Sanidad Madrileña S.A.

Los primeros ensayos de privatización sanitaria se llevaron a cabo en la Comunidad de Valencia y en Cataluña, en donde el nacionalista ex novo Artur Mas dice ahora que tiene abismales diferencias ideológicas con el PP. Ni él se cree lo que dice. Aunque fueron ensayos a pequeña escala cumplieron la función de servir de modelo para el macroensayo privatizador que acaba de aprobar la Asamblea de la Comunidad de Madrid con el único respaldo del PP, mientras algunos de sus preocupados diputados por la sanidad pública jugaban a Apalabrados.

La medida significa en la práctica que 6 hospitales públicos y 27 centros de salud pasarán a estar externalizados, feliz eufemismo del neolenguaje popular con el que se intenta ocultar cuál es el verdadero objetivo que se persigue: que un millón y medio de madrileños sean atendidos a partir de ahora en centros gestionados por empresas privadas del ámbito sanitario, que como es lógico no tienen palabras para agradecer el generoso regalo público que se les hace.

 De nada parecen haber servido las tres semanas de huelgas, manifestaciones y dimisiones protagonizadas por los colectivos de profesionales sanitarios y, mucho menos, sus contrapropuestas para evitar la privatización, de las que no se ha aceptado ni una coma. Cuando uno no quiere dos no negocian y el Gobierno madrileño nunca ha tenido voluntad alguna de modificar un ápice su principal objetivo desde el minuto uno: servirle en bandeja al sector privado, de donde proceden algunos de los muñidores de esta privatización, la salud de los madrileños. 

Ignacio González, el aventajado discípulo de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno autonómico, dice basar la decisión en el convencimiento de que la empresa privada es una gestora más eficiente que la pública, algo en absoluto demostrado empíricamente al menos en el sector sanitario. En definitiva, estamos ante la puesta en práctica del principio neoliberal según el cual todo lo público es ineficiente y despilfarrador y debe ser suprimido a mayor gloria de la iniciativa privada y la mano invisible y perfecta de los mercados que – a la vista están los resultados – tan bien ha funcionado en sectores como el financiero o el de los transportes aéreos, sin ir más lejos. 

Con la privatización sanitaria madrileña que amenaza con extenderse a otras comunidades y con la inefable ministra de Sanidad anunciando para 2013 nuevos recortes en la sanidad pública con el fin de garantizar que siga siendo pública, universal, gratuita y de calidad – hace falta cinismo político para afirmar tal cosa después de los copagos y recortes del año que termina – el PP continúa su labor de zapa del estado del bienestar.

Los tiburones que aguardan hacer negocio con la salud pública tienen sobrados motivos para esperar un próspero 2013; los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos solo tenemos dos opciones: revelarnos o llorar sobre la leche derramada.    

Mensaje irreal

Las bajas cotas de audiencia cosechadas por el último mensaje navideño del Rey ponen de manifiesto el creciente alejamiento entre la Corona y buena parte del pueblo español. El fenómeno es claramente extrapolable al conjunto de la llamada clase política, como también evidencian de forma reiterada los sondeos de opinión. Para una gran mayoría de los españoles, ni la Corona ni los poderes públicos han sido capaces de ponerse a la altura de las graves circunstancias que vive el país.

En el caso de la Corona, las causas de la desafección hay que buscarlas en el comportamiento del propio monarca y en el de su entorno familiar. Su cacería secreta en África con posterior propósito de la enmienda, sus declaraciones animando a los españoles a salir de la crisis “con un cuchillo en la boca” y la corrupción en la que está inmerso su yerno – por sólo citar tres factores determinantes de la pérdida de estima que le dispensan los españoles - configuran un annus horribilis para él y para la institución que encarna.

Ninguno de estos asuntos mereció al menos un par de frases en su último mensaje navideño, nada que sonara a autocrítica sobre su propia responsabilidad se escuchó de sus labios. Su apelación a la unidad y al esfuerzo de todos para superar esta situación, sonó hueca y cansina, como si la inmensa mayoría de los ciudadanos no estuviera ya hasta la coronilla de esfuerzos, recortes y sacrificios.

