Ansiedad turística

Vamos a ser benevolentes y atribuir a la ansiedad que la ministra Maroto llamara ayer "San Bartolomé de Tijuana" a la localidad turística grancanaria de San Bartolomé de Tirajana. Mejor no pensar que el patinazo fue simplemente el fruto de su total desconocimiento y el de sus asesores de una actividad de la que es la presunta responsable pública en este país, aunque su gestión desde el inicio de la pandemia haya estado mucho más emparentada con las artes adivinatorias que con la realidad. En varias ocasiones ha presagiado la ministra la vuelta del turismo y en todas ha fallado, siempre por exceso de optimismo sobre la evolución de la pandemia o por deseos de agradar o por las dos cosas a la vez. 

Una ministra para el olvido

Aunque solo sea por un simple cálculo de probabilidades, espero que su último oráculo sobre el regreso de los turistas el próximo verano sea el acertado: si se juega todos los días a la lotería hay más oportunidades de que alguna vez toque al menos el reintegro. Por fortuna, que eso ocurra no dependerá de ella porque, si así fuera, ya nos podríamos despedir para siempre de la industria que antes de esta crisis representaba más del 12% del PIB español y una tercera parte larga del PIB canario. 

Me temo por desgracia que el paso de la señora Maroto por el Ministerio se reducirá a un puñado de augurios incumplidos y a unos cuantos planes nunca concretados, como el que anunció recientemente de 3.400 millones de euros para la "transformación", "modernización", "sostenibilidad", "digitalización" e "inclusividad" del sector turístico. Palabrerío vago y vacío de contenido para disimular el mano sobre mano que ha caracterizado su gestión durante todo este tiempo. 

Vacunación, palabra clave

Serán la vacunación y la evolución de la enfermedad en España y en los países de los que procede la mayoría de los turistas que nos visitan las que marquen el ritmo de la recuperación turística. Un rebrote volvería a frustrar las expectativas y alargaría la agonía de miles de empresas y de centenares de miles de trabajadores que dependen directa o indirectamente de que vuelvan los turistas. En ese contexto es vital también que la UE defina de una vez los detalles del llamado certificado verde digital para viajar: teniendo en cuenta el peso específico del turismo en muchas economías de la eurozona, asombra a estas alturas que los países miembros no hayan cerrado una medida que beneficia a todos, así como la falta de liderazgo de la Comisión Europea para impulsar el acuerdo. Cansados de esperar, Grecia e Italia, competidores de España, han decidido abrir sus fronteras al turismo y, supongo, encomendarse a todos los santos para evitar la recaída.

Con estas incertidumbres aún en el horizonte, las previsiones solo son optimistas en parte: a finales de este año se espera haber recuperado el turismo nacional pero el internacional se demorará seguramente hasta 2023. Los cálculos de Maroto - tal vez demasiado optimistas como siempre - apuntan a que España podría recuperar este año unos 45 millones de visitantes, algo más de la mitad de los que recibió en 2019, año récord en la serie histórica. Eso equivaldría a una facturación de unos 85.000 millones de euros, unos 70.000 millones menos que hace dos años. En otras palabras, que el turismo pase del 7% actual en el PIB al 12% previo a la crisis llevará aún algún tiempo siempre y cuando nada se tuerza en el camino. 

La gravedad del problema se entiende mucho mejor si tenemos en cuenta que un euro de gasto turístico genera otros cuatro en actividades complementarias; o mejor aún, si valoramos que en estos momentos hay 445.000 trabajadores turísticos en ERTES y otros 300.000 largos se han quedado sin empleo. Es comprensible la ansiedad que genera esta situación pero, tal vez por ello, es clave no empeorarla tomando decisiones precipitadas. Levantar el estado de alarma sin haber avanzado más en la vacunación ha sido una de esas decisiones irresponsables, que esperemos no termine volviéndose en contra de los miles de trabajadores y sus empresas que esperan sobrevivir a la crisis y a la errática gestión gubernamental. 

A vueltas con el cambio de modelo

Mientras, aún es posible escuchar a políticos con mando en plaza hablar de cambiar el modelo económico para reducir la dependencia turística. La monserga es particularmente trágica en Canarias, en donde casi cuatro de cada diez empleados se relacionan directa o indirectamente con el turismo. Se necesitan tener ganas de notoriedad o estar en Babia para plantearse algo así en una coyuntura en la que, si no vienen los turistas, seremos muchos canarios los que tendremos que emigrar. A los mismos que ahora piden diversificar la economía canaria les preguntaría qué hicieron para conseguirlo cuando pudieron y debieron, pero no lo hicieron porque los hoteles estaban llenos, había tasas de paro soportables aunque mucho empleo fuera precario y entraba dinero fresco en las arcas públicas para alimentar la corte política y la elefantiasis de la Administración. 

La respuesta es nada, absolutamente nada, aparte de repetir el mantra en sus programas electorales sin la más mínima intención de llevarlo alguna vez a la práctica. Así que en esta situación de ansiedad y esperanza, en la que sobran oráculos y faltan certidumbres y en la que corremos el riesgo de dar pasos en falso que perjudicarían a miles de trabajadores, lo mejor que podrían hacer estos desnortados descubridores de la pólvora sería no sonrojarnos a todos con su deliberada falta de memoria y hasta de vergüenza.  

No, vivir aquí no es una suerte

Dice un viejo y manoseado lema publicitario, falaz como casi todos los de su tipo y empleado para un roto y un descosido, que es una suerte vivir en Canarias. Yo niego la mayor, vivir en Canarias nunca ha sido una suerte y menos que nunca en los pandémicos tiempos actuales. Apenas que miremos más allá de las playas paradisiacas y de otros cuatro o cinco tópicos con los que los canarios solemos consolarnos, descubriremos un horizonte preñado de incertidumbres en el que es casi imposible atisbar algo que sugiera un futuro menos gris y deprimente para la gente de esta tierra. Dirán ustedes que he amanecido algo pesimista y no lo niego, pero no encuentro razones para el optimismo por más que las busque. 

Si uno comienza el día echando un vistazo a los periódicos apenas encuentra otra cosa que no sea el cansino conteo diario de contagiados, fallecidos y vacunados y poco más a lo que merezca la pena dedicarle algo de tiempo y atención, salvo que a estas alturas aún interesen a alguien los insufribles dimes y diretes entre políticos. Es como si el tiempo se hubiera detenido para siempre en marzo de 2020 y desde entonces viviéramos un eterno día de la marmota del que ya será imposible salir. Pero si nos centramos en las cosas que realmente importan y dejamos a un lado la faramalla insustancial con la que nos solemos dopar para conllevar esta pesadilla sin caer en la más absoluta melancolía, no veo ningún dato que invite a mirar con una pizca de confianza el futuro más próximo ni en lo sanitario ni en lo social ni en lo económico ni en lo político.

Sanidad: ni vencemos el virus ni avanzamos con la vacunación

En el plano sanitario llevamos meses bailando la yenka con el virus: ahora baja aquí pero sube allá, ahora elevo el nivel en esta isla y lo bajo en la otra y, mientras los contagios vuelven a ganar terreno, espero el santo advenimiento a ver si aburrido se va y nos deja en paz de una bendita vez. Si hablamos de vacunación prometemos en el Parlamento que estamos en disposición de dispensar 33.000 vacunas diarias, pero lo cierto es que seguimos casi a la cola del país en administración de la pauta completa, sin que nadie dé una explicación satisfactoria que no pase por echar la culpa a otros. Si añadimos la lamentable gestión de las vacunas que han hecho las autoridades comunitarias y españolas y las improvisaciones y cambios de criterio del plan nacional de vacunación, que no han hecho sino aventar la desconfianza social, ya me dirán cómo se puede mantener aún a estas alturas el optimismo que rodeó el inicio de la campaña a finales de diciembre pasado. 

(Juan Carlos Alonso)

Para terminar de enredar aún más la situación, el Gobierno anuncia el fin del estado de alarma pensando más en razones políticas que sanitarias, y sin haber previsto junto al Parlamento un amparo jurídico que permita a las comunidades autónomas adoptar medidas restrictivas para hacer frente a un virus que no parece ni mucho menos bajo control, como ha pretendido hacernos creer el presidente en dos ocasiones. Tal vez si durante el año largo que dura ya la pandemia nos hubiéramos dedicado mucho más a combatirla con más tino y sentido común que el demostrado y mucho menos a darla por derrotada para salvar temporadas turísticas varias, hoy podríamos tener en Canarias alguna esperanza de salvar al menos parte de la de verano y seguramente la de invierno. 

