Ni el volcán para ni las ayudas llegan

Escribí hace unos días en una red social que si las visitas semanales de Pedro Sánchez a La Palma no vienen acompañadas de la agilización de las ayudas prometidas a los afectados por la erupción volcánica, habría que suponer que lo suyo es una mera utilización política de esta situación. Más de cinco semanas después del inicio de la erupción y tras otros tantos viajes del presidente a la isla, así como del paso por ella de varios ministros y líderes políticos que poco o nada han aportado, me reafirmo más si cabe en esa idea. Salvo pequeñas entregas urgentes a cargo de las administraciones canarias, aún no han recibido las familias que lo han perdido todo prácticamente nada de las ayudas prometidas y aprobadas en Consejo de Ministros. De hecho, ha sido en la quinta visita cuando Sánchez ha venido a reconocer la necesidad de agilizar la burocracia para que las ayudas "lleguen cuanto antes". 

REUTERS

Las cosas de palacio...

No hay que irse muy atrás en el tiempo para recordar los años que han tardado en recibir el apoyo público prometido los afectados por graves incendios o inundaciones, en muchos casos después de una interminable carrera de obstáculos burocráticos que no todos consiguieron sortear. De viejo es sabido que las cosas de palacio van despacio, pero ese manido tópico deberían haberlo dejado obsoleto hace mucho avances como el de las tecnologías de la información aplicadas a una administración que, sin embargo, sigue padeciendo el mal crónico de la lentitud exasperante, el formalismo absurdo y la desidia insensible. Males que se incrementan exponencialmente cuando no es solo una sino hasta cuatro las administraciones con competencias sobre el mismo asunto, mientras cunde la sospecha de que quien más y quien menos no quiere dejar pasar la oportunidad de sacar rédito político de su contribución a la causa. 

No solo falta un mayor espíritu de servicio público entre quienes tienen el deber de tramitar los expedientes a la mayor velocidad posible sino, sobre todo, una voluntad política decidida a remover trabas y procedimientos no imprescindibles de manera que unas ayudas que se necesitaban para ayer no se acaben entregando años después, cuando sus beneficiarios ya han perdido toda esperanza. Aunque no solo son las ayudas prometidas las que no llegan aún a sus potenciales beneficiarios. Tampoco se conoce por ahora un solo plan, siquiera sea provisional, para recuperar las infraestructuras y la actividad en las zonas afectadas por la lava. Vale que haya aún que aguardar la evolución de los acontecimientos, pero esa prudencia no excluye hacer cálculos y valoraciones preliminares de los daños para reservar partidas presupuestarias suficientes con las que paliarlos. 

¿Y las ayudas para cuándo?

El mismo principio de urgencia debería aplicarse a las ayudas económicas a los afectados que viven con lo puesto y de prestado en casas de familiares o amigos, en lugar de escudarse en la falacia de que hasta que el volcán no deje de expulsar lava es imposible determinar los criterios para repartirlas. A esa urgencia en la distribución de las ayudas debería añadirse una mayor dotación económica de las mismas. Los 30.000 euros por vivienda para las familias que se han quedado en la calle se antojan una cantidad a todas luces insuficiente, que apenas daría para un centenar de viviendas de unos cuarenta metros cuadrados. Igual de sangrante resulta que los trabajadores autónomos afectados se vean en la tesitura de tener que cesar en la actividad y despedir a sus empleados para poder acogerse a las ayudas. Que cinco semanas después de haberse iniciado este episodio volcánico aún no se haya resuelto ese asunto es una muestra más de la distancia que hay entre las promesas de los políticos y la dura realidad de los hechos. 

Nada se sabe tampoco de las gestiones ante Bruselas de los gobiernos central y canario para aprovechar los fondos ofrecidos por la Comisión Europea nada más producirse la erupción. Unas 7.000 personas fuera de sus hogares, 900 hectáreas arrasadas y más de 2.000 edificaciones sepultadas bajo la lava, mientras el volcán no ofrece síntomas de parar a corto plazo, no parecen ser razones suficientes para que las administraciones aceleren la maquinaria burocrática de una vez y atiendan en tiempo y forma la dramática situación. El rescate de unos perros por personas desconocidas, mientras se discutía en los despachos si eran galgos o podencos antes de ponerlos a salvo, ha dejado con las vergüenzas al aire a una administración acostumbrada a enredarse en los detalles y obviar lo importante. 

Quienes único han estado avispados y ágiles han sido los que han aprovechado la dramática situación para promocionarse en las redes sociales como los adalides de una solidaridad de campanario y alarde, muy alejada de la modestia y la discreción que debería rodear siempre ese tipo de prácticas. Así las cosas, o se exige celeridad y presteza a los responsables públicos mientras el volcán continúa bajo el foco mediático, político y social o pasará lo de tantas y tantas veces: las buenas palabras y los fondos prometidos también pueden terminar convertidas en ceniza cuando la lava deje de salir. 

¿De verdad ha habido una pandemia?

Por su práctica desaparición de la agenda política y por el lugar cada vez más residual que ocupa en las redes sociales y en los medios de comunicación, se podría afirmar que la pandemia de COVID-19 ha terminado sin que nos hayamos enterado, o mejor aún, que casi no ha existido y si lo ha hecho no ha sido nada del otro jueves. Cierto es que incluso flota en la calle la sensación de que lo peor ha pasado y que toca volver a la vieja normalidad. Sin embargo, ni esta historia ha terminado aún del todo ni nos podemos permitir pasar página como si no hubieran muerto casi cinco millones de personas en el mundo, de ellas unas 86.000 en España y de estas últimas casi 1.000 en Canarias. Las consecuencias de todo tipo, tanto las pasadas y presentes como las que se atisban a corto y medio plazo, son lo suficientemente graves y profundas como para correr un tupido velo y olvidarnos de ellas para siempre. Por muy humano que sea enterrar nuestros peores recuerdos. 

Desescalando ma non troppo

Todos los indicadores relacionados con la pandemia van a la baja y el porcentaje de vacunación ya es muy elevado. Comunidades como Madrid o Navarra han anunciado que levantarán parte de las restricciones, algo que los epidemiólogos no rechazan aunque advierten de los riesgos de pisar demasiado el acelerador. Conviene valorar la situación en cada territorio antes de lanzarse de nuevo a vivir la vida loca. Cerca del 25% de la población aún no ha recibido la segunda dosis y más de 5 millones de menores de 12 años no se han vacunado, lo que debería convertir los colegios en un foco de atención epidemiológica prioritario. Nadie niega el agotamiento social después de año y media de estrecheces, pero parece lógico mantener algunas medidas de control en honor al principio de precaución. A lo largo de la pandemia se ha cometido varias veces el error de anteponer la economía o el cálculo político a la salud con los pésimos resultados conocidos. No deberíamos volver a tropezar en esa piedra aunque, al mismo tiempo, hay que ir recuperando parte de la normalidad y hacerlo con un mínimo de coherencia social: no se entiende que los estadios puedan albergar la totalidad del aforo mientras nuestro médico nos sigue atendiendo por teléfono.

"No se entiende que los estadios estén al 100% y el médico nos siga atendiendo por teléfono"

Entre los especialistas hay un amplio acuerdo en que la pandemia está remitiendo. En cuanto a lo que pueda pasar a partir del momento en el que se declare oficialmente finalizada, también se coincide mayoritariamente en que no es probable que se repitan oleadas de contagios como las que hemos vivido, aunque en ningún caso sería prudente descartarlas por completo. Lo más probable es que de la pandemia pasemos a la epidemia, con la incógnita aún pendiente de saber cuánto tiempo durará la inmunidad adquirida mediante la vacuna o después de haber superado la enfermedad. 

Los daños colaterales de la pandemia

La pandemia arrastra otros muchos daños colaterales sobre los que sería imperdonable echar tierra. Es urgente recuperar la atención que requieren los enfermos crónicos, semiabandonados en estos largos meses. No menos urgente es hacer frente a los problemas de salud mental, un área de la sanidad pública a la que el COVID-19 pilló prácticamente en pañales y en la que hay mucho que hacer y muchos recursos que emplear para salir de la postración en la que se encuentra. Espero equivocarme pero me temo que los datos oficiales de suicidios durante este tiempo pueden ser terribles. Lo ocurrido en la pandemia debería servir también para comprender de una vez la importancia de una atención primaria robusta, que funcione como una verdadera puerta de acceso al sistema de salud pública y que no colapse, mostrando todas sus costuras, en cuanto se ve obligada a forzar la máquina. 

No sé si nos encaminamos hacia una nueva normalidad, hacia la anterior a la pandemia o hacia una mezcla de ambas. Probablemente pervivirá más de lo anterior que de lo supuestamente nuevo, entre otras cosas porque los humanos somos animales de costumbres y nos resulta muy difícil acomodarnos en poco tiempo a cambios en nuestro modo de ser y comportarnos. Me inclino a pensar que esa "nueva normalidad" se irá construyendo día a día en función de una gran cantidad de factores que ningún gurú de la sociología ni mucho menos un político pueden aventurar sin correr el riesgo de meter la pata. 

