aprobar

No sé mucho de sistemas educativos pero sí sé algo de esfuerzos y sacrificios para avanzar en los estudios y poder dedicarte a lo que te gusta. Hoy se llama cultura del esfuerzo pero no hace mucho era simple y llanamente hincar los codos. Llámese como se llame, no parece que las nuevas generaciones y una buena parte de las familias estén muy sobradas de ambas cosas. El ambiente social tampoco parece muy proclive a corregir una deriva en la que se amontonan los derechos sin su correspondiente contrapartida en deberes. Viene todo lo anterior al hilo de una noticia leída hoy que me ha asombrado y disgustado a partes iguales. Algunas comunidades autónomas, entre las que se encuentra Canarias, han decidido que los chicos tengan unas felices vacaciones este año y les han entregado ya el título de la ESO aún con dos asignaturas suspendidas, siempre que no sean Lengua o Matemáticas, o sin tan siquiera reunir un 5 de nota media.

En la práctica supone acabar el curso sin esperar a la convocatoria de septiembre y, por tanto, sin dar la oportunidad a quienes lo deseen de aprobar o subir nota. La decisión se ampara en el real decreto del Gobierno que suspendió las revalidas de la LOMCE y que abrió la puerta a lo que ahora ha ocurrido en estas comunidades autónomas. Me parece una insensatez y un sinsentido porque, a mi juicio, convierte la imprescindible cultura del esfuerzo en un eslógan político huero más. Dicen algunos expertos que aprender no es sólo aprobar y que hay que tener en cuenta las condiciones económicas y el ambiente social del alumno. Puede que sí y puede que no, ya he dicho que no soy un experto. 

“La cultura del esfuerzo se ha convertido en otro eslógan vacío en boca de los políticos”  

Sin embargo, en cuanto a lo primero me gustaría que esos expertos me explicaran qué fórmula alternativa que sea más objetivable que la evaluación continua y el examen proponen para comprobar que los alumnos han asimilado los contenidos educativos. Y respecto a lo segundo, me permito una pequeña aportación de mi experiencia personal: nací y me crié en el campo, mi padres fueron agricultores que se deslomaron de sol a sol, en mi casa no había más libro que el Almanaque Zaragozano, caminaba kilómetros con lluvia o calor para ir a clase y estudié la EGB y el bachillerato con una vela después de haber cumplido con las obligaciones domésticas que se me encomendaran.

  

Mi padre me lo había dejado bien claro: o apruebas o tendrás que ponerte a plantar papas, así que no había margen para ser un “ni ni”. Y dado que a mi como me gustan las papas es en el potaje, tuve clara enseguida la “ruta” que debia seguir. Al contrario de lo que ocurre hoy, las distracciones eran pocas o ninguna, lo que unido a la férrea vigilancia paterna disuadía rápidamente a quien se despistara de su obligación de estudiar y de aprobar. No pido volver a Esparta y ni siquiera a los años no tan lejanos en Canarias de verdadera austeridad y carencias, frente a los cuales los actuales son una pálida sombra. Aún así se licenciaban muchos médicos, abogados, profesores o periodistas y pocos de ellos eran hijos de potentados plataneros, poderosos aguatenientes o importadores. Lo que digo es que las condiciones sociales y ambientales no pueden convertirse en la coartada perfecta para rebajar la exigencia de esfuerzo e igualar por abajo a estudiantes buenos, malos y mediopensionistas.  

“O estudias o trabajas: no había margen para ser un ni ni”

Tampoco niego que influyan en el rendimiento académico del alumno su extracción social y el ambiente familiar,  pero ese es un problema social que debe resolverse con políticas sociales y no a costa de rebajar aún más unos umbrales ya de por sí bastante bajos de exigencia educativa. Los españoles aportamos de nuestros impuestos para el sistema educativo público y, como contribuyentes, tenemos derecho a exigir calidad y resultados. No sé si es un problema presupuestario, de concepto, de sistema o de implicación mucho mayor de autoridades, familias y docentes, puede que de todo eso combinado. Lo que sí sé es que la laxitud y el conformismo no parecen la solución más conveniente para mejorar unos resultados educativos que siguen sin progresar adecuadamente. En definitiva, me pregunto a qué sociedad aspiramos  si en lugar de marcarnos más y más ambiciosos retos preferimos optar por la comodidad del dolce far niente.    

Clavijo cruza el ecuador

Siguiendo la costumbre política de convocar a los medios para hacer balance de la gestión, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha querido echar esta semana su particular cuarto a espadas. De su balance han destacado las crónicas el descenso del desempleo desde que llegó al Gobierno en julio de 2015. En estos dos años el número de parados se ha reducido en casi 30.000 personas y el de afiliados a la Seguridad Social se ha incrementado en unas 70.000. Hasta ahí bien, aunque la cuestión de fondo es cuál ha sido la influencia real del Gobierno sobre esa reducción del paro y qué parte corresponde a la recuperación de la economía. No parece que haya dudas sobre la ínfima capacidad gubernativa para influir en los contratos y en su calidad, en los despidos o en los salarios, todos ellos asuntos fuera de su alcance.

En materia de empleo sus competencias son básicamente la formación y reinserción de parados, la seguridad laboral y la persecución de la economía sumergida y todo ello de la mano y con los recursos de la administración central. Prueba de todo lo anterior es el pálido reflejo que han tenido en las cifras de paro los casi 30 millones de turistas que han visitado Canarias en estos dos años. Ni siquiera puede el presidente echar mano de una nueva Ley del Suelo que aún no ha entrado en vigor ni tiene reglamento de desarrollo para atribuirle parte al menos del descenso del desempleo. Lo mismo cabe decir del tormentoso Fondo de Desarrollo de Canarias derivado de los recursos del IGTE, que apenas si está empezando a echar a andar ahora. Para valorar el efecto de ambas medidas sobre el empleo habrá que esperar al menos hasta el final de la legislatura. Para entonces Clavijo confía en que, si las previsiones macroeconómicas se mantienen, las islas puedan situarse con un 20% de paro, lo cual seguirá siendo una barbaridad. 

“La creación de empleo obedece sobre todo a la mejora  de la economía más que a las medidas del Gobierno” 

En el ámbito de los servicios públicos el balance hay que situarlo en la casilla del PSOE, que los gestionó salvo el de educación hasta la ruptura del acuerdo con CC en diciembre. Si bien han sido los nacionalistas los que han controlado el presupuesto, las listas de espera sanitarias y de dependencia y las estadísticas oficiales de pobreza y exclusión social siguen siendo de las más largas y altas de España. Hasta dónde se debe a un problema de insuficiencia de recursos o de gestión ineficaz es precisamente lo que enfrenta a las fuerzas políticas sobre un asunto que debería quedar lo más al margen posible de la guerra partidista. Los seis meses que llevan en sus cargos los nuevos consejeros responsables de la sanidad y los servicios sociales no son tiempo suficiente para hacer balance pero de momento ninguna de esas cifras presenta indicios significativos de mejoría. Cabe exigir que con el incremento de los recursos vía crecimiento económico y la mejora de las partidas procedentes de la administración central esa situación dé un vuelco radical. 

El cambio de las relaciones con el Gobierno central después de una legislatura a cara de perro es otra de las notas características de estos dos años. El “buen rollito” ha terminado dando algunos frutos relevantes como la cesión del IGTE (que pudo haberse gestionado de forma mucho menos retorcida), la modificación de los aspectos económicos del REF o la separación de ese régimen de la financiación autonómica. CC ha jugado con inteligencia la carta de su única diputada en Madrid quien, después de firmar con Pedro Sánchez la llamada “agenda canaria”, no dudo en ponérsela sobre la mesa a un Rajoy en minoría y necesitado de cuántos más apoyos mejor. Con el PSOE enrocado en el “no es no”, CC ha aprovechado la coyuntura para arrancar de Madrid concesiones impensables en un escenario en el que su voto hubiera sido sólo uno más y no uno de los decisivos.

“Los  servicios públicos básicos siguen muy lejos de haber mejorado de forma sustancial”

En el balance de estos dos años no se puede obviar la inestabilidad política latente que presidió el pacto entre CC y el PSOE hasta la ruptura de diciembre: incumplimientos, desplantes y desaires ante los que los socialistas no supieron reaccionar como correspondía a las circunstancias, abandonando el Ejecutivo antes de ser expulsados. La segunda parte de la legislatura la inicia ahora CC en minoría y con evidentes pocas ganas de atender a los requiebros del PP para entrar en el Gobierno. Su deseo público y confeso es que los populares sigan apoyando desde fuera, algo que estos aseguran no estar dispuestos a hacer. La cuestión es qué alternativa tiene el PP si no quiere salir de la situación en la qué lo metió su presidente Antona sin dar la imagen de haber fracasado. 

Tanto si acepta lo poco que CC parece ofrecerle como si se mantiene fuera del Gobierno, su capacidad de maniobra seguirá siendo limitada mientras Rajoy necesite del voto de Ana Oramas. Eso, que Antona no parece que calculara del todo cuando tocó en la puerta del Gobierno, lo sabe y lo explota a conciencia CC, que puede que no se vea en otra situación tan favorable para sus intereses políticos. Así pues, Clavijo cruza el ecuador de la legislatura en minoría y no habría que descartar por completo la posibilidad de que concluya el camino en la misma situación para hacer un nuevo balance dentro de dos años que serán entonces los canarios quienes tendrán que valorar.