La economía en la UCI y la salud social dañada

La realidad en términos de trabajadores en ERTES o en paro no se compadece en cambio con los mensajes que como árnica repiten a diario los responsables públicos sobre crecimiento, PIB o empleo, meros deseos que las estadísticas se han ido encargando de desmentir uno a uno. Usando un símil sanitario muy apropiado en la actual situación, se puede afirmar que la economía canaria está en la UCI a la espera de que llegue la prometida respiración asistida en forma de las ayudas directas que un año después del inicio de la pandemia ha tenido a bien aprobar el Gobierno español, mientras sus homólogos francés, italiano o alemán las aprobaron y entregaron hace más de un año. Para el turismo, la sangre que impulsa la economía canaria y para el que sigue sin haber alternativa viable por mucho que se anuncien por enésima vez planes de diversificación económica en los que casi nadie en realidad cree, solo ha habido promesas varias veces anunciados y nunca materializados en algo concreto y tangible. 

(Carlos de Saá)

No es posible esperar una buena salud social con este desolador panorama sanitario y económico. Las ONGs como Cáritas, Banco de Alimento o Cruz Roja reportan incrementos alarmantes de pobreza y exclusión que parecen  haber desbordado los servicios sociales públicos. Mientras, los políticos se tiran los trastos o presumen en las redes de una gestión social manifiestamente mejorable a la vista de los resultados. Por si todo lo anterior fuera poco, el Gobierno central ha decidido que Canarias sea dique de contención de la inmigración irregular procedente de África con rumbo a Europa y ha desoído por activa y por pasiva las quejas de un presidente autonómico incapaz de hacer valer ante Madrid la posición ampliamente mayoritaria de la sociedad canaria. A una gestión opaca y prepotente del fenómeno, Madrid ha unido además el trato inhumano a estas personas y ha generado un clima de malestar y tensión social que nunca es positivo y mucha menos en medio de una crisis social y económica como la causada por el coronavirus. 

Cierto es que sale uno a la calle y ve que terrazas, centros comerciales o playas aparecen abarrotadas de gente que parece feliz y despreocupada, en ocasiones tan despreocupada que hasta olvida usar la mascarilla o mantener la distancia de seguridad. No sé si es inconsciencia colectiva del oscuro panorama que tienen ante sí estas islas o si hay una suerte de dopaje social que lleva a muchos a creer que el Estado proveerá con dinero tal vez caído del cielo aunque desaparezcan la mayoría de las empresas y no haya trabajo más que para un grupo de elegidos. Aunque también puede que yo tenga una visión muy desenfocada de la realidad que me rodea, es decir, que yo me equivoque de medio a medio y que ciertamente sea una suerte vivir en Canarias. 

Ayudas directas: tardías y escasas

Uno de estos meses, con suerte antes de que acabe el año, recibirán las empresas españolas que aún  sobrevivan a la crisis y reúnan los requisitos, el magro maná que en forma de ayudas directas les concede el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero calma y paciencia, que las cosas de palacio van más despacio que de costumbre, que ya es decir: para que eso ocurra debe producirse una conjunción astral de las burocracias estatal y autonómicas y luego, si ningún otro obstáculo se cruza en el camino, se transferirá el dinero a sus felices beneficiarios, que en realidad lo necesitaban con urgencia para el año pasado. 

Si entonces el Gobierno español hubiera seguido los pasos del alemán, el francés o el italiano, que no dudaron en aprobar ayudas no reembolsables para que las empresas con problemas de liquidez capearan el temporal, muchos autónomos y pymes españoles no habrían echado el cierre y muchos trabajadores no habrían ido al paro. Pero así es este país, de los otros solemos importar lo menos bueno antes que nadie pero somos los últimos en imitar lo más útil y urgente. 

Comparativa desfavorable para España

Pero no es solo que las ayudas lleguen con retraso en España, sino que las cuantías son también las más raquíticas. Frente a los 11.000 millones aprobados por Sánchez, 7.000 de los cuales los gestionarán las autonomías, tenemos los 50.000 millones de Alemania, que va ya por el tercer mangerazo de liquidez, los 18.600 de Francia o los 25.000 de Italia. Y no es solo una cuestión de cuantías, sino también de cobertura: en todos los países mencionados las ayudas cubren porcentajes mayores de pérdidas que en España. En nuestro país se compensará entre un 20% y un 40% de pérdidas en las actividades más castigadas por la crisis, frente a Italia en donde la cobertura llega al 60%, Alemania, en donde se eleva al 90%, y Francia, que cubre el 100%. La cuantía máxima por empresa en España es similar a las de Francia e Italia, pero muy inferior a la de Alemana.

EFE

Además, a diferencia de esos países, en donde las ayudas se extienden a todos los sectores de la economía, en España solo llegarán a los más afectados, principalmente la hostelería, el ocio o el comercio. Bien es cierto y, hay que subrayarlo, que en España se han aprobado créditos reembolsables avalados por el ICO por importe de unos 120.000 millones y se han destinado a los ERTES otros 40.000 millones. Es un esfuerzo importante que, sin embargo, no debía haber sido excluyente respecto a las ayudas no reembolsable que muchas empresas necesitaban para pagar los gastos corrientes, reducir sus deudas con el banco o hacer frente a las facturas. 

Dichas ayudas eran más urgentes y estaban más justificadas si cabe, habida cuenta el destrozo económico provocado por la pandemia en un país tan dependiente del sector servicios y en donde el tejido empresarial está integrado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas de escaso músculo financiero. Todo lo cual contrasta con los rescates de empresas inviables como la aérea Plus Ultra, a la que se pretende hacer pasar por "estratégica" para entregarle 53 millones de euros, y en donde falta transparencia y sobra discrecionalidad sospechosa en la actuación del Gobierno. Aunque dicen que llorar sobre la leche derramada solo produce melancolía, conviene no olvidar cómo se han hecho las cosas para pasar factura cuando se presente la ocasión. 

Con la burocracia hemos topado: el caso canario

Estos son, grosso modo, las cifras de las esperadas ayudas directas. Pasemos a la letra pequeña, la gestión para que lleguen cuanto antes a las empresas y autónomos que las reclaman desde hace un año. A diferencia de Francia o Italia, en donde la gestión es centralizada, es decir, la lleva a cabo el gobierno nacional, en Alemania son los estados federados los que se encargan de ese trabajo. En España la función recaerá en las autonomías, con las que el Gobierno central no ha tenido siquiera la deferencia de reunirse para hacerles el anuncio y acordar una serie de criterios  comunes. 

La ministra de Hacienda se ha limitado a decir que se les transferirán mediante convenios los 7.000 millones de euros y a otra cosa, mariposa. Y es, llegados a este punto, cuando muchos nos hemos empezado a hacer cruces: ¿serán capaces las regiones de tramitar las peticiones de ayudas en tiempo y forma para que las empresas que las necesiten y cumplan los requisitos no mueran definitivamente de inanición financiera? Si les digo les engaño, pero no me hago muchas ilusiones. 

EFE

En primer lugar, el real decreto aprobado por el Gobierno a mediados de marzo deberá tramitarse como proyecto de ley, lo que demorará su entrada en vigor. Los grupos políticos presentarán enmiendas para revisar las actividades susceptibles de recibir ayudas respecto al centenar que ha previsto el Gobierno; por ejemplo, prever ayudas en Canarias para "agentes de ferrocarril" o "fabricantes de armas" suena cuando menos chusco. El riesgo cierto, ya advertido por los expertos de FUNCAS entre otros, es que la desigual capacidad de gestión de las autonomías genere también desigualdades territoriales en el buen uso de estas habas contadas que son las ayudas directas. En Canarias, la comunidad teóricamente más beneficiada en el reparto con 1.140 millones,  la ayuda podría  quedar en agua de borrajas si no se revisan las condiciones de acceso y la lista de sectores incluidos y excluidos para adaptarla a la realidad económica insular y, al mismo tiempo, no se decreta un verdadero zafarrancho de combate en la administración pública regional.  

Hay que ponerse las pilas ya

Lo cierto es que la burocracia autonómica canaria no se ha mostrado precisamente ágil y eficiente en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital o los 84 millones de euros en ayudas a fondo perdido a las empresas aprobados por el Ejecutivo canario, por poner solo dos ejemplos. ¿Por qué hemos de suponer que con las ayudas directas del Gobierno central será distinto? Y eso que no estamos hablando aún de los fondos de reconstrucción de la UE, de los que nos ocuparemos en otro momento,  que deberían llegar en los próximos meses y que también habrá que gestionar. 

Muy buenas pilas deberán ponerse el Gobierno canario y los empleados públicos para administrar unas ayudas que, al paso al que va la vacunación en España y aunque tardías y raquíticas, aún pueden evitar el cierre de muchas empresas y el adiós a la actividad de no menos trabajadores autónomos. No es un reto menor ni sencillo, como casi nada para nadie en medio de esta pandemia. Superarlo no es una opción sino una obligación pública ineludible ante la que no cabe arrastrar los pies: en caso de fracaso no habrá nadie a quien echar las culpas salvo al Gobierno autonómico y su incapacidad para la gestión del interés general.  

Vacunas tengas y las pongas

Salvo el Gobierno y sus entregados admiradores, que no suelen dudar nunca de lo que prometen el presidente y sus ministros o ministras, no creo que haya mucha gente en España que se crea a estas alturas que para el próximo verano se habrán vacunado contra la COVID-19 nada menos que entre 32 y 35 millones de personas, la llamada población diana. Y fíjense que no digo junio, julio o agosto, sino el "próximo verano", de forma vaga y ambigua, como hace la ministra de Sanidad. 

