"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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21 de diciembre de 2016

Ladrones de banco

En una sola sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha propinado hoy una sonora bofetada judicial doble a España. La primera a los avariciosos bancos españoles – perdón por la redundancia – a los que obliga a devolver hasta el último céntimo de las cláusulas suelo de las hipotecas. El Banco de España, de cuyos cálculos me fío menos que de una escopeta de feria a la vista de los números que hizo sobre Bankia, estima que el roto superará los 4.000 millones de euros. Otras estimaciones elevan la cifra hasta los 30.000 millones sobre la base de calcular 3.000 euros anuales de media  por los dos millones de hipotecas con cláusula suelo firmadas en España desde 2009 apróximadamente.

Fue entonces cuando la burbuja inmobiliaria reventó y los bancos idearon el truco del almendruco de la clausula suelo para guardarse las espaldas  ante posibles bajadas del Euribor y seguir sangrando a sus clientes. Sinceramente, confío en que la cifra no sea tan elevado porque de serlo no tardaría Rajoy en personarse en Bruselas para pedir un nuevo “no rescate” de los bancos españoles a bajo interés y, por supuesto, sin cláusula suelo. En cualquier caso no aconsejaría yo a nadie que abriera el champán para celebrar este fallo.

El descosido es grave como se ha reflejado ya en las cotizaciones de los bancos que más han abusado de las cláusulas suelo. Y aunque ya las entidades habían proveído fondos temiendo el varapalos, no firmaría yo en ningún lado que no se disparen ahora las comisiones, los intereses de los préstamos y otros peajes bancarios para cuadrar los balances y resarcirse del golpe. Eso sin contar con que los bancos no van a soltar un solo euro de oficio, de manera que quien quiera cobrar tendrá que ganárselo en los juzgados.


La sentencia también es una bofetada sin precedentes en plena cara del Tribunal Supremo español. Esta alta instancia judicial había fallado en mayo de 2013 que las cláusulas suelo son nulas pero, en una sorprendente pirueta, establecía que los bancos sólo tenían que devolver lo cobrado a partir de esa fecha y no desde el momento de la firma de la hipoteca. En otras palabras, que todo lo cobrado hasta ese momento bien cobrado estaba y aquí paz y después gloria. Si los magistrados que redactaron esa sentencia tuvieran un mínimo de vergüenza torera ya deberían haber  tirado la toga y las puñetas a la basura y haberse ido a casa abochornados.

Incluso alguien que no haya pisado nunca una facultad de derecho se preguntaría cómo se puede considerar que la cláusula de un contrato es nula pero sólo por un tiempo, es decir, a partir de determinada fecha y no desde el momento mismo de la firma del compromiso. Pues, para asombro general,  los magistrados del Supremo actuaron más como miembros del consejo de administración de un banco que como defensores de la Ley y fallaron que obligar a los bancos a devolver todo el dinero de las cláusulas suelo ponía en peligro el sistema financiero.

Se me agota la capacidad de asombro ante el privilegiado trato político, económico y hasta judicial que se dispensa en España a los bancos, algo que dudo tenga parangón europeo. Mientras ellos no han dejado de desahuciar y embargar desde que se vino abajo el tinglado del ladrillo, los españoles hemos pagado a escote su rescate millonario, nos hemos tragado sus abusivas cláusulas suelo para acceder a una vivienda y hemos comprado sus participaciones preferentes opacas y sus acciones de Bakia bichadas.

Ninguno de los principales responsables de todo eso está entre rejas, en gran parte, porque todo eso se ha perpetrado con la connivencia, la complicidad y hasta el aplauso en ocasiones del Gobierno, del Banco de España y, como en el caso de las cláusulas suelo, incluso de la Justicia. Por primera vez en mucho tiempo y espero que sirva de precedente, me siento orgulloso de una institución de la UE: su Tribunal de Justicia ha dado una lección de justicia a España y a quienes anteponen los intereses privados al derecho y al bien general. 

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