Historia sin adjetivos

Condensar con rigor y amenidad tres milenios de historia de España en poco más de cuatrocientas páginas no está al alcance de todos los historiadores. Afrontar una tarea de esa magnitud requiere una aquilatada trayectoria de servicios a la Historia y tener bien pensado desde dónde se quiere partir, los estaciones por las que hay que pasar y adónde se quiere llegar. Antonio Domínguez Ortiz, fallecido en 2003 a los 93 años después de una larga y fructífera carrera que dejó un legado de casi cuarenta libros y unos 400 artículos, atesoraba con creces esas virtudes. Esto hace de "España. Tres milenios de historia" (Marcial Pons, 2007), publicado por primera vez dos años antes de su muerte y que va ya por cerca de la veintena de reimpresiones, un libro riguroso a la par que sugerente que supone el reencuentro con la Historia sin apriorismos.

En busca de la idea de España

El hispanista británico John Elliott escribe en el prólogo que Domínguez Ortiz nunca perteneció a ninguna escuela histórica, aunque siguió con interés los cambios historiográficos. Tal vez no haya mayor elogio de alguien que concibió la investigación histórica alejada de corsés como el único camino para entender el pasado y comprender el presente sin sesgos deformadores. De ahí que sea imposible encasillar su trabajo con las etiquetas al uso y que la suya merezca por derecho propio ser considerada Historia sin adjetivos. Ese conocimiento riguroso del pasado es el que Domínguez Ortiz reivindica en el escueto prólogo, en el que se lamenta del tratamiento de la Historia en los planes de enseñanza y critica lo que llama obsesión por el "sociologismo" en la historia contemporánea española. 

Un hilo conductor recorre el denso resumen de esos tres milenios desde la época tartésica a la Transición de 1978. Desde el inicio Domínguez Ortiz se esfuerza en encontrar los  factores históricos que han moldeado la idea de España como nación, un concepto aún en discusión. Así, al hablar de la romanización escribe que "fue un hecho decisivo en nuestra historia; está en la base de la existencia de España como unidad nacional". Tras la romanización, la conquista musulmana y la respuesta de los reinos cristianos representa un proceso tan largo como rico en consecuencias de todo tipo para la idea de España como nación, que Domínguez Ortiz ya ve prefigurada en el oscuro periodo visigodo con la conversión de los arrianos al catolicismo. Sin embargo, para el autor "la gran debilidad de al-Ándalus (...) fue su incapacidad de consolidar un modelo territorial que aunara la unidad de Hispania con su diversidad". 

"Domínguez Ortiz se esfuerza en encontrar los factores históricos que han moldeado la idea de España como nación"

El avance de los reinos cristianos debilitó a los musulmanes, sumidos en disputas internas, y fortaleció a Castilla como actor principal de la situación tras la victoria sobre los musulmanes. En ese contexto Domínguez Ortiz subraya con precisión que el matrimonio de Fernando e Isabel fue una unión personal y no la de Aragón y Castilla, como se suele creer incorrectamente. Es esta una época de grandes acontecimientos históricos, unos afortunados y otros lamentables: entre los primeros la llegada de Colón a lo que nunca creyó fuera un nuevo continente, y entre los segundos la expulsión de los judíos y la Inquisición de infausto recuerdo. En este contexto Domínguez Ortiz se refiere a la trascendencia histórica del descubrimiento y recuerda las leyes de la Corona en defensa de los indios, si bien subraya que no siempre se respetaron. 

Auge y decadencia

La expansión española alcanzó su cénit con Carlos I y Felipe II, tras los cuales accedieron al trono Felipe III y Felipe IV, muy alejados en todos los sentidos de sus antecesores. El siglo XVII quedó marcado por la injusta expulsión de los moriscos y el ascenso de  validos como Lerma y Olivares, virreyes de facto ante la incompetencia o la inhibición de los titulares del trono. La pérdida de Portugal en 1680, las pestes y las malas cosechas terminaron de malograr un siglo XVII funesto. De las colonias recibía España riquezas sin cuento, que en gran medida se dilapidaron en guerras inútiles para sostener una política exterior más orientada a perpetuar la imagen de la monarquía que a fortalecer la posición en Europa. 

El XVIII no fue mejor, con una guerra de Sucesión que terminó con la llegada de los Borbones al trono de España a través de Felipe V, un rey que nuestro autor tilda de "mediocre". Francia e Inglaterra eran cada vez más fuertes y España más débil: en la paz de Utrech se perdieron las posesiones en Flandes e Italia junto con Gibraltar y Menorca. En política interna se aprobaron los Decretos de Nueva Planta que abolieron los fueros catalanes, generando un agravio que aún hoy alimenta el secesionismo. El nacimiento del XIX fue un periodo crítico para el país: aunque la Ilustración tuvo escaso eco en España, el miedo a los efectos de la Revolución Francesa, la invasión napoleónica y la independencia de las colonias supusieron un nuevo hito en la historia española. Todo ello con una Hacienda pública casi en ruinas y una monarquía secuestrada en Francia y añorada en España por el absolutismo. 

"En la España decimonónica se aprecian ya los gérmenes de la descomposición de la sociedad estamental"

Fue el siglo de las constituciones efímeras con la de 1812 a la cabeza, de las "guerrillas", de los espadones y los pronunciamientos, de las desamortizaciones, del carlismo reaccionario, de los "afrancesados" y del "liberalismo", una palabra española llamada a tener mucha más fortuna fuera que dentro de España. En la comprimida descripción que hace Domínguez Ortiz de la España decimonónica se aprecian ya los gérmenes de la descomposición de la sociedad estamental, aunque su sustitución por una sociedad nueva tardará aún mucho en materializarse. El XIX trajo también la Primera República y la vuelta a la monarquía en un brevísimo periodo de tiempo. La Restauración fue la etapa del caciquismo, del amaño de las elecciones censitarias y masculinas y del turnismo de liberales y conservadores, dos partidos prácticamente indistinguibles entre sí. El siglo se despidió con la pérdida de las últimas colonias y una profunda crisis identitaria de la que dejaron testimonio doliente y pesimista los que con el tiempo llamaríamos intelectuales. 

Hacia un siglo XX de esperanzas frustradas

España enfiló el siglo XX sumida en el secular atraso económico y social que padecía respecto a una Europa que ya afilaba los cuchillos para la Gran Guerra. El país sacó provecho manteniéndose al margen aunque dividido entre aliadófilos y germanófilos. Pero los problemas económicos y sociales, largo tiempo ignorados, no hacían sino agravarse y surgieron las primeras luchas obreras al tiempo que se expandió el anarquismo terrorista con su cosecha de magnicidios. La huelga general de 1917, la Semana Trágica de Barcelona y el desastre de Annual contribuyeron a agravar la deteriorada situación social y política. El viejo sistema clientelar quebró con el golpe militar de Primo de Rivera en 1923 y la instauración de una dictadura ante la que Alfonso XIII respiró aliviado. La turbulenta II República, que llegó cargada de ilusiones pero que no tardó en sumirse en la división y el enfrentamiento, dio paso a otro golpe militar y a una cruenta guerra civil, seguida de una represora y larga dictadura a la que solo puso fin la muerte del dictador. La Transición del 78, estación final de este recorrido histórico, que algunos se permiten hoy denostar porque nunca han vivido bajo una dictadura, fue la puerta al periodo más largo de estabilidad política, social y económica que ha conocido España. 

Es el muy apretado esquema de un libro que es en sí mismo una visión condensada y crítica de tres mil años de historia en los que por fuerza ha habido avances y retrocesos como en cualquier otro lugar. Leyendo este libro con atención se concluye que España no es un exotismo histórico que haya que estudiar aisladamente del resto. Es, con sus luces y sus sombras, un viejo país dueño de una historia rica, compleja y apasionante, a veces trágica y sangrienta y a veces brillante y fructífera, moldeada a través de un sinfín de factores y circunstancias, que conviene conocer para no hacer juicios anacrónicos, precipitados o sesgados que nos lleven a creernos mejores o peores de lo que somos como pueblo y como nación. Como bien nos recuerda el propio autor, "por su carga ideológica la Historia siempre ha tenido la desgracia de ser utilizada como arma propagandística". El interminable debate sobre la memoria histórica de la Guerra Civil es un buen ejemplo de ese uso de la Historia. No hacer de esta ciencia un arma propagandística sino un vehículo de conocimiento y comprensión de nuestro pasado y nuestro presente es la gran aportación de Domínguez Ortiz y por eso es tan recomendable este libro. 

