La democracia cuestionada (y IV)

Vamos terminando. No he escrito este largo post para proponer soluciones mágicas a algunos de los problemas del sistema democrático que apenas he espigado en estas líneas. Ante todo porque no creo que existan, aunque como decía más arriba esa sea hoy la divisa de algunas de las llamadas fuerzas políticas emergentes. Lo anterior no quiere decir que no tenga algunas ideas de la dirección en la que en mi opinión se deberían orientar esas soluciones que, en ningún caso, pueden ser sencillas porque el panorama es extraordinariamente complejo.

No hay soluciones simples ni mágicas

En cierto modo, los cambios que considero requiere el sistema democrático ya están implícitos en la crítica recogida en este post. Es urgente encontrar mecanismos institucionales que fomenten una verdadera separación de poderes, demanda planteada con insistencia pero sin éxito por la sociedad y por los propios actores jurídicos desde hace décadas. Una ciudadanía que desconfía de la independencia de su sistema judicial por la promiscuidad con el poder ejecutivo y político es una ciudadanía a la que se le hace cuesta arriba creer con convicción en la democracia. Los partidos son los responsables de la situación que ellos han creado y sobre ellos recae el deber democrático de resolverla.

Los parlamentos no pueden renunciar a su papel de espacio de debate  sobre los proyectos y las soluciones canalizados a través de los partidos mediante los representantes de la soberanía popular. Unas cámaras legislativas cuya actividad se limita a asentir o rechazar lo que proponga el Ejecutivo o el partido o partidos que lo apoyan pervierten el verdadero parlamentarismo y alejan a los ciudadanos aún más de la actividad política. El debate es consustancial a la vida democrática y los partidos  no tienen derecho a enrocarse en posiciones numantinas que provocan repeticiones electorales innecesarias y bloqueos institucionales con grave daño para el sistema y demora de las soluciones que los complejos problemas sociales actuales requieren. Negociar, consensuar, transigir, transaccionar no son opciones que se toman o se dejan: son una obligación democrática.

Voto imperativo y listas electorales

Los diputados, representantes de la soberanía popular, deben ser algo más que números para completar mayorías y ejercer una función mucho más proactiva que la que comporta apretar el botón de votar de acuerdo a lo que ordene el jefe de filas. En un país como España, cuya constitución prohíbe expresamente el voto imperativo, es imprescindible un espacio mayor para la discrepancia aunque eso pueda provocar en determinados momentos situaciones de inestabilidad política. Es por eso imprescindible que cale en los partidos la cultura del diálogo y el acuerdo en lugar del expediente disciplinario y el prietas las filas.

Las listas electorales cerradas continúan impidiendo a los ciudadanos una elección verdaderamente libre de quiénes quieren que sean sus representantes y quiénes no. No es raro que el sistema, justamente llamado "partitocrático", perpetúe a representantes públicos manifiestamente incompetentes cuando no sospechosos de corrupción con el respaldo impertérrito de sus partidos. La única opción que tiene el elector es votar con la nariz tapada, cambiar de partido o abstenerse, algo por cierto cada vez más frecuente.

Las reflexiones de los politólogos y los datos contundentes de informes, sondeos y encuestas sobre los achaques de la democracia no parecen haber hecho mella en los partidos políticos, que en buena medida siguen actuando como si nada pasara y el sistema de libertades y derechos nos hubiera sido dado por un ser superior perfecto y para siempre. La corrupción, el cáncer político que con toda seguridad más daño causa, aún sigue pareciéndole a no pocos líderes políticos episodios aislados sin mayor importancia ni riesgo. Esos mismos líderes presumen habitualmente de los cambios legislativos que han impulsado y por lo general solo ven la corrupción en el partido rival y casi nunca en el propio.

Los jueces encargados de instruir ese tipo de sumarios se suelen ver sometidos a toda suerte de presiones en un contexto de escasos medios materiales y humanos para desarrollar su labor. Con frecuencia se puede asistir incluso a maniobras torticeras para librarse de jueces  incómodos al tiempo que el poder ejecutivo controla la fiscalía. Por no ponerse de acuerdo, los partidos ni siquiera son capaces de acordar a qué nivel debe situarse el listón de la tolerancia de sus propios miembros ante la corrupción, si en la imputación, la apertura de juicio o la condena firme.

En resumen, si hay una tarea inaplazable es regenerar la vida pública y evitar que siga aumentando la percepción social de que quien más o quien menos entra en política para llenarse los bolsillos. Esa percepción es injusta por cuanto proyecta la sospecha sobre toda la clase política pero también y sobre todo, porque corroe el pilar de la confianza imprescindible en una democracia entre cargos públicos y ciudadanos.

Una democracia para la globalización

El sistema democrático no puede ser un rígido molde eterno sino un sistema flexible capaz de adaptarse a las realidades sociales, políticas y económicas sin que ello suponga necesariamente abandonar sus grandes principios fundacionales. Las fronteras del estado nación vienen mostrando hace tiempo su impotencia ante la globalización: la soberanía nacional es un principio cada vez más cuestionado por los movimientos de capitales, los organismos multinacionales o la velocidad de las comunicaciones. Reflexionar sobre cómo incardinar la democracia en ese contexto global es uno de los grandes retos a los que hay que dar una respuesta que también debe ser lo más global posible: ¿tendremos que renunciar a más soberanía para poder tener más control compartido sobre los procesos económicos y sociales de ámbito planetario que  nos afectan? ¿ podremos afrontar esa realidad proteica no solo dentro de nuestras fronteras sino creando además nuevas fronteras artificiales con nuevos estados independientes?

Para terminar me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que la democracia que en un país como España tardamos más de cuatro décadas en recuperar, es el resultado de un esfuerzo permanente de ciudadanos y representantes públicos para encauzar las demandas sociales a través de organizaciones e instituciones capaces de darles respuesta de forma pacífica. Llamar a todo eso "el régimen del 78" y la "casta" en tono despectivo, no es solo una irresponsabilidad política sino una demostración palmaria de deliberada ignorancia histórica. El mesianismo y el adanismo de determinados líderes políticos que se consideran a sí mismos poco menos que los inventores de la democracia al tiempo que sus salvadores, no puede sino irritar a quienes vivieron bajo la dictadura y conocen los esfuerzos y renuncias que hubo que hacer para restaurar un sistema de derechos y libertades en este país.

La democracia española, a pesar de lacras como la corrupción, es perfectamente homologable a la de los países de nuestro entorno y tiene en general los mismos achaques y problemas. Pero es ante todo un sistema de derechos y libertades que tampoco cayó del cielo sino que es el fruto del acuerdo de sucesivas generaciones de ciudadanos afanosos por vivir en una sociedad cada vez más próspera, tolerante, libre y abierta. Preservar, mejorar y ampliar esas conquistas históricas es deber y derecho de todos los ciudadanos frente a quienes, desde sus atalayas de supuesta superioridad moral, buscan atajos por la extrema derecha o por la extrema izquierda para llegar a presuntos paraísos que solo existe en sus imaginaciones calenturientas. Como dejó dicho Karl. Popper "constituye un error culpar a la democracia de los defectos políticos de un Estado democrático. Más bien deberíamos culparnos a nosotros mismos, es decir, a los ciudadanos del Estado democrático".