Desesperante atención a la dependencia

Acaban  de cumplirse quince años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, una norma que generó grandes esperanzas pero que  también sigue sembrando frustración entre las familias que comprueban en carne propia la enorme distancia que aún hay en este país entre los derechos reconocidos sobre el papel y su disfrute real. En España han muerto este año casi 44.000 personas atrapadas en la telaraña de la burocracia, esperando una prestación por dependencia que ya llegará demasiado tarde para ellas. En el caso de Canarias, pocas dudas debería haber ya de que este es precisamente uno de los grandes lunares en la gestión del Gobierno autonómico cuando se ha superado con creces el ecuador de la legislatura. Los pequeños avances en este capítulo, que a pesar de todo ha habido y no hay por que negar, son tan inapreciables y tímidos que apenas si se perciben en medio de unos datos globales que no han hecho sino empeorar. 

Predicar y dar trigo

Cuando estaba en la oposición Sánchez sabía exactamente lo que había que hacer para evitar subidas de la luz como la de este año, pero una vez en el poder se le olvidó por completo. Con la atención a la dependencia en Canarias ha pasado exactamente lo mismo: cuando la actual consejera era la portavoz de Podemos en la oposición no dejaba pasar ninguna oportunidad de afearle de forma agria al gobierno de turno su gestión de este asunto, pero desde que tiene mando en plaza las cifras de la suya han puesto de manifiesto el abismo que existe entre predicar y dar trigo. Dicho en otros términos, la demagogia nunca ha servido para resolver ningún problema en ningún lugar. 

Una media de ocho dependientes han muerto cada día de este año en Canarias esperando recibir la prestación que tenían reconocida o pendientes de resolución sobre su grado de dependencia. En términos porcentuales Canarias tiene a más del 27% de sus dependientes reconocidos aguardando en listas de espera por una prestación, lo que la coloca la tercera por la cola en la clasificación de las comunidades autónomas por este concepto. No se queda atrás la lista de espera, que ha crecido también un 24%, a lo que se suma que la resolución de un expediente de dependencia se demora en Canarias una media de tres años, el doble de la media nacional, frente a los seis meses que establece la ley. 

Burocracia y caos organizativo es igual a ineficiencia

Se podría pensar que estos lamentables porcentajes son la consecuencia de la escasez de recursos y de personal, pero no parece que vayan por ahí los motivos de la situación. Se de la casualidad de que se ha contratado a un centenar de empleados para agilizar los expedientes y de que se ha incrementado la partida presupuestaria para atender la dependencia, pero el servicio sigue proa al marisco. Blanco y en botella, las causas no pueden ser otras que la burocracia, el caos organizativo y, en resumen, la ineficiencia del gasto público financiado con impuestos de todos los ciudadanos. 

Sin embargo, decir estas cosas, como recientemente ha hecho el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, no gustan a una consejera que dos años y medio después de ocupar el cargo sigue recurriendo a la herencia recibida para intentar encubrir su deficiente gestión; eso cuando no amaga con dimitir o se desdobla de nuevo en portavoz de Podemos en la oposición y culpa de sus carencias al Gobierno central, en el que es precisamente su partido el responsable de los servicios sociales. 

"Una media de ocho dependientes mueren cada día en Canarias esperando la prestación"

En medio del desbarajuste por el que atraviesa la atención a la dependencia en la comunidad autónoma, el director general de la materia ha alegado "razones personales" para abandonar el barco e irse a casa. Su gestión ha permitido incorporar este año a unos 1.300 dependientes y a otros 3.000 se les ha reconocido el derecho. Sin embargo, deja sobre la mesa una pila de 10.000 expedientes sin resolver que, en muchos casos, se sustanciarán cuando ya sea demasiado tarde para quienes habían puesto sus esperanzas en la prestación para mejorar sus condiciones y calidad de vida. 

Quejas en saco roto

Con frecuencia ocurre que el retraso en la tramitación del papeleo obliga a repetir la evaluación y son habituales los casos en los que potenciales beneficiarios del sistema desisten de solicitar la prestación ante el calvario burocrático y la desesperante espera a la que temen verse sometidos. Ante esta realidad no extraña lo más mínimo que una de cada cinco quejas ante la Diputación del Común de Canarias esté relacionada con la penosa gestión de la prestación por dependencia, como ha revelado el titular de esa institución. 