Alarma inconstitucional

Un gobierno que deliberadamente se salta la Constitución y vulnera los derechos fundamentales de cuarenta y siete millones de ciudadanos no es digno de continuar al frente de un país democrático. Si los españoles fuéramos menos condescendientes y mucho más exigentes con la clase política, ese gobierno ya habría dimitido y convocado elecciones. En España no pasará nada parecido porque gran parte de la sociedad dormita dopada por debates de campanario, lo que facilita que el Gobierno actúe con escaso o nulo respeto a las normas que son la garantía del estado de derecho. No debería la sociedad dejarse arrastrar al falso debate al que el Gobierno pretende desviar la atención tras el varapalo que le acaba de endosar el Tribunal Constitucional en relación con el primer estado de alarma por la pandemia. Como subraya el propio Constitucional, ni siquiera el interés general puede situarse por encima de los derechos fundamentales.

Reuters

Inconstitucionalidad por cálculo político

Lo que se debate no son las vidas que se salvaron gracias al estado de alarma, sino el empleo de una herramienta constitucional que no amparaba las restricciones de movilidad. Lo verdaderamente crucial es que las vidas salvadas serían las mismas si el instrumento elegido hubiera sido el estado de excepción. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar: a pesar de todas las advertencias sobre la inconstitucionalidad del decreto, el señor Sánchez y los suyos hicieron caso omiso por puro cálculo político. Decretar un estado de alarma le permitía sortear con más holgura el control parlamentario, algo que no ocurría en cambio con el estado de excepción. En realidad, nada nuevo bajo el sol: este Gobierno, con un presidente alérgico al control parlamentario al frente, ha hecho bueno al señor Rajoy, al que Sánchez afeaba desde la oposición que gobernara a golpe de decreto, solo que en este caso él ha ido un paso más allá y ha lesionado derechos fundamentales sin pararse en barras. 

"Decretar un estado de alarma le permitía sortear con más holgura el control parlamentario"

Las reacciones del Gobierno y su entorno no han hecho sino subrayar el desdén y el desprecio, cuando no la ignorancia, con los que este Ejecutivo se ha acostumbrado a tratar al resto de poderes e instituciones del Estado cuando sus decisiones le son desfavorables. El denominador es sostenella y no enmendalla, cuando no alegrarse por haber vulnerado la Constitución con el argumento falaz de haber "salvado vidas". Mención especial merecen las declaraciones de dirigentes y cargos públicos de Podemos cuestionando la decisión del Constitucional por la poderosa razón de que el resultado de la votación no fue unánime, como si la fuerza de la decisión fuera menor por ese motivo, y porque el recurso lo había presentado Vox, como si no fuera un partido legal que ejerció un derecho constitucional.  

Jueces malos, gobierno bueno

Ministras como Belarra parecen ignorar incluso que el Constitucional no forma parte del Poder Judicial y que sus integrantes los nombran precisamente los partidos políticos. Pero con ser grave esa muestra de ignorancia, lo es mucho menos que el mal disimulado deseo de poner al Constitucional y al Poder Judicial al exclusivo servicio de los intereses del Gobierno. Viniendo de Podemos no extraña mucho a estas alturas la pulsión antidemocrática que suelen mostrar sus dirigentes y cargos públicos. Sí sorprende en cambio que se pueda deducir la misma intención de las palabras de una ministra que parecía ser una de las pocas voces equilibradas y sensatas del Gobierno.

Hablo de la magistrada y titular de Defensa Margarita Robles, que en unas declaraciones lamentables ha atacado a los magistrados del Constitucional por dedicarse según ella a "elucubrar sobre doctrinas" y carecer de "sentido de estado". Aparte del desprecio hacia el trabajo de sus compañeros jueces que destilan esas palabras, parece que lo que Robles deseaba era que el Constitucional le diera la razón al Gobierno y pasara por alto la vulneración de derechos. No menos lamentable ha sido el estreno de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, también magistrada, defendiendo a toro pasado la legalidad de un decreto que el Constitucional acababa de declarar parcialmente inconstitucional. Se trata de valoraciones muy desafortunadas que, aún así, palidecen ante las informaciones según las cuales el Gobierno presionó al Constitucional para que avalara su decisión. De ser ciertas estaríamos ante un comportamiento gravísimo, mucho más propio de un régimen autoritario de resonancias venezolanas que de una democracia.

"Que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de millones de ciudadanos no le quita el sueño"

Lo ocurrido con el estado de alarma ha sido un hito más en la carrera de Pedro Sánchez para gobernar al margen de las normas y las formas que son la esencia de un sistema democrático. Encima, el Tribunal Constitucional le ha puesto las cosas aún más fáciles al tardar más de un año en decidir sobre un asunto de la máxima trascendencia, que como tal requería una celeridad mucho mayor por tratarse de la constitucionalidad de una medida que cuestionaba derechos fundamentales. Pero no esperemos que a raíz de esta decisión del Constitucional las cosas cambien porque el Gobierno se lo empieza a pensar dos veces antes de ponerse por montera esos derechos: o se lo exige la sociedad en su conjunto o continuarán erosionando y desfigurando la democracia a mayor gloria de ese rey sol de la política española llamado Pedro Sánchez.  

Cuba: al pan, pan y a la dictadura, dictadura

Que a estas alturas del siglo XXI aún haya quien se niegue a admitir que en Cuba rige una dictadura de libro desde hace más de seis décadas, solo puede obedecer a dos razones, ignorancia o complicidad. En el caso del Gobierno español es evidente que no puede ser la primera razón: las contorsiones y evasivas de Sánchez y algunas de sus ministras para dar rodeos y no llamar a las cosas por su nombre producen sonrojo y vergüenza. Preocupa especialmente que ministras del gobierno de un país democrático como Belarra o Díaz, nieguen la existencia de una dictadura comunista en Cuba pero sean incapaces de explicar por qué. La prudencia por los intereses españoles en la isla no puede ser una coartada para cerrar los ojos ante la realidad o para la ambigüedad y la tibieza, ante un régimen que vulnera las libertades y derechos políticos de una ciudadanía cubana frustrada y hambrienta de pan y libertad.

Reuters

El embargo como excusa

La excusa ineludible de la paleoizquierda española es acusar de las penurias económicas del pueblo cubano al bloqueo de EE.UU. Para renegar del libre mercado capitalista es paradójico lo que les preocupa el bloqueo comercial, aunque seguramente no son conscientes de la contradicción. Efectivamente, desde 1960 existe un embargo o bloqueo comercial sobre Cuba que Donald Trump endureció a finales del año pasado restringiendo o prohibiendo los viajes y las remesas a la isla, entre otras medidas. En casi treinta ocasiones la ONU ha condenado esta persistente e infructuosa política norteamericana, siempre con el voto en contra de Estados Unidos e Israel. Solo una vez Estados Unidos se abstuvo y fue coincidiendo con el mandato de Obama y su fracasado intento de normalizar las relaciones económicas y políticas entre Washington y La Habana. 

"Los defensores de la dictadura pretenden que hablemos solo del bloqueo"

Lo anterior es tan cierto como que los problemas crónicos que arrastra la economía cubana no se pueden explicar por ese factor, sin negar por ello su influencia negativa en la situación actual del país. El verdadero problema está en Cuba y es el de un modelo económico que ha fracasado históricamente en donde se ha implantado, empezando por la extinta Unión Soviética. Esa incapacidad del sistema cubano, agravada después de la desaparición de la URSS y la crisis venezolana, se ha puesto de manifiesto con una mayor crudeza si cabe durante esta pandemia. Pero en realidad llueve sobre mojado desde hace mucho tiempo, aunque los defensores de la dictadura pretendan que hablemos solo del  "bloqueo" y olvidemos quién y cómo se gobierna en Cuba. 

Dictadura de libro

Vamos a recordarlo porque parece que esos defensores lo han olvidado. En Cuba gobierna en régimen de partido único desde hace seis décadas el Partido Comunista, con lo cual estaría todo dicho. Pero digamos también que las mal llamadas elecciones son una farsa controlada por el único partido autorizado, que se vulneran los derechos humanos, que los disidentes con la dictadura son encarcelados por sus ideas políticas y que no hay nada parecido a la libertad de asociación, prensa o expresión al margen del partido. Cualquier excusa es buena para enviar a la cárcel a los discrepantes que no pasen por el aro  del partido o anularlos civilmente de por vida. Con esa disidencia eludió encontrarse Sánchez durante su visita oficial a La Habana en noviembre de 2018, en donde sí mantuvo reuniones, entre otros, con Díaz - Canel. 