"El Ingreso Mínimo Vital no ha llegado ni a la mitad de las personas que lo necesitan"

Más allá de elucubraciones sobre cómo será el futuro próximo, los poderes públicos tienen que preguntarse seriamente por qué la pandemia ha ensanchado tanto las desigualdades sociales y hacer una autocrítica sobre la inanidad de sus medidas para intentar estrecharlas. Es el caso del famoso y publicitado Ingreso Mínimo Vital, con el que tanto pecho sacó el Gobierno en su momento, que no ha llegado ni a la mitad de las personas que realmente lo necesitan, según Cáritas. La misma autocrítica que aún estamos pendientes de escuchar sobre el hecho de que más de un tercio de las víctimas de la COVID-19 se hayan producido en residencias de mayores. Salvo error u omisión por mi parte, no conozco aún ni una sola iniciativa, plan o proyecto de los responsables públicos para que algo así no se repita. 

Una economía tocada y un balance político lamentable

En el plano económico la pandemia ha arrasado miles de empresas, muchas de las cuales se podrían haber salvado si el Gobierno hubiera actuado con la celeridad requerida inyectando liquidez en tiempo y forma. Ahora, a la espera de conocer los efectos del maná de los fondos europeos, presume de un crecimiento económico que las estadísticas oficiales desmienten e ignora el desolador panorama que ha dejado el virus, agravado más si cabe por la brutal subida del precio de la luz, una enmienda a la totalidad de las promesas que lanzó alegremente en la oposición. Si el empleo ha recuperado parte del pulso anterior a la crisis se ha debido en buena medida a la largueza contratadora del Gobierno, que siempre tira con pólvora del rey, más que a la iniciativa privada. Por el camino ha resultado seriamente dañado el turismo, una industria vital para la economía de comunidades como Canarias, mientras el Gobierno se ha limitado a prorrogar los ERTES sin haber sido capaz de concretar un plan para relanzar la actividad en un escenario aún lleno de nubarrones.

El balance político provisional no es menos descorazonador. Seguimos sin contar con una legislación adaptada a situaciones de pandemia mientras el Gobierno colecciona varapalos del Constitucional por vulnerar repetidamente derechos y libertades de los ciudadanos. Los españoles deberemos esperar a las urnas para valorar la gestión de un presidente que proclamó en dos ocasiones la victoria sobre el virus, pero al que podemos perder toda esperanza de ver en el Congreso haciendo balance y autocrítica como corresponde a una democracia madura. Huyó de la Cámara y prefirió depositar la gestión sobre el tejado de unas comunidades autónomas que no disponían de las herramientas jurídicas que les permitieran adoptar determinadas restricciones con amparo legal claro y suficiente. En resumen, la suya ha sido una permanente huida hacia adelante con la vista puesta más en sus intereses políticos cortoplacistas que en una gestión eficaz y eficiente de la crisis. 

"La pandemia ha desaparecido casi por completo de la agenda del Gobierno"

La pandemia y sus consecuencias de todo tipo parecen haber desaparecido casi por completo de la agenda del Gobierno. Illa se fue a Cataluña sin rendir cuentas, Fernando Simón también ha desaparecido de nuestras pantallas y la figura de Darias se va diluyendo lentamente a pesar de las grandes dudas aún pendientes de resolver sobre asuntos como la tercera dosis de la vacuna. Uno diría que el Ejecutivo se ha propuesto borrar de la memoria de los españoles el último año y medio y crear la ilusión de que nunca ha habido una pandemia que ha causado 86.000 muertos en nuestro país. La proximidad de las elecciones obliga a ir enterrando el drama de la COVID-19 e ir desviando la atención de la opinión pública con debates de campanario y trampantojos variados como los próximos presupuestos, los bonos juveniles o las "negociaciones" con Cataluña, entre otros muchos. Empiezo a tener la sensación de que dentro de poco también nos intentarán convencer de que la pandemia solo ha sido un bulo más o, en el mejor de los casos, que pudo ser mucho peor de no haber sido por la brillante gestión del Gobierno con su presidente al frente.  

Inmigración, la otra crisis canaria

Canarias acumula crisis como estratos los yacimientos arqueológicos, solo que en el caso de las islas los estratos se entremezclan y solapan sin solución de continuidad: antes de que hayamos superado el anterior sobreviene uno nuevo que agrega sus efectos negativos a los que se venían arrastrando y así sucesivamente. Cuando apenas se empezaban a dejar atrás las devastadoras consecuencias de la crisis financiera de 2008, que había disparado el paro y la pobreza, ya elevados en el caso del Archipiélago, sobrevino la pandemia y hundió el turismo, la primera y, en la práctica, casi única fuente de ingresos de esta comunidad autónoma. Y cuando parecía que por fin se recuperaría algo de lo perdido gracias a la vacuna, un volcán entró en erupción en La Palma obligando a concentrar en él toda la atención de las administraciones y un pico importante de sus menguados recursos. Pero, junto con ese rosario de crisis fluye otra paralela de carácter humanitario, que lejos de remitir vuelve a repuntar con fuerza: la muerte de centenares de inmigrantes que intentan alcanzar las costas canarias por vía marítima, sin que aparentemente esto remueva en exceso las conciencias de los responsables públicos. 

EFE

La mortal ruta canaria

La crisis provocada por la erupción del volcán de La Palma está dejando en un muy segundo plano mediático el drama humano de la inmigración irregular: como se suele decir, ojos que no ven, corazón que no siente. Y eso que las cifras son cada día más alarmantes: durante la pasada semana arribaron 1.300 personas a bordo de cayucos o pateras. En términos interanuales, el número de inmigrantes que ha llegado este año a Canarias ya supera en un 135% a los que lo hicieron en 2020 y un 1.200% sobre 2019. Estamos ante una curva ascendente y sin visos de aplanarse, al menos mientras dure el buen tiempo en el mar que separa las Islas del continente africano.

"Se sabe de la salida de numerosos cayucos de los que nunca se han vuelto a tener noticias"

Mucho más dramáticas son las cifras de quienes, engullidos por el mar, ni siquiera han tenido la suerte de volver a pisar tierra firme. Solo en agosto perdieron la vida 379 personas en la peligrosa ruta canaria de la inmigración, una cifra que se eleva a 782 en lo que llevamos de 2021 frente a las 343 de 2020. No hace falta precisar a estas alturas que estas cifras están calculadas a la baja, ya que en realidad se tiene la certeza de la salida de numerosos cayucos con centenares de personas a bordo de los que jamás se han vuelto a tener noticias. Los cálculos más moderados estiman que muere una persona por cada once que consiguen llegar a tierra. Las causas para este incremento de la mortalidad se relacionan sobre todo con el empleo de embarcaciones cada vez más frágiles, lo que en última instancia denota un incremento brutal de la presión migratoria que empuja a estas personas a subirse a cualquier cosa que flote para intentar llegar a Europa vía Canarias. 

¿A las puertas de otro Arguineguín?

Ante este panorama, la respuesta de las administraciones públicas sigue siendo manifiestamente mejorable, por no llamarla abiertamente irresponsable e insensible. Esto abona el temor de que se repitan escenas dantescas como las del muelle de Arguineguín en 2020 si siguen aumentando las llegadas al ritmo que lo vienen haciendo desde antes del verano. En islas como Lanzarote la situación ya empieza a desbordarse y las condiciones de salubridad de las instalaciones en las que se acoge a los recién llegados dejan mucho que desear. Se trata, por cierto, de la misma isla en la que el SIVE sigue inoperativo años después de ser adquirido y cuya puesta en servicio seguramente habría evitado muchas de las muertes de inmigrantes que se han producido a pocos metros de sus costas. Que el Consejo de Ministros aprobara en la reunión de ayer la declaración de emergencia para la contratación e instalación de un SIVE en Lanzarote, resulta sencillamente grotesco. 

"El Gobierno canario parece haber renunciado incluso al derecho al pataleo"

Como incomprensible resulta la pasividad del Gobierno para ayudar a distribuir entre las comunidades autónomas a parte de los 2.500 menores no acompañados que tutela Canarias, cuyos recursos e infraestructuras se encuentran también al límite. Esa falta de sensibilidad contrasta poderosamente con la rapidez con la que se intentó repartir entre las comunidades autónomas a parte de los menores que entraron en Ceuta en el asalto masivo a la valla el pasado mayo. Mientras, el Gobierno canario parece haber renunciado incluso al derecho al pataleo ante el aumento del número de muertes en el mar y el riesgo de que las precarias infraestructuras de acogida vuelvan a colapsar más pronto que tarde. Eso sí, en el Parlamento de Canarias se acaba de crear una "comisión de investigación" sobre la inmigración irregular, que mucho me temo solo servirá para entretener el tiempo y cubrir el expediente de sus señorías.

No hay razones para el optimismo

Una crisis como esta escapa a las competencias de una comunidad autónoma que, no obstante, sí tiene la obligación política y moral de exigir respuestas a quienes tienen el deber de darlas. Esto afecta en primer lugar al Gobierno central, que va camino de pasar a la historia de la democracia como el más insensible ante este drama a pesar de las prendas de progresismo y humanitarismo con las que injustificadamente se suele engalanar. Además de prevenir las llegadas para evitar muertes y atender con la dignidad que corresponde a estas personas, es su deber instar a la UE a que deje de lado de una vez los paños calientes y las buenas intenciones. Este problema rebasa los límites de la soberanía nacional y requiere urgentemente una política común que no se limite a destinar miles de millones de euros a arrendar el control de la inmigración a terceros países como Turquía o Marruecos.  