Partamos de la base de que la responsabilidad de que la vacunación avance a paso de tortuga no es solo del Gobierno español ni de las comunidades autónomas. Para ser justos hay que reconocer que el caos con las vacunas de AstraZeneca prometidas y no entregadas, ha trastocado los planes iniciales, que tampoco es que fueran un dechado de planificación. De ese descontrol sí hay que culpar en buena medida a una inoperante Comisión Europea, a la que chulea a placer la firma británica y que, lejos de coordinar la campaña con los estados miembros, ha terminado enfrentándolos y provocando un bochornoso sálvese quien pueda. 

Que cada palo aguante su vela

La guinda del desbarajuste la puso el reciente parón de la vacuna británica, después de la aparición de trombos en algo más de una treintena de vacunados con su fórmula. Ahora bien, que AstraZeneca y el Reino Unido estén jugando al nacionalismo sanitario con la UE, no exime a los gobiernos nacionales como el español de su respectiva cuota de responsabilidad en la lentitud con la que avanza la vacunación. Empezando porque se está administrando solo el 80% de media de las dosis recibidas y eso gracias al pequeño acelerón que ha experimentado la campaña en los últimos días, ya que hasta hace apenas una semana el porcentaje de dosis administradas sobre el total de recibidas se situaba en torno al 75%. No parece complicado deducir que si quedan vacunas por administrar en relación con las que se reciben es, en esencia, porque no se está haciendo el esfuerzo en medios sanitarios que la situación requiere. 

Esta realidad se cruza con una gestión cuando menos cuestionable de la vacunación de los principales grupos de riesgo. Así por ejemplo resulta inexplicable que, tres meses después de haberse iniciado la campaña, la ministra de Sanidad admita sin inmutarse que aún se tardarán al menos dos semanas en vacunar a todos los mayores de ochenta años. Se necesita casi tener la fe del carbonero para creer en las promesas del Gobierno, a menos que los datos de las próximas semanas cambien radicalmente. 

España y Canarias: números manifiestamente mejorables

A fecha de hoy, solo el 5,2% de la población diana ha recibido las dos dosis correspondientes, lo que representan solo 2,5 millones de de los cerca de 35 millones que deben recibir la vacuna. Los expertos más optimistas coinciden en señalar que, con estos datos en la mano, el objetivo no se alcanzaría antes de noviembre, mientras los más pesimistas lo llevan a bien avanzado 2022. Solo hay que tener en cuenta que el verano está a la vuelta de la esquina y las vacaciones de sanitarios y de millones de ciudadanos pueden suponer un nuevo parón que no nos podemos permitir. 

Si dispar es la situación entre países - en Marruecos y Turquía hay ya más vacunados que en España - no lo es menos por comunidades autónomas. Canarias en concreto se sitúa tres puntos por debajo de la media nacional en número de vacunas administradas por cada 100.000 habitantes. Aunque el presidente de la comunidad autónoma ha prometido en varias ocasiones que las islas vacunarían a un ritmo de 30.000 personas diarias, a fecha de hoy, el día en el que más vacunas se han puesto no se ha pasado de las 11.000. Es cierto que las islas van ligeramente por delante de la media nacional en personas que han recibido las dos dosis - 7% de Canarias frente al 5,2% nacional - pero para pasar de las apenas 100.000 personas vacunadas a las 1,35 millones que deben recibir la vacuna falta un larguísimo camino que, previsiblemente, no acabará en verano. 

A estas alturas resulta ocioso insistir en la importancia de vacunar a la población diana como paso previo e indispensable para empezar a hablar de recuperar la actividad económica. En ese sentido, los resultados obtenidos en las residencias de mayores, en donde los contagios han caído más del 90%, hablan por sí solos de la importancia de la vacuna. Por ello es menos comprensible si cabe la pachorra con la que las autoridades sanitarias se han tomado un asunto, que requería un verdadero zafarrancho de combate desde el primer momento para aprovechar hasta el último vial disponible. 

En abril, vacunas mil: ¿seremos capaces de ponerlas todas?

Ahora, la ministra de Sanidad anuncia para abril vacunas mil, como el refrán: la llegada este lunes de un millón de dosis de Pfizer y Moderna y de 5,5 millones de viales de la fórmula unidosis de Janssen a mediados de abril, aunque lo más probable es que la entrega se retrase hasta finales de ese mes. Con esas expectativas y a la espera de que la UE, el Reino Unido y AstraZeneca se pongan de acuerdo y lleguen las dosis comprometidas, podría ocurrir que de buenas a primeras tengamos muchas más dosis de las que somos capaces de administrar. Sin embargo, no parece que el Ministerio o las comunidades autónomas se hayan planteado un escenario en el que, habiendo viales suficientes, la vacunación no se acelera por falta de medios y de planificación. 

Si tenemos en cuenta que los datos de la pandemia no invitan al optimismo y que la Semana Santa podría ser la definitiva puerta de entrada a la cuarta ola, sería una irresponsabilidad mayúscula que no se agilizara al máximo la vacunación. Urge por tanto un plan que permita aprovechar todas las dosis y administrarlas cuanto antes y para ello hay que echar mano de los sanitarios a los que, de manera incomprensible e injustificada, el Ministerio y las comunidades autónomas han ignorado. No alcanzo a comprender por qué en Francia, Italia o Reino Unido vacunan los farmacéuticos y en España no se les permite. Y quien dice los farmacéuticos dice los veterinarios, los odontólogos o el personal sanitario de las Fuerzas Armadas; y dice también que es fundamental ampliar los lugares de vacunación a toda suerte de instalaciones en las que se puedan garantizar unas mínimas condiciones sanitarias. 

No puede ser que España haya superado ya las 75.000 muertes por coronavirus, que los contagios tiendan más a subir que a bajar y que la economía esté hecha unos zorros, mientras los responsables públicos arrastran los pies con las vacunas. Voy a confiar en esta ocasión en que esos responsables sepan actuar con la cordura y la diligencia que la situación requiere y no caigan en el viejo vicio nacional de improvisar y luego exculparse diciendo que "no se podía saber". 

Canarias: sin turistas no hay paraíso

Resulta ocioso a estas alturas subrayar la importancia económica del turismo para Canarias. Unos pocos datos bastarán para comprobarlo: el turismo representa más de un tercio del PIB de las islas y da empleo a casi un 40% de la población activa. De manera que, si los turistas no vienen, un modelo económico tan dependiente de una sola actividad se tambalea irremediablemente desde sus cimientos. Eso es precisamente lo que está pasando a causa de la pandemia de COVID-19, que ha venido a poner en evidencia con toda crudeza las debilidades del modelo productivo de las islas. Zonas turísticas hasta hace un año llenas de vida y actividad, aparecen hoy mustias y prácticamente desiertas. Hemos pasado de tener 15 millones de visitantes en 2019 a unas decenas de miles al año siguiente, con el lógico impacto sobre todo el tejido económico y social. 

La crudeza de las cifras

Las estadísticas más recientes sitúan el número de parados en casi 300.000  y los trabajadores en ERTES rondan el 35% de la población activa. La riqueza canaria se contrajo el año pasado en unos 11.000 millones de euros al bajar de 46.000 a 35.000, empobreciendo aún más a una comunidad autónoma que nunca ha ocupado los primeros puestos de la primera división de la riqueza nacional. Y ello es así porque, a pesar de las espectaculares cifras de turistas que llegaban año tras año antes de la pandemia, Canarias arrastra un paro crónico al que le cuesta bajar del 20% y unos porcentajes de riesgo de pobreza y exclusión que se elevan hasta el 35%. Las causas de esa aparente contradicción entre hoteles permanentemente llenos y deficiente distribución de la riqueza son variadas y complejas y analizarlas ahora nos llevaría mucho tiempo. 

En todo caso, a nadie se le puede ocultar que después de un año con los hoteles prácticamente vacíos y sin contar lo que aún pueda demorarse la ansiada recuperación, las cifras de paro y pobreza se agravarán en los próximos meses. Así por ejemplo, es probable que muchos trabajadores protegidos hoy por los ERTES pasen a engrosar también las listas del paro. Incluso confiando en la vuelta de los turistas en verano o en invierno en función de cómo evolucione la pandemia en los mercados emisores y en el propio destino, el futuro turístico es más incierto que nunca. 

El turismo que viene y los deberes pendientes

Si los expertos están en lo cierto, vamos a asistir en los próximos meses a una competencia feroz entre destinos para atraer visitantes por la vía del abaratamiento de los precios. Los grandes touroperadores no dejarán pasar la oportunidad de endurecer las condiciones para las reservas y la contratación y los hoteleros no tendrán más remedio que pasar por el aro o cerrar. La presión a la baja de los precios turísticos empujará en la misma dirección a los salarios y las condiciones laborales probablemente empeorarán. Este panorama sorprende a Canarias sin haber hecho los deberes tantas veces prometidos por los políticos y tantas veces aplazados: diversificar la economía regional para que situaciones sobrevenidas como esta, no causen tanto daño social y económico y sea posible recuperarse en menos tiempo y con menos dependencia de factores y agentes exógenos. 