EFE

En el plano económico y social, la caída del turismo por la pandemia ha paralizado la principal actividad económica, mientras la sanidad, de la que siempre ha presumido la dictadura, hace aguas por todas partes: no hay vacunas suficientes ni medicamentos esenciales y, además, encontrar alimentos básicos es una odisea. Agobiado por la situación, el Gobierno cubano permite ahora a los viajeros llevar medicamentos, alimentos y productos de aseo sin restricciones arancelarias, lo que desmiente su discurso contra el bloqueo como el causante de todos los males del país. Todo esto ha generado un explosivo caldo de cultivo que ha rebosado estos días el vaso de la paciencia social. Lo ocurrido desde el domingo en Cuba no es una revuelta orquestada por la CIA y el "imperialismo", como pretende hacer creer Díaz - Canel al mundo,  es el estallido social de buena parte de una población que no está dispuesta a seguir transigiendo con décadas de privaciones materiales y políticas y que parece haber perdido el miedo a la represión.

"Hay que estar atentos a los militares como ocurre con toda dictadura que se precie"

La continuidad de las protestas depende ahora de varios factores, entre ellos la evolución de la pandemia y de que regresen los turistas, lo que podría calmar los ánimos hasta la siguiente crisis. La jóvenes, que no vivieron la Revolución y que solo han conocido miserias, serán también decisivos en la marcha de los acontecimientos. Dando por hecho que Estados Unidos no moverá ficha mientras La Habana no haga algún gesto de apertura y con un Díaz - Canel sin carisma y a la defensiva, hay que estar muy atentos a los militares, como corresponde a toda dictadura que se precie. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, capitaneadas durante casi medio siglo por Raúl Castro y que por ahora se mantienen en silencio dejando la represión en manos de la policía, son la verdadera clave de bóveda para determinar la continuidad o la caída del régimen castrista si las protestas van a más. Ante este panorama incierto, el máximo deseo de todo demócrata tiene que ser que los cubanos encuentren una salida pacífica y dialogada a una de las dictaduras más anacrónicas y longevas del planeta.

Sánchez devorando a sus hijos

Sufro de digestión lenta, de ahí que me haya llevado su tiempo digerir el pedazo de remodelación que ha hecho Pedro Sánchez de su gobierno que, a poco que se hubiera despistado, hasta se podía haber cesado a sí mismo. Lo cierto es que otra zapatiesta gubernamental de estas dimensiones no la recuerdo y, aunque el mismo día de conocerse ya había gente haciendo sesudos análisis en las ineludibles redes sociales, yo he preferido hacer como aquellos futbolistas que, antes de pasar a lo loco, bajaban la pelota y levantaban la vista. Y lo primero que veo sin esforzarme gran cosa es que, para el bienestar general de los españoles, esta megacrisis de gobierno a las puertas del verano surte el mismo efecto que rascarse la nariz para aliviar la tos.  

ULY MARTIN

Una remodelación a mayor gloria del remodelador

Esa es precisamente la falla principal de los numerosos análisis sobre un asunto que sigue copando titulares. Porque digo yo en mi inocente ingenuidad que, cuando se acomete un cambio de gobierno tan amplio, el objetivo principal debería ser el de mejorar la gestión, atender los problemas más urgentes con mayor eficacia y conseguir que los ciudadanos vuelvan a confiar en aquellos en cuyas manos han depositado la responsabilidad de gestionar los asuntos públicos. No digamos nada de acotar el número de carteras a las competencias reales de la administración central suprimiendo ministerios florero, así como de enviar un mensaje de austeridad en el gasto en tiempos de rigores económicos. Sin embargo, salvo que uno profese la fe del carbonero, que no es mi caso, nada de eso se aprecia en el remodelado gobierno.

"No digamos nada de acotar el número de carteras a las competencias reales de la administración central"

Para la mayoría de los analistas, lo único que rige aquí es la necesidad de Pedro Sánchez de soltar lastre para aguantar lo que resta de legislatura. Es evidente que no se cambia a casi la mitad de un gobierno si este no está quemado y sobrepasado por la realidad y si los sondeos electorales no te empiezan a dar la espalda. Sánchez es muy consciente y por eso, cual Saturno devorando a su hijo, prescinde sin miramientos de la que ha sido su guardia pretoriana en los dos últimos años, la que le ha guardado las espaldas y le ha sacado las castañas del fuego aún quemándose en el intento. Una guardia de corps de la que también ha salido despedido hasta el fondo del barranco su consejero áulico Iván Redondo, cuya caída en desgracia está marcada en rojo por la debacle madrileña del 4-M y sentenciada con sus deseos de ser ministro, según las hablillas de la Villa y Corte. Parece mentira que el Maquiavelo de Moncloa haya cometido el error infantil de pretender hacerle sombra al rey sol de la política española sin tener siquiera carné del partido, pero así es la erótica del poder. 

El Gobierno soy yo y el partido también

Esta remodelación no responde a lo que se suele entender tradicionalmente como pérdida de confianza del presidente en sus ministros ya que, si hay que cambiar casi medio gobierno, el primero que tendría que haberse ido a casa debería haber sido el propio Sánchez. Su estrategia busca también un mayor control sobre el partido desde La Moncloa para coronarse vencedor por incomparecencia de rivales en el 40º Congreso de después del verano. Para ello nada mejor que rodearse de una corte de ministros y ministras crudos o a medio cocer, sin ejecutoria pública destacada, dispuestos a tirarse por un barranco si el presidente lo ordena y que ahora quedarán eternamente agradecidos por haber sido elevados al Olimpo del Consejo de Ministros cuando ni siquiera soñaban con esa posibilidad. Que pongan ahora sus barbas a remojo los escasos barones que como García - Page han osado afear en público el proceder político de su líder, porque en la próxima cita con las urnas se pueden ver colgados de la brocha y sin candidatura en la que sostenerse.

"La remodelación pone la pelota de nuevo en el tejado de Pablo Casado"

Si lo que a Pedro Sánchez le preocupara de verdad fueran los graves problemas del país, habría echado mano de gente de reconocido prestigio y trayectoria, que haberla hayla, y habría relegado la militancia a un muy segundo plano. De manera que lo más positivo que cabe decir de los cambios es que Nadia Calviño y Margarita Robles, los dos cerebros mejor amueblados del Ejecutivo, continúan en sus puestos. Pero es solo un pequeño consuelo a la vista de que también continúa gente tan quemada como Grande Marlaska o tan ineficiente como Maroto, además de los intocables representantes de Podemos, meros espectadores generadores de ruido y furia con la salvedad de Yolanda Díaz, que actúa como la segunda parte contratante de la primera parte. Esto hace aún más firme la idea de que hablar de un gobierno de coalición unido y cohesionado es solo un cuento para dormir a los niños. 

Puede que me equivoque pero no creo que Sánchez esté pensando en adelantar las elecciones sino en agotar la legislatura. Tendrá que volver a vencer el virus y relanzar la economía gracias al maná de la UE, pero su esperanza es que, si lo consigue, los españoles de frágil memoria olvidarán los errores en la gestión de la crisis sanitaria y los indultos a los independentistas, entre otras muchas cosas que este Gobierno ha hecho con los pies. Por lo demás, la remodelación también ha puesto de nuevo la pelota en el tejado de Pablo Casado, quien ahora tendrá que contrarrestar una posible recuperación del terreno electoral perdido por parte del PSOE. No creo que con limitarse a pedir elecciones cuanto antes y quejarse por los nombramientos "a dedo" de los ministros sea suficiente para ganarlas: mucho más tendrá que ofrecer el líder del PP para convencer a los españoles de que la alternativa es posible y su reto es que ese momento se aproxima cada vez más.  

Yo también soy baby boomer

Para tener al menos una ligera idea sobre la reforma de las pensiones hay que estar muy atento a los globos sonda del ministro Escrivá, experto en decir cosas por la mañana de las que se desdice a mediodía después de culpar al mensajero. Es un esfuerzo penoso que se debería compensar en la pensión, pero por ahora no veo manera mejor de que los baby boomers - los nuevos malos del viejo docudrama de las pensiones -  podamos calcular por lo alto cómo quedará nuestra jubilación que, en todo caso, no dará para muchas alegrías ya que, cuanto más se aleja la fecha de empezar a cobrarla, más se acerca la Parca inexorable. 

A las puertas de un nuevo recorte

Ironías aparte, da igual que el PP lo llamara "factor de sostenibilidad" o que el PSOE lo haya bautizado ahora como "mecanismo de equidad intergeneracional", el objetivo es continuar retrasando la edad legal de salida del mercado laboral para "compensar" el aumento de la esperanza de vida y, al mismo tiempo, penalizar con creciente dureza a quienes deseen anticipar la jubilación después de décadas cotizando. Los que decidan morir con las botas puestas serán premiados con 12.000 euros por año de más trabajado sobre la edad de jubilación, según el penúltimo globo sonda de Escrivá. Diga lo que diga el ministro sin partido que llegó de la AIReF a resolver el déficit de las pensiones y eche uno las cuentas que eche con el sudoku de las penalizaciones, estamos a las puertas de un nuevo recorte aunque nos lo venda como un "pequeño esfuerzo" de los baby boomers.