Lo cierto es que apenas confío en que en Madrid se tomen en serio este drama y que en Bruselas preocupe más de lo que lo hace en estos momentos, que es bastante poco. De manera que, por desgracia, no veo razones para el optimismo y sí para el escepticismo pesimista, tanto por lo que se refiere a la inmigración como a las otras crisis solapadas que sufren las Islas. Serán como siempre el esfuerzo y el sacrificio de la sociedad canaria los que permitan superar esta larga y mala racha de situaciones adversas que acumula nuestra historia reciente. Así ha ocurrido históricamente en esta tierra hoy sacudida por un volcán, y así creo que seguirá ocurriendo mientras Canarias apenas llegue a la categoría de peso pluma en el concierto de la política nacional y quienes gobiernan la vean solo como un pequeño incordio al que apaciguar con buenas palabras y algunas migajas. 

Un rebelde llamado Thoreau

Hace poco cayó en mis manos este pequeño libro que reúne algunos de los escritos del pensador, activista y rebelde estadounidense del siglo XIX Henry David Thoreau. El librito, que se lee en un par de ratos, nos muestra a un Thoreau tan poco amigo del poder constituido como inclasificable es su pensamiento. En él se confunden el individualismo más radical, el ecologismo, el pacifismo, el antiimperialismo y el antiesclavismo. Muchos de sus biógrafos consideran que la suya es una visión de la vida social con muchos más puntos en común con el anarquismo que con el socialismo o el comunismo. Y conviene aclarar también que en ningún caso nos encontramos ante un demócrata en el sentido convencional y actual de la palabra. Thoreau nació en Massachusetts el 12 de julio de 1817, estudió en Harvard, universidad de la que siempre renegó, y fue discípulo y amigo inseparable de Emerson, casi un alma gemela con la suya, por el que siempre sintió gran admiración. El libro en cuestión lo integran cuatro pequeños escritos en los que se refleja con claridad el pensamiento de nuestro autor. 

"Una vida sin principios"

En "Una vida sin principios" Thoreau defiende la necesidad de pensar por uno mismo, más allá de que ese pensamiento agrade más o menos a los demás. Defiende también lo que denomina "ocio creativo", que no equivale a holgazanería. "No contrates a un hombre que te hace el trabajo por dinero, sino a aquel que lo hace porque le gusta", escribe. Este pensamiento lleva a Thoreau a lamentarse de la obsesión humana por el trabajo y la acumulación de riquezas. No menos crítico es con el gusto por el cotilleo social y la superficialidad: "Cuando nuestra vida deja de ser íntima y privada, la conversación degenera en simple cotilleo", una frase que bien podría aplicarse a las actuales redes sociales. También dispara contra los periódicos de su época con una crítica que valdría para el siglo XXI, cuando ironiza indicando que parecen escribir sobre asuntos que no tienen ninguna relación con la vida real de sus lectores. Todo el escrito tiene un inconfundible aire de puritanismo político y de reivindicación exacerbada del individuo frente a la masa. En esa búsqueda incansable por vivir su propia vida sin interferencias extrañas, Thoreau no dudó en dejarlo todo  y hacer una cabaña en el bosque con sus propias manos, en la que vivió en completa soledad durante más de dos años. De aquella experiencia surgió "Walden", probablemente su obra más conocida. 

Aunque es sin duda en el segundo escrito del libro que comentamos aquí, el titulado "Desobediencia civil", en donde mejor se aprecia el individualismo radical de Thoreau y su rechazo casi instintivo a toda forma de poder organizado que no se base en el pacto voluntario de los gobernados, la única forma de poder que considera legítima. "El mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto", escribe. Y añade: "Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia. La única obligación que tengo derecho a asumir es la de hacer en cada momento lo que crea justo". Esas ansias de justicia llevan a Thoreau a manifestarse abiertamente contra el esclavismo, el conflicto que llevó a los Estados Unidos a una guerra civil poco después de la muerte de nuestro autor en 1862. Con invocaciones frecuentes a la Biblia, de la que se nos revela como un buen conocedor, Thoreau repudia la política esclavista de Estados Unidos y apoya sin dudarlo a quienes, como el capitán John Brown, lo arriesgan todo para ayudar a los esclavos a escapar de su situación. A este personaje singular dedica precisamente uno de sus escritos, recogido también en el libro, en el que ensalza el carácter ejemplar de la lucha de Brown contra el esclavismo y llega a equiparar su sacrificio (terminó ahorcado) con la crucifixión de Cristo. 

"Desobediencia civil"

"Desobediencia civil", tal vez uno de los escritos más difundidos de Thoreau por lo que tiene de revolucionario para su época, es también un encendido alegato contra la invasión estadounidense del vecino México, que el escritor atribuye acertadamente a motivaciones de expansionismo económico. Es también en este escrito en el que encontramos bien definido su contumaz rechazo a someterse a las decisiones de un gobierno que consideraba ilegítimo. Eso le llevó a negarse a pagar impuestos, algo que le costó ir a la cárcel. "No me niego a pagar los impuestos por ninguna razón en concreto, simplemente deseo negarle mi lealtad al estado", escribió, y añadió: "Solo pueden obligarme aquellos que tienen una ley superior a la mía". Como se apuntaba más arriba, nada más lejos de la realidad que considerar democrático en el sentido actual el pensamiento de Thoreau. De hecho, era absoluta su desconfianza de la utilidad del voto para resolver problemas como el de la esclavitud o la guerra. 

H.D. Thoreau

A modo de conclusión cabe preguntarse por la vigencia de las ideas de Thoreau casi dos siglos después de que las dejara por escrito. De lo que no hay duda es de que su espíritu indomable, como alguien lo ha definido, tuvo una influencia muy notable en personajes como Tolstoi, Gandhi o Martín Luther King. Hoy, el racismo contra el que luchó sigue presente en la sociedad norteamericana a pesar de los innegables avances que se han producido desde entonces. En cambio, su postura política cercana al anarquismo nihilista, parece fuera de lugar en las democracias occidentales, en las que se han constitucionalizado y consolidado derechos políticos que facilitan la participación de todos los ciudadanos en la vida pública sin renunciar a su libertad individual. Sin embargo, en una época como la actual, en la que es patente la deriva autoritaria y populista de los gobiernos, incluso en las democracias consolidadas y avanzadas, conviene tener presente el pensamiento de Thoreau y ser capaz de pensar por nosotros mismos para defender con uñas y dientes los espacios de libertad individual que tanto nos ha costado conquistar frente al totalitarismo estatista de todo signo. 

Cuando brama el volcán

Para siempre guardarán nuestras retinas las poderosas imágenes del volcán de La Palma expulsando lava y esparciendo dolor y destrucción. La erupción nos muestra los límites del poder humano y revela la banalidad de nuestros pequeños dramas cotidianos cuando se desbocan las fuerzas de la Naturaleza. Los humanos tendemos a creer que la hemos sometido a nuestros designios y caprichos y podemos hacer con ella lo que nos venga en gana. Aunque las ciencias y la técnica han avanzado una barbaridad, que diría el castizo, esa falsa convicción de seres cuasi omnipotentes no tarda en convertirse en impotencia perpleja cuando, como en La Palma, la tierra se abre de par en par o cuando un virus desconocido trastoca nuestras vidas. Podemos imitarla con el arte e incluso provocar casi tanta destrucción como ella si nos lo proponemos, pero no podremos dominarla plenamente jamás. Comprender eso y mostrar algo de humildad y sensibilidad ante quienes sufren, podría habernos ahorrado las inoportunas, ridículas e hirientes frivolidades sobre "espectáculos maravillosos" y "atractivos turísticos" de algunos responsables públicos y de no pocos periodistas. 

Alfonso Escalero

Urge la actuación ágil y coordinada de las administraciones públicas

Reconocer nuestras limitaciones ante el poder de la Naturaleza no equivale a caer en la resignación, sino a convertirlas en un acicate para afrontar las consecuencias negativas de su acción en la medida de nuestras posibilidades, que no son pocas. Lo que urge es responder en tiempo y forma a las necesidades de quienes lo han perdido todo, y empezar a prever hasta donde eso sea posible las de quienes aún pueden correr la misma suerte. Por desgracia hay perdidas intangibles relacionadas con la memoria y las vivencias de toda una vida e incluso de generaciones, que será imposible recuperar y que marcarán para el resto de sus días a quienes las sufren en estos momentos. Además del apoyo psicológico, es en las pérdidas materiales en donde es imprescindible la actuación ágil y coordinada de las administraciones removiendo obstáculos burocráticos, acortando los plazos al máximo y apoyando con sus recursos, que son los de todos los ciudadanos, que los afectados puedan rehacer sus vidas al menos en parte y lo antes posible. 

