Torres conquista el PSC-PSOE

Más del 43% de los  militantes socialistas canarios ha pedido a Ángel Víctor Torres que saque al partido del marasmo en el que está metido desde hace varios años. La suya no ha sido una victoria apabullante frente a Patricia Hernández y a Juan Fernando López Aguilar, pero sí lo suficientemente nítida como para que nadie se atreva a cuestionar el respaldo obtenido en las primarias de ayer. Es muy probable que, ante los afiliados, la pública fe sanchista de Torres haya sido un factor de peso para su triunfo frente sus dos rivales, ambos declarados partidarios de Susana Díaz en las primarias para la elección del secretario federal. Sólo hay que recordar que Sánchez aventajó en Canarias a Díaz en un 30%, la mayor diferencia de toda España, lo que por fuerza tenía que reflejarse en los resultados de ayer.

Aunque no creo que haya sido ese el único factor para que Torres se haya convertido en el nuevo secretario del PSC-PSOE. A su favor ha jugado también el escarnio sufrido por los socialistas durante el año y medio de pacto con CC, un acuerdo pésimamente gestionado por la dirección anterior del partido y por Patricia Hernández como vicepresidenta del Gobierno con los nacionalistas. Los trágalas y humillaciones de CC que Hernández asumió sin rechistar durante la tormentosa vida del pacto, es seguro que también le han pasado factura. En cuanto a López Aguilar cabe decir que segundas partes nunca fueron buenas salvo que seas Cervantes. La militancia no ha olvidado que abandonó el partido a su suerte cuando, en parte por sus propios errores, no pudo acceder al Gobierno canario a pesar del resultado histórico obtenido por el PSC-PSOE en las urnas.
“Torres no anda sobrado de carisma pero le sobra pragmatismo y disposición al diálogo” 
Es muy posible que Torres ande algo escaso de carisma político, pero eso es algo que ni se compra ni se alquila ni se presta: se tiene o no se tiene. Además, al contrario de López Aguilar, no parece ser un gran ideólogo y desde luego está muy lejos de poseer su creatividad verbal. Torres es un político más próximo al terruño y al problema del vecino que a los eslóganes vacíos o a los brillantes palabros de la ciencia política; su trayectoria pública se ha forjado en el ámbito municipal en donde hace falta cintura para el acuerdo más allá de los conceptos y los objetivos estratégicos de mucho ringo rango.


Esto no quiere decir que el hombre que los militantes del PSC-PSOE han elegido para que lleve las riendas del partido durante los próximos cuatro años no piense y actúe como un socialista “de los pies a la cabeza”, como a él le gusta definirse. Solo que no hace de su forma de pensar y de actuar una muralla que impida el acuerdo con otras formas distintas de pensar y de actuar. Podríamos definirlo como pragmatismo y abierta disposición al acuerdo, dos virtudes mucho más escasas en Patricia Hernández y en López Aguilar. 
“Conquistado el castillo, ahora toca pacificarlo y reparar sus ruinas” 
Esas virtudes de Torres le deberían venir muy bien a un PSOE canario que necesita sellar con urgencia las grietas internas que una dirección ausente y silente fue dejando irresponsablemente que se ensancharan y se hicieran públicas y patentes sin hacer nada para remediarlo. En el plano externo, Torres tendrá que gestionar a un tiempo los pactos del PSOE con CC en varios ayuntamientos y cabildos y definir qué oposición parlamentaria hará a un gobierno nacionalista en minoría necesitado desesperadamente de apoyos para completar la legislatura en solitario.

Para cuando el nuevo secretario general haya nombrado su dirección y empiece a trabajar, habrá pasado casi un año desde la dimisión de la ejecutiva anterior. Durante todo ese tiempo el PSC-PSOE ha estado gobernado por una gestora que, no sólo ha sido completamente incapaz de pacificar las relaciones entre las facciones internas, sino que además ha sido cuestionada por su parcialidad en favor de la que ha apoyado la candidatura de Patricia Hernández. Ahora, después de años de desidia y de falta de liderazgo, Torres tiene por delante una tarea casi titánica para volver a hacer del PSC-PSOE una fuerza política clave para la mejora de la vida de los canarios y poner fin al papel de comodín de los pactos con cascada o sin cascada con CC. Torres ha conquistado el castillo pero ahora tiene que hacer lo más difícil: pacificarlo y volverlo a poner en pie sobre sus ruinas. 

