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Alquiler vacacional: toca poner orden

El alquiler vacacional de viviendas en Canarias se está convirtiendo en un problema social que se refleja en el precio astronómico de los alquileres para los residentes en algunas zonas de las islas. El creciente número de viviendas que se suma a este modelo alojativo tiene desconcertadas a las administraciones públicas y a los hoteleros. Ni unas ni otros saben muy bien cómo regular una actividad en auge, aunque la Consejería de Turismo haya esgrimido hace poco que la demanda de este tipo de alojamientos “sólo” representa el 8% del total. Sin embargo, otras cifras difundidas por la propia Consejería ponen de manifiesto que no estamos ante una moda más o menos pasajera.

En Canarias el año pasado optaron por una vivienda de alquiler para pasar las vacaciones más de 1 millón de turistas para una cifra total de visitantes de 15 millones. Sólo en un año el número de viviendas que se ha incorporado a este mercando al alza aumentó en un 6%, algo notable si tenemos en cuenta que en las islas se prohíbe el alquiler vacacional en zonas turísticas. Y el dato más revelador de todos: se estima que nueve de cada diez viviendas dedicadas en Canarias al alquiler vacacional son ilegales, no aparecen recogidas en ningún registro y se desconoce si sus propietarios tributan por los beneficios que obtienen con esa actividad.   
“Nueve de cada diez viviendas de alquiler vacacional en Canarias son ilegales”
El éxito del alquiler vacacional se debe, entre otros factores, al precio y a la comodidad de contratación a través de plataformas multinacionales como Airbnb que el año pasado movió sólo en España a casi 5,5 millones de turistas. Eso sí, declaró beneficios de sólo 136.000 euros, lo cual es casi tan difícil de creer como el milagro de los panes y los peces. Por no hablar del nulo control de estas plataformas para evitar fraudes y saber si quien ofrece su vivienda es realmente el propietario o un espabilado que se propone hacer negocio con la propiedad ajena, tal y como se ha detectado ya en lugares como Barcelona.


El éxito del alquiler vacacional está favoreciendo un considerable repunte de las ventas y de los precios  en el mercado inmobiliario para atender la demanda de ciudadanos que ven en esa modalidad un negocio de poco riesgo y mucho beneficio. De hecho, los expertos empiezan a detectar incluso un aumento de nuevas promociones de viviendas destinadas a una actividad  que sube como la espuma y que puede amenazar con volver a distorsionar el mercado inmobiliario de este país como ocurrió con la burbuja del ladrillo si no se ataja a tiempo.

Y la forma de atajarlo es regulando de forma homogénea  - que no es lo mismo que uniforme - y no resolviendo cada comunidad autónoma el problema por su cuenta y riesgo. Exactamente eso es lo que tenemos en la actualidad, una regulación distinta por cada comunidad autónoma sin contar las de los ayuntamientos, que también han aportado su granito de arena a la confusión generalizada. En Canarias, la actividad ha chocado de frente con un potente sector hotelero al que le come ya una creciente cuota de mercado y que se resiste a coexistir con el alquiler vacacional en sus áreas de influencia. No obstante, hasta en tres ocasiones ha advertido ya el Tribunal de Justicia de Canarias que prohibir alquilar viviendas para vacaciones en zonas turísticas como hace Canarias infringe la libertad de empresa. 
“Recurrir las sentencias desfavorables dará seguridad jurídica pero no resuelve nada”

En paralelo, familias residentes que optan por el alquiler frente a la compra o trabajadores desplazados por motivos laborales se las ven y se las desean para encontrar alquileres a precios razonables en varias ciudades canarias. El Gobierno canario, que hasta ahora se ha limitado a recurrir las sentencias desfavorables apelando a la seguridad jurídica, lleva demasiado tiempo dándole vueltas a un nuevo decreto que no termina de ver la luz. A nadie se le escapa que poner de acuerdo los intereses del turismo convencional con el vacacional no es tarea fácil porque, en buena medida, pescan en los mismos caladeros de turistas.

Sin embargo, es competencia de la comunidad autónoma ordenar la actividad turística velando por la calidad de la oferta y la imagen del destino. Debe también garantizar la libertad de empresa y el uso legítimo de la propiedad privada, sin olvidar prevenir la economía sumergida, los efectos perniciosos sobre la convivencia vecinal y los daños sociales colaterales como los que se empiezan a dejar sentir en el precio de los alquileres para los residentes.  Parece la cuadratura del círculo pero si es necesario habrá que pisar callos para conseguirla: continuar limitándose a recurrir las sentencias desfavorables dará mucha seguridad jurídica pero no resuelve nada.

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