La cuestión es si el recorte, que afectará a unos once millones de españoles nacidos entre 1958 y 1977, servirá para garantizará la sostenibilidad, algo como mínimo dudoso. La clave de bóveda de todo el sistema es el número de cotizantes y su relación con el de pensionistas: en la actualidad esa relación es de 2 a 1, - una ratio bastante baja -, por lo que, según algunos cálculos, el envejecimiento de la población obligaría en una década a tener casi 6 millones más de cotizantes frente a los 19 millones actuales solo para mantener la ratio. ¿Será capaz la economía española en ese plazo de elevar hasta casi 25 millones el número de afiliados a la Seguridad Social? Ahí dejo la pregunta.  

El taca taca y los trileros

Para algunos especialistas la reforma es otra patada hacia adelante de una papa caliente de alto voltaje electoral, que los sucesivos gobiernos solo se atreven a tocar con guantes y pinzas pero jamás con bisturí. Se trata de buscar por dónde cortar para que el sistema no quiebre y es aquí donde los especialistas divergen. Unos proponen elevar la edad legal de jubilación a los 70 años, acercándola lo más posible a la esperanza de vida: los habría que irían a trabajar con el taca taca, pero cobrarían pensión menos tiempo con el consiguiente ahorro para la Seguridad Social. Por cierto, son los mismos especialistas que recomiendan planes privados de pensiones para "complementar" la pensión pública, así que es fácil adivinar cuál es el pie que arrastran. 

"Para algunos especialistas la reforma es otra patada hacia adelante de una papa caliente"

Otros optan por cargar el déficit de las pensiones sobre los Presupuestos del Estado, precisamente uno de los acuerdos del Gobierno con sindicatos y empresarios junto a la revalorización según el IPC. Aunque parece una solución mágica tiene mucho de juego de trileros que crea la ficción de que el déficit ha desaparecido. Ya veremos de dónde saldrán los 22.567 millones de euros anuales que el Gobierno se ha comprometido a incluir en los Presupuestos para pagar las pensiones. Si se acaba echando mano de impuestos como el IRPF los pensionistas sufrirían un doble recorte; si en cambio se recurre al endeudamiento público, engordaría aún más el monstruo de la deuda que supone ya el 125% del PIB y subiendo.

El debate sobre pensiones siempre acaba en recortes

Lo mire por donde lo mire, en la tómbola de este debate siempre tocan recortes. Uno no es un experto, solo un atento observador directamente interesado y, como tal, observa con extrañeza la obsesión por el gasto y el poco interés por buscar fuentes de ingresos para la Seguridad Social. El propio Escrivá amaga con subir la cotización de los salarios más altos, aunque puede que solo sea otro de sus famosos globos sonda. Tiremos del hilo y pensemos también en esos 180.000 millones de euros que según el FMI mueve la economía sumergida, un sumidero en el que las arcas públicas pierden anualmente entre 18.000 y 20.000 millones de euros; hablemos de la precariedad laboral, del paro juvenil por el que somos campeones europeos, de los salarios o de la ausencia de políticas demográficas dignas de tal nombre en uno de los países más envejecidos del mundo. Todos estos aspectos se ignoran a pesar de que su relación con los ingresos de la Seguridad Social es evidente hasta para un profano.

"Hablemos de los chiringuitos clientelares de los partidos, de los gobiernos inflados de asesores colocados a dedo"

Hablemos también de la ineficiencia en el gasto público, del elevado colesterol de la administración y la urgencia de que haga dieta estricta, de los "chiringuitos" clientelares de los partidos, de los gobiernos inflados de asesores colocados a dedo, de las canonjías políticas o de las rentas vitalicias del poder. ¿Por qué cuando se habla del gasto en pensiones siempre se hace recaer la carga de la prueba sobre los jubilados y nunca sobre los ingresos que aportaría a las arcas públicas suprimir gastos prescindibles del todo o en parte? Por último me pregunto también cuándo alcanzarán los partidos un pacto de estado sobre pensiones que sobreviva a las siguientes elecciones y no castigue a los mismos de siempre, y cuándo dejarán los políticos de tirarse nuestras jubilaciones a la cabeza mientras hacen en el gobierno lo que criticaron en la oposición. Podría seguir aunque, como baby boomer cabreado, ya me he alargado bastante por hoy. Pero aviso: continuará...

Desinformación y guerra política

"Exacerbar las tensiones y contradicciones (...) utilizando hechos reales y falsos y, a poder ser, una desconcertante combinación de ambos. Para que la desinformación funcione debe responder al menos parcialmente a la realidad o al menos a puntos de vista aceptados". 

Estas reflexiones figuran en la introducción del libro "Desinformación y guerra política. Historia de un siglo de falsificaciones y engaños", (Crítica, 2021) del politólogo y analista alemán Thomas Rid. El autor, profesor en la John Hopkins University, es experto en tecnología y espionaje, temas sobre los que ha escrito varios libros y sobre los que ha declarado ante el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos y ante el Bundestag. Las cerca de quinientas páginas del libro ofrecen un documentado repaso histórico de la desinformación política desde los inicios del siglo XX hasta la expansión de Internet y las redes sociales en el XXI. 

Es una preocupación ampliamente compartida que la desinformación en forma de bulos o noticias falsas es uno de los riesgos más preocupantes a los que se enfrentan las democracias occidentales. Señala Rid que "las campañas de desinformación son ataques contra el orden liberal (policía, justicia, científicos, periodistas, administraciones, etc.)". Subraya que, "cuando se hace difícil diferenciar entre hechos y no hechos, la confianza se desmorona y el hecho lo ocupan las emociones". El propio autor ofrece la clave para resistir estos ataques: "Cuanto más fuerte y robusto es un cuerpo político democrático, más resistente será a la desinformación y más reacio a usarla y optimizarla". Rid alerta del salto cualitativo que ha supuesto para las campañas de desinformación la revolución digital, en la que es mucho más difícil controlar y evaluar estos ataques; se trata de agresiones mucho más rápidas y reactivas y menos arriesgadas para el agresor. 

A partir de estas reflexiones iniciales, Rid nos conduce a través de una larga sucesión de campañas de desinformación, cuyo inicio sitúa el 11 de enero de 1923 cuando se crea en la Unión Soviética un departamento dedicado a ese fin en el seno de la Oficina para la Seguridad del Estado (GPU), germen del futuro KGB. En un estilo que recuerda a veces a las novelas de espionaje, nos adentramos en la prolongada campaña de desinformación de la CIA contra la Alemania Oriental, las filtraciones soviéticas de documentos falsificados sobre los planes militares de EE.UU., las falsedades interesadas sobre el SIDA o las técnicas de desinformación de la Stasi, la temida policía secreta de la RDA. El objetivo de todas estas campaña, en las que los medios de comunicación siempre desempeñaron un papel esencial, a veces involuntariamente y a veces de mil amores, era dañar la credibilidad del adversario, generar confusión, polarizar las opiniones políticas y debilitar la confianza y el apoyo interno de la población a las instituciones. 

 "Las campañas de desinformación son ataques contra el orden liberal"

Con el desplome del bloque soviético se entró  en una nueva dimensión, aunque los objetivos siguieron siendo los mismos. El auge de internet y de las redes sociales produjo un salto cualitativo que hace mucho más difícil medir el alcance de las falsedades e incrementa el riesgo de que los desinformadores terminen también desinformados cuando las mentiras escapan a su control. Fenómenos como el de Anonymus o WikiLeaks marcan un antes y un después en el uso de los secretos oficiales con fines políticos. El ataque cibernético ruso al Partido Demócrata estadounidense en las presidenciales de 2016 o el hackeo, probablemente ruso también, a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) permiten sugerir que "internet parecía estar diseñado a medida para la desinformación, incluso antes de que las redes sociales hubieran alcanzado la mayoría de edad". Si damos un paso más allá y pensamos por un momento en los sistemas digitales que controlan los arsenales nucleares y otras armas no convencionales de Rusia, China o EE.UU., es fácil imaginar las terribles consecuencias globales derivadas de un ciberataque contra objetivos militares de un país rival.