Alquiler vacacional: toca poner orden

El alquiler vacacional de viviendas en Canarias se está convirtiendo en un problema social que se refleja en el precio astronómico de los alquileres para los residentes en algunas zonas de las islas. El creciente número de viviendas que se suma a este modelo alojativo tiene desconcertadas a las administraciones públicas y a los hoteleros. Ni unas ni otros saben muy bien cómo regular una actividad en auge, aunque la Consejería de Turismo haya esgrimido hace poco que la demanda de este tipo de alojamientos “sólo” representa el 8% del total. Sin embargo, otras cifras difundidas por la propia Consejería ponen de manifiesto que no estamos ante una moda más o menos pasajera.

En Canarias el año pasado optaron por una vivienda de alquiler para pasar las vacaciones más de 1 millón de turistas para una cifra total de visitantes de 15 millones. Sólo en un año el número de viviendas que se ha incorporado a este mercando al alza aumentó en un 6%, algo notable si tenemos en cuenta que en las islas se prohíbe el alquiler vacacional en zonas turísticas. Y el dato más revelador de todos: se estima que nueve de cada diez viviendas dedicadas en Canarias al alquiler vacacional son ilegales, no aparecen recogidas en ningún registro y se desconoce si sus propietarios tributan por los beneficios que obtienen con esa actividad.   
“Nueve de cada diez viviendas de alquiler vacacional en Canarias son ilegales”
El éxito del alquiler vacacional se debe, entre otros factores, al precio y a la comodidad de contratación a través de plataformas multinacionales como Airbnb que el año pasado movió sólo en España a casi 5,5 millones de turistas. Eso sí, declaró beneficios de sólo 136.000 euros, lo cual es casi tan difícil de creer como el milagro de los panes y los peces. Por no hablar del nulo control de estas plataformas para evitar fraudes y saber si quien ofrece su vivienda es realmente el propietario o un espabilado que se propone hacer negocio con la propiedad ajena, tal y como se ha detectado ya en lugares como Barcelona.


El éxito del alquiler vacacional está favoreciendo un considerable repunte de las ventas y de los precios  en el mercado inmobiliario para atender la demanda de ciudadanos que ven en esa modalidad un negocio de poco riesgo y mucho beneficio. De hecho, los expertos empiezan a detectar incluso un aumento de nuevas promociones de viviendas destinadas a una actividad  que sube como la espuma y que puede amenazar con volver a distorsionar el mercado inmobiliario de este país como ocurrió con la burbuja del ladrillo si no se ataja a tiempo.

Y la forma de atajarlo es regulando de forma homogénea  - que no es lo mismo que uniforme - y no resolviendo cada comunidad autónoma el problema por su cuenta y riesgo. Exactamente eso es lo que tenemos en la actualidad, una regulación distinta por cada comunidad autónoma sin contar las de los ayuntamientos, que también han aportado su granito de arena a la confusión generalizada. En Canarias, la actividad ha chocado de frente con un potente sector hotelero al que le come ya una creciente cuota de mercado y que se resiste a coexistir con el alquiler vacacional en sus áreas de influencia. No obstante, hasta en tres ocasiones ha advertido ya el Tribunal de Justicia de Canarias que prohibir alquilar viviendas para vacaciones en zonas turísticas como hace Canarias infringe la libertad de empresa. 
“Recurrir las sentencias desfavorables dará seguridad jurídica pero no resuelve nada”

En paralelo, familias residentes que optan por el alquiler frente a la compra o trabajadores desplazados por motivos laborales se las ven y se las desean para encontrar alquileres a precios razonables en varias ciudades canarias. El Gobierno canario, que hasta ahora se ha limitado a recurrir las sentencias desfavorables apelando a la seguridad jurídica, lleva demasiado tiempo dándole vueltas a un nuevo decreto que no termina de ver la luz. A nadie se le escapa que poner de acuerdo los intereses del turismo convencional con el vacacional no es tarea fácil porque, en buena medida, pescan en los mismos caladeros de turistas.

Sin embargo, es competencia de la comunidad autónoma ordenar la actividad turística velando por la calidad de la oferta y la imagen del destino. Debe también garantizar la libertad de empresa y el uso legítimo de la propiedad privada, sin olvidar prevenir la economía sumergida, los efectos perniciosos sobre la convivencia vecinal y los daños sociales colaterales como los que se empiezan a dejar sentir en el precio de los alquileres para los residentes.  Parece la cuadratura del círculo pero si es necesario habrá que pisar callos para conseguirla: continuar limitándose a recurrir las sentencias desfavorables dará mucha seguridad jurídica pero no resuelve nada.