"Deben ser el Gobierno central y la UE quienes lideren el esfuerzo económico"

La adquisición por el Gobierno canario de viviendas para los afectados va en la buena dirección, pero es solo una entre las miles de decisiones y medidas que habrá que adoptar en las próximas semanas y meses. Es evidente que la movilización de los cuantiosísimos recursos que harán falta para paliar los daños escapa con creces a las posibilidades de las administraciones canarias. Deben ser el Gobierno central y la Unión Europea los que lideren el esfuerzo económico, aunque por ahora solo conocemos buenas intenciones que convendría ir concretando con medidas y cifras a la mayor brevedad. Es imprescindible también la implicación del ámbito privado en una emergencia de efectos desastrosos para la economía de la zona afectada y de la isla. Empezar a  definir el grado de compromiso de cada cual y los recursos y medios a emplear ayudaría a despejar parte de la incertidumbre y dar algo de esperanza a los ciudadanos cuyas vidas se han visto alteradas radicalmente por el volcán. 

Una ola de solidaridad y una plaga de sensacionalismo

De la que no hay motivo de queja sino de aplauso es de la solidaridad desbordada de los ciudadanos para con quienes han visto como la lava se llevaba por delante sus haciendas y sus pertenencias más básicas. En cambio, es cuando menos sorprendente que administraciones públicas, con presupuestos aprobados y en vigor, abran cuentas corrientes para recibir donaciones anónimas de empresas y particulares. Deberían evitarse las improvisaciones y los gestos por bienintencionadas que sean y, si es el caso, reclamar todos los recursos que hagan falta a los gobiernos canario y central o a la UE que, de hecho, ya han asegurado que se atenderán las demandas de todos los afectados. 

Que hasta el momento no haya habido daños personales es la mejor noticia de este suceso porque cumple el objetivo prioritario en una situación como esta, el de garantizar la seguridad de las personas. Aunque no es momento aún de evaluar la gestión de los responsables públicos en esta emergencia, chirría la multiplicidad de voces políticas y científicas que echan su cuarto a espadas analizando la situación y aventurando hipótesis. Se corre el riesgo de difundir mensajes contradictorios, confusos, inexactos o interesados, que generan desconfianza pública y pueden dar pie a bulos de los que siempre hay quien esté dispuesto a aprovecharse.

"Chirría la multiplicidad de políticos y científicos que analizan la situación y aventuran sus hipótesis"

Entre las peores excrecencias del volcán está sin duda el sensacionalismo de determinados medios de comunicación y periodistas, a los que solo les mueve el morbo y los datos de audiencia, aunque ni siquiera sepan muy bien en qué isla se encuentran. Hay como siempre honrosas excepciones de medios que informan con rigor, pero son los otros, los presentadores estrella que convierten todo el monte en orégano y van tras los evacuados para hacerles preguntas estúpidas y provocarles el llanto ante las cámaras, los que desacreditan aún más la maltratada profesión periodística. 

Ni se les pasa por la cabeza ponerse en el lugar de quienes sufren y hasta los hay que en su supina ignorancia preguntan cómo se apaga un volcán. Sería demasiado pedirles humildad ante la fuerza de la Naturaleza, pero sí podemos dejar de prestarles atención y de difundir sus idioteces: le haríamos un gran favor a quienes, además de haberse quedado sin nada, deben soportar también el escarnio y la falta de respeto de estos buitres carroñeros con micrófono en ristre. 

Canarias bajo el volcán

La erupción de un volcán en la isla canaria de La Palma parece la guinda ardiente de una cadena de sucesos y calamidades, unos mucho más previsibles que otros, como no se recuerda en estas islas. ¿Qué más puede pasar en esta tierra? ¿Qué será lo siguiente que ocurra? Más allá de las banalidades y frivolidades del presidente Torres sobre los "espectáculos históricos" y el "atractivo turístico" que nos ofrece la Naturaleza, que no por ciertos son más inoportunos en momentos en los que peligran vidas y haciendas, la erupción palmera se suma a otras situaciones críticas de distinta naturaleza pero no menos preocupantes para este Archipiélago.

Abián San Gil

Atenuantes y responsabilidades

Aunque la memoria suele jugarnos a veces malas pasadas y hacer que olvidemos con rapidez cualquier acontecimiento que nos genere desasosiego, basta un pequeño esfuerzo para recordar los devastadores incendios que han sufrido algunas islas en los últimos años, unidos a su vez al aumento sostenido de la llegada de inmigrantes irregulares por vía marítima y, por supuesto, a la pandemia que va camino del año y medio y que, además de haber afectado de lleno a la industria turística, la principal fuente de ingresos del Archipiélago, ha trastocado para mucho tiempo o tal vez para siempre lo que algunos llaman ahora la "vieja normalidad". 

Todo ello en el corto espacio temporal de un par de años, coincidiendo prácticamente con el comienzo de una legislatura que pasará a los anales como la más accidentada y difícil de todas cuantas ha vivido esta autonomía desde principios de los años 80. Hasta los más críticos con la gestión del Ejecutivo canario, para lo que no faltan numerosas y poderosas razones, deberían admitir sin embargo que, con un rosario de calamidades y situaciones sobrevenidas como las que está viviendo Canarias en los dos últimos años, resulta política y materialmente imposible dotar de toda la estabilidad y coherencia que requiere la acción gubernativa para que sea fructífera. 

"Una legislatura que pasará a los anales como la más accidentada de la historia autonómica"

Cuando hay que estar pendientes de apagar fuegos a cada instante, tanto en el sentido literal como en el metafórico, queda poco tiempo para todo lo demás y, dado el destrozo que la COVID - 19 ha hecho en las arcas públicas de la comunidad autónoma, tampoco se dispone de los recursos con los que se contaba al comienzo de la legislatura para desplegar las políticas prometidas. Todo lo anterior no exime de responsabilidad política al Ejecutivo, si bien esas situaciones son una atenuante que sería injusto no poner en la balanza cuando toque echar cuentas de esta malhadada legislatura autonómica canaria.

A perro flaco...

La coordinación entre las administraciones con la que se está atendiendo la emergencia pública producida por la erupción palmera, pone de manifiesto que cuando se trabaja con previsión es posible afrontar las peores situaciones con las mejores garantías para la seguridad de las personas y sus bienes. Bien es cierto que un volcán suele avisar y dar tiempo para organizarse, pero eso no debería ser una coartada para que los mecanismos de coordinación y los medios de intervención no estén engrasados y listos cuando los hechos son mucho menos previsibles. 

Con la inmigración irregular hemos podido ver cómo una situación de la que venían advirtiendo los expertos desde hacía meses, cogió a todos los responsables públicos con el pie cambiado y dio lugar a las penosas imágenes de miles de inmigrantes hacinados en un muelle pesquero sin que nadie supiera muy bien qué hacer con ellos. La pandemia ha sido durante meses un ejemplo de libro de imprevisión, descoordinación y lucha política entre administraciones y de palos de ciego ante un enemigo invisible al que se ha querido vencer más con la fuerza de los eslóganes políticos que con la de la ciencia. La erupción de La Palma demuestra en cambio que, cuando de verdad se tiene en cuenta el parecer de los científicos y las decisiones políticas no están mediatizadas por intereses espurios, es posible dirigirse a la población con el mínimo de credibilidad y certezas exigible a los responsables públicos. 

El volcán social sigue almacenando magma

Pero por encima de todo, si algo se sigue echando de menos en Canarias es un apoyo sin ambages y una mayor empatía del Gobierno central para con una comunidad autónoma que probablemente está sufriendo como ninguna otra del país una crisis inédita por su profundidad y magnitud, agravada por una serie de situaciones como la de la inmigración ante las que, a fecha de hoy, sigue sin haber una respuesta integral y decidida por parte del Ejecutivo del señor Sánchez. Más bien al contrario, lo que se percibe es una vez más el desconocimiento de la realidad social y económica de esta tierra, cuando no el desprecio, ante elementos constitutivos del acervo histórico de las islas como el Régimen Económico y Fiscal, sometido a los cambalaches aún sin resolver del Ministerio de Hacienda. 

"Canarias está alimentando un volcán social y político con el magma del paro y la pobreza"

Frente a eso, la sensación que transmite el actual Gobierno de Canarias es de brazos caídos, debilidad y asentimiento y no de firmeza y exigencia de la atención debida y merecida, ni más ni menos. En Canarias se está alimentando poco a poco un volcán social y político con el magma de la falta de atención en tiempo y forma a problemas crónicos como la pobreza, el paro, la falta de oportunidades para los jóvenes o la dependencia. Como en los volcanes de la Naturaleza estos procesos suelen ser largos, pero a diferencia de aquellos es posible taponar sus fisuras y grietas antes de que erupcionen. Aunque bien pensado y a la vista da le experiencia, una explosión de ese tipo tal vez serviría para que por fin quienes tienen la obligación de prevenirla se pongan manos a la obra. El semáforo no parece aún ni en amarillo, pero podría tardar muy poco en ponerse rojo. 