También sus alusiones a los que “intentan dividir”, contestadas agriamente desde Cataluña, han dado la imagen de un rey incapaz de descender de su palacio a las cabañas del paro, la exclusión social, los desahucios, el empobrecimiento de los pensionistas, el deterioro y la privatización de los servicios públicos, en resumen, a la realidad pura y dolorosa del país del que es el Jefe del Estado.

Todo en su mensaje ha sonado como contado desde muy lejos y de oídas, incapaz por tanto de conectar con una ciudadanía harta ya de golpecitos de ánimo en la espalda mientras sufre las embestidas feroces de un Gobierno que, aprovechando la crisis, está haciendo tabla rasa de todo lo que tanto tiempo y esfuerzo ha costado poner en pie. Una realidad ante la que el Rey no puede limitarse a ser un mero libre oyente.

Indemnización de bajo coste

Era previsible. Una vez que la Justicia cerró la vía penal y abrió la civil para depurar responsabilidades en el accidente del avión de Spanair que se estrelló el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas con el resultado de 154 víctimas mortales y 18 heridos, la aseguradora de la compañía ya desaparecida no ha tardado en ofrecer un acuerdo extrajudicial de indemnización a toda luces raquítico. En total, MAPFRE ofrece a los familiares de las víctimas 12,7 millones de euros de indemnización, lo que equivale a una media de menos de 80.000 euros por cada fallecido, exceptuando los miembros de la tripulación que disponían de su propio seguro.

Se da la circunstancia de que la póliza que Spanair tenía contratada con MAPFRE asciende a 1.500 millones de euros, así que no es difícil concluir que la aseguradora busca lisa y llanamente hacer un gran negocio a costa del dolor de los familiares y de la delicada situación por la que atraviesan muchos de ellos. El baremo para calcular la indemnización, que la Asociación de Víctimas ya ha rechazado por ofensiva, ha sido el que se aplica a un accidente de tráfico y no a una gran tragedia como aquella, la mayor en la historia de la aviación en nuestro país en los últimos veinticinco años. 

La generosidad de la aseguradora con los familiares de las víctimas tiene una contrapartida bien clara: deberán renunciar para siempre a cualquier tipo de acción penal o civil contra Spanair, SAS, la propia MAPFRE, McDonnell Douglas, Boeing, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y Aviación Civil, así como contra cualquier otra entidad que pudiera ser hallada responsable del siniestro. Se escuda en que un proceso por la vía civil, que los familiares ya han emprendido en un juzgado de lo mercantil de Barcelona, sería muy largo y obligaría a los afectados a abonar las injustas tasas judiciales de Ruiz-Gallardón. Ya en junio del año pasado, antes de que se cerrara la vía penal, MAPFRE había ofrecido un acuerdo extrajudicial similar a las familias que sólo unas pocas aceptaron.

La Asociación de Víctimas, que siempre ha tenido a gala resaltar que su objetivo en este largo proceso no era la compensación económica sino esclarecer lo ocurrido para que no se repita, vive aún con profunda decepción que la Justicia haya sido incapaz de establecer responsabilidades penales en relación con la catástrofe después de cuatro años de estéril investigación judicial. Cerrado el cauce penal se les ha obligado a recurrir al civil en donde están ahora puestas sus últimas esperanzas de que no se les vuelva a decepcionar.

El hecho de que la vida humana no pueda ser apreciada en términos económicos no impide que sean compensados con justicia por los daños y quebrantos de todo tipo que aquel accidente les ha generado. Sabemos que no es más que la imperfecta justicia humana y ninguna indemnización por elevada que sea podrá devolverles a sus seres queridos. Sin embargo, desgraciadamente es la única a la que les queda apelar frente a la oferta de una compañía aseguradora a la que sólo parece preocuparle su cuenta de resultados.

¡Felices Fiestas y Próspero 2012+1!

Me pasé el viernes escudriñando el cielo en busca de señales apocalípticas y no ocurrió nada. Por la noche constaté descorazonado que todo continuaba igual. Sin ir más lejos, Rajoy seguía en la Moncloa afilando las tijeras y preparando el balance de su primer año de gobierno, que comunicará urbi et orbe en fecha tan apropiada y oportuna como la del Día de los Santos Inocentes.