Gracias a las redes las campañas de desinformación han convertido a millones de personas en agentes involuntarios del engaño a gran escala. Basta pensar en la rapidez con la que las falacias y los bulos se extienden por la redes a golpe de tuit y de retuit para hacernos una idea aproximada de la magnitud del problema. Todos somos víctimas en potencia, no solo los ciudadanos anónimos sino medios de comunicación, periodistas, científicos, analistas, expertos en seguridad o representantes públicos. Rid nos recuerda en este punto que "anteponer la objetividad a la ideología contribuyó a abrir las sociedades y mantenerlas abiertas. Anteponer la ideología a la objetividad, en cambio, contribuyó a cerrar las sociedades y mantenerlas cerradas". En otras palabras, la desinformación persigue que antepongamos la ideología y las emociones a la objetividad y a la razón y cerremos cada vez más nuestras sociedades.

 "Anteponer la objetividad a la ideología contribuyó a abrir las sociedades y mantenerlas abiertas"

Aunque habríamos tenido una visión más equilibrada del problema si el autor hubiera incluido más casos de desinformación patrocinados por Estados Unido, el suyo es un trabajo que destaca no solo por la actualidad y la trascendencia del tema que aborda sino por la ingente documentación que maneja, buena parte de ella de primera mano a través de entrevistas personales. Concluyo el comentario haciendo mía una reflexión de Rid que creo resume muy bien el estado de la cuestión: "Al hombre de la calle le está resultando cada vez más difícil valorar y juzgar la palabra escrita. Esta cada vez más indefenso ante los monstruos que son las fábricas de opinión". 

A Canarias vino un día una inglesa soñadora

El tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos y ni el virus dice adiós ni los turistas dicen hello de nuevo. Los políticos, travestidos de adivinos, pronosticaron que el verano en Canarias sería el no va más de la recuperación turística, pero avanza julio y las reservas están bajo mínimos. Las cosas no pintan nada bien: se expanden nuevas cepas y se disparan los contagios mientras la vacunación, que tendría que ir mucho más rápido después de seis meses pinchando, sigue al trantrán a pesar de los aplausos diarios de los entusiastas de un Gobierno que desconoce la autocrítica. Los hay que se consuelan culpando a los "jóvenes irresponsables", a Boris Johnson por no poner el semáforo en verde o a los jueces por no comulgar con ruedas de molino. Pero nunca jamás, bajo ningún concepto, señalarán a los responsables públicos por decisiones con frecuencia inexplicables, inadecuadas o confusas: los culpables siempre son otros. 

Los augurios y la dura realidad

A pesar de la graciosa idea de la Consejería de Turismo de sortear bonos turísticos para los residentes pagados con dinero público, los hoteleros canarios han tirado la toalla del verano y sueñan con el invierno. Un sueño del que participan los miles de trabajadores canarios que continúan en ERTES porque sus hoteles siguen cerrados. Claro que, a la vista de la experiencia, mejor sería no volver a hacer castillos de arena para el invierno y cruzar los dedos. 

La ministra pitonisa Maroto, cuyo prometido plan para la recuperación del turismo canario seguimos esperando, o el siempre crédulo presidente canario, que en este asunto ni siquiera ha amagado con revirarse, llevan un año jurando por San Cucufato que la próxima será la buena. La primera fue poco antes del verano pasado, pero el virus se expandió de nuevo sin respeto alguno por Pedro Sánchez y su celebrado triunfo sobre la pandemia. Después dijeron que del invierno no pasaría pero, entre la desgobernanza autonómica y los "allegados" invitados a la cena de Navidad, hicimos otro pan como unas tortas. 

 "Llevan un año jurando por San Cucufato que la próxima será la buena"

Tranquilos, nos decían, en Semana Santa no habrá cama para tanta gente. Volvieron a fallar y, sin darnos cuenta, nos plantamos a las puertas de otro verano y el Gobierno volvió a pronosticar que este sería un verano de ocupación hotelera récord porque ingleses, alemanes y nórdicos morían de ansiedad por volar a Canarias a colorearse como gambas a la plancha. No supieron prever que Sánchez levantaría el estado de alarma y dejaría a las comunidades autónomas con una mano legal delante y otra detrás para luchar contra los brotes. Y a modo de guinda, el susodicho puso fin a la mascarilla en espacios públicos abiertos, a pesar de que el porcentaje de vacunación aconsejaba prudencia antes de enseñar de nuevo la sonrisa, que diría la poética Carolina Darias. 

Culpar a los demás es sencillo, gobernar es complicado

Boris Johnson no pondrá el semáforo en verde si la situación sanitaria no mejora sustancialmente en Canarias y, si eso no ocurre pronto, Ángela Merkel también podría enseñarnos tarjeta amarilla. Acelerar la vacunación y aumentar las pruebas es esencial pero, al mismo tiempo, no caben más experimentos creativos con los niveles de la pandemia y hay que hilar fino jurídicamente para que las medidas que se adopten no choquen con derechos fundamentales por bienintencionadas que sean. De otro lado, la denuncia de las infracciones, que hay que perseguir y sancionar de modo ejemplar y sin tibiezas, no puede ser la coartada para tildar injustamente de irresponsables a segmentos enteros de la población como los jóvenes, aunque no falten los que tienen tanto seso como un mejillón. 

"Boris Johnson no pondrá el semáforo en verde hasta que la situación sanitaria mejore sustancialmente"

Después de aquella inglesa de la canción han venido a Canarias millones de turistas a los que hoy se echa en falta porque son, nos guste poco o nada el turismo masivo, la sangre que vivífica un tejido productivo que sin ellos perecería: ojalá las reiteradas promesas políticas de diversificar la economía se hubieran cumplido cuando se podía y se debía, que no es precisamente en estos momentos de crisis profunda. 

Por eso, para la sociedad canaria y su economía, que regresen cuanto antes los turistas es vital casi en el sentido literal de la palabra. A los responsables públicos se les paga para afrontar y resolver problemas como ese y disponen para ello de generosos márgenes de discrecionalidad y de recursos que les permiten apoyarse en especialistas para la toma de decisiones. Lo que en ningún caso necesitamos son vendedores de augurios de falso optimismo para agradar a la galería, sino gestores públicos que transmitan certidumbres hasta donde sea razonable y generen confianza social y económica.  

Salario Mínimo: todos queremos más

Que el Salario Mínimo subirá más pronto que tarde es algo contra lo que no les aconsejo apostar. Puede decirse que la decisión está tomada y solo falta fijar cuantía y fecha. Lo primero ya lo ha apuntado la "comisión de expertos" creada pro domo sua por Yolanda Díaz aunque, hablando en plata, no era su objetivo "sugerir" cuánto debe subir, sino establecer cuál es exactamente el 60% del salario medio al que el Gobierno aspira a elevar el SMI antes de que acabe la legislatura. Esa comisión, de la que se agarran Díaz y los sindicatos para exigir que se implante ya el aumento, sugiere pasar de los 950 euros actuales a entre 1.012 y 1.047 euros de SMI. El debate echa humo entre los economistas y entre lo que algunos llaman las dos almas del Gobierno, la podemita y la socialista.

Las dos almas del Gobierno

La incógnita a despejar es si se impondrá Díaz que, alegando que el SMI se congeló el año pasado por la pandemia, quiere aprobar una primera subida de inmediato y posteriores aumentos en 2022 y 2023 hasta alcanzar el objetivo del 60%; enfrente está Nadia Calviño, cuyo criterio es que una subida ahora debilitaría los brotes verdes de la economía. A primera vista parece que Calviño tiene el respaldo de Pedro Sánchez, partidario también de tomarse un tiempo antes de volver a tocar la tecla del SMI. Sin embargo, de las promesas de Sánchez líbreme Dios, que de las del diablo ya me guardo yo solo. 

"Parece que Calviño tiene el respaldo de Pedro Sánchez, partidario también de tomarse un tiempo antes de volver a tocar la tecla del SMI"

El Salario Mínimo registró un fuerte estirón del 22% en 2019, lo que sacó a España de la cola de los países europeos en los que está regulado y la colocó en el séptimo puesto. Otra cosa fueron sus consecuencias para el empleo y es aquí en donde el debate está tan enconado como siempre. En la discusión terció hace poco el Banco de España con un detalladísimo informe en el que asegura que la subida del SMI hizo que se dejaran de crear entre 100.000 y 180.000 empleos, con jóvenes y mayores como principales perjudicados. 

Gorrazos contra argumentos

Esto, en un país líder europeo en desempleo junvenil, merece mucho más que el exabrupto de un portavoz podemita cabreado, invitando a "correr a gorrazos" al gobernador del Banco de España por atreverse a contradecir con datos y argumentos a la, al parecer, infalible ministra de Trabajo. Sin contar a los empresarios, para los que nunca es momento de subirlo, ni a los sindicatos, para los que siempre es justo, urgente y necesario, puede que no les falte razón a quienes sostienen que una subida del SMI pone en riesgo la contratación de jóvenes y mayores. Y aunque el Banco de España no lo dice expresamente, es lógico pensar que subir los costes salariales en una situación de incertidumbre económica destruye empleo. Por tanto, un aumento del SMI alegra algo la vida a quienes se benefician, pero puede dejar en la estacada a quienes buscan un empleo y a quienes pierden el que tienen.