Mayores y desidia política

Cerca de once meses han pasado antes de que el Parlamento de Canarias desempolvara y debatiera este martes un informe de la Diputación del Común que no deja en buen lugar la situación en algunas residencias de mayores de las islas. El documento fue entregado en la Cámara a principios de noviembre, y allí ha permanecido hasta ahora, olvidado en algún cajón hasta por la presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, quien al menos ha tenido la gallardía de reconocer en público su "incompetencia e ignorancia" por no haberlo leído siquiera. Es una lástima que a ese reconocimiento de ineptitud y desidia no le haya seguido de inmediato su renuncia como diputada de Unidas Podemos. Causa estupor solo pensar que, de no haber sido por una filtración a los medios, el informe en cuestión habría seguido durmiendo el sueño de los justos quién sabe cuánto tiempo más. Me pregunto si sus señorías habrían esperado tanto tiempo para debatir y aprobar un informe para subirse el sueldo y las dietas. 

¿La punta del iceberg?

Brotes de sarna, chinches, ratas,  cucarachas, falta de higiene, nula intimidad, sobremedicación, escasez de visitas médicas, carencia de personal especializado o alimentación de baja calidad son algunas de las graves deficiencias detectadas en la mitad de las 25 residencias visitadas de oficio por la Diputación del Común. Es inevitable pensar en la punta del iceberg y preguntarse por los resultados del estudio si el estado de alarma no hubiera interrumpido la recogida de información en otros centros. Es cierto que las residencias estudiadas son una parte mínima de las más de 200 que hay en Canarias, pero también lo es que los datos conocidos proyectan una inquietante sombra de sospecha sobre las condiciones sociosanitarias en las que nuestros mayores pasan sus últimos años después de una vida de sacrificios y privaciones en la mayoría de los casos. A esclarecer esas dudas no ayuda precisamente la actitud opaca de la Consejería de Derechos Sociales, que ignoró en dos ocasiones la solicitud de información de la Diputación del Común sobre cuestiones como las quejas y denuncias de residentes o familiares.  

"No ayuda la actitud opaca de la Consejería de Derechos Sociales"

Los políticos han reaccionado como suele ser habitual en ellos cuando son pillados en falta grave: a la defensiva. Esas reacciones no solo denotan mala conciencia sino un intento poco afortunado de esquivar responsabilidades en un asunto en el que quien esté libre de culpa puede tirar la primera piedra: el Gobierno actual culpa al anterior, el anterior culpa al actual y los partidos se culpan mutuamente; unos disparan sobre la fiscalía y otros sobre la Diputación del Común, a pesar de que ha sido gracias a ella, y no a las administraciones con competencias en la materia, que el tema ha llegado al Parlamento aunque sea casi un año después de haberlo presentado. Las carencias son tan graves que sorprende que la Diputación no presentara el informe en la Fiscalía, lo que habría servido también para que el Parlamento y el Gobierno despertaran de su irresponsable modorra. 

Todo el mundo no es bueno

En ese contexto escuchamos al presidente Torres garantizando el buen funcionamiento de las residencias y anunciando que se incrementarán las inspecciones, lo cual no deja de ser una contradicción: ¿cómo sabe el presidente que el funcionamiento es el adecuado y que los mayores no son tratados como mercancía averiada si apenas se realizan inspecciones? Como no sea por la fe del carbonero no alcanzo a entender de dónde saca el presidente su confianza en un sistema dominado por la iniciativa privada porque, entre otras cosas, los poderes públicos son absolutamente incapaces de responder a las demandas de atención de una sociedad que envejece a pasos de gigante. Solo hay que recordar que en los hospitales públicos de las islas permanecen ingresados unos 300 ancianos cuyas familias no pueden o no quieren hacerse cargo de ellos y para los que no hay plazas sociosanitarias a las que derivarlos. Esta situación no es precisamente nueva sino que se viene arrastrando desde hace años sin que los sucesivos gobiernos autonómicos hayan sido capaces al menos de paliarla.

"En los hospitales hay 300 ancianos que deberían estar en residencias"

A las instituciones públicas les corresponde actuar sin demora para comprobar in situ las condiciones en las que prestan su atención estos centros, aunque para ello sea necesario duplicar o triplicar el número de inspectores. El "todo el mundo es bueno" del presidente autonómico no es de recibo, hay que hacer mucho más: la desidia de las administraciones, y esto incluye también a los cabildos, no puede dejar a los mayores y a sus familias en manos de piratas a los que solo interesa el beneficio. Así por ejemplo es inaudito que de la noche a la mañana aparezcan establecimientos que empiezan a albergar ancianos sin contar con la documentación correspondiente y sin que nadie en la administración o en la fiscalía mueva un papel. Ese tipo de prácticas desacredita al conjunto de un sector que, con su oferta, suple la desidia de unos políticos que solo se suelen acordar de los mayores cuando toca pedirles el voto. 

Familias y trabajadores tampoco pueden mirar a otro lado

Todo lo anterior no exime de responsabilidad a las familias, sobre las que recae la obligación de vigilar que sus parientes son atendidos adecuadamente y denunciarlo cuando no es así. Su silencio o su tentación de ingresar a sus mayores en una residencia y olvidarse de ellos durante meses, sin preocuparse por su situación, es una grave enfermedad moral que por desgracia abunda cada vez más en nuestra sociedad. Esa misma responsabilidad recae también sobre los empleados y sus representantes, testigos directos de situaciones intolerables que es su obligación moral y legal denunciar. 

Más de un tercio de las muertes por COVID-19 en nuestro país se han producido en residencias de mayores, un 11% en el caso de Canarias. Esto ha convertido este tipo de establecimientos en un punto negro que requiere cambios profundos. Y aunque el informe de la Diputación del Común es anterior a la pandemia, sus resultados deben ser un aldabonazo en la conciencia de políticos, familias, trabajadores y sociedad en su conjunto sobre el trato que estamos dispensando a nuestros padres o abuelos en las residencias a las que los enviamos porque ya no podemos hacernos cargo de ellos o porque simplemente nos resulta más cómodo y descansado. Una sociedad que trata así a sus mayores se hace acreedora de varios adjetivos y ninguno positivo: inhumana, insensible, egoísta, desconsiderada...Yo creo que es una sociedad sin alma ni corazón. 

Canarias y el drama de los servicios sociales

Que Canarias, la comunidad autónoma con los peores datos de riesgo de exclusión y pobreza severa, tenga también los servicios sociales más ineficientes es un drama que debería avergonzar a los poderes públicos. No es posible avanzar si quedan atrás 150.000 personas en situación de pobreza severa y casi 800.000 en riesgo de exclusión social, unas cifras terribles que se han disparado con la pandemia y con las que la sociedad insular y las instituciones públicas parece que se han acostumbrado a convivir. Hemos terminado por normalizar una bomba de relojería social que se está cronificando sin que los responsables políticos se muestren capaces de desactivarla. A lo que asistimos en cambio es a un permanente ejercicio de esquivar el bulto y culpar al lucero del alba para intentar justificar lo injustificable: que en contra de lo prometido solemnemente no solo no hay recursos suficientes sino que faltan ante todo planificación, gestión y liderazgo.

EFE

Soplar y sorber: oposición y gobierno a la vez

Ya es tan frecuente como insultante que la responsable autonómica de los servicios sociales actúe como si fuera aún la portavoz de Podemos en la oposición al Gobierno de Canarias. Dos años después de llegar a la consejería, Noemi Santana no deja pasar ocasión de culpar a la herencia recibida, al Gobierno central del que también forma parte su partido o a los funcionarios de su propio departamento porque supuestamente son de CC, de ser los que han llevado los servicios sociales autonómicos a jugar un papel irrelevante para las personas que más los necesitan y cuando más lo necesitan, según el diagnóstico de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. 

La palabra "autocrítica" no está en su vocabulario, pero se permite lanzar un órdago que ella y todos los ciudadanos sabemos por desgracia que es muy poco probable que cumpla porque solo es otra pose para su parroquia electoral: abandonar el Gobierno autonómico si no recibe los recursos que lleva pidiendo desde el inicio de la legislatura. Aún teniendo parte de razón, a cualquiera se le ocurre que, además de reclamar recursos, hay que pasar de los eslóganes políticos a los hechos y probar que se tiene capacidad para gestionarlos con eficiencia y capitanear un cambio radical de tendencia en la atención que necesitan las personas dependientes o las que se encuentran en situación de pobreza o exclusión.

"Lo único que hay sobre la mesa es el empeoramiento de las cifras"

Sin desdeñar los efectos económicos y sociales de la pandemia, estos no pueden ser la coartada perfecta para justificar la penosa situación. A fecha de hoy, lo único que hay sobre la mesa es el empeoramiento de unas cifras que, es cierto, ya eran malas cuando Santana llegó a la consejería pero que han empeorado bajo su dirección. Sirvan como botones de muestra que se tarda más de un año en resolver las pensiones no contributivas y más de dos las de invalidez; las reclamaciones y revisiones de nóminas tardan más de un año, hay unos 1.300 expedientes de PCI esperando renovación y otros 1.000 aguardan tramitación; casi dos años hay que esperar por una cita para discapacidad y más de uno en el caso de los menores. En atención a la dependencia la situación es aún más dramática: solo se atiende al 6% de la población que potencialmente debería recibir una prestación o un servicio que puede tardar hasta 3 años en llegar, según el Diputado del Común. Esto conduce irremisiblemente a que miles de dependientes fallezcan todos los años en Canarias esperando a que concluya el calvario burocrático.  

