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Cinismo en la Fiscalía

La designación del Fiscal Jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, para un alto cargo en la Fiscalía General del Estado es un clavo más en el ataúd de la independencia del Ministerio Público respecto del poder político. García-Panasco ha sido premiado por el Fiscal General, José Manuel Maza, apenas una semana después de que el Tribunal Supremo sentenciara que vulneró derechos fundamentales en la investigación disciplinaria que le abrió a la magistrada Victoria Rosell cuando ésta era candidata de Podemos al Congreso de los Diputados. En un estado de derecho un fiscal al que la máxima instancia judicial del país le aplicara un correctivo de esa contundencia habría renunciado de inmediato o habría sido cesado por sus superiores. En España, que se supone que es un estado de derecho o al menos eso establece su Constitución, ese fiscal recibe un galardón de sus superiores en forma de ascenso profesional.

Y eso que la sentencia del Supremo que lee la cartilla a García – Panasco tiene un inconfundible aire salomónico al intentar contentar a todas las partes. Frente a lo que en su momento había establecido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el sentido de que los jueces sólo pueden ser investigados disciplinariamente por el Consejo del Poder Judicial, el Supremo obvió lo que dice la ley y los votos particulares de tres magistrados de la Sala sobre el particular y le concedió a la fiscalía cierta autoridad en ese ámbito. Sin embargo, eso no le ha evitado a García – Panasco y a la fiscal Evangelina Ríos, también protagonista destacada en este caso aunque de momento sin premio,  un serio correctivo judicial. 
“Un fiscal que vulnere derechos fundamentales debe dimitir o ser cesado al instante” 
El Supremo establece que García – Panasco se extralimitó en sus funciones y vulneró dos derechos fundamentales de Rosell, el de la defensa y el del acceso a cargo electivo.  En realidad y al margen de cuestiones formales o procedimentales, detrás de este caso volvemos a encontrar un nuevo intento de utilizar a la fiscalía con fines espurios y contrarios a la defensa del interés general que le corresponde ejercer al Ministerio Público. Dicho en plata,  el ahora premiado García – Panasco olvidó que se debe a la Constitución y puso la fiscalía al servicio de intereses partidistas contrarios a Rosell con una investigación que no habría avalado ni el Santo Oficio. 

En reconocimiento, el Fiscal General del Estado, nombrado a dedo por el PP y recientemente reprobado por el Congreso de los Diputados, le eleva a Teniente Fiscal de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General, puesto que había dejado vacante el recién nombrado Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Desde allí, García – Panasco tendrá entre sus cometidos  elaborar circulares que vinculan a todos los fiscales en la interpretación de las leyes y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No deja de ser un sarcasmo que un fiscal que, según sentencia del Supremo, ha vulnerado derechos fundamentales de una ciudadana reciba el encargo de orientar  a los demás fiscales sobre cómo interpretarlos. El símil de la zorra cuidando de las gallinas no podría estar mejor empleado. 
“El nombramiento de García-Panasco es un nuevo clavo en el ataúd de la independencia del Ministerio Público” 
La guinda del esperpento la ha venido a poner el ministro Catalá, también reprobado en el Congreso aunque a él eso le da lo mismo que le da igual. Fiel a su compromiso de hacer subir el pan cada vez que habla, Catalá ha venido a decir que la intervención de García-Panasco en la investigación contra Rosell es sólo “una anécdota” y que el Fiscal Jefe de Las Palmas tiene “un gran currículum y una magnífica cualificación”. De pronto, el ministro que no se pone colorado defendiendo la autonomía del Ministerio Público, resulta que conoce la vida, obra y milagros de un fiscal de provincias. 

Pero para guinda, la del portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro.  Desmiente este señor al Supremo y afirma sin despeinarse que García - Panasco actuó con “independencia, objetividad y de acuerdo a lo que dice la ley” y remacha que “si cada vez que las actuaciones de un fiscal son archivadas hiciéramos un reproche nos quedaríamos con la mitad de los fiscales”. Busco en el diccionario qué nombre recibe en castellano esta actitud y la del ministro y sólo encuentro uno: cinismo puro y duro. 

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