Por no hacer ni siquiera se han hecho los deberes en el propio sector turístico, a pesar de ser el que tira de toda la economía. Por citar solo algunas de las debilidades más sangrantes, el grado de dependencia de touroperadores y compañías aéreas es prácticamente total y el uso de internet para la captación de reservas muy bajo; ni siquiera se han empezado a explorar nuevos nichos turísticos como el de los viajeros que desean combinar ocio y trabajo a distancia y, por no tener, un destino de primer orden como Canarias no dispone de una escuela de turismo y hostelería, que sea referente internacional y que prepare a las nuevas generaciones para ocupar los puestos que hoy desempeñan personal más cualificado llegado de fuera. 

Con esta alarmante falta de mimbres y armados solo con el sol y la playa y una planta hotelera no siempre acorde a los tiempos, se enfrenta el turismo canario a la era postcovid, en la que pocas cosas serán como antes. A las incertidumbre sanitarias relacionadas con la eficacia de las vacunas, se unirán elementos nuevos como la exclusión de los viajes de importantes segmentos de la población golpeados por la pandemia. Es muy probable que aumente considerablemente el interés por el turismo doméstico y de naturaleza, alejado de destinos masificados de sol y playa como el canario. Los turistas mirarán con lupa las condiciones sanitarias del destino y, aunque Canarias tiene ventaja en este capítulo frente a algunos destinos de la competencia, mantener esa seguridad generará costes nuevos que influirán en una cuenta de resultados ya muy resentida. 

Poderes públicos: del voluntarismo a la pasividad

Una realidad tan compleja e incierta para una actividad tan vital para Canarias, sin duda el territorio más afectado económicamente por la pandemia, no se ha visto correspondida en cambio por una gestión proactiva de unas administraciones públicas que obtienen buenos ingresos fiscales cuando hay vacas gordas. Al Gobierno de Canarias le está sobrando voluntarismo y faltándole recursos e ideas para ir más allá de la subvención, la ayuda o la campaña promocional en un constante quiero y no puedo. Poco cabe esperar también del Gobierno central, cuya responsable de Turismo lleva meses actuando más como pitonisa que como encargada pública del segundo destino turístico mundial después de Francia, según datos de 2018. 

La señora Maroto se ha pasado un año anunciando la recuperación del turismo para el próximo verano, la próxima Navidad, la próxima Semana Santa y así hasta el infinito. Sin embargo, no se le paga para lanzar augurios para los que, por otro lado, no parece muy dotada, sino para gestionar medidas que ayuden a recuperar la actividad. Su gestión de los corredores seguros para el turismo fue sencillamente nula, aunque buena prueba de su completa incapacidad es el flagrante incumplimiento de su promesa de julio de 2020 de impulsar un plan estratégico específico para el turismo canario, que ni está ni se le espera. 

No ha sido mi intención cargar las tintas en este artículo pero tampoco vestir de rosa una realidad más que oscura. Es cierto que, a pesar de los millones de turistas que llegaban antes de la pandemia, Canarias nunca fue un paraíso como se empeñan en hacer creer los viejos tópicos que tanto cuesta erradicar incluso en el Gobierno central. Sin embargo y, teniendo en cuenta que ningún modelo económico se puede cambiar o diversificar vía decreto pese a lo que intentan vender algunos políticos con mando en plaza, el turismo tendrá que continuar siendo la principal actividad simplemente porque no hemos querido, podido o sabido desarrollar otras alternativas o complementarias y disponer las cosas para una redistribución más equitativa de la riqueza. 

Y por eso, sin turismo y sin turistas no solo no habrá paraíso a medio y largo plazo, sino que se incrementarán más aún el paro y la pobreza en una tierra que sigue viendo como la riqueza que se genera en ella nunca revierte en mayores cotas de bienestar para toda su población.  

Canarias y la inmigración: peor, imposible

Es muy difícil, por no decir imposible, encontrar aspectos positivos en la política migratoria del actual Gobierno español. En primer lugar, porque no existe nada que merezca ese nombre más allá de poner en práctica las mismas medidas que el gobierno anterior, solo que con menos diligencia y de forma mucho más chapucera. Para un Ejecutivo que llegó al poder presumiendo de sus intenciones y que sacó todo el rédito político que pudo a la crisis del Aquarius, - a cuyos pasajeros luego abandonó a su suerte -, no es como para estar precisamente orgulloso. 

Debido a diversos factores como el bloqueo de la inmigración en el Mediterráneo, la inestabilidad política y la sequía en el Sahel, Canarias viene recibiendo un flujo constante de inmigrantes irregulares a través de pateras y cayucos desde finales del verano de 2019. El fenómeno se mantiene con algunos altibajos hasta la fecha, sin que haya indicios de que irá remitiendo a corto o medio plazo. Ya entonces la situación amenazaba con colapsar el frágil sistema de acogida de Canarias, heredero venido a menos del que se organizó y funcionó razonablemente en la crisis de los cayucos de 2006, en la que arribaron a las islas por mar unos 35.000 inmigrantes irregulares. Por descontado, ni en aquellas cifras ni en las actuales se cuentan las miles de vidas perdidas en el mar persiguiendo el derecho a una vida mejor lejos del hambre, la enfermedad, la miseria y la guerra. 

Un sistema de acogida desmantelado

El sistema de acogida de 2006 se desmanteló casi en su totalidad, pensando tal vez que una llegada masiva como aquella no se repetiría jamás. Se equivocaron por completo aunque, para pasmo de los ciudadanos, el Gobierno anterior y el actual siguieron consignando una partida presupuestaria  para financiar los gastos del centro de internamiento de extranjeros de Fuerteventura. El pequeño detalle es que el centro llevaba cerrado varios años. 

Solo ese hecho, anecdótico si se quiere, pone por sí solo de relieve el desbarajuste que ha presidido la política migratoria en este país. Cuando la nueva oleada migratoria del otoño de 2019 empezó a encender todas las alarmas ante la situación humanitaria que se nos podía venir encima si no se actuaba, la reacción política fue literalmente la de mirar a otro lado y practicar la estrategia del avestruz. A pesar de las advertencias de las organizaciones no gubernamentales e incluso de representantes diplomáticos españoles conocedores de la realidad del Sahel, tanto el Gobierno de Canarias como el central hicieron oídos sordos: el mantra más repetido fue que el repunte de pateras era el habitual de todos los años por esas fechas y obedecía a las condicionales favorables para la navegación entre la costa occidental africana y las Islas; incluso cuando pasó el otoño y llegó el invierno y las condiciones del mar empeoraron, siguieron repitiendo el mismo argumento cada día más insostenible.

La culpa es del hombre del tiempo

La milonga alternativa en Canarias, Madrid y Bruselas era que había que ayudar al desarrollo de los países emisores de emigrantes, al tiempo que insistían en advertir del riesgo de que se produjeran fenómenos racistas y xenófobos si se hablaba demasiado del problema. Lo mejor por tanto era ponerle sordina al drama humanitario que iba tomando forma en los puertos de llegada de las pateras. En resumen, dijeron de todo pero no movieron un dedo para prepararse y actuar en consecuencia hasta que avanzado 2020 la cruda realidad acabó con sus ensoñaciones de políticos mediocres. 

Para cuando quisieron darse cuenta, el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, se había convertido en un inmenso campamento humano en el que llegaron a pernoctar en condiciones indignas y en plena pandemia de COVID-19 cerca de 4.000 personas. Las imágenes del hacinamiento que sufrían los inmigrantes día a día mientras continuaban llegando más, no tardaron en dar la vuelta al mundo e inundar las redes sociales. Sensibles como siempre a las críticas, los negligentes políticos que con su dejadez habían propiciado aquellas situación salieron por fin de su letargo y empezaron a actuar de prisa y corriendo. 

Sin embargo, de los tres centros de internamiento de extranjeros que había en las Islas solo funcionaba el de Tenerife y para entonces ya estaba desbordado. Otro tanto empezaba a ocurrir con los establecimientos para menores inmigrantes no acompañados, que tampoco daban más de sí. La mágica solución que encontró el inefable ministro del Interior fue levantar nuevos campamentos en otros puntos de Canarias y utilizar instalaciones militares abandonadas para dar acogida a los inmigrantes. Todo esto después de una bochornosa descoordinación entre los ministerios de Interior, Defensa y Migraciones que vino a agravar más el problema.