Ni planificación ni gestión ni liderazgo

La frialdad de esos datos revela en buena medida la falta de planificación y liderazgo de una consejera que impulsó desde la oposición la reprobación de su antecesora y la acusó de sembrar el caos. Sin embargo, que en 2020, en pleno año de pandemia, dejara sin gastar 66 millones de euros habla a las claras de su incapacidad para gestionar los recursos públicos. Cabe preguntarse para qué pide más fondos si no es capaz de ejecutar primero los que tiene asignados. Según los trabajadores sociales, hemos atravesado el ecuador de la legislatura sin planificación y sin reducir la burocracia ni mejorar los sistemas de trabajo. Dos años ha demorado Santana en preparar un decreto con el catálogo de servicios previsto en la Ley de Servicios Sociales, aprobada en 2019 después de meses de tramitación. Las organizaciones sociales, que ya han perdido la confianza en la consejera, han calificado el decreto de "restrictivo, vacío de contenido y con vicios" y han pedido al presidente autonómico que intervenga ante la incapacidad de Santana para cumplir lo establecido en la ley. 

"Pretender estar en misa y repicando para distraer la atención es una falta de respeto"

Como plantean los directores y gerentes de servicios sociales, Canarias tiene un serio problema de eficiencia en la gestión de esos servicios que se ha agravado en esta legislatura. Además de reactivar la economía como el mejor de los servicios sociales para reducir el paro y la pobreza, urge un gran pacto entre el Gobierno canario, los cabildos y los ayuntamientos para evitar solapamientos e impulsar unos servicios que no están actuando con la premura y la agilidad que requiere una situación social que, lejos de mejorar, seguramente se agravará aunque pase lo peor de la pandemia. Pero tan urgente como eso es que la persona que debe liderar ese acuerdo comprenda al fin que ya no es la portavoz de Podemos en la oposición, sino la cabeza visible de una consejería pocas veces tan necesaria como ahora. 

Pretender estar en misa y repicando para distraer la atención sobre la propia ineficacia es una falta de respeto a los ciudadanos en general y, en particular, a quienes esperan de ella algo más que tinta de calamar y cortinas de humo. Frente a eso solo hay una alternativa, tener la valentía de dimitir en lugar de amagar con hacerlo o que el presidente Torres, sobre el que en última instancia recae la responsabilidad de haber elegido a la señora Santana para un cargo que parece venirle muy grande, le agradezca los servicios prestados y la sustituya al frente de la consejería. Como hasta ahora no se puede continuar. 

Yo también soy baby boomer

Para tener al menos una ligera idea sobre la reforma de las pensiones hay que estar muy atento a los globos sonda del ministro Escrivá, experto en decir cosas por la mañana de las que se desdice a mediodía después de culpar al mensajero. Es un esfuerzo penoso que se debería compensar en la pensión, pero por ahora no veo manera mejor de que los baby boomers - los nuevos malos del viejo docudrama de las pensiones -  podamos calcular por lo alto cómo quedará nuestra jubilación que, en todo caso, no dará para muchas alegrías ya que, cuanto más se aleja la fecha de empezar a cobrarla, más se acerca la Parca inexorable. 

A las puertas de un nuevo recorte

Ironías aparte, da igual que el PP lo llamara "factor de sostenibilidad" o que el PSOE lo haya bautizado ahora como "mecanismo de equidad intergeneracional", el objetivo es continuar retrasando la edad legal de salida del mercado laboral para "compensar" el aumento de la esperanza de vida y, al mismo tiempo, penalizar con creciente dureza a quienes deseen anticipar la jubilación después de décadas cotizando. Los que decidan morir con las botas puestas serán premiados con 12.000 euros por año de más trabajado sobre la edad de jubilación, según el penúltimo globo sonda de Escrivá. Diga lo que diga el ministro sin partido que llegó de la AIReF a resolver el déficit de las pensiones y eche uno las cuentas que eche con el sudoku de las penalizaciones, estamos a las puertas de un nuevo recorte aunque nos lo venda como un "pequeño esfuerzo" de los baby boomers.

La cuestión es si el recorte, que afectará a unos once millones de españoles nacidos entre 1958 y 1977, servirá para garantizará la sostenibilidad, algo como mínimo dudoso. La clave de bóveda de todo el sistema es el número de cotizantes y su relación con el de pensionistas: en la actualidad esa relación es de 2 a 1, - una ratio bastante baja -, por lo que, según algunos cálculos, el envejecimiento de la población obligaría en una década a tener casi 6 millones más de cotizantes frente a los 19 millones actuales solo para mantener la ratio. ¿Será capaz la economía española en ese plazo de elevar hasta casi 25 millones el número de afiliados a la Seguridad Social? Ahí dejo la pregunta.  

El taca taca y los trileros

Para algunos especialistas la reforma es otra patada hacia adelante de una papa caliente de alto voltaje electoral, que los sucesivos gobiernos solo se atreven a tocar con guantes y pinzas pero jamás con bisturí. Se trata de buscar por dónde cortar para que el sistema no quiebre y es aquí donde los especialistas divergen. Unos proponen elevar la edad legal de jubilación a los 70 años, acercándola lo más posible a la esperanza de vida: los habría que irían a trabajar con el taca taca, pero cobrarían pensión menos tiempo con el consiguiente ahorro para la Seguridad Social. Por cierto, son los mismos especialistas que recomiendan planes privados de pensiones para "complementar" la pensión pública, así que es fácil adivinar cuál es el pie que arrastran. 

"Para algunos especialistas la reforma es otra patada hacia adelante de una papa caliente"

Otros optan por cargar el déficit de las pensiones sobre los Presupuestos del Estado, precisamente uno de los acuerdos del Gobierno con sindicatos y empresarios junto a la revalorización según el IPC. Aunque parece una solución mágica tiene mucho de juego de trileros que crea la ficción de que el déficit ha desaparecido. Ya veremos de dónde saldrán los 22.567 millones de euros anuales que el Gobierno se ha comprometido a incluir en los Presupuestos para pagar las pensiones. Si se acaba echando mano de impuestos como el IRPF los pensionistas sufrirían un doble recorte; si en cambio se recurre al endeudamiento público, engordaría aún más el monstruo de la deuda que supone ya el 125% del PIB y subiendo.

El debate sobre pensiones siempre acaba en recortes

Lo mire por donde lo mire, en la tómbola de este debate siempre tocan recortes. Uno no es un experto, solo un atento observador directamente interesado y, como tal, observa con extrañeza la obsesión por el gasto y el poco interés por buscar fuentes de ingresos para la Seguridad Social. El propio Escrivá amaga con subir la cotización de los salarios más altos, aunque puede que solo sea otro de sus famosos globos sonda. Tiremos del hilo y pensemos también en esos 180.000 millones de euros que según el FMI mueve la economía sumergida, un sumidero en el que las arcas públicas pierden anualmente entre 18.000 y 20.000 millones de euros; hablemos de la precariedad laboral, del paro juvenil por el que somos campeones europeos, de los salarios o de la ausencia de políticas demográficas dignas de tal nombre en uno de los países más envejecidos del mundo. Todos estos aspectos se ignoran a pesar de que su relación con los ingresos de la Seguridad Social es evidente hasta para un profano.

"Hablemos de los chiringuitos clientelares de los partidos, de los gobiernos inflados de asesores colocados a dedo"

Hablemos también de la ineficiencia en el gasto público, del elevado colesterol de la administración y la urgencia de que haga dieta estricta, de los "chiringuitos" clientelares de los partidos, de los gobiernos inflados de asesores colocados a dedo, de las canonjías políticas o de las rentas vitalicias del poder. ¿Por qué cuando se habla del gasto en pensiones siempre se hace recaer la carga de la prueba sobre los jubilados y nunca sobre los ingresos que aportaría a las arcas públicas suprimir gastos prescindibles del todo o en parte? Por último me pregunto también cuándo alcanzarán los partidos un pacto de estado sobre pensiones que sobreviva a las siguientes elecciones y no castigue a los mismos de siempre, y cuándo dejarán los políticos de tirarse nuestras jubilaciones a la cabeza mientras hacen en el gobierno lo que criticaron en la oposición. Podría seguir aunque, como baby boomer cabreado, ya me he alargado bastante por hoy. Pero aviso: continuará...

No, vivir aquí no es una suerte

Dice un viejo y manoseado lema publicitario, falaz como casi todos los de su tipo y empleado para un roto y un descosido, que es una suerte vivir en Canarias. Yo niego la mayor, vivir en Canarias nunca ha sido una suerte y menos que nunca en los pandémicos tiempos actuales. Apenas que miremos más allá de las playas paradisiacas y de otros cuatro o cinco tópicos con los que los canarios solemos consolarnos, descubriremos un horizonte preñado de incertidumbres en el que es casi imposible atisbar algo que sugiera un futuro menos gris y deprimente para la gente de esta tierra. Dirán ustedes que he amanecido algo pesimista y no lo niego, pero no encuentro razones para el optimismo por más que las busque. 

