Venezuela: ¿Y ahora qué?

Recurriendo a sus propios medios y enfrentando la hostilidad del Gobierno de Maduro, la oposición venezolana ha hecho este domingo una innegable demostración de fuerza y movilización. Conseguir a pulso que unos siete millones de venezolanos acudieran al referéndum simbólico sobre la Asamblea Nacional Constituyente con la que Maduro pretende poner el poder legislativo a sus órdenes, es un éxito incontestable. Aún no siendo vinculante el resultado y no contando tampoco con el respaldo de las autoridades electorales del país controladas por el chavismo, que casi el 100% de los participantes haya rechazado los planes de Maduro es un serio aviso para un presidente que, al menos por esta vez y para variar, tuvo incluso el buen gusto democrático de no insultar a sus adversarios. La demostración de fuerza no sólo se ha circunscrito a Venezuela sino a más de qunientas ciudades de un centenar de países en donde quienes lo desearon pudieron expresar su rechazo al chavismo pero también su apoyo.

Lo ocurrido ayer en Venezuela tiene ante todo un enorme valor político: que más de un tercio de los ciudadanos con derecho a voto haya acudido a los centros de votación aún sabiendo que será muy difícil que su opinión sea escuchada, pone de manifiesto el nivel de hartazgo de una parte muy importante de la sociedad venezolana. En circunstancias políticas, económicas y sociales mucho menos dramáticas que las que vive el país desde hacer varios años, lo más probable es que la participación hubiera sido insignificante y que la oposición hubiera salido chasqueada del plebiscito.

“La oposición venezolana ha conseguido una indudable demostración de fuerza frente al chavismo” 

Su reto ahora es administrar ese hartazgo ciudadano para conseguir cambios pacíficos en Venezuela y eso pasa en primer lugar por una verdadera unidad de las fuerzas de la oposición que, a fecha de hoy, no es precisamente muy sólida. Su gran desafío es desatascar una situación “trancada”, como dicen los venezolanos, con Maduro enrocado en su decisión de llamar a las urnas el 30 de este mes para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Su plan es reescribir la Constitución venezolana a la medida del chavismo y hacerlo por la vía de anular el parlamento salido democráticamente de las urnas de finales de 2015, en el que el régimen ya no goza de mayoría absoluta como ocurría hasta entonces.


Constituiría toda una sorpresa que el presidente venezolano cediera en ese punto y pospusiera o suspendiera unas elecciones constituyentes para las que sí ha mostrado mucha más celeridad que para las regionales que debían haberse celebrado ya y que aún no hay garantías de que se convoquen para finales de este año. Sin embargo, parece evidente que la oposición por sí sola no será capaz de desbloquear la polarización radical en la que se encuentra atascada la política venezolana. En esa tarea tendrá que colaborar la comunidad internacional, empezando por una Organización de Estados Americanos aquejada de una extraña parálisis a pesar de la deriva de los acontecimientos en Venezuela.
“La oposición debería utilizar el resultado del  referéndum como palanca para el diálogo”

El primer objetivo debería ser el cese inmediato de toda violencia y el llamamiento por parte de opositores y de Gobierno a la calma. Arengar a las masas sobre “la defensa con las armas de lo que no se consiga con los votos”, como hizo Maduro hace bien poco, no contribuye precisamente a detener el constante goteo de víctimas mortales en manifestaciones y tiroteos. Mientras, en lugar de continuar “trancando” las ciudades con manifestaciones que de forma casi invariable terminan en enfrentamientos con la policía y con algún muerto más, - ayer murieron otras dos personas -  la oposición debería replantearse si la estrategia de desalojar a Maduro del poder a toda costa está dando los resultados apetecidos. Tres meses y medio después de que se iniciaran las protestas contra el régimen, casi un centenar de personas ha muerto en ellas y Maduro sigue en el mismo sitio y con planes para aferrarse aún más al poder. 

Sé que todo esto es mucho más fácil decirlo o escribirlo que hacerlo. No obstante,  desde fuera se tiene la sensación de que, ni por una ni por otra parte, hay la más mínima voluntad en estos momentos de ni tan siquiera explorar la posibilidad del diálogo y el acuerdo, bien sea de manera directa o a través de la mediación internacional.  Lo cierto es que no hay otra salida de la crisis frente a una situación de atrincheramiento por ambas partes que no conduce a nada bueno para los venezolanos. La lección de participación ciudadana que la oposición le dio ayer a Maduro dentro y fuera de Venezuela debería ser el aval democrático más valioso para ofrecer y exigir el diálogo político que tanto necesita el país. 