Canarias, cárcel flotante en el Atlántico

Cuando el Gobierno socialista de Canarias se percató de que sus compañeros del Gobierno central no tenían ninguna intención de derivar inmigrantes a otras comunidades autónomas para aliviar la situación en las Islas, el presidente autonómico cambió de discurso y adoptó un tono de enfado impostado que ni entonces ni ahora ha conseguido convencer más que a los suyos. En medio de la crisis, con miles de personas durmiendo al raso en un muelle pesquero, el ministro Escrivá dijo en sede parlamentaria que visitaría las Islas cuando encontrara "holgura" en su agenda, lo que indignó aún  más a la opinión pública insular. Y para coronar la cadena de despropósitos, el ministro Marlaska se negó a derivar inmigrantes alegando que la UE lo prohíbe, algo que Bruselas solo tardó unas horas en desmentir con rotundidad. Así las cosas, ¿qué podía salir mal?

La situación actual sigue siendo igual de mala e incluso más preocupante desde el punto de vista social. Ante la presión, Interior accedió finalmente a derivar a inmigrantes a la Península, pero lo hizo de una forma tan poco transparente y chapucera, abandonando a estas personas a su suerte en varias ciudades españolas, que lo único que consiguió fue diseminar el problema. En Canarias, del "campamento de la vergüenza" de Arguineguín se ha pasado a otro como el de Barranco Seco en el que las condiciones de vida son similares y el respeto a los derechos de estas personas vuelve a brillar por su ausencia. Grupos de menores no acompañados han sido alojados en instalaciones de pequeñas ONGs que apenas tienen capacidad para atenderlos y otros 4.000 inmigrantes residen en hoteles turísticos, ahora vacíos por la pandemia.

Una situación explosiva

La crisis social y económica que vive un archipiélago como este, dependiente en alto grado del turismo, se ha convertido así en el escenario ideal para la tormenta perfecta y caldo de cultivo para que, a las primeras de cambio, aparezcan brotes de racismo y xenofobia. Las redes sociales que difunden altercados callejeros en los que intervienen inmigrantes hacen de mecha incendiaria de una situación cada vez más explosiva. 

Lo lógico y razonable sería incrementar las derivaciones y aumentar los medios materiales y humanos y los acuerdos bilaterales para repatriar a aquellos que alteren el orden público o no tengan derecho a asilo o refugio. En paralelo es necesario arbitrar soluciones para la situación de los menores, más allá de confiárselos a alguna ONG con buena voluntad pero escasa capacidad de gestión. Esto de manera inmediata antes de que se extienda más la percepción cierta de que el Gobierno central y la UE tienen la indisimulada intención de convertir a Canarias, y en particular a Gran Canaria, en una suerte de nueva Lesbos o Lampedusa en el Atlántico. 

Después habrá que exigir a Bruselas que de una bendita vez se plantee algún tipo de política migratoria que permita regular y ordenar unos flujos humanos que seguirán operando haya o no vías legales para hacerlo. A la vista está el fracaso de la política de pagar a países poco amigos de respetar los derechos humanos como Turquía o a estados fallidos como Libia, a cambio de que frenen la llegada ilegal por mar de personas a suelo comunitario. 

Lo que no se puede hacer es actuar como malos bomberos que llegan al incendio cuando el fuego se ha descontrolado a pesar de haber sido alertados con tiempo más que suficiente. Porque eso es justamente lo que hicieron los Gobiernos de Madrid y de Canarias mientras en la UE miraban a los celajes. Debieron actuar con prontitud ante el fenómeno pero prefirieron encomendarse al hombre del tiempo a ver si escampaba solo. Esperemos que todavía no sea demasiado tarde para enmendar tanta incompetencia. 

Videojuegos y consenso

El Gobierno de Canarias no ha tenido más remedio que plegar velas y guardar en un cajón la consola de los videojuegos que pretendía introducir en la escuela pública por la vía de las actividades extraescolares y a través de una liga de colegios. Me alegré sinceramente cuando conocí la noticia y así lo expresé públicamente en las redes sociales. Analizando más de cerca las circunstancias que han llevado al Gobierno a replantearse el proyecto, llegué a la conclusión de que tal vez la satisfacción no estaba plenamente justificada. Supuse, tal vez de forma un tanto precipitada, que el cambio de opinión estaba directamente relacionado con el cerrado rechazo cosechado por el Gobierno entre padres, profesores, profesionales de distintos campos y, sobre todo, de la práctica totalidad de las fuerzas políticas; de hecho, el único apoyo político con el que contaba el Gobierno era el de la Agrupación Socialista Gomera y la propia CC. 

Abrir este asunto al debate social y político - como anuncia ahora la Consejería de Educación - me parecía y me sigue pareciendo la forma correcta de afrontar una realidad insoslayable de la sociedad actual. Ahora bien, lo que me pregunté entonces y me sigo preguntando ahora es la razón por la que la Consejería no buscó ese consenso desde el primer instante en lugar de ofrecerlo cuando ya no queda más remedio que transigir ante el rechazo generalizado. Me gustaría que alguien de la Consejería explicara a los ciudadanos y a la comunidad educativa qué impidió convocar a los sectores concernidos para debatir y acordar sobre esta cuestión. Todo ello, sin menoscabo de la autoridad del Gobierno para tomar sus decisiones que, no obstante y tratándose de un Ejecutivo en clara minoría parlamentaria, debería hacer un mayor esfuerzo si cabe para que sus decisiones reciban el mayor respaldo posible. 

Foto: eldiario.es

Por desgracia me temo que este inesperado ataque de consenso que ha experimentado la administración educativa es menos sincero de lo que me pareció a primera vista. Dicho en otras palabras, el repentino cambio de posición - hasta el mismo día anterior la consejera Monzón había defendido que el Gobierno seguiría adelante con la idea - se debió sobre todo al temor a un cambio de la ley de Educación encaminado a prohibir los videojuegos en las aulas. La medida, anunciada por el PP en el Parlamento, habría conseguido una amplia mayoría y habría dejado al Gobierno sin capacidad de maniobra para continuar adelante con la contestada iniciativa. Se puede decir por tanto que el Gobierno ha hecho de la necesidad virtud negociadora cuando pudo haber actuado mucho menos pagado de sí mismo y haber sometido al debate público sus planes sobre los videojuegos. 

Tal vez así podría haberse reducido ese "déficit de información" que Educación le atribuye de forma insistente a quienes recelan de los videojuegos, en buena medida con razonamientos fundados en evidencias científicas que la Consejería parece desdeñar alegremente, escudándose en una jerga poco comprensible sobre el acompañamiento de las familias a los chavales que practican videojuegos. Espero que el Gobierno haya aprendido la lección y aunque sea a la fuerza se avenga ahora al consenso, más impuesto que buscado, con espíritu abierto. En un asunto en el que entra en juego la educación de las futuras generaciones no se puede actuar de manera unilateral, en virtud de preferencias personales ni al calor de intereses particulares, por muy legítimos que sean. Ojalá que la oferta de consenso sobre los videojuegos sea para bien y que fructifique en un acuerdo amplio que determine, en su caso, el alcance y el papel de su presencia en la escuela. 

Clavijo y los medianeros

Es bien conocida la aversión del presidente canario, Fernando Clavijo, a tratar con medianeros de otros partidos políticos: a él lo que le pone es tratar en persona y personalmente con los jefes máximos de esos partidos. Así se lo espetó en su día a los socialistas canarios y así ha vuelto a hacer ahora con los populares. Justo cuando Asier Antona empezaba a entonar su aria de bravura presupuestaria, va Clavijo y se reúne en Madrid con Pablo Casado, un encuentro que vale por toda una declaración de intenciones. La versión oficial dice que el encuentro tenía como objetivo pedirle al líder de la derecha - uno de los dos líderes de la derecha, preciso - que le eche una mano para que Pedro Sánchez permita a Canarias gastarse en servicios públicos esos 600 millones de euros de superávit, que parecen pesarle como una losa al Gobierno de Canarias. 

Ni al más lerdo observador político se le pasaría por alto que en la reunión tiene que haber salido a relucir la reiterada petición de los populares canarios para que Clavijo acometa de una vez una rebaja generalizada del IGIC. Eso, o el PP no le apoyará las cuentas públicas del año que viene, año de elecciones, con lo que eso suele fastidiar a un partido en el Gobierno que aspira a repetir. Ahí tienen, además, a Pedro Sánchez remoloneando con la "agenda canaria" y posponiendo para las calendas griegas la firma de los compromisos con las Islas. Mientras él se dedica a tiempo completo a la crisis catalana y a los caprichos de Torra, algunos de sus ministros viajan a ultramar más en clave electoralista que institucional, provocando un razonable malestar ante el ninguneo. 

No creo que a Casado le cueste mucho convencer a su hombre en Canarias para que no le amargue el dulce presupuestario a Clavijo. Bastará con que le recuerde que apoyó a Sáenz de Santamaría en el congreso del PP en el que el elegido fue Casado, para que Antona se avenga a razones. Si a eso une en su recordatorio que las candidaturas del año que viene las visará Casado, el aria de bravura presupuestaria de Antona es posible que se transforme en aria amorosa ma non troppo, entonada a dúo con Clavijo en el teatro de Teobaldo Power. Claro que antes de ese dulce instante pasarán semanas y semanas en las que Antona y los suyos repetirán de lunes a lunes y de la mañana a la noche que sin bajada generalizada del IGIC no habrá presupuestos. Es el ineludible peaje que habrá que pagar un año más para escuchar al final a los populares justificando el apoyo a unas cuentas que juraron rechazar hasta el día del Juicio Final.