Si uno comienza el día echando un vistazo a los periódicos apenas encuentra otra cosa que no sea el cansino conteo diario de contagiados, fallecidos y vacunados y poco más a lo que merezca la pena dedicarle algo de tiempo y atención, salvo que a estas alturas aún interesen a alguien los insufribles dimes y diretes entre políticos. Es como si el tiempo se hubiera detenido para siempre en marzo de 2020 y desde entonces viviéramos un eterno día de la marmota del que ya será imposible salir. Pero si nos centramos en las cosas que realmente importan y dejamos a un lado la faramalla insustancial con la que nos solemos dopar para conllevar esta pesadilla sin caer en la más absoluta melancolía, no veo ningún dato que invite a mirar con una pizca de confianza el futuro más próximo ni en lo sanitario ni en lo social ni en lo económico ni en lo político.

Sanidad: ni vencemos el virus ni avanzamos con la vacunación

En el plano sanitario llevamos meses bailando la yenka con el virus: ahora baja aquí pero sube allá, ahora elevo el nivel en esta isla y lo bajo en la otra y, mientras los contagios vuelven a ganar terreno, espero el santo advenimiento a ver si aburrido se va y nos deja en paz de una bendita vez. Si hablamos de vacunación prometemos en el Parlamento que estamos en disposición de dispensar 33.000 vacunas diarias, pero lo cierto es que seguimos casi a la cola del país en administración de la pauta completa, sin que nadie dé una explicación satisfactoria que no pase por echar la culpa a otros. Si añadimos la lamentable gestión de las vacunas que han hecho las autoridades comunitarias y españolas y las improvisaciones y cambios de criterio del plan nacional de vacunación, que no han hecho sino aventar la desconfianza social, ya me dirán cómo se puede mantener aún a estas alturas el optimismo que rodeó el inicio de la campaña a finales de diciembre pasado. 

(Juan Carlos Alonso)

Para terminar de enredar aún más la situación, el Gobierno anuncia el fin del estado de alarma pensando más en razones políticas que sanitarias, y sin haber previsto junto al Parlamento un amparo jurídico que permita a las comunidades autónomas adoptar medidas restrictivas para hacer frente a un virus que no parece ni mucho menos bajo control, como ha pretendido hacernos creer el presidente en dos ocasiones. Tal vez si durante el año largo que dura ya la pandemia nos hubiéramos dedicado mucho más a combatirla con más tino y sentido común que el demostrado y mucho menos a darla por derrotada para salvar temporadas turísticas varias, hoy podríamos tener en Canarias alguna esperanza de salvar al menos parte de la de verano y seguramente la de invierno. 

La economía en la UCI y la salud social dañada

La realidad en términos de trabajadores en ERTES o en paro no se compadece en cambio con los mensajes que como árnica repiten a diario los responsables públicos sobre crecimiento, PIB o empleo, meros deseos que las estadísticas se han ido encargando de desmentir uno a uno. Usando un símil sanitario muy apropiado en la actual situación, se puede afirmar que la economía canaria está en la UCI a la espera de que llegue la prometida respiración asistida en forma de las ayudas directas que un año después del inicio de la pandemia ha tenido a bien aprobar el Gobierno español, mientras sus homólogos francés, italiano o alemán las aprobaron y entregaron hace más de un año. Para el turismo, la sangre que impulsa la economía canaria y para el que sigue sin haber alternativa viable por mucho que se anuncien por enésima vez planes de diversificación económica en los que casi nadie en realidad cree, solo ha habido promesas varias veces anunciados y nunca materializados en algo concreto y tangible. 

(Carlos de Saá)

No es posible esperar una buena salud social con este desolador panorama sanitario y económico. Las ONGs como Cáritas, Banco de Alimento o Cruz Roja reportan incrementos alarmantes de pobreza y exclusión que parecen  haber desbordado los servicios sociales públicos. Mientras, los políticos se tiran los trastos o presumen en las redes de una gestión social manifiestamente mejorable a la vista de los resultados. Por si todo lo anterior fuera poco, el Gobierno central ha decidido que Canarias sea dique de contención de la inmigración irregular procedente de África con rumbo a Europa y ha desoído por activa y por pasiva las quejas de un presidente autonómico incapaz de hacer valer ante Madrid la posición ampliamente mayoritaria de la sociedad canaria. A una gestión opaca y prepotente del fenómeno, Madrid ha unido además el trato inhumano a estas personas y ha generado un clima de malestar y tensión social que nunca es positivo y mucha menos en medio de una crisis social y económica como la causada por el coronavirus. 

Cierto es que sale uno a la calle y ve que terrazas, centros comerciales o playas aparecen abarrotadas de gente que parece feliz y despreocupada, en ocasiones tan despreocupada que hasta olvida usar la mascarilla o mantener la distancia de seguridad. No sé si es inconsciencia colectiva del oscuro panorama que tienen ante sí estas islas o si hay una suerte de dopaje social que lleva a muchos a creer que el Estado proveerá con dinero tal vez caído del cielo aunque desaparezcan la mayoría de las empresas y no haya trabajo más que para un grupo de elegidos. Aunque también puede que yo tenga una visión muy desenfocada de la realidad que me rodea, es decir, que yo me equivoque de medio a medio y que ciertamente sea una suerte vivir en Canarias. 

Cuando todo nos da igual

Tengo la sensación de que hemos bajado los brazos, de que ya no nos importa gran cosa que la democracia se deteriore ante nuestros ojos: nos estamos limitando a encogernos de hombros y a culpar del problema a los políticos y sus insufribles peleas de patio de colegio, como si nuestra pasividad no tuviera nada que ver con lo que ocurre. Cuando asumimos sin pestañear que una ministra desprecie la presunción de inocencia sin inmutarse o que un ministro del Interior cese a un subordinado porque se ha negado a incumplir la ley; o cuando damos por bueno que ese mismo ministro, magistrado por más señas y mayor agravante, justifique que la policía recurra al viejo y dictatorial método de la patada en la puerta para entrar en un domicilio privado sin orden judicial, es que acabamos de dejar atrás una nueva línea roja de lo que no debe ocurrir jamás en un país democrático. 

Si por añadidura nos deja fríos que el responsable político de esas barbaridades no solo no dimita sino que no sea cesado por quien tiene la responsabilidad política de su nombramiento, solo habremos certificado que se abra la puerta a más patadas en la ídem, a más injerencias políticas en terrenos que tiene vedados como la investigación policial y, en definitiva, a la vulneración sistemática de derechos fundamentales consagrados en la Constitución. 

EFE

La patada en la puerta como síntoma

La patada en la puerta es solo un síntoma más del grave deterioro que sufre la democracia ante nuestros ojos, cada vez más acostumbrados a que el Gobierno haga de las leyes y las normas de obligado cumplimiento un cuestión de pura y simple conveniencia política.  Ocurre, por ejemplo, con la rendición de cuentas que todo poder ejecutivo debe al parlamento, pero que en España ha pasado a depender de la voluntad de una mayoría parlamentaria y de un presidente del Gobierno, mucho más proclive a las comparecencias sin preguntas de los periodistas y de los lemas propagantísticos, que de vérselas cara a cara con la oposición en el Congreso. El interminable estado de alarma es desde hace más de un año la coartada perfecta para gobernar por decreto y recortar sin mayores miramientos derechos y libertades que, si en algunos casos pueden tener una justificación temporal, en otros muchos carecen de ella. 

Por estrafalario y ridículo merece capítulo aparte el disparatado decreto obligando a usar la mascarilla en descampado o playas aunque estemos completamente solos y no corramos riesgo alguno de contagiar o de que nos contagien. Que el mismo día en que el BOE publica tamaña estupidez la ministra de Sanidad hable de revisar la norma "con criterios técnicos" y que las autonomías empiecen a hacer sus propias interpretaciones "con sentido común", solo ha venido a corroborar que, no solo no gobiernan filósofos, sino verdaderos ignorantes. Los casos de mal gobierno y de vulneración de principios elementales no escritos en un sistema democrático, como el respeto debido a la oposición por poco que gusten sus críticas al ejecutivo de turno, se acumulan sin que parezca preocuparnos la deriva. 

Cuando se pierden hasta las formas y el respeto 

El Congreso es la corrala en la que los políticos - del Gobierno y de la oposición - ventilan su mala educación y montan espectáculos mediáticos sin importarles gran cosa la realidad del país. Un diputado de la oposición manda al médico a uno de un partido rival que se preocupa por la salud mental y no pasa nada. O una ministra de Educación -¡qué sarcasmo! - falta desabridamente al respeto a un diputado de la oposición que expone su legítima posición sobre la educación especial y, en lugar de indignarse, no faltan palmeros que aplaudan sus malos modos y le pidan más: si el de la crítica era de la oposición se merece eso y mucho más y puede dar gracias de que no haya sido tildado de "fascista".