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales viene reiterando desde hace años que Canarias tiene un serio problema de eficiencia en la gestión de ese servicio que se ha agravado en esta legislatura. Sus quejas, las de la oposición, las del diputado del común, las del comité de empresa de la consejería, las de las organizaciones no gubernamentales o las de los colegios profesionales relacionados con esta materia, han caído una tras otra en un terreno yermo en el que solo han encontrado desdén o desesperados intentos de culpar a terceros de la propia incapacidad. 

Lo dije en un post anterior sobre este asunto y me reafirmo a la vista de las últimas estadísticas: frente a este desastre, que vulnera el derecho y frustra las esperanzas de miles de personas, solo cabe la dimisión de la consejera. En su defecto, el presidente Torres debería agradecerle los servicios prestados y cesarla. Sabemos que no lo hará porque no es la valentía su principal virtud política, pero de él será en última instancia la responsabilidad de haber elegido para el cargo a una persona que ya ha dado sobradas muestras de su ineficiencia en un asunto socialmente tan sensible y delicado. 

Inmigración: sordos, mudos y ciegos

En política rige una máxima no escrita por la cual de lo que no se habla no existe. A punto de despedir 2021 ya han llegado a Canarias este año 20.000 inmigrantes por vía marítima, una cifra que trae a la memoria la crisis de los cayucos de 2006. Con todo, lo más grave no es el número de los que han llegado, sino el de los que no han tenido esa suerte: entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se han ahogado 937 personas intentando llegar a Canarias, ente ellas 83 niños y 248 mujeres. Obviamente, en la estadística oficial no se incluye a los más desafortunados de todos, los desaparecidos de los que no quedó noticia, que ni siquiera pueden aspirar a ser un número en el conteo de muertos y que bien podrían duplicar la cifra atroz de los de cuyo fallecimiento sí hay constancia. Lo cierto es que e pesar de estos datos terribles, ni hay debate político o social ni en los medios aparece otra cosa que no sea el cansino recuento casi diario de llegada de pateras y muertes durante la travesía.

AP/JAVIER BAULUZ

Inmigración y agenda política

Que estas gélidas cifras oficiales sean un 7% superiores a las de 2020 y un 363% más que en 2019, no parecen suficiente argumento para que la clase política y el conjunto de la sociedad muestren algún signo de alarma, inquietud o desasosiego por el drama humanitario que se desarrolla ante nuestros propios ojos y ante el que preferimos permanecer mudos, sordos y ciegos. ¿Cuántas personas más tienen que morir o desaparecer en el mar para que el asunto merezca la atención que requiere por parte de todos? 

Puede que sea la pandemia que no cesa o los problemas económicos, pero lo cierto es que la tragedia de las personas que fallecen intentando llegar a Canarias ha desaparecido por completo de las agendas políticas de los gobiernos central y autonómico. Aunque a decir verdad, antes del virus y sus consecuencias tampoco era algo que pareciera quitar demasiado el sueño a los gobernantes, salvo cuando tenían que pasar el mal trago de que las televisiones y las redes sociales mostraran al mundo a miles de inmigrantes hacinados en un muelle pesquero bajo un sol implacable, porque los irresponsables representantes públicos habían desoído todas las advertencias sobre el repunte del fenómeno y no se habían preparado adecuadamente los medios  de acogida.

"Hacer el menor ruido mediático posible es la consigna en vigor"

Ahora, más allá de habilitar de prisa y corriendo algunas instalaciones para dar alojamiento en condiciones muchas veces precarias a los que tienen la suerte de pisar tierra firme y de poner algún tuit de compungida condolencia, no se tiene constancia de plan o estrategia gubernamental alguna para responder al desafío. Desviar el tiro a Bruselas e ir tirando como buenamente se pueda sin hacer mucho ruido mediático parece ser la consigna política en vigor. Nadie debió escudarse en 2019 en que no se podía saber lo que estaba a punto de ocurrir con la ruta canaria de la inmigración, una de las más peligrosas del mundo, en cuanto se incrementó el control sobre las del Estrecho y el Mediterráneo. Aún así, han pasado ya dos años y 2021 va camino de convertirse en el peor año en cuanto a muertes de inmigrantes en el mar desde que se llevan estadísticas, mientras la pasividad política y la indiferencia social también han ido en aumento.