Foto: El Día

Es probable que para guardar las apariencias y hacerle el trance menos duro al PP, Rosa Dávila se avenga a tocar el IGIC aquí y allí, pero nada más: de rebaja general nada de nada por más que CC la lleve prometiendo para un año siguiente que nunca termina de llegar. Cuando Paulino Rivero, entonces y ahora miembro de CC, subió el IGIC amparado en las exigencias de la crisis, prometió solemnemente que en 2012 se revertiría la situación y se volvería a la presión fiscal anterior. Les ahorro el cálculo de los años que han pasado aplazando al año siguiente el cumplimiento de esa promesa, que tampoco se va a cumplir en 2019 por mucho que Antona se suba a la parra. CC volverá - ya lo está haciendo - a esgrimir sus conocidos argumentos de que sin un nuevo modelo de financiación autonómico que ponga al día los recursos que necesita Canarias para atender en condiciones sus servicios públicos, no es oportuno bajar los impuestos. 

Y no le falta parte de razón en esa justificación en la que, sin embargo, obvia el espectacular crecimiento de la recaudación en los últimos años y el efecto positivo que tendría para el consumo y la propia recaudación una menor presión fiscal, al menos en productos y servicios esenciales para la mayoría de los ciudadanos. En todo caso y a la vista de lo ocurrido el año pasado, no tengo muchas dudas de que Clavijo conseguirá una vez más salirse con la suya y sacar adelante sus segundo presupuestos autonómico a pesar de contar con menos de un tercio de los diputados de la cámara. Y ya puede Antona arrancarse por soleares si se cumple de nuevo que en donde manda capitán no manda marinero ni medianero. 

Un cuento nacionalista

Cuando llega Navidad o se aproximan unas elecciones, los más viejos del lugar reúnen a los nietos y al resto de la familia en torno al fuego y cuentan una extraña y antigua historia. Aseguran que viene de sus abuelos, quienes a su vez la recibieron de los suyos. Abreviando, porque el relato tiene más capítulos que "Las mil y una noches", la historia es más o menos como sigue. Había en tiempos remotos y míticos un archipiélago al que los antiguos, después de unos cuantos vinos añejos y sin rebajar, llamaron Islas Afortunadas. En ese archipiélago, llamado también Islas Canarias, gobernaba un partido político conocido como Coalición Canaria. Su objetivo y razón de ser era sacarle los cuartos al gobierno de Madrid, del que dependía políticamente el archipiélago del cuento. Lo que hacían con los cuartos que conseguía lo explico otro día para no extenderme demasiado.

Nunca obtuvo ese partido votos suficientes para gobernar en solitario, pero siempre supo arreglárselas muy bien para ponerle una vela a Dios y otra al diablo; así, unas veces gobernaba con Dios y otras con el diablo porque lo importante, en definitiva, era gobernar. Y como, además, Dios y el diablo eran como el agua y el aceite y no había forma humana ni divina de que se pusieran de acuerdo para quitarle el poder a Coalición Canaria, ésta seguía gobernando tan ricamente. Sucedió en cierta ocasión que hubo que decidir quién debía ser el aspirante del partido a llevar el bastón de mando en las siguientes elecciones. Como entre las dos islas mayores del archipiélago imperaba un viejo encono crónico, los de la isla que en ese momento tenían agarrado el bastón por el mango se negaron a soltarlo para que lo llevaran los de la isla rival. Fue grande la pelotera y como resultado de la misma se produjo una división en Coalición Canaria de la que nació Nueva Canarias.

Foto: Canarias 7

A partir de ese momento, el nuevo partido se hace apellidar "nacionalistas de izquierda", un apellido que los politólogos de todos los tiempos aún no han conseguido descifrar. Sus antiguos compañeros de fatigas se han seguido llamando nacionalistas, sin más precisiones, y no les ha ido nada mal: han continuado aliándose con Dios y con el diablo, según les venga mejor, y han conservado el poder hasta la fecha presente. O sea, que las cosas le han seguido saliendo tan bien como siempre a pesar de la mencionada división, un fenómeno que también han intentado desentrañar sin éxito politólogos de todas las escuelas conocidas. Según unos es el sistema electoral y según otros es que los rivales sufren el síndrome de Estocolmo y ansían con desesperación que Coalición Canaria les llame para pactar. Aunque lo más misterioso de este cuento que narran los abuelos, es que cada cierto tiempo, se calcula que cada cuatro o cinco años, se escuchan en las frías y ventosas noches de invierno unas voces gimientes que piden la vuelta a la unidad nacionalista; a veces se reconocen las voces de los nacionalistas de izquierda, a veces las de los nacionalistas a secas y a veces las de ambos.

Se lamentan estas voces de todo lo que se podría conseguir en Madrid si en lugar de tirarse mutuamente de los pelos, unieran sus fuerzas y fueran de nuevo de la mano. Narran los viejos que cuando el viento trae estos lamentos hay gran mortandad de baifitos y se ven extraños prodigios en el cielo en las noches de luna llena. Ocurre que como lo que se repite con demasiado frecuencia termina aburriendo y el temor que estos extraños fenómenos pudiera provocar acaba por tomarse a risa, cuando se escuchan de nuevo estas llamadas a la unidad nacionalista los pastores se limitan a meter las cabras en el corral y esperar a que pase el guineo. No me pregunten si esto que cuentan los más viejos del lugar es verdad o puro cuento. Yo me limito a contarlo como me lo contó mi abuelo, que incluso estuvo en Cuba y sabía de brujería. Él decía que se lo había contado su abuelo y yo, lo único que digo, es que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Brujas, haberlas haylas, y por tanto puede que también haya algún día reunificación nacionalista y no mueran más baifitos. Cosas más raras se han visto.

Menos demagogia con la inmigración

Aunque lo hacen, no deberían los partidos políticos convertir la inmigración irregular en una nueva coartada para lanzarse a la demagogia electoral más feroz. Demasiados asuntos de calado han caído ya bajo la losa de ese mal de los sistemas democráticos, como para añadirle uno que además tiene que ver con la vida y las esperanzas de muchos centenares de miles de personas. Recordemos, para no caer en el mismo error, las toneladas de demagogia que se vertieron en 2006 a propósito de la llegada constante de pateras y cayucos a Canarias. Aquella sangría humana se taponó temporalmente con el FRONTEX, pero las causas que la provocaron - hambre, miseria, persecución, guerra - siguen tan vigentes como entonces. 

Son las mismas causas que están llevando a las costas andaluzas a miles de inmigrantes subsaharianos en los últimos meses, desbordando literalmente los centros de acogida. Hay sospechas de que Marruecos ha relajado la vigilancia en sus fronteras, como es uso y costumbre cuando Rabat pretende alguna contraprestación española o europea. Pero aunque las fronteras estuvieran selladas - que nunca lo pueden estar por completo - el drama de estas personas solo desaparecería de los medios de comunicación pero no de suelo marroquí o de cualquier otro país de paso.

Foto: Diario de Córdoba

Por supuesto que España no tiene "papeles para los millones de africanos que esperan en África para llegar a Europa". La cuestión es que nadie ha pedido tal cosa y, en consecuencia, las declaraciones de Pablo Casado no solo son gratuitas, sino irresponsables e impropias del líder de un partido con posibilidades de gobernar. Solo cabe enmarcarlas en la polarización ideológica a la que quiere arrastrar al PP, acercándolo peligrosamente al trumpismo y a la ultraderecha xenófoba de Austria o Italia. Tergiversa Casado la realidad porque, entre otras cosas, en España está en vigor la Ley de Extranjería de 2009 que prevé la expulsión de los inmigrantes en situación irregular.  

Sus manifestaciones son también una enmienda a la totalidad de la política migratoria desarrollada por los gobiernos del PP en los últimos doce años, caracterizada por limitarse a las devoluciones en frío o en caliente, a la supresión de la sanidad universal y al descarado incumplimiento de sus compromisos firmes para el acogimiento de refugiados. Dicho lo anterior, también peca de demagógica e irresponsable cierta izquierda que parece convencida de que España debe se el país de relevo de Italia o Grecia en la recepción de inmigrantes. La realidad de los centros de acogida en Andalucía y las enormes dificultades para garantizar los derechos y prestar una atención adecuada a estas personas, echan por tierra cualquier fantasía de ese tipo.

Foto: Diario de Andalucía

En esa misma línea, se echa en falta más prudencia en las declaraciones y en los gestos del Gobierno de Pedro Sánchez. Acoger a los inmigrantes del Aquarius fue un gesto imprescindible por razones humanitarias pero, al igual que una golondrina no hace verano, un gesto como aquel tampoco va más allá del simple gesto; incluso puede convertir al país en un polo de atracción para las mafias que trafican con la vida y la escasa hacienda de los inmigrantes. Al mismo tiempo, anunciar que se van a eliminar las concertinas y luego tener que aplicar las criticadas devoluciones en caliente cuando centenares de inmigrantes saltan la valla de Ceuta, no habla en favor de la claridad de ideas del Gobierno en este asunto.