"Puede que nos les falte razón a quienes sostienen que una subida del SMI pone en riesgo la contratación de jóvenes y mayores"

En el otro lado de la mesa se afirma que no hay evidencias claras de que la subida del SMI disuada a los empresarios de contratar; agregan que no necesariamente fue solo esa subida la que impidió que se contratara a más jóvenes y sugieren que pudieron influir otros factores. No parece tampoco que les falte razón cuando sostienen que subir el SMI, además de dignificar los salarios, aumenta el consumo agregado con su cascada de beneficios sobre la economía, la recaudación fiscal y el bienestar general de las familias. 

Frente a ideología, prudencia y ponderación

Dado que hay razones de peso a favor y en contra de la subida, lo que cabe concluir es que estamos ante una cuestión no solo de cuantía sino también de oportunidad: aunque todos queremos cobrar más, sobre todo los que menos cobran, las decisiones en este terreno deberían hacerse con ponderación y tino, calibrando bien el momento oportuno y poniendo en una balanza los beneficios y los perjuicios después de un análisis riguroso de la economía y del mercado laboral; pero sobre todo, procurando dejar el sesgo ideológico en la puerta del Consejo de Ministros para pensar más en el bien común y en la salud  económica que en las próximas elecciones. 

"Estamos ante una cuestión no solo de cuantía sino también de oportunidad"

Lo único que tenemos de momento a la vista son previsiones económicas optimistas, que ya veremos si se cumplen y el crecimiento del que hablan no es solo el pasajero efecto rebote por la salida de la crisis. Basarse solo en esas previsiones para incrementar los costes salariales en un país dominado por pequeñas y medianas empresas debilitadas por la crisis, puede que no sea la decisión más prudente e inteligente en estos momentos, por más que sea la que convenga políticamente a sus promotores. Aunque no creo merecer tanto honor, solo espero ahora que ningún podemita pida que me corran a gorrazos por lo que he dicho. Continuará...

La cacicada del REF

Podemos preguntarnos por qué las ventajas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) no acaban de reflejarse en una mejora generalizada de las condiciones de vida de la población canaria; también podemos discutir si las bonificaciones fiscales que al amparo del REF obtienen las productoras cinematográficas por rodar en las islas, son demasiado generosas y debieran reorientarse hacia un mayor beneficio de toda la sociedad. Se puede discutir sobre el huevo, lo que no puede estar en cuestión permanente es el fuero, sometido con excesiva frecuencia por el gobierno central al ninguneo, al desconocimiento y a veces al desprecio. 

El REF, una historia de incumplimientos

El REF es parte esencial del acervo político y económico de Canarias y está tan anclado en su Estatuto de Autonomía como los fueros vascos y navarros en los suyos. Sin embargo, se ha vulnerado de nuevo y eso ha ocurrido con un gobierno socialista en Madrid y un gobierno de mayoría del mismo color en Canarias. La ministra María Jesús Montero incumple el REF desde que en mayo del año pasado, con ocasión de un decreto de medidas urgentes por la pandemia, desmochó el diferencial fiscal de Canarias para las producciones cinematográficas y lo dejó por debajo del que se aplica en la Península y Baleares. 

A lo largo de la historia ha habido numerosos atropellos del fuero canario, pero nunca se había quedado en desventaja frente al resto del territorio nacional. Con el supuesto fin de corregir el recorte y recuperar el diferencial del 80% para las producciones cinematográficas - el 100% en La Palma, La Gomera y El Hierro - los socialistas presentaron una enmienda al proyecto de ley de medidas antifraude que se tramitaba en el Senado. Sin embargo, para sorpresa de todos, la iniciativa solo eleva en un 24% la diferencia a favor de Canarias y deja el 56% para mejor ocasión. 

EFE

Ninguneo y resignación canaria

Hay más. El Estatuto de Autonomía de Canarias establece que cualquier modificación del REF requiere informe preceptivo aunque no vinculante del Parlamento autonómico. Pues bien, ni en mayo del año pasado, cuando entró en vigor el decreto que violaba el REF, ni con motivo de la tramitación de la ley antifraude en el Senado, tuvo a bien Montero informar a las instituciones canarias. Fue a última hora la presidenta del Senado la que advirtió al Parlamento, que deberá debatir y votar ahora el informe desfavorable del Gobierno regional. El dictamen, que reclama el diferencial del 80%, tiene ya el apoyo de todos los partidos de la cámara autonómica, incluyendo - ¡sorpresa! - al mismísimo PSOE. 

El Ejecutivo canario, y en especial su consejería de Hacienda en manos de Nueva Canarias, un partido que presume de nacionalista de izquierda, ha pasado en este tema del completo despiste ante los cambalaches de Montero a incordiar lo menos posible. Ahora, el inefable Pedro Quevedo, diputado nacional de ese partido, monta en cólera como si importara mucho lo que diga o piense a estas alturas; mientras, los representantes socialistas canarios en las Cortes han dejado patente que les puede mucho más la obediencia debida al Gobierno de su partido que la defensa plena del REF. Solo CC y el PP han intentado restituir el diferencial escamoteado y de Podemos, que siempre ha despreciado el REF, mejor ni hablar. 

EFE

La clave, la debilidad política canaria

La reiteración con la que Madrid viene haciendo mangas y capirotes con el fuero canario genera inseguridad jurídica y una engorrosa litigiosidad que convierten en papel mojado muchas de sus medidas. Es lo que ocurre cuando empresarios e inversores temen vérseles permanentemente con Hacienda por disparidad de criterios en la aplicación del REF o cuando, como ahora, Madrid decide arbitraria y unilateralmente cambiar las reglas del juego en mitad del partido. 

Algunos lo achacan a la ignorancia de los altos funcionarios de Hacienda sobre la singularidad fiscal canaria y seguramente llevan parte de razón, aunque también parece haber una mal disimulada tendencia a recortar el ya capitidisminuido diferencial fiscal canario, que se vería como un privilegio injustificado. Sin embargo, todo lo anterior solo se explica por la crónica debilidad política canaria frente al Gobierno central, ante el que, en situaciones como esta, las autoridades de las islas ni siquiera se atreven a levantar la voz, no digamos ya a "revirarse". Es la misma debilidad que explica también, por ejemplo, la lamentable sordera de Madrid en el drama de la inmigración o la absoluta pasividad ante la crisis del turismo.

No deja de ser significativo que la contumacia de esa supuesta ignorancia de los funcionarios de Hacienda solo afecte a Canarias y nunca al País Vasco o a Navarra, comunidades forales que no pertenecen al régimen común. ¿Se imaginan a Montero o a cualquier otro ministro de Hacienda mangoneando los fueros vasco y navarro a placer y conveniencia de Madrid? Es más, ¿se imaginan a los gobiernos de esas dos comunidades autónomas y a sus representantes en Madrid, independientemente del color político de cada cual, agachando la cabeza y transigiendo con lo que al ministro de turno le venga en gana hacer con los fueros? Yo tampoco. 

El Gobierno ha visto la luz

A Pedro Sánchez pongo por testigo de que cuando el PSOE y Podemos vuelvan a la oposición, reclamarán en todos los foros y plazas del país la rebaja inmediata y vitalicia de los precios de la luz y los combustibles. Ya creo estar viendo las coloridas manifestaciones contra la pobreza energética encabezadas por Alberto Garzón y los líderes sindicales, las iniciativas en el Congreso, los editoriales en la prensa amiga y los miles de tuits y retuits de los aplaudidores: todos a una reclamando mano dura con las malvadas empresas que se lucran a costa de los pobres. 

Baja el IVA que no se podía bajar

Ni por pienso imaginen que la escalada de precios va a ser pasajera: hay cohetes que van a Marte con menos potencial de subida que los precios de la energía y los combustibles. De la subida de la luz y del sistema tarifario que induce a hacer la colada de madrugada ya hablamos aquí hace unos días en este post: "El calambrazo". Desde entonces el precio ha seguido disparado y, a este paso, el 1 de julio la luz costará en España un 40% más que hace un año. Vamos camino de pulverizar los niveles alcanzados en enero con la borrascosa Filomena. 