Ajuste técnico en el Sahara

El ministro español de Asuntos Exteriores ha dicho que la decisión del Gobierno marroquí de poner el mar del Sahara bajo su soberanía ha sido “un ajuste técnico que no tendrá repercusiones en la delimitación de las aguas entre Marruecos y Canarias”. No puedo menos que aplaudir la capacidad de Alfonso Dastis para el eufemismo diplomático pero no me tranquilizan en absoluto sus explicaciones. Lo que pretende hacer el gobierno marroquí no es un “ajuste técnico”, es simplemente apropiarse de algo que no le pertenece o que, como mínimo, está en litigio. Marruecos no puede poner esas aguas bajo su soberanía porque ninguna instancia internacional con capacidad para ello le ha reconocido que tenga derecho a hacerlo.

Empezando por las Naciones Unidos, en donde desde 1963 el territorio hoy ocupado por Marruecos figura como no autónomo y pendiente de descolonización. Han sido las propias Naciones Unidas las que en numerosas ocasiones han instado a la descolonización mediante un referéndum de autodeterminación que Marruecos ha torpedeado una y otra vez sin que España, potencia colonial hasta que en 1975 fue expulsada por la Marcha Verde lanzada por Hasan II, haya hecho nada para que se celebrara. Es más, en los vergonzosos Acuerdos Tripartitos de Madrid entregó el control del territorio a Marruecos y a Mauritania en una de las decisiones más infames del gobierno español en décadas.
“No puede calificarse de ajuste técnico una decisión unilateral y contraria al derecho internacional” 
A fecha de hoy, la ONU sólo le reconoce a Marruecos la condición de potencia administradora del territorio del Sahara pero no de sus aguas y, por tanto, su anuncio de esta semana carece de efectos jurídicos prácticos. Además de la ONU, han sido también  los tribunales internacionales los que han negado vínculos de soberanía entre Marruecos y el territorio en cuestión. Empezando por la sentencia de 1975 del Tribunal Internacional de La Haya a instancias de las propias Naciones Unidas. En ella se estableció con claridad esa ausencia de vínculos que, a la postre, provocó la Marcha Verde en la que 350.000 colonos marroquíes ocuparon por la fuerza un territorio del que España huyó a la carrera abandonando a los saharauis a su suerte. Mucho más reciente es el fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo pesquero en el que se remacha el clavo al indicar que el Sahara no forma parte del reino alaui. Son argumentos más que sobrados para concluir que la decisión del Gobierno marroquí, si bien no tiene efectos jurídicos internacionales, sí es un nuevo hecho consumado con el que Mohamed VI aspira a que los pueda llegar a tener.


En la decisión se puede atisbar también un intento de protegerse frente a la estrategia del Polisario de denunciar ante tribunales de otros países que los productos y mercancías procedentes del Sahara – fosfatos o pesca, por ejemplo – suponen un expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui. Un caso reciente lo encontramos en Sudáfrica, en donde el Tribunal Supremo de ese país ha retenido un barco con 54.000 kilos de fosfato procedente de Marruecos a la espera de determinar quién tiene el derecho sobre el cargamento. 
“Desde el punto de vista de Canarias, la decisión marroquí no es tranquilizadora” 
Mirado desde el punto de vista de Canarias, la decisión marroquí tampoco es tranquilizadora por más que Dastis le quite hierro y que el presidente del Gobierno de Canarias se haya conformado con las explicaciones del ministro. Marruecos está tomando posiciones para la delimitación de la mediana de sus aguas con las españolas, un viejo contencioso que ningún gobierno español ha sido capaz de resolver después de casi tres décadas de negociaciones. En el horizonte puede verse incluso un indisimulado interés por los recursos naturales localizados en los fondos marinos canarios, el telurio entre ellos. De ahí su aviso a navegantes de que solicitará también la ampliación de su plataforma continental hacia el oeste, tal y como ya ha hecho igualmente España.  

Decir como ha dicho Dastis que la decisión unilateral de Marruecos es un “ajuste técnico” para adaptar su legislación a la normativa marítima internacional es pretender escurrir una vez más el bulto para no enfadar al incómodo vecino del sur. A Dastis se le suponen los conocimientos suficientes para saber que Marruecos no puede tomar decisiones de ninguna clase sobre unas aguas sobre las que ni siquiera tiene status de potencia administradora. El ministro debe comparecer en el Congreso para aclarar a todos los españoles, y en particular a los canarios, cómo de técnico es el ajuste marroquí y qué piensa hacer como responsable de Exteriores ante los posibles efectos para los intereses canarios y para la solución de un conflicto ante el que España no puede permanecer eternamente de perfil.   