En Ferraz seguía también Alfredo Pérez Rubalcaba unido con poxipol al sillón; Artur Mas había resistido la tentación de proclamar la independencia para ver a Cataluña convertida en nuevo Estado de Europa al menos por unas horas; Alberto Ruiz Gallardón y José Ignacio Wert seguían en sus puestos de vigías de Occidente; Merkel seguía siendo la irreductible heroína del déficit y ningún banquero había ido a la cárcel: el mundo giraba con aparente normalidad y el orden natural de las cosas no se había alterado lo más mínimo.

Pensé entonces que tal vez los mayas la pifiaron al sacar los cálculos sobre el fin del mundo, error natural en una época en la que no existía la casio y había que contar con los dedos o con palotes. ¿Y si no era el 21 sino el 22 cuando nos teníamos que ir todos a tomar viento? No sólo los mayas se pueden equivocar: a banqueros, políticos, jueces, abogados, periodistas y futbolistas les pasa todos los días. ¿Y qué me dicen de los augurios sobre la crisis que hicieron no pocos economistas, esos expertos que te explican mañana la razón de que no se cumplan hoy las previsiones que hicieron ayer?

Así que me pasé también todo el 22 buscando signos de que el mundo tenía las horas contadas pero tampoco ocurrió nada significativo: un año más el mundo y los bombos de la lotería giraron acompasadamente al son del guineo de los niños de San Ildefonso y ni siquiera pillé un reintegro, señal inequívoca de que mi suerte – mala – seguía siendo la misma que la del año anterior y el anterior y el anterior…..¿Cómo se va acabar el mundo sin que yo haya pescado al menos una terminación de la lotería? Sencillamente, no puede ser – me dije - y corrí a comprar un número para los rascaos.

No me explico lo ocurrido, no sé si los mayas se llevaron una o dos de más o de menos, si estaba nublado a la hora de sumar ciclos lunares o si los expertos que interpretaron sus profecías habían consumido más peyote del que es recomendable para no padecer alucinaciones divinas. Lo cierto es que, a día de hoy, el mundo sigue su agitado curso, que cantaba Graciela, y esa es una mala noticia, entre otros, para Díaz Ferrán, que no podrá librarse de tener que cenar turrón amargo, y para Urdangarín, obligado a vivir una solitaria velada sin más compañía tal vez que la del Gaitero, el pobre.

Superado el susto, he llegado a la conclusión de que el taponazo mundial no será el fruto de ninguna remota profecía sino la consecuencia de una predicción matemática de los mercados que los economistas nos explicaran con todo lujo de detalles cuando estemos criando malvas. Mientras ese momento llega les deseo...

¡Felices Fiestas y Próspero 2012+1!

Portugal: un país en venta

El Gobierno de Portugal ha colgado un cartel bien visible y escrito con grandes caracteres en el que puede leerse “País en venta”. La venta incluye todas las joyas de la corona, o de la República, si lo prefieren. El lote comprende desde la compañía aérea de bandera, la TAP – única aerolínea nacional – hasta los aeropuertos, las compañías eléctricas – ya adquiridas por dos empresas estatales chinas -, las participaciones públicas en la petrolera GALP, astilleros, los trenes de mercancías, varios bancos, Correos y Telégrafos, la televisión pública y, en definitiva, todo aquello con lo que se pueda hacer caja aunque sea a precios de saldo.

Esta furia vendedora de las empresas públicas portuguesas al mejor postor es el resultado del rescate de 78.000 millones de euros solicitado a la famosa troika – FMI, UE y BCE - por el Gobierno del socialista José Socrates para evitar la bancarrota del país. Bancarrota que, de todos modos y gracias a los recortes de todo tipo aplicados por los conservadores de Passos Coelho en el poder, Portugal está sufriendo ya en términos de dramático empobrecimiento social y económico del conjunto de la población.

Con el objetivo de hacer caja para cumplir con las generosas condiciones de la troika a cambio del rescate, el Gobierno ha incrementado la jornada laboral en media hora, ha recortado las vacaciones de 25 a 22 días, ha eliminado la paga de Navidad, ha alargado la edad de jubilación, ha aprobado una brutal subida de impuestos que en la práctica supondrá que los trabajadores portugueses tendrán que dedicar el salario de todo un mes para poder pagarlos y ha eliminado los días libres con los que se premiaba a los funcionarios más diligentes. Y de propina, tiene sobre la mesa rebajar de 20 a 12 días las indemnizaciones por despido.