Indiferencia social y reto político

Ni siquiera la presión sobre los centros que acogen a menores inmigrantes llegados sin acompañamiento familiar consigue sacar de su modorra política al Gobierno de Canarias, incapaz de lograr de Madrid que derive a otras comunidades autónomas a parte de los 2.700 chicos que tiene bajo su tutela. Los centros están al límite, faltan cuidadores, las pruebas de edad se retrasan y centenares de menores podrían terminar en la calle en una especie de limbo legal. Eso sí, el Parlamento canario creó en septiembre una "comisión de estudio" sobre la inmigración, una fórmula tan socorrida como inútil de la que suelen echar mano los políticos cuando quieren dar la falsa sensación de que están muy preocupados por un problema. Los resultados prácticos de esa comisión los podemos avanzar ya antes de que concluya sus trabajos: cero pelotero.

Si a los políticos les incomoda hablar de un problema que no pueden resolver con eslóganes simplones, la sociedad no les va a la zaga con su indiferencia ante lo que ocurre en las costas de las islas. Así, entre el silencio de unos y la falta de compasión de otros hemos normalizado este drama, lo hemos asumido como algo inevitable en lo que no tenemos ninguna responsabilidad y hemos seguido con nuestras cosas. Es una respuesta social hasta cierto punto comprensible cuando una situación, por trágica que sea, se vuelve crónica y quienes deberían liderar la búsqueda de soluciones prefieren también practicar la política del avestruz. Sin embargo, creo que es la peor de las  alternativas imaginables porque el desafío no va a desaparece solo porque nos engañemos dejando de hablar de él y no prestándole atención. 

"Hemos normalizado el drama y lo hemos asumido como inevitable"

Clase política y sociedad deberíamos desprendernos de ataduras ideológicas y sesgos xenófobos y al menos ser prácticos por una vez: la inmigración ordenada y segura salvaría muchas vidas y sería de gran ayuda económica en un país cada día más envejecido, en el que en algunas provincias ya hay serios problemas para encontrar mano de obra en sectores como la construcción o los servicios. En la última década las muertes de españoles autóctonos han superado en más de un millón a los nacimientos y, según el INE, el 20% de la población ocupada tiene en la actualidad más de 55 años, lo que significa que se empezará a jubilar en los próximos años, agravando aún más la carencia de trabajadores y las maltrechas cuentas de la Seguridad Social. 

¿Y si dejáramos de taparnos la boca, los ojos y los oídos y miráramos por una vez el problema de frente para buscar una salida que rebaje drásticamente la pérdida de vidas y ayude a sostener la economía del país? No soy un iluso, sé que no es nada sencillo y puede incluso que sea mucho pedir en un país en el que los grandes pactos de estado se han convertido casi en misión imposible. Pero es precisamente frente a grandes retos como este ante los que un país, con sus líderes públicos al frente, debería demostrar su capacidad de estar a la altura de lo que exige una trágica realidad que no se puede ignorar indefinidamente. 

La democracia no habla ruso

Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, siempre complejas y difíciles, se han vuelto a tensar ante la posibilidad de una nueva invasión rusa de Ucrania. Las noticias sobre la concentración de tropas rusas en la frontera entre ambos países no auguran nada bueno y recuerdan mucho a lo ocurrido en 2014. Con ese telón de fondo se acaba de celebrar la primera Cumbre de la Democracia, un evento convocado por Joe Biden en el que han participado virtualmente un centenar de países. Entre los invitados no han estado Rusia, China, Hungría o Turquía, pero sí Taiwan, Brasil o Polonia. La lista de invitados y excluidos choca de frente con algunos de los mensajes lanzados por el propio Biden en la primera jornada de la Cumbre: "La democracia necesita defensores", dijo el presidente estadounidense ante mandatarios en cuyos países la democracia está como mínimo en cuarentena cuando no en derribo. Como era de esperar, rusos y chinos se lo han tomado a mal y, no faltos de algo de razón, han acusado a Estados Unidos de repartir certificados de democracia según sus intereses geoestratégicos. 