Pero cantemos a coro sus alabanzas porque, al fin, el Gobierno ha visto la luz: el Consejo de Ministros aprobará hoy una rebaja temporal del IVA de la luz y congelará la llamada tasa de generación, medidas que podrían suponer un respiro momentáneo para las maltrechas economías domésticas. Y digo podrían, en condicional, porque hay estudios que demuestran que, en un mercado eléctrico tan mal organizado como el español, la subida de los impuestos se traslada inmediatamente a los precios. Sin embargo, cuando bajan, una parte se la quedan las eléctricas en  lugar de beneficiar solo a los consumidores. 

De manera que sea lo que tenga que ser, que diría un estoico, pero mi consejo es que compremos velas en cuanto terminen las loas. Lo asombroso de todo esto no es solo el cacao mental que los repentinos cambios generan en los consumidores, sino que estas decisiones se anuncian solo quince días después de que la ministra Ribera defendiera el tarifazo que entró en vigor el 1 de junio como el más transformador y resiliente a este lado del Misisipí. 

EFE

No es menos llamativo que el PSOE y Podemos estén dispuestos ahora a bajar impuestos, con lo que eso perjudicaba hasta el otro día a los pobres y beneficiaba a los ricos, según el discurso oficial de la izquierda con permiso de Zapatero. Además, supongo que a María Jesús Montero la idea le gustará lo justo. La ministra confiaba en que la Hacienda Pública se embolsara unos 2.700 millones de euros de más por la subida, que ahora se podrían quedar aproximadamente en la mitad. Y otra cuestión, la propia Montero se ha escudado una y otra vez en Bruselas para negar la rebaja del IVA, así que a ver cómo explica la que hoy aprobará el Consejo de Ministros. 

Peligra la recuperación

Con lo de los carburante pasa casi tres cuartos de lo mismo. El barril de crudo también viaja en cohete y en solo un año se ha encarecido un 40%. Como con la luz, el fin de las restricciones por la pandemia, el incremento de la demanda en las vacaciones y el engorde de los márgenes de la distribución, que han aumentado un 30% en el último año, harán que llenar el depósito se ponga a precio de caviar beluga. De hecho, ya está cerca: en Canarias, sin ir más lejos, un depósito de gasolina de 60 litros cuesta en estos momentos 63 euros, casi siete euros más que hace un año. 

También aquí habría margen para aliviar la subida vía unos impuestos que suponen el 50% del precio de los carburantes. Claro que este mercado tampoco es la repanocha de competitividad, sobre todo en lugares como Canarias, y nos podríamos encontrar con el mismo problema que en el de la electricidad. El Gobierno tiene sobre la mesa dos papas muy calientes y poco tiempo para evitar que las subidas dañen los brotes verdes de la economía. Deberá decidir entre cumplir lo que el PSOE y Podemos prometieron en la oposición o hacer frente a una realidad para la que no valen pancartas ni eslóganes. Bienvenida sea la bajada de impuestos que tanto han denostado y a la que ahora se agarran, aunque solo sea un parche de efectos débiles y pasajeros que no resolverá el problema de fondo. Llegó la hora de dar trigo.  

Indultos: una verdad y muchas mentiras

Sin rodeos: no hay un "conflicto" entre Cataluña y España, como machaconamente repiten el presidente del Gobierno, sus ministros a coro, las cúpulas dirigentes del PSOE y de Podemos y la armada mediática y tuitera. Afirmar tal cosa es una falacia insidiosa que toma por idiotas a unos ciudadanos que nos merecemos que se nos hable con la verdad por delante. Lo que existe es un desafío permanentemente renovado al estado de derecho, a la Constitución y a las leyes por parte de los partidos independentistas catalanes, que representan a menos de la mitad de los ciudadanos de esa comunidad autónoma. No es de recibo que Sánchez pretenda convertir en rehenes de sus ambiciones políticas a los catalanes no independentistas y al resto de los españoles.

Enmascarando la verdad

Esto es así, lo diga Agamenón o su porquero. Conviene aclararlo de entrada para no caer en las trampas del lenguaje con las que los promotores del indulto a los separatistas en prisión intentan enmascarar la realidad. Se puede abundar aún más y recordar que el supuesto "conflicto" no lo ha provocado el estado, o al menos no fue el que encendió la mecha, sino quienes se pusieron por montera las normas comunes de convivencia que, como representantes de ese estado en Cataluña, estaban obligados a respetar y cumplir. 

Por tanto, es igual de intolerable que el presidente del Gobierno insista en otro embuste al que también es tan proclive, intentar convencernos de que todos somos responsables por igual "de lo que pasa en Cataluña". Ni yo, y estoy seguro que como yo la inmensa mayoría de los españoles, nos sentimos concernidos en absoluto por esa responsabilidad que el presidente insiste en echar sobre nuestros hombros para descargarla de los de los verdaderos culpables. 

Fruto del desafío a la Constitución y a las normas emanadas de ella, algunos de esos independentistas protagonizaron hechos gravísimos en 2017 que merecieron severas condenas de prisión por parte del Tribunal Supremo, en un juicio con todas las garantías procesales en el estado de derecho que ellos mismos habían conculcado. En este punto conviene salir al paso de otra de las paparruchas más burdas y repetidas en los últimos tiempos por la galaxia independentista, la que asegura que fueron condenados por sus ideas y no por unos actos ilegales en los que no han cesado de prometer que reincidirán.

 

EP

Una bofetada al estado de derecho

Dos años después, el presidente del Gobierno, que incluso llegó a ver delito de rebelión, prometió que no habría indultos. Pero su desmedida ambición de poder le ha llevado ahora a decir Diego donde antes había dicho digo: Sánchez cruzará hoy la línea roja de la decencia, que impide poner el interés particular por encima del general, cuando el Consejo de Ministros apruebe unos indultos que nunca iba a conceder. Más de una semana llevan él y lo suyos esparciendo patrañas para justificar una medida contraria al parecer del Supremo y de la Fiscalía, que los contumaces beneficiarios no han pedido y que reciben con desprecio y sin arrepentimiento. El engañoso argumento es que los indultos "sacarán materialmente de la cárcel a nueve presos e incorporarán simbólicamente a millones de personas a la convivencia". Son palabras textuales del presidente en el deslucido, innecesario y lamentable acto propagandístico de ayer en Barcelona, en el que Sánchez exhibió de nuevo la vaciedad pomposa de su discurso y en el que los seguidores de los políticos presos le refrescaron la memoria sobre dónde se puede meter sus medidas de gracia. 

Sin duda, la mayor de todas las patrañas es que se "abrirá una nueva vía para el diálogo y la concordia frente al revanchismo", puro humo retórico de la factoría Redondo sin contenido real alguno. A Sánchez le importa una higa poner al Supremo a los pies de los caballos, a pesar de que la "concordia" no aparece ni de lejos en la hoja de ruta del independentismo, sino el sostenella y no enmendalla hasta que consiga la celebración de un referéndum de autodeterminación. Para el estado de derecho la decisión que hoy tomará el Gobierno supondrá bajar los brazos ante un independentismo crecido y desafiante. Sánchez conseguirá a cambio mantenerse dos años más en La Moncloa, su verdadero y único objetivo en toda la farsa, con el apoyo de los mismos que está a punto de indultar. Esta es precisamente la única verdad en la maraña de mentiras y propaganda en la que se ha emboscado el presidente para intentar justificar la humillación política que le infringe al país y que no debe quedar impune en las urnas.     

Todo por la pasta

Hay noticias buenas y no tan buenas sobre los esperados fondos europeos. La UE se ha embarcado en una operación inimaginable hace poco y va a ir soltando en los próximos años la friolera de 750.000 millones de euros de deuda comunitaria para contrarrestar los efectos de la crisis y transformar la economía. Es verdad que las decisiones en la UE no se distinguen por su agilidad, como ha ocurrido en Estados Unidos, y que la cuantía de la inyección está muy lejos de los 1,9 billones de dólares de Biden. Pero ya dice el refrán que nunca es tarde si la espera vale la pena. Esta debe valer, porque solo España podrá obtener hasta 140.000 millones que, gastados con tino y buena mano, pueden ser un potente revulsivo para sacar del atolladero y reorientar correctamente una economía arrasada. 

La clave de las reformas

La segunda buena noticia es que la Comisión Europea ha dado el visto bueno con nota alta al plan español, pendiente ahora de que lo apruebe el Consejo Europeo. España recibirá este año unos 19.000 millones con cargo a los 70.000 millones de transferencias directas condicionadas a reformas; quedan otros 70.000 millones en créditos, a los que por ahora el Gobierno parece no tener intención de recurrir. La partida de este año es unos 7.000 millones inferior a la que se consignó en los presupuestos de 2021, así que habrá que añadir esa cifra a la gigantesca deuda pública. 