Como era de suponer, aunque esto ni al Gobierno ni a la troika de marras parece importarles lo más mínimo, la economía se contrae a pasos agigantados con caídas anuales del 3% del PIB, un paro en el 16% y una reducción del consumo del 2%. Ni siquiera una sociedad más bien introvertida y acostumbrada a sufrir como la portuguesa ha podido resistir tantos golpes y miles de personas se han echado a las calles para protestar.

Por su parte, los sindicatos ya han convocado dos huelgas generales en menos de un año y hasta en el partido del Gobierno hay voces críticas con una política de recortes a mansalva, contraproducente e injusta, que mete al país en un túnel sin salida ni brotes verdes de ningún tipo. Todo hace indicar que sólo un estallido social en toda regla podrá parar esta locura y obligar a buscar alternativas - que las hay - a unas políticas que, a la vista están en Grecia y en la misma España, son absolutamente erróneas. La cuestión es que, como en Grecia y como está ocurriendo también en España aún sin haber pedido el rescate integral aunque sí el bancario, ya no son los portugueses y sus representantes quienes tienen en sus manos las riendas del país. Al pedir el rescate se las entregaron con todas las consecuencias a los hombres de negro y nada de lo que digan o hagan los ciudadanos de a pie es tenido en cuenta.

La gente y sus sufrimientos no importan lo más mínimo, son daños colaterales despreciables que no deben estorbar el objetivo final: vender Portugal y a los portugueses atados de pies y manos a los mercados. La situación es tan grave que Portugal ni siquiera enviará el próximo año representante al Festival de Eurovisión para ahorrarse costes. A decir verdad, ni falta que le hace y, siempre y a pesar de los pesares, ni la troika podrá arrebatarles el fado, ese género musical tan bello y tan adecuado para describir la intensa saudade que sufren hoy los portugueses.

Viajar es un placer

Seamos serios. A un señor llamado Gonzalo Moliner no le hace gracia viajar en clase turista y prefiere la business, supongo que como la inmensa mayoría de los ciudadanos que pudiera permitirse pagárla. Pero Gonzalo Moliner no es un ciudadano de a pie, sino el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, cargos en los que sustituyó a un viajero empedernido por cuenta del erario público llamado Carlos Dívar.  

Aquellos viajes pagados a escote por los ciudadanos y aquellos caribeños fines de semana terminaron por costarle el cargo. Después de aquel bochornoso episodio se decidió que los gastos del presidente y de los vocales del CGPJ fueran examinados con lupa y controlados al céntimo, de manera que al señor Moliner se le obliga a viajar en clase turista lo que, a su juicio, no da una buena imagen de la Justicia. Como si la imagen de tan egregia señora se labrara en función de la clase en la que viajen sus más encumbrados representantes institucionales a los que el común de los mortales apenas tiene el honor de conocer. 
 

Ítem más: sus señorías los senadores y diputados volarán siempre en clase preferente, salvo que la compañía aérea no disponga de otra opción. En caso de viajar en tren, lo harán en clase Club o similar. Así consta en el documento de rige los desplazamientos de las delegaciones oficiales de las Cortes Generales pero en el que – miren por dónde – no se detallan los costes. Secreto de Estado debe ser. 

Es cierto, y así lo han subrayado varios grupos parlamentarios, que el Congreso y el Senado tienen acuerdos de colaboración con las compañías aéreas que permiten a sus señorías viajar en preferente en la medida en la que esa opción les permite más flexibilidad y disponibilidad para cambiar un vuelo. Ahora bien, eso no puede significar que deban optar siempre por la clase preferente y que las Cortes prefieran esa opción a la clase turista y, encima, no digan lo que nos cuesta la preferencia a los ciudadanos. 

Todo esto no ocurre en un país idílico llamado Jauja en el que la miel brota de los árboles sino en la España de los recortes nuestros de cada día en la que los gestos tienen un gran valor. Lo que daña la imagen de la Justicia – ya bastante maleada – no es que su máximo representante institucional viaje en clase turista sino que se queje por ello. 

Y lo que daña la imagen de los representantes públicos – que tampoco pasan por sus mejores momentos – no es que tengan que viajar en preferente si no hay otra alternativa, sino que usen esa opción por defecto y además oculten a los ciudadanos cuánto nos cuesta la preferencia. Y es que, como la caridad, el respeto bien entendido siempre empieza por uno mismo.