EFE

Una cumbre para hacer amigos

Los observadores de la actualidad internacional se han preguntado por el sentido y la utilidad de esta cumbre, sin más objetivos conocidos que el de celebrar otra el año que viene para estudiar los "informes" elaborados a raíz de la primera. Que más de un centenar de líderes mundiales dediquen tiempo y esfuerzo a hablar por hablar de por qué la democracia no pasa por sus mejores días, no parece de una gran ayuda para que vaya mejor. Sobre todo cuando, como en el caso del presidente español, se aprovecha la ocasión para presumir de lo que se carece. Según aseveró Sánchez en la cumbre, hay que promover la "participación política" de la ciudadanía y "la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los responsables públicos", justo lo contrario de lo que es práctica habitual suya y de su gobierno.

Al margen de las inconsecuencias a las que ya nos tiene acostumbrados el presidente español, la convocatoria parece responder sobre todo a la necesidad de Biden de ir conformando un bloque de aliados ante la hipótesis de un conflicto con Rusia y China, algo que los analistas no creen improbable en un futuro tal vez no lejano. Una nueva invasión rusa de Ucrania supondría otro desafío para la OTAN, que es como decir para Estados Unidos, y para la Unión Europea, a la que Putin no le profesa precisamente mucha simpatía y a la que le interesa desestabilizar por todos los medios. Y todo esto con el gigante chino al acecho para tomar posiciones que favorezcan sus planes de expansión mundial a costa de Occidente. Dicho de otro modo, pareciera como si estuviéramos volviendo a los tiempos de la guerra fría de bloques mundiales bien definidos, antagónicos e irreconciliables. 

"En otro contexto internacional esta cumbre nunca se habría celebrado"

Dudo mucho que en un contexto internacional que no estuviera marcado por las tensiones con Rusia y China, Biden hubiera convocado una cumbre en la que probablemente haya sido la salud de la democracia global la menor de sus preocupaciones. De hecho, los índices de confianza en la democracia de su propio país y en muchas otras democracias occidentales no han dejado de descender en los últimos años; a su vez han ido en aumento los ciudadanos que viven en países democráticos pero ven con simpatía algunos regímenes autoritarios. Más allá de los tópicos que ha dado de sí la cumbre, no resulta muy creíble esta súbita preocupación de Biden y de los líderes mundiales participantes por la democracia ni por las causas por las que está fallando y los ciudadanos se están alejando cada vez más de la política. Entre otras cosas porque, en no pocos casos, esos mismos líderes puede que sean precisamente parte del problema en vez de la solución.

La autocracia rusa

Mientras China no se ha molestado nunca en ocultar su condición de dictadura comunista combinada con un feroz capitalismo de estado, Putin intenta en vano hacer creer que no es un autócrata que elimina o encarcela opositores, controla en su beneficio los procesos electorales y maneja a placer los medios de comunicación. Sin embargo, eso no le impidió a Pablo Iglesias, seguramente traicionado por el subconsciente, darle en su día la razón al gobierno ruso cuando se permitió comparar el encarcelamiento del líder opositor Alexéi Navaltny con el irreprochable proceso judicial seguido contra los independentistas catalanes. Perdería el tiempo quien intentara encontrar en el pensamiento político de Putin una brizna de respeto por la democracia representativa, de la que su país a duras penas mantiene las apariencias. Su ideólogo de cabecera es el oscuro pensador fascista ruso Iván Illyín (1883 - 1954), admirador de Hitler y de Mussolini, que abogaba por anteponer la voluntad y la fuerza al imperio de la razón y de la ley. No cabe imaginar nada más alejado de la democracia que esa forma de pensar.  

Putin traduce ese pensamiento ultraderechista en un liderazgo populista de comunión mística con el pueblo, la manipulación de la opinión pública y una actitud amenazante ante sus opositores y ante quienes discutan el derecho de Rusia a recuperar y a unir de nuevo bajo su égida los restos dispersos de la extinta Unión Soviética. En todo régimen autocrático o dictadura que se precie es obligatorio echar mano de un enemigo exterior al que responsabilizar de los problemas del país, que sirva además de coartada para justificar determinadas decisiones. Los enemigos exteriores preferidos de Putin para esos menesteres son los Estados Unidos, la OTAN o la Unión Europea y contra ellos dirige su arsenal mediático y, sobre todo, sus ataques cibernéticos y la propalación de bulos. No  resulta exagerado considerar al régimen ruso como el inventor de los bulos y las noticias falsas destinadas a desestabilizar a sus adversarios. En la mente de todos está, por ejemplo, lo ocurrido en las elecciones estadounidenses que dieron el triunfo a Trump, con el que no por casualidad Putin hacia tan buenas migas. 

