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Indemnización de bajo coste

Era previsible. Una vez que la Justicia cerró la vía penal y abrió la civil para depurar responsabilidades en el accidente del avión de Spanair que se estrelló el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas con el resultado de 154 víctimas mortales y 18 heridos, la aseguradora de la compañía ya desaparecida no ha tardado en ofrecer un acuerdo extrajudicial de indemnización a toda luces raquítico. En total, MAPFRE ofrece a los familiares de las víctimas 12,7 millones de euros de indemnización, lo que equivale a una media de menos de 80.000 euros por cada fallecido, exceptuando los miembros de la tripulación que disponían de su propio seguro.

Se da la circunstancia de que la póliza que Spanair tenía contratada con MAPFRE asciende a 1.500 millones de euros, así que no es difícil concluir que la aseguradora busca lisa y llanamente hacer un gran negocio a costa del dolor de los familiares y de la delicada situación por la que atraviesan muchos de ellos. El baremo para calcular la indemnización, que la Asociación de Víctimas ya ha rechazado por ofensiva, ha sido el que se aplica a un accidente de tráfico y no a una gran tragedia como aquella, la mayor en la historia de la aviación en nuestro país en los últimos veinticinco años. 

La generosidad de la aseguradora con los familiares de las víctimas tiene una contrapartida bien clara: deberán renunciar para siempre a cualquier tipo de acción penal o civil contra Spanair, SAS, la propia MAPFRE, McDonnell Douglas, Boeing, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y Aviación Civil, así como contra cualquier otra entidad que pudiera ser hallada responsable del siniestro. Se escuda en que un proceso por la vía civil, que los familiares ya han emprendido en un juzgado de lo mercantil de Barcelona, sería muy largo y obligaría a los afectados a abonar las injustas tasas judiciales de Ruiz-Gallardón. Ya en junio del año pasado, antes de que se cerrara la vía penal, MAPFRE había ofrecido un acuerdo extrajudicial similar a las familias que sólo unas pocas aceptaron.

La Asociación de Víctimas, que siempre ha tenido a gala resaltar que su objetivo en este largo proceso no era la compensación económica sino esclarecer lo ocurrido para que no se repita, vive aún con profunda decepción que la Justicia haya sido incapaz de establecer responsabilidades penales en relación con la catástrofe después de cuatro años de estéril investigación judicial. Cerrado el cauce penal se les ha obligado a recurrir al civil en donde están ahora puestas sus últimas esperanzas de que no se les vuelva a decepcionar.

El hecho de que la vida humana no pueda ser apreciada en términos económicos no impide que sean compensados con justicia por los daños y quebrantos de todo tipo que aquel accidente les ha generado. Sabemos que no es más que la imperfecta justicia humana y ninguna indemnización por elevada que sea podrá devolverles a sus seres queridos. Sin embargo, desgraciadamente es la única a la que les queda apelar frente a la oferta de una compañía aseguradora a la que sólo parece preocuparle su cuenta de resultados.

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