Puede que sea precisamente la prepotencia y la soberbia la que nos lleve a este derrotismo y a considerar que no vale la pena perder el apetito pidiendo imposibles. Ahí tenemos a Ábalos, el inefable ministro de las mil versiones, envuelto en el turbio asunto del rescate de una compañía aérea de inconfundible aroma chavista a la que se hizo pasar por "estratégica" para regalarle 53 millones de euros de todos los españoles. Las informaciones sobre la discrecionalidad que ha rodeado la decisión se acumulan, pero a nadie parece importarle gran cosa que detrás de la oscura operación pueda haber intereses que nada tienen que ver con apoyar a una empresa vital para el país. Con la misma abulia estamos contemplando las maniobras del Gobierno para evitar el control del reparto de los fondos europeos de reconstrucción. Para ello no dudó en ocultar el informe del Consejo de Estado que recomendaba reforzar los controles  para evitar precisamente la discrecionalidad. 

75.000 muertos y ni una disculpa ni una autocrítica

Los españoles asistimos a este carrusel de ejemplos de mal gobierno y falta de transparencia en todos los ámbitos con la misma apatía que contemplamos la serie interminable de decisiones contradictorias, improvisaciones y descontrol en la gestión de la pandemia. Ya me he referido al lamentable sainete de las mascarillas obligatorias en descampado, pero en la mente de todos está el baile de la yenka con su uso al comienzo de la crisis, la falta de prudencia científica y el exceso de previsiones de barra de bar, casi siempre incumplidas, del doctor Simón, la huida a Cataluña sin rendir cuentas de Salvador Illa, el incumplimiento de la prometida auditoría externa de la gestión o el voluntarismo con las vacunas y la fórmula facilona de culpar de todo a las malvadas farmacéuticas. 

EFE

Y sin embargo, más de un año después del inicio de esta interminable pandemia, nadie del Gobierno ni de sus aliados ni de sus palmeros han pedido nunca una sola disculpa por los más de 75.000 muertos que ha producido la enfermedad ni ha reconocido un solo error - "no se podía saber" - ni se ha comprometido a intentar hacer las cosas mejor. En cambio han menudeado las declaraciones irresponsables y triunfalistas, el "hemos vencido al virus" y las decisiones equivocadas que nos tienen hoy a las puertas de la cuarta ola. Ahora bien: ¿se lo hemos exigido los ciudadanos? Me  temo que no. 

La fatiga social y el todo da igual

Mucho se habla estos días de la fatiga provocada por la pandemia, tanto en el ámbito individual como en el social: restricciones de la movilidad, recorte de libertades, pérdidas personales irreparables, secuelas mentales y físicas, incertidumbre económica, sensación de orfandad y abandono por parte de una clase política, en general insensible ante una dura realidad compleja y amorfa, pueden ser algunos de los elementos integradores de ese cansancio que, quien más y quien menos, sentimos ya sobre nosotros. Y seguramente será también la causa de que ya no nos queden fuerzas para rehacernos y afrontar el destrozo democrático que tenemos ante nosotros. 

Estamos abdicando nuestras responsabilidades como ciudadanos o, como mucho, alistándonos en las filas de los palmeros del Gobierno o en las de la oposición, tan responsable como los partidos del Ejecutivo de la polarización de la vida política cuando más se requería de todos anteponer el bien común al partidista. Nos equivocamos gravemente pensando que todo da igual y olvidando que esos políticos de los que nos quejamos o ni siquiera eso, los hemos elegido entre todos y de todos es por tanto la responsabilidad de exigirles decencia, trabajo y transparencia. Que es difícil ya se sabe pero hablamos de democracia: para encogernos de hombros o asentir ante todo lo que hace el poder ya tenemos las dictaduras y los regímenes autoritarios y estoy seguro que no es eso lo que queremos la inmensa mayoría de los españoles.

Alquileres y demagogia

Podemos y el PSOE llevan semanas a la greña a cuenta del precio de los alquileres, a la altura ya del cielo aquel que Iglesias quería tocar con la mano en sus mejores tiempos. Los socios no se ponen de acuerdo sobre qué hacer para evitar que sigan subiendo e impidiendo a muchas personas el acceso a un derecho fundamental. Sobre la mesa hay dos propuestas que no casan, la de los morados abogando por una solución simplista para un problema complejo, y la de los socialistas, en apariencia más realista y menos intervencionista del mercado, con las posibles distorsiones que eso generaría. 

Vayamos por partes. El precio de los alquileres subió de media en España más del 4% en 2019. Entre otras razones, por el endurecimiento de las hipotecas para la compra - el gran sueño de todo español que se precie - y la insuficiente oferta pública de viviendas en alquiler. Ese aumento ha sido más elevado en lo que han dado en llamar "zonas tensionadas" de las grandes ciudades, en donde encontrar un alquiler que no suponga dejarse la práctica totalidad de los ingresos, e incluso más de lo que se ingresa, es tarea casi imposible, máxime a raíz del boom del turismo vacacional. 

(ADP)

Limitación de precios frente a bonificaciones fiscales

Ante esta realidad, Podemos pretende simple y llanamente que se limiten los precios y que se obligue a los llamados "grandes tenedores" a destinar al menos el 30% de sus pisos a alquileres sociales. Los precios por encima del que se establezca como de referencia - quién lo establecería y con qué criterios no se sabe - deben bajar para ajustarse a él y los que estén por debajo congelarse: y asunto resuelto, sin más miramientos a la legalidad ni zarandajas.  Como decía, el manual del buen populista siempre encuentra soluciones mágicas para cualquier problema por complejo que este sea, y el de la vivienda lo es en grado sumo. Los socialistas, en cambio, son de momento poco partidarios de esa fórmula y optan por las bonificaciones fiscales a los propietarios, moduladas de acuerdo con una amplia casuística, y por acuerdos público-privados para incrementar la oferta de viviendas en alquiler en el mercado.

Pero las negociaciones no avanzan y Pablo Iglesias está a punto de irse del Consejo de Ministros y se ha ido ya del Congreso -¡loado sea el Señor!- sin haber conseguido que su socio y sin embargo rival dé su brazo a torcer. De momento, ni siquiera han definido con claridad a qué se refieren con lo  de "zonas tensionadas" ni qué se entiende por un "gran tenedor" de viviendas. Tampoco se ha avanzado en definir lo que se considera una vivienda vacía ni qué hacer con ella, aunque el PSOE quiere que los ayuntamientos castiguen a sus dueños con una penalización del IBI si no la ponen en alquiler. Y claro, cuando no hay acuerdo en conceptos básicos difícil es que lo pueda haber en todo lo demás. Lo cierto es que, mientras le dan vueltas y se tiran los trastos, los grandes fondos inmobiliarios y los propietarios se empiezan a poner a cubierto y a retirar viviendas en alquiler para pasarlas al mercado de compra - venta, lo que puede terminar elevando más los precios del arrendamiento. 

(Getty Images)

¿Qué ha pasado allí en donde se han limitado los alquileres?

El gran debate de fondo es si las medidas de intervención en el mercado sirven al objetivo principal: el acceso a la vivienda. Es aquí en donde pintan bastos, porque las experiencias apuntan más bien en la dirección contraria: allí en donde se han limitado los precios se ha contenido la subida a corto plazo pero a medio y largo los resultados han sido los contrarios de los deseados. Dejando a un lado las pegas legales de esa medida, ¿qué ha pasado en San Francisco, París, Berlín o Estocolmo, ciudades que los de Podemos ponen como ejemplos de lo que habría que hacer en España? Varias cosas: disminución de la oferta de viviendas en alquiler que se han ido al mercado de compra - venta o han dejado de estar disponibles, más dificultades de acceso, desvío de viviendas al mercado negro, menos inversión en mantenimiento por parte de los propietarios y, en definitiva, obstaculización del alquiler para una mayoría a cambio de intentar facilitárselo a una minoría. 

Hasta el Banco de España ha entrado al trapo y ha advertido de que el problema habría que atacarlo desde el lado de la oferta, incrementándola de manera que responda a una demanda creciente. Cabe recordar que en España el parque público de vivienda suma solo el 2,5% del total, uno de los más bajos de la UE, y que el número de personas que vive en nuestro país de alquiler es del 24%, la mitad de Alemania. Pero claro, incrementar las viviendas públicas, entre ellas las de alquiler, requiere un importante esfuerzo económico, amén de modificaciones legales que agilicen la inversión y eviten que la edad de emancipación de los jóvenes españoles se siga acercando peligrosamente a la de su jubilación. Dicho sea exagerando un poco para subrayar la gravedad del problema. 

(EFE)

Ese debería ser el gran objetivo en estos momentos, más que aplicar medidas de marcado sesgo ideológico que, con suerte, solo servirán para enmascarar las estadísticas uno o dos años mientras el mal de fondo sigue sin solución. En esa línea precisamente acaba de pronunciarse el ministro Ábalos, prometiendo 44.000 viviendas de alquiler social con fondos europeos y otras 56.000 procedentes de la colaboración con el sector privado. 

Eso sí, Ábalos no ha sido muy preciso ni sobre la cuantía para ese objetivo ni sobre los plazos para su ejecución ni sobre el papel de comunidades y ayuntamientos, con competencias en esta materia. Pero sobre todo, seguro que no es casualidad que el anuncio se produzca cuando más enquistada está la negociación con Podemos, lo que sugiere que el inefable ministro ha vuelto a hacer una de las cosas que mejor se le dan: huir hacia adelante esperando que escampe el nublado y, luego, ya veremos.