Hasta la saciedad se ha dicho que la única manera que tiene la UE de abordar este enorme reto es buscar cauces legales y ordenados de inmigración hacia un continente que envejece a marchas forzadas y que requiere savia nueva. Poner en marcha programas con ese objetivo precisa no solo de muchos más recursos, sino de un ingente trabajo que debió haberse iniciado hace ya mucho tiempo.
Crear megacentros de retención de inmigrantes dentro o fuera de la UE a cambio de dinero, aparte de mezquino, sólo servirá para constatar una vez más la impotencia europea para gestionar de manera razonable los flujos migratorios. Es ahí, insistiendo en este tipo de alternativas que impliquen en la solución de un desafío que es de todos a todos los países miembros, en donde España tiene que dar la batalla sin descanso. 

Es evidente que nadie tiene en su mano la varita mágica para encontrar la salida perfecta, aunque al menos deberíamos desechar para siempre las fórmulas cuyo fracaso ha quedado patente. Por eso deberían también los políticos evitar la tentación de hacer demagogia partidista y no convertir en centros de peregrinación veraniega las zonas de llegada de inmigrantes para hacerse la foto, atizar un poco más el fuego y desaparecer.  Emplear el tiempo precioso que dedican a lanzarse dimes y diretes en concertar propuestas realistas que no pasan ni por la xenofobia ni por la idea de España como tierra de promisión, sería mucho más positivo para todos.

Canarias tiene razón

Después de años apretándose el cinturón, seguramente mucho más de lo que era incluso saludable, debería tocar recoger los frutos del sacrificio. Una comunidad históricamente mal financiada como Canarias - entrar ahora en las causas nos llevaría demasiado tiempo -, tiene derecho a que se le reconozca el esfuerzo en el cumplimiento del objetivo de déficit y la estabilidad presupuestaria. Porque aún padeciendo una deficiente financiación de sus servicios públicos recortó el gasto,  hasta el punto de que aún tendrá que pasar mucho tiempo para volver a la situación previa a la crisis, que ya era manifiestamente mejorable. Fruto de un sacrificio injusto para unas islas con múltiples carencias, la comunidad autónoma presume de tener equilibradas sus cuentas, que incluso presentan superávit, y su deuda bajo control. Otras, en cambio, continuaron gastando a espuertas como si no hubiera un mañana y endeudándose hasta las cejas y más arriba.

El incumplimiento de las normas que se suponía obligatorias para todos, no les acarreará en cambio ninguna de las consecuencias previstas. Antes al contrario, serán premiadas con un nuevo alivio del objetivo de déficit en 2019 que les va a permitir gastar del orden de unos 2.500 millones de euros más de los previstos inicialmente. Ese alivio apenas le sirve en cambio a las comunidades que, como Canarias, hicieron los deberes hace tiempo y que lo que necesitan es poder destinar lo que han ahorrado a mejorar los servicios públicos. Es aquí en donde entra la controvertida regla de gasto, por la que se establece el tope que pueden destinar las comunidades autónomas a fines como financiar las competencias transferidas por la administración central, entre otras la sanidad y la educación. No es necesario ser un experto para comprender que si la regla en cuestión se aplica por igual a todas las autonomías, hayan o no cumplido sus obligaciones con la estabilidad presupuestaria, las perjudicadas serán las cumplidoras y las beneficiadas las incumplidoras.

Es, expresado en otros términos, un evidente agravio comparativo que no hace sino ahondar la brecha y el recelo entre comunidades. Se podría debatir largo y tendido sobre si Canarias debió haber sido menos estricta en el cumplimiento de sus deberes con el déficit ante la evidencia de que, no por eso, el Gobierno central iba a ser más condescendiente con las necesidades de una de las comunidades peor financiadas. Siempre he creído que el Gobierno canario erró cuando decidió convertirse  en el primo de Zumosol del déficit a costa de deteriorar hasta niveles alarmantes los servicios públicos. Una política menos seguidista de la obsesión por el déficit que presidió la gestión del PP, seguramente habría permitido que la sanidad, la educación y los servicios sociales sufrieran mucho menos y que las islas no se vieran hoy implorando de Madrid que le permita gastarse el dinero ahorrado. Una petición que, dicho sea de paso, el Gobierno de Canarias debió haber planteado también al de Rajoy con la misma contundencia con la que ahora se la plantea al de Pedro Sánchez.

Aún así y partiendo de que no sirve de nada llorar sobre la leche derramada, es de justicia que el Gobierno de Sánchez busque la manera legal de diferenciar el cumplimiento de la regla de gasto, para que el dinero que hemos ahorrado todos los canarios en años de esfuerzos que otros no hicieron, revierta en la mejora de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Ese trato diferenciado se antoja más justo si cabe, si tenemos en cuenta que el propio Sánchez ha descartado de plano afrontar en lo que queda de legislatura la ya tantas veces aplazada modificación de la financiación autonómica. Es probable que en el PSOE hacer distinciones con comunidades autónomas por muy cumplidoras del déficit que hayan sido, no debe entusiasmar demasiado ante la previsible reacción del resto de autonomías. Aunque bien mirado, aplicando la misma receta a todas sí hace distinciones de facto al beneficiar a las últimas de la clase en detrimento de las primeras.

Creo que Canarias pone en la balanza razones objetivas de mucho peso que no puede exhibir la mayoría del resto para plantear la misma petición. Toda vez que no habrá nueva financiación autonómica a corto plazo y que quienes han eludido los sacrificios que hizo Canarias se verán premiadas con un déficit más llevadero, nada de trato de favor tendría que se autorizara a esta comunidad a emplear sus propios recursos en atender sus maltrechos servicios públicos.  

El 75% y Santo Tomás

Con el asunto del 75% de descuento en los viajes de los residentes en Canarias a la Península proclamo un escepticismo digno de Santo Tomás: cuando lo vea, lo creeré. No será necesario que vea la marca de los clavos en las manos del ministro Ábalos ni que meta la mano en su costado: me bastará con que lo apruebe el viernes el Consejo de Ministros y el sábado entre en vigor, sin sorpresas ni más trampa ni cartón. Los optimistas, casi todos en el PSOE, aseguran que así será y que el culebrón tendrá final feliz. Pero insisto, se han visto tantos bultos sospechosos, fenómenos paranormales y maniobras aéreas en la oscuridad en las últimas dos semanas, que prefiero certificarlo con mis ojos para no llevarme más sustos. Estarán conmigo en que no es ni medianamente normal tanto lío para tan poca cosa: el año pasado se aplicó el mismo descuento en los viajes interinsulares y no pasó nada de lo que esta pasando en esta ocasión.

De entrada tenemos a un ministro destemplado, asegurando en el Congreso que había que esperar al menos seis meses por la medida. Se montó de inmediato la zapatiesta y los humos del ministro empezaron a bajar: a los pocos días ya era posible sacar adelante el descuento con un decreto por la vía de urgencia que, con suerte y una caña, acortaba los plazos uno o dos meses. Continuó el galimatías hasta que los presidentes de Canarias y Baleares le hicieron ver que el asunto era mucho más sencillo de resolver: lo aprueba el Consejo de Ministros y se aplica de inmediato. Aún así y aceptando la salida, el ministro quiere decreto y anuncia que enviará uno al Congreso para darle seguridad jurídica a la medida. Hay quien sostiene, seguramente con razón, que tal esfuerzo no es necesario como no lo fue el año pasado, pero si Ábalos se empeña tampoco le vamos a dejar con las ganas de decreto.

Foto: EFE

Lo cierto es que el descuento está en los Presupuestos del Estado en vigor y figura en la propuesta del nuevo REF canario que se tramita en las Cortes para que adquiera carácter permanente, así que el decreto parece superfluo. Pero lo grave no es eso, sino que en el texto del dichoso decreto alguien coló que el descuento de marras se aplicaría sobre una tarifa bonificable - discrecionalmente decidida por el Gobierno de turno - y no sobre lo que me cuesta realmente  el billete. Y el rebumbio se reactivó, como era previsible y natural. Primero, porque contraviene los acuerdos del Gobierno anterior con NC, la fuerza política que negoció el descuento pero, sobre todo, porque se enmienda la plana de toda una Ley de Presupuestos con una norma de rango inferior como es un simple decreto. Llegados a este punto de la misteriosa historia del 75% - espero que hayan sido capaces de seguir el enrevesado relato - uno no sabe ya qué pensar, aunque caben varias explicaciones de tanto disparate encadenado.