Cinismo en la Fiscalía

La designación del Fiscal Jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, para un alto cargo en la Fiscalía General del Estado es un clavo más en el ataúd de la independencia del Ministerio Público respecto del poder político. García-Panasco ha sido premiado por el Fiscal General, José Manuel Maza, apenas una semana después de que el Tribunal Supremo sentenciara que vulneró derechos fundamentales en la investigación disciplinaria que le abrió a la magistrada Victoria Rosell cuando ésta era candidata de Podemos al Congreso de los Diputados. En un estado de derecho un fiscal al que la máxima instancia judicial del país le aplicara un correctivo de esa contundencia habría renunciado de inmediato o habría sido cesado por sus superiores. En España, que se supone que es un estado de derecho o al menos eso establece su Constitución, ese fiscal recibe un galardón de sus superiores en forma de ascenso profesional.

Y eso que la sentencia del Supremo que lee la cartilla a García – Panasco tiene un inconfundible aire salomónico al intentar contentar a todas las partes. Frente a lo que en su momento había establecido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el sentido de que los jueces sólo pueden ser investigados disciplinariamente por el Consejo del Poder Judicial, el Supremo obvió lo que dice la ley y los votos particulares de tres magistrados de la Sala sobre el particular y le concedió a la fiscalía cierta autoridad en ese ámbito. Sin embargo, eso no le ha evitado a García – Panasco y a la fiscal Evangelina Ríos, también protagonista destacada en este caso aunque de momento sin premio,  un serio correctivo judicial. 
“Un fiscal que vulnere derechos fundamentales debe dimitir o ser cesado al instante” 
El Supremo establece que García – Panasco se extralimitó en sus funciones y vulneró dos derechos fundamentales de Rosell, el de la defensa y el del acceso a cargo electivo.  En realidad y al margen de cuestiones formales o procedimentales, detrás de este caso volvemos a encontrar un nuevo intento de utilizar a la fiscalía con fines espurios y contrarios a la defensa del interés general que le corresponde ejercer al Ministerio Público. Dicho en plata,  el ahora premiado García – Panasco olvidó que se debe a la Constitución y puso la fiscalía al servicio de intereses partidistas contrarios a Rosell con una investigación que no habría avalado ni el Santo Oficio. 

En reconocimiento, el Fiscal General del Estado, nombrado a dedo por el PP y recientemente reprobado por el Congreso de los Diputados, le eleva a Teniente Fiscal de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General, puesto que había dejado vacante el recién nombrado Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Desde allí, García – Panasco tendrá entre sus cometidos  elaborar circulares que vinculan a todos los fiscales en la interpretación de las leyes y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No deja de ser un sarcasmo que un fiscal que, según sentencia del Supremo, ha vulnerado derechos fundamentales de una ciudadana reciba el encargo de orientar  a los demás fiscales sobre cómo interpretarlos. El símil de la zorra cuidando de las gallinas no podría estar mejor empleado. 
“El nombramiento de García-Panasco es un nuevo clavo en el ataúd de la independencia del Ministerio Público” 
La guinda del esperpento la ha venido a poner el ministro Catalá, también reprobado en el Congreso aunque a él eso le da lo mismo que le da igual. Fiel a su compromiso de hacer subir el pan cada vez que habla, Catalá ha venido a decir que la intervención de García-Panasco en la investigación contra Rosell es sólo “una anécdota” y que el Fiscal Jefe de Las Palmas tiene “un gran currículum y una magnífica cualificación”. De pronto, el ministro que no se pone colorado defendiendo la autonomía del Ministerio Público, resulta que conoce la vida, obra y milagros de un fiscal de provincias. 

Pero para guinda, la del portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro.  Desmiente este señor al Supremo y afirma sin despeinarse que García - Panasco actuó con “independencia, objetividad y de acuerdo a lo que dice la ley” y remacha que “si cada vez que las actuaciones de un fiscal son archivadas hiciéramos un reproche nos quedaríamos con la mitad de los fiscales”. Busco en el diccionario qué nombre recibe en castellano esta actitud y la del ministro y sólo encuentro uno: cinismo puro y duro.