"No es exagerado considerar al régimen ruso como el inventor de las noticias falsas"

La caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética despertaron en su día grandes dosis de esperanza en el avance de la democracia, pero la desilusión no tardó en llegar. El ascenso mundial del capitalismo de estado chino sin libertades y el régimen autocrático que se ha implantado en Rusia son hoy dos de las principales amenazas para un mundo más libre, democrático, justo y en paz. La posible invasión de Ucrania sería otro paso hacia un conflicto global que nos alejaría más de lo que ya estamos de ese objetivo. Reforzar la democracia mejorando y respetando el funcionamiento de las instituciones es crucial para responder al avance del autoritarismo y los populismos en todo el mundo. 

Pero no parece que la mejor forma de lograrlo sea convocando cumbres a la defensiva como ha hecho Biden, agobiado por los desafíos internacionales a los que se enfrenta su país. La clave está en identificar qué falla y aplicar remedios democráticos, alejados del populismo en boga, que contribuyan a recuperar la confianza en la democracia y la participación en la vida política de una ciudadanía informada de la que, en último extremo, dependerá que este sistema de gobierno sobreviva o se convierta en otra cosa. Timothy Snyder, catedrático de Historia en Yale, escribe en su libro "El camino hacia la no libertad", (Galaxia Gutenberg, 2018), en el que analiza a fondo el régimen de Putin,  que "a la hora de la verdad, la libertad depende de los ciudadanos capaces de distinguir entre lo que es verdad y lo que quieren oír. El autoritarismo no llega porque la gente lo quiere, sino porque pierde la capacidad de distinguir entre los hechos y los deseos". 

Democracia en retirada

La petición de vetar a periodistas incómodos que han hecho el PSOE y los partidos que apoyan al Gobierno es un preocupante síntoma más de los numerosos y graves problemas que aquejan a la democracia. Si entre los principios esenciales de este sistema de gobierno figuran en lo más alto el derecho a la información y la libertad de prensa, que esos partidos pretenden ahora poner a su servicio, no son menos cruciales el respeto a la Constitución, la obligación de rendir cuentas ante el parlamento, la transparencia en la gestión, evitar la polarización y buscar el acuerdo y no convertir las instituciones democráticas en campos de batalla política y agencias de colocación clientelar. Por desgracia, estos males son el pan de cada día de la democracia española y, aunque no sirve en absoluto de consuelo, aquejan también a otras democracias occidentales en mayor o menor medida. Ante ese estado de cosas, el pueblo soberano, al que los líderes cortejan en tiempo de elecciones para olvidarlo después hasta la siguiente cita electoral, cae en la apatía y en la desilusión y le da la espalda a la política, cada día más convencido de que le va quedando poco de soberano. Se abren así las puertas para que los populismos se apoderen de la democracia.

La democracia no ocurre por casualidad

Tendemos a pensar que vivir en democracia es lo natural y nos cuesta imaginar que las cosas también podrían ser de otra manera. Si  ahora que tanto se recurre a la "memoria histórica" con fines más bien espurios volviéramos la vista atrás, puede que nos sorprendiera descubrir que la democracia moderna es el sistema político más joven de cuantos ha conocido la humanidad. Entre la democracia de los antiguos griegos, que aparte del concepto y del nombre guarda poca relación con la actual, y el momento histórico en el que se vuelve a emplear la palabra, transcurrieron más de 2.000 años durante los cuales incluso el término desapareció del vocabulario de pensadores y gobernantes. 

En los poco más de dos siglos que tiene de edad el sistema político al que hoy llamamos democracia ha habido flujos y reflujos, avances y retrocesos y, en no pocas ocasiones, se ha terminado imponiendo el autoritarismo cuando no el totalitarismo puro y duro como ocurrió en el siglo XX con el nazismo, el fascismo y el comunismo con sus dramáticas consecuencias. Esta forma de gobierno nunca ha transitado por caminos de rosas, sino de peligros y acechanzas por su izquierda extrema y por su extrema derecha. Su propia naturaleza la hace inestable y vulnerable frente a sus enemigos, que los tiene y muchos, aunque prácticamente no haya hoy ningún país que no mencione la democracia en su constitución y ningún partido o movimiento político se atrevería a proclamar abiertamente que su objetivo es implantar una dictadura. 