Pasar sin aprobar

No sé mucho de sistemas educativos pero sí sé algo de esfuerzos y sacrificios para avanzar en los estudios y poder dedicarte a lo que te gusta. Hoy se llama cultura del esfuerzo pero no hace mucho era simple y llanamente hincar los codos. Llámese como se llame, no parece que las nuevas generaciones y una buena parte de las familias estén muy sobradas de ambas cosas. El ambiente social tampoco parece muy proclive a corregir una deriva en la que se amontonan los derechos sin su correspondiente contrapartida en deberes. Viene todo lo anterior al hilo de una noticia leída hoy que me ha asombrado y disgustado a partes iguales. Algunas comunidades autónomas, entre las que se encuentra Canarias, han decidido que los chicos tengan unas felices vacaciones este año y les han entregado ya el título de la ESO aún con dos asignaturas suspendidas, siempre que no sean Lengua o Matemáticas, o sin tan siquiera reunir un 5 de nota media.

En la práctica supone acabar el curso sin esperar a la convocatoria de septiembre y, por tanto, sin dar la oportunidad a quienes lo deseen de aprobar o subir nota. La decisión se ampara en el real decreto del Gobierno que suspendió las revalidas de la LOMCE y que abrió la puerta a lo que ahora ha ocurrido en estas comunidades autónomas. Me parece una insensatez y un sinsentido porque, a mi juicio, convierte la imprescindible cultura del esfuerzo en un eslógan político huero más. Dicen algunos expertos que aprender no es sólo aprobar y que hay que tener en cuenta las condiciones económicas y el ambiente social del alumno. Puede que sí y puede que no, ya he dicho que no soy un experto. 
“La cultura del esfuerzo se ha convertido en otro eslógan vacío en boca de los políticos”  
Sin embargo, en cuanto a lo primero me gustaría que esos expertos me explicaran qué fórmula alternativa que sea más objetivable que la evaluación continua y el examen proponen para comprobar que los alumnos han asimilado los contenidos educativos. Y respecto a lo segundo, me permito una pequeña aportación de mi experiencia personal: nací y me crié en el campo, mi padres fueron agricultores que se deslomaron de sol a sol, en mi casa no había más libro que el Almanaque Zaragozano, caminaba kilómetros con lluvia o calor para ir a clase y estudié la EGB y el bachillerato con una vela después de haber cumplido con las obligaciones domésticas que se me encomendaran.
  

Mi padre me lo había dejado bien claro: o apruebas o tendrás que ponerte a plantar papas, así que no había margen para ser un “ni ni”. Y dado que a mi como me gustan las papas es en el potaje, tuve clara enseguida la “ruta” que debia seguir. Al contrario de lo que ocurre hoy, las distracciones eran pocas o ninguna, lo que unido a la férrea vigilancia paterna disuadía rápidamente a quien se despistara de su obligación de estudiar y de aprobar. No pido volver a Esparta y ni siquiera a los años no tan lejanos en Canarias de verdadera austeridad y carencias, frente a los cuales los actuales son una pálida sombra. Aún así se licenciaban muchos médicos, abogados, profesores o periodistas y pocos de ellos eran hijos de potentados plataneros, poderosos aguatenientes o importadores. Lo que digo es que las condiciones sociales y ambientales no pueden convertirse en la coartada perfecta para rebajar la exigencia de esfuerzo e igualar por abajo a estudiantes buenos, malos y mediopensionistas.  
“O estudias o trabajas: no había margen para ser un ni ni”
Tampoco niego que influyan en el rendimiento académico del alumno su extracción social y el ambiente familiar,  pero ese es un problema social que debe resolverse con políticas sociales y no a costa de rebajar aún más unos umbrales ya de por sí bastante bajos de exigencia educativa. Los españoles aportamos de nuestros impuestos para el sistema educativo público y, como contribuyentes, tenemos derecho a exigir calidad y resultados. No sé si es un problema presupuestario, de concepto, de sistema o de implicación mucho mayor de autoridades, familias y docentes, puede que de todo eso combinado. Lo que sí sé es que la laxitud y el conformismo no parecen la solución más conveniente para mejorar unos resultados educativos que siguen sin progresar adecuadamente. En definitiva, me pregunto a qué sociedad aspiramos  si en lugar de marcarnos más y más ambiciosos retos preferimos optar por la comodidad del dolce far niente.