El alquiler
vacacional de viviendas en Canarias se está convirtiendo en un problema
social que se refleja en el precio astronómico de los alquileres para los
residentes en algunas zonas de las islas. El creciente número de viviendas que
se suma a este modelo alojativo tiene desconcertadas a las administraciones
públicas y a los hoteleros. Ni unas ni otros saben muy bien cómo regular una
actividad en auge, aunque la Consejería de Turismo haya
esgrimido hace poco que la demanda de este tipo de alojamientos “sólo”
representa el 8% del total. Sin embargo, otras cifras difundidas por la propia
Consejería ponen de manifiesto que no estamos ante una moda más o menos pasajera.
En Canarias el
año pasado optaron por una vivienda de alquiler para pasar las vacaciones más
de 1 millón de turistas para una cifra total de visitantes de 15 millones. Sólo
en un año el número de viviendas que se ha incorporado a este mercando al alza
aumentó en un 6%, algo notable si tenemos en cuenta que en las islas se prohíbe el alquiler vacacional en zonas
turísticas. Y el dato más revelador de todos: se estima que nueve
de cada diez viviendas dedicadas en Canarias al alquiler vacacional son
ilegales, no aparecen recogidas en ningún registro y se desconoce si sus
propietarios tributan por los beneficios que obtienen con esa actividad.
“Nueve de cada
diez viviendas de alquiler vacacional en Canarias son ilegales”
El éxito del alquiler vacacional se debe,
entre otros factores, al precio y a la comodidad de contratación a través de
plataformas multinacionales como Airbnb que el año pasado movió sólo en España
a casi 5,5 millones de turistas. Eso sí, declaró beneficios de sólo 136.000 euros,
lo cual es casi tan difícil de creer como el milagro de los panes y los peces. Por no hablar del nulo control de estas plataformas para evitar fraudes y saber si
quien ofrece su vivienda es realmente el propietario o un espabilado que se
propone hacer negocio con la propiedad ajena, tal y como se ha detectado ya en lugares
como Barcelona.
El éxito del
alquiler vacacional está favoreciendo un considerable repunte de las
ventas y de los precios en el mercado inmobiliario para atender la demanda de
ciudadanos que ven en esa modalidad un negocio de poco riesgo y mucho
beneficio. De hecho, los expertos empiezan a detectar incluso un aumento de nuevas promociones de viviendas destinadas a una actividad que sube como la espuma y que puede amenazar con
volver a distorsionar el mercado inmobiliario de este país como ocurrió con la
burbuja del ladrillo si no se ataja a tiempo.
Y la forma de
atajarlo es regulando de forma homogénea - que no es lo mismo que uniforme - y no
resolviendo cada comunidad autónoma el problema por su cuenta y riesgo. Exactamente
eso es lo que tenemos en la actualidad, una regulación distinta por cada comunidad autónoma sin contar las de los ayuntamientos, que también han aportado su granito de arena a la confusión generalizada. En Canarias, la actividad ha chocado de frente con un potente
sector hotelero al que le come ya una creciente cuota de mercado y que se resiste a coexistir con el alquiler vacacional en sus áreas de influencia. No obstante, hasta en tres ocasiones ha advertido ya el Tribunal de Justicia de Canarias que prohibir alquilar viviendas para vacaciones en zonas turísticas como hace Canarias infringe la libertad de empresa.
“Recurrir las
sentencias desfavorables dará seguridad jurídica pero no resuelve nada”
En paralelo,
familias residentes que optan por el alquiler frente a la compra o trabajadores
desplazados por motivos laborales se las ven y se las desean para encontrar alquileres
a precios razonables en varias ciudades canarias. El Gobierno canario, que
hasta ahora se ha limitado a recurrir las sentencias desfavorables apelando
a la seguridad jurídica, lleva demasiado tiempo dándole vueltas a un nuevo
decreto que no termina de ver la luz. A nadie se le escapa que poner de acuerdo
los intereses del turismo convencional con el vacacional no es tarea fácil
porque, en buena medida, pescan en los mismos caladeros de turistas.
Sin embargo, es
competencia de la comunidad autónoma ordenar la actividad turística velando por
la calidad de la oferta y la imagen del destino. Debe también garantizar la libertad
de empresa y el uso legítimo de la propiedad privada, sin olvidar prevenir la
economía sumergida, los efectos perniciosos sobre la convivencia vecinal y los daños
sociales colaterales como los que se empiezan a dejar sentir en el precio de
los alquileres para los residentes. Parece
la cuadratura del círculo pero si es necesario habrá que pisar callos para
conseguirla: continuar limitándose a recurrir las sentencias desfavorables dará
mucha seguridad jurídica pero no resuelve nada.