"La democracia es un delicado y complejo mecanismo político que no estamos cuidando como es debido"

Convencidos de que a pesar de sus deficiencias y fallos vivimos no solo en el mejor de los sistemas políticos sino en el único posible, también somos proclives a olvidar que la democracia es un proceso histórico que como tal tuvo un principio y seguramente tendrá un final, como ocurrió con la monarquía absoluta de origen divino a la que desplazó. Aquel fue un sistema mucho más duradero, cuya desaparición nadie se habría atrevido a augurar en su día, hasta que las revoluciones norteamericana y francesa cambiaron las cosas para siempre. Sin embargo, la democracia tuvo que dar sus primeros pasos en la edad contemporánea entre el recelo e incluso el rechazo de los revolucionarios franceses y los padres constituyentes norteamericanos, que preferían utilizar el término "república". 

Nunca ha habido ni habrá una democracia perfecta

La democracia ha vivido y vivirá siempre sujeta a las contradicciones insalvables entre cómo nos gustaría que fuera y cómo es en la realidad. Si bien es cierto que una democracia perfecta no ha existido ni existirá nunca en ninguna parte, los pueblos y sus líderes que han sabido aprovechar la tensión permanente entre lo ideal y lo real para mejorarla han conseguido mayores cotas de libertad y bienestar; pero, cuando las contradicciones se vuelven insalvables y se desprecian los fundamentos que le dan sentido, la democracia enferma gravemente y aumenta el riesgo de quiebra política. Tenemos en nuestras manos un complejo y delicado mecanismo político que no estamos cuidando con el mimo que merece para que dure y mejore su funcionamiento, siempre perfectible aunque nunca perfecto. 

El declive que sufre la soberanía popular es uno de los aspectos más preocupantes de las democracias actuales. ¿Si el pueblo soberano es cada vez menos tenido en cuenta en la toma de decisiones que le afectan, a quién representan los que dicen ser sus representantes? El historiador Emilio Gentile asegura en uno de sus libros que la democracia representativa está siendo sustituida por "una democracia recitativa en la que los gobernantes expropian al pueblo de  su soberanía en el momento mismo en el que proclaman ser sus más genuinos y devotos representantes". Por su parte, el pueblo se aleja cada vez más de la política, a la que ve con indiferencia cuando no con desprecio. ¿Vamos camino de una democracia sin demos? Los ciudadanos han sido reducidos a la condición de meros electores mientras los poderes no electos, que no están obligados a rendir cuentas, han ampliado sus márgenes de actuación. Por su  parte, los procesos electorales son cada vez más grandes espectáculos mediáticos que fomentan el personalismo y  se degrada la comunicación política con los ciudadanos. 

Malos tiempos para la democracia

La democracia atraviesa un periodo de retroceso envuelta en el pesimismo y la desafección ciudadana, unos síntomas que la crisis financiera y la pandemia de la COVID - 19 han agravado. El semanario británico The Economist publica anualmente un prestigioso índice sobre la calidad de la democracia en el mundo y la tendencia es preocupante. El estudio analiza los procesos electorales, el pluralismo político, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles en 167 países. Su conclusión principal para 2020 indica que en el primer año de la pandemia se produjo un retroceso sin precedentes de las libertades democráticas en todo el mundo. La puntuación global de 5,37 sobre diez es la más baja registrada desde que se inició el Índice en 2006. España no es ajena a esa evolución: aunque aún es considerada como una democracia plena en el Índice, nuestro país ha caído del puesto 16 al 22 en menos de dos años, los que lleva el gobierno actual en el poder. (En este enlace se puede consultar el Democracy Index)

Falta un análisis en profundidad que determine hasta qué punto no había otras maneras de combatir la pandemia que no consistieran únicamente en restringir derechos y libertades democráticas; o si luchar contra el virus obligaba necesariamente a escabullirse de la rendición de cuentas, del control parlamentario, de eludir el cumplimiento de la constitución o de reforzar la transparencia en la toma de decisiones. Las conclusiones de The Economist confirman una tendencia de degradación continuada del sistema democrático que debería llamarnos a todos a la reflexión e incluso a la acción, en lugar de suponer que nuestras democracias podrán con todo y con todos, con las zancadillas que le pone a diario el poder y con la indiferencia del pueblo soberano. Gentile lo resume muy bien en esta reflexión: "Cuando una democracia es deficiente no basta con cambiar la constitución y las instituciones parlