Ajuste técnico en el Sahara

El ministro español de Asuntos Exteriores ha dicho que la decisión del Gobierno marroquí de poner el mar del Sahara bajo su soberanía ha sido “un ajuste técnico que no tendrá repercusiones en la delimitación de las aguas entre Marruecos y Canarias”. No puedo menos que aplaudir la capacidad de Alfonso Dastis para el eufemismo diplomático pero no me tranquilizan en absoluto sus explicaciones. Lo que pretende hacer el gobierno marroquí no es un “ajuste técnico”, es simplemente apropiarse de algo que no le pertenece o que, como mínimo, está en litigio. Marruecos no puede poner esas aguas bajo su soberanía porque ninguna instancia internacional con capacidad para ello le ha reconocido que tenga derecho a hacerlo.

Empezando por las Naciones Unidos, en donde desde 1963 el territorio hoy ocupado por Marruecos figura como no autónomo y pendiente de descolonización. Han sido las propias Naciones Unidas las que en numerosas ocasiones han instado a la descolonización mediante un referéndum de autodeterminación que Marruecos ha torpedeado una y otra vez sin que España, potencia colonial hasta que en 1975 fue expulsada por la Marcha Verde lanzada por Hasan II, haya hecho nada para que se celebrara. Es más, en los vergonzosos Acuerdos Tripartitos de Madrid entregó el control del territorio a Marruecos y a Mauritania en una de las decisiones más infames del gobierno español en décadas.

“No puede calificarse de ajuste técnico una decisión unilateral y contraria al derecho internacional” 

A fecha de hoy, la ONU sólo le reconoce a Marruecos la condición de potencia administradora del territorio del Sahara pero no de sus aguas y, por tanto, su anuncio de esta semana carece de efectos jurídicos prácticos. Además de la ONU, han sido también  los tribunales internacionales los que han negado vínculos de soberanía entre Marruecos y el territorio en cuestión. Empezando por la sentencia de 1975 del Tribunal Internacional de La Haya a instancias de las propias Naciones Unidas. En ella se estableció con claridad esa ausencia de vínculos que, a la postre, provocó la Marcha Verde en la que 350.000 colonos marroquíes ocuparon por la fuerza un territorio del que España huyó a la carrera abandonando a los saharauis a su suerte. Mucho más reciente es el fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo pesquero en el que se remacha el clavo al indicar que el Sahara no forma parte del reino alaui. Son argumentos más que sobrados para concluir que la decisión del Gobierno marroquí, si bien no tiene efectos jurídicos internacionales, sí es un nuevo hecho consumado con el que Mohamed VI aspira a que los pueda llegar a tener.

En la decisión se puede atisbar también un intento de protegerse frente a la estrategia del Polisario de denunciar ante tribunales de otros países que los productos y mercancías procedentes del Sahara – fosfatos o pesca, por ejemplo – suponen un expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui. Un caso reciente lo encontramos en Sudáfrica, en donde el Tribunal Supremo de ese país ha retenido un barco con 54.000 kilos de fosfato procedente de Marruecos a la espera de determinar quién tiene el derecho sobre el cargamento. 

“Desde el punto de vista de Canarias, la decisión marroquí no es tranquilizadora” 

Mirado desde el punto de vista de Canarias, la decisión marroquí tampoco es tranquilizadora por más que Dastis le quite hierro y que el presidente del Gobierno de Canarias se haya conformado con las explicaciones del ministro. Marruecos está tomando posiciones para la delimitación de la mediana de sus aguas con las españolas, un viejo contencioso que ningún gobierno español ha sido capaz de resolver después de casi tres décadas de negociaciones. En el horizonte puede verse incluso un indisimulado interés por los recursos naturales localizados en los fondos marinos canarios, el telurio entre ellos. De ahí su aviso a navegantes de que solicitará también la ampliación de su plataforma continental hacia el oeste, tal y como ya ha hecho igualmente España.  

Decir como ha dicho Dastis que la decisión unilateral de Marruecos es un “ajuste técnico” para adaptar su legislación a la normativa marítima internacional es pretender escurrir una vez más el bulto para no enfadar al incómodo vecino del sur. A Dastis se le suponen los conocimientos suficientes para saber que Marruecos no puede tomar decisiones de ninguna clase sobre unas aguas sobre las que ni siquiera tiene status de potencia administradora. El ministro debe comparecer en el Congreso para aclarar a todos los españoles, y en particular a los canarios, cómo de técnico es el ajuste marroquí y qué piensa hacer como responsable de Exteriores ante los posibles efectos para los intereses canarios y para la solución de un conflicto ante el que España no puede permanecer eternamente de perfil.