Una, que el Ministerio de Fomento le quede demasiado ancho a Ábalos, insuficiencia que agravaría de manera severa su nula cintura para la crítica. Si no fuera eso podría ser que se ha rodeado de unos asesores a los que debería darles vacaciones indefinidas: se podría ahorrar más vergüenzas en público y ayudaría a que a sus compañeros del PSOE canario se les suavice el rojo subido de los cachetes que este caso les está causando. Hay una tercera posibilidad y es la existencia de una mano negra en ese ministerio que, en cuanto oye que los canarios se quejan de que no tienen AVE ni trenes y piden que se les compense la lejanía para viajar, introduce la coletilla de la "tarifa bonificable" a ver si cuela.

 Hay que recordar que ya ha pasado con anteriores ministros de Fomento y no puede descartarse que Ábalos también haya sido víctima de la famosa mano negra y haya pagado la novatada correspondiente. Ello, por supuesto, no exime de responsabilidad a un ministro que antes de lanzarse al vacío no parecer tener por costumbre comprobar si se ha puesto el paracaídas. Tres buenas costaladas se ha dado ya a propósito del asunto del descuento, quedando ante los canarios como un ministro digno de olvidar sin haber cumplido aún los cien días en el cargo. A ver si lo arregla y cómo lo arregla este viernes o se da un nuevo pertigazo. Mientras, yo como Santo Tomás: ver para creer.   

El mal día de Ábalos

Ayer no fue un buen día para José Luis Ábalos, flamante ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE. Que en una misma mañana detengan por presunta corrupción al presidente de la diputación valenciana y compañero de partido, Jorge Rodríguez, y casi al mismo tiempo te empitone Ana Oramas, no es una experiencia que se le deba desear a nadie. De las andanzas de Rodríguez en Valencia ya se encargará la Justicia, pero de las causas del enfado de Oramas tendrá que encargarse Ábalos y hay expectación para saber cómo lo resuelve. Y más le vale irlo haciendo con toda la celeridad de la que sean capaz él y su nuevo equipo porque el asunto no es menor: estamos hablando nada menos que de aplicar la subida hasta el 75% del descuento que tendrán los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para viajar a la Península. El compromiso, merecidamente calificado de histórico, lo cerraron Rajoy y el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, poco antes de la defenestración política del primero. Como tal se convirtió en enmienda y se incorporó a los Presupuestos del Estado que hoy mismo ha aprobado el Congreso y que el BOE publicará en un par de días. 

Ocurre, sin embargo, que alguien hizo un copia y pega y trasladó a la enmienda de este año la que en los Presupuestos del año pasado establecía el mismo descuento para los viajes interinsulares. En la maniobra no se eliminó la coletilla en la que se "autoriza" al Gobierno a aplicar la medida y es aquí en donde el conejo me riscó la perra. Con voz atascada y un punto altiva, Ábalos dio cuenta en el Congreso de la retahíla de trámites, informes y polizas con los que debe contar el Gobierno para poder hacer realidad el acuerdo sin violentar la legalidad. En el mejor de los casos y contando a la pata la llana el proceso llevará seis meses, cuando resulta que ya eran miles los canarios, baleares, ceutíes y melillenses que salivaban pensando en darse un salto veraniego a la piel de toro aprovechando el abaratamiento de los billetes. 

Foto: El Español

Después de la ducha de agua helada del ministro, ahora hemos entrado en la fase en la que Nueva Canarias le echa la culpa al PP, el PP se la echa a Nueva Canarias y al PSOE y el PSOE a todos los demás a la vez.Y esto, después de que todos lleven semanas apuntándose la medalla del acuerdo bien por conseguirlo, por concederlo o por apoyarlo. Es muy posible que alguien no hiciera bien sus deberes y no revisara con lupa la redacción de la enmienda de marras; incluso cabe la posibilidad de que estemos ante una bomba de relojería que Montoro ha dejado de recuerdo a los canarios por tantos buenos momentos compartidos. Ni lo sé ni me importa mucho saberlo, la verdad: lo que no me cabe en la cabeza es que no haya arreglo para el estropicio, lo cometiera quien lo cometiera. No se trata de pedirle a Ábalos que prevarique sino de que busque la manera legal - que seguro existe - de que la medida entre cuanto antes en vigor y satisfaga la expectativas que los políticos - todos sin apenas excepciones - han contribuido a generar. 

Estamos hablando de un acuerdo con amplio respaldo del Congreso y con dotación presupuestaria, de manera que de lo que se trata es de encontrar el procedimiento legal que permita aplicarlo a la mayor brevedad posible. Todo lo demás suena más bien a resabios burocráticos en boca del imberbe ministro Ábalos. Tal vez haría bien el propio Pedro Sánchez en implicarse en la solución de este lío y sacar a sus compañeros del PSOE canario del mal paso al que los ha llevado Ábalos. Haría así honor el presidente a su reiterada promesa pública de cumplir la llamada agenda canaria y daría muestras de saber lo que significa para los ciudadanos de estas islas no haber recibido el maná muchimillonario del AVE y no tener más alternativa que el avión para sus desplazamientos al resto del territorio nacional. De paso, hasta puede que le evite a su ministro Ábalos otro mal trago parlamentario como el de ayer.    

A financiación ida, palos a Sánchez

Comprendo que a un buen puñado de líderes autonómicos no les haya hecho gracia que Pedro Sánchez renuncie a meterse en el avispero de reformar la financiación autonómica antes de que acabe esta legislatura. Hace años que se viene esperando por la modificación de un modelo que la mayoría considera injusto y desequilibrado y, escuchar que la situación no cambiará al menos antes de dos años, no puede ser una buena noticia. Incluso entre las autonomías del PSOE como Andalucía, la posición de Sánchez se ha recibido con una mueca a medio camino entre el enfado y la decepción. Téngase en cuenta que no son precisamente virutas ni calderilla lo que está en juego, sino el dinero para pagar la sanidad, la educación o la dependencia. Canarias, con unos servicios públicos históricamente muy mal financiados por parte del Estado, ha sido de las primeras en afearle a Sánchez que ni siquiera lo intente.

El Gobierno autonómico le recuerda al presidente lo avanzadas que estaban las negociaciones con el Gobierno anterior y los informes técnicos ya elaborados sobre este asunto. Aún así, y a pesar de que el retraso es perjudicial para las islas, también es cierto que las negociaciones con el Ejecutivo saliente han concluido en un logro histórico: separar esa financiación del REF, el régimen que compensa la lejanía y la insularidad canarias. No es la panacea pero supone un importante alivio para hacer frente a los gastos de los servicios esenciales. El presidente se compromete, además, a negociar comunidad por comunidad la mejora de su situación y es aquí en donde ha vuelto a saltar la alarma: la posibilidad de dar trato de favor a las comunidades que en época de cinturones apretados para todas siguieron gastando como si no hubiera un mañana. Ahí sí tiene razón el Gobierno canario, el más cumplidor de la clase, en advertir a Sánchez de que no premie a los incumplidores y castigue a los que cumplieron.

Foto: El Confidencial

Dicho eso, la distribución de los recursos públicos entre las autonomías para hacer frente a los servicios básicos transferidos por el Estado es una de las viejas asignaturas que este país no termina de aprobar por más que lo intente una y otra vez. Ninguno de los modelos ensayados hasta ahora ha funcionado y, por lo general, ha provocado más rechazos que apoyos. Allá por principios de 2012, siendo entonces Soraya Sáenz de Santamaría vicepresidenta del Gobierno, se anunció la reforma del modelo de financiación antes de que acabara aquel año. Cuenten los años que han pasado y verán que estamos casi en el mismo punto de partida: salvo una reunión de presidentes autonómicos en donde Rajoy reiteró el compromiso de cambiar la financiación y se encargó un informe a un grupo de expertos elegidos por las autonomías, poco más se ha hecho. Luego se desató Cataluña, el PP perdió la mayoría absoluta y todo quedó pendiente para tiempos más favorables. Sin embargo, ha sido llegar Sánchez a La Moncloa y ya le exigen las autonomías que cumpla en menos de dos años lo que Rajoy, con mayoría absoluta, no cumplió en seis años y medio porque no quiso, no supo o no pudo.

Es más, dudo mucho de que Rajoy hubiera abierto este melón de haber seguido de presidente y dudo aún más de que algunas comunidades como Canarias se lo hubieran reprochado como se lo reprochan a Sánchez. Con la situación política en Cataluña lejos de estar normalizada, con los precarios apoyos del presidente y con apenas dos años antes de las nuevas elecciones si en efecto es capaz de llegar a 2020, no parece razonable exigirle a Sánchez que abra un asunto de esa complejidad. Puede que haya quienes deseen que el presidente se haga el harakiri metiéndose en un debate con muchas probabilidades de acabar como el rosario de la aurora o, en el mejor de los casos, con un mal acuerdo que volvería a dejar a todo el mundo descontento. Poco se avanzará en resolver este asunto si no se piensa en un modelo de financiación capaz de durar dos o tres décadas sin generar tantas quejas y agravios como el actual. Lo llamativo es que algunos barones socialistas se unan a las críticas al presidente en un ejercicio de aparente ignorancia de las actuales circunstancias políticas. Razón tenía aquel que dijo que hay rivales políticos y después están los compañeros de partido.