A partir de aquí las noticias son menos buenas: Bruselas abre la cartera este año porque algunas de las medidas que exigió ya están en marcha. Cosa diferente podría ocurrir con las entregas de 2022 y años posteriores, sujetas a reformas de gran calado como las de las pensiones, el mercado de trabajo o la fiscalidad. Si no están a tiempo o no reciben el visto bueno se congelará la entrega de más fondos. Apelando a la necesidad de que se basen en el consenso, Bruselas ha hecho como que no le preocupa por ahora que estemos aún casi en mantillas en la negociación. De paso ha advertido de la conveniencia de conservar elementos de la reforma laboral de 2012, tan denostada por Podemos y el PSOE, y que los morados prometieron solemnemente derogar en cuanto llegaran al gobierno. 

Dudas razonables y trifulca política

Hay dudas razonables entre expertos como los de la Fundación para el Estudio de la Economía Aplicada (FEDEA) de que las reformas laboral y de pensiones que baraja el Gobierno sean las adecuadas. Las consideran inconcretas y faltas de ambición, los mismas deficiencias que aprecian en la reforma fiscal, de la que afirman incluso que puede ser contraproducente en estos momentos. Sobre esta última, Bruselas ha dicho además que es insuficiente. A pesar de la buena nota comunitaria que recibe el plan español en su conjunto, la propia FEDEA lo calificó en su momento de "genérico, enunciativo y falto de ambición". 

REUTERS

También ha reiterado Bruselas que la aplicación del Plan y las reformas que lleva aparejadas deberían tener el máximo respaldo político, algo que a día de hoy ni está ni se le espera. El Gobierno convirtió el documento enviado a la Comisión en una propuesta exclusiva del PSOE tras dejar fuera del debate a las comunidades autónomas, a la oposición e incluso a sus socios de Podemos. Así las cosas, el horno de la política no está para muchos consensos en los próximos meses, máxime si Sánchez perpetra los indultos prometidos y Casado sigue cabalgando la cresta de la ola en las encuestas. 

Transparencia y control, asignaturas pendientes

Hay también dudas razonables sobre otros aspectos del Plan. Una tiene que ver con la transparencia y el rigor que lo deben presidir: en vísperas de que empiece a llegar el dinero, las empresas aún no saben cómo y cuándo podrán acceder a las partidas reservadas para la colaboración público - privada. Además, a diferencia de lo que han hecho otros países, el Gobierno no muestra intención de implantar algún mecanismo  interno de control a través, por ejemplo, de una autoridad independiente. Por lo demás, España no es un buen ejecutor del dinero que llega de Bruselas, algo que si en el pasado podía pasar más o menos desapercibido, en la situación actual sería de una absoluta irresponsabilidad política.

La pregunta es ¿qué puede salir mal? Muchas cosas, que la discordia política malogre la oportunidad, que no seamos capaces de gastarnos el dinero, que la maraña burocrática lo demore aún más o que no salgan las reformas y Bruselas retenga los fondos; puede ocurrir que no se cumplan las vagas previsiones sobre crecimiento y empleo si no se orientan bien las medidas y que, por cálculo político, se beneficie injustamente a unas comunidades en perjuicio de otras o a unos sectores en detrimento de otros, para que al final el objetivo transformador y resiliente quede en otro eslógan propagandístico. Nadie desea eso, pero los mimbres del cesto político invitan más al recelo que a la confianza. Sé que es pedir demasiado, pero la mejor noticia debería ser que, por encima de trifulcas políticas, fuéramos capaces por una vez de señalar en la misma dirección bajo un lema compartido: todo por la pasta. 

España no es país para jóvenes

Al leer este título muchos habrán pensado que tampoco es España país para viejos. Cierto, pero hoy solo nos vamos a ocupar de esa generación joven que, a este paso, habrá que dar por irremediablemente desperdiciada para nuestro futuro como sociedad. Cómo calificar si no que cuatro de cada diez jóvenes españoles de menos de 25 años estén en paro, una cifra escandalosa que, en una región como Canarias, con más del 60% de la juventud en esa situación, se torna trágica. Somos el país de la UE con más jóvenes en paro y liderando la clasificación está Canarias, con un desempleo juvenil igual al de una zona en guerra como Gaza y veinte puntos por encima de un país como Sudáfrica. 

No es una maldición bíblica

Pero esto no es nuevo: a la llegada de Rodríguez Zapatero el paro juvenil en España rondaba el 22% y a la de Rajoy había subido hasta casi el 50%. Al acceder Pedro Sánchez a La Moncloa había descendido al 34% para repuntar de nuevo ahora a casi el 40%. Cierto que en medio se sufrió la crisis financiera y ahora la del coronavirus pero, como es obvio, esas dos situaciones también afectaron a otros países como Alemania, en donde el paro juvenil se sitúa en el 6%, mientras que el español supera en más de veinte puntos la media europea.  

No estamos ante una maldición bíblica ni ante un problema coyuntural, consecuencia de un bache económico que se superará cuando la situación se normalice. Es una lacra estructural, una enquistada rémora crónica del sistema educativo, cada vez más devaluado, y del mercado laboral que ninguno de las decenas de planes que los diferentes gobiernos han impulsado ha conseguido eliminar o al menos atenuar. El caso de Canarias y su Plan Integral de Empleo (PIEC), al que el Gobierno central ha destinado centenares de millones en los últimos años, es el mejor ejemplo de la poca eficacia de ese tipo de medidas para luchar contra el paro en general y el de los jóvenes en particular. 

EP

A planes contra el paro juvenil no nos gana nadie

Probablemente seamos también el país de la UE que más planes contra el paro juvenil ha puesto en marcha. Así y todo, Yolanda Díaz no ha querido ser menos y acaba de presentar uno más cuando aún sigue vigente el que presentó Sánchez en diciembre de 2018 para el periodo 2019 - 2021. El de ahora cuenta con 5.000 millones de euros y está cargado de tantas y tan buenas y elevadas intenciones como todos los anteriores. Sin embargo, los resultados obtenidos uno tras otro se reflejan fielmente de forma constante en las pavorosas estadísticas oficiales. Y así es muy probable que continuemos, mientras no se afronten con grandes consensos de estado las dos causas principales que provocan este drama social: un sistema educativo que desprecia el esfuerzo y la excelencia igualando a los alumnos por abajo y un juego de relaciones laborales alérgico a la juventud. 

Es ya un tópico advertir de la falta de conexión entre los planes de enseñanza y el mercado de trabajo y que la FP, además de desajustes en la oferta y la demanda de determinadas especialidades, aún es vista como una salida de menor prestigio social que la universidad.  Por otro lado, un tejido empresarial con un fuerte peso de las pymes y los autónomos, tampoco ayuda demasiado a la inserción laboral de los jóvenes si la mayoría de las empresas no tiene interés en prolongar el vínculo laboral con los alumnos en prácticas cuando estas terminan. 

La otra pata del problema es precisamente un marco de relaciones laborales en el que los jóvenes son los actores más vulnerables ante el despido y los más expuestos a la rotación laboral. Añadamos la engorrosa maraña burocrática de la contratación y la consecuente inseguridad jurídica y tendremos las claves principales del drama juvenil de nuestro tiempo: sobrecualificación, precariedad, abuso de la temporalidad y, en resumen, despilfarro de un valiosísimo capital humano, del que ningún país en su sano juicio se atrevería a prescindir como alegremente hace España. 

Un reguero de secuelas económicas y sociales

Al margen de la viabilidad de la economía y de la sostenibilidad de un pilar del estado del bienestar como las pensiones públicas, un paro juvenil como el español tiene otras graves consecuencias sociales que van desde el desánimo ante un futuro en negro a la marginalidad social o la inmersión en la economía sumergida para ir trampeando. Las familias han de asumir gastos extra si la emancipación se pospone por falta de ingresos para una hipoteca o un alquiler; los proyectos personales de vida y tener hijos también se aplazan hasta que la economía doméstica los permitan, influyendo negativamente en la baja tasa de natalidad en un país que envejece a ojos vista. Y de propina, también han de cargar a veces con el estigma de vagos e irresponsables que les endosa una parte de la sociedad de manera generalizada e injusta. En el mejor de los casos, los más afortunados y decididos se van fuera a estudiar y trabajar, muchas veces para no regresar al país que los excluyó sin miramientos de su futuro.  

Ante esta situación hay dos opciones muy claras: una, continuar como hasta ahora, con cada gobierno desmontando lo que hizo el anterior en educación y relaciones laborales y  gastando dinero  público en planes contra el desempleo juvenil de contrastada ineficacia; la otra, ponernos de una vez de acuerdo sobre qué sistema educativo y qué marco de relaciones laborales necesita este país para que los jóvenes encuentren en España el futuro digno que merecen y reclaman y que les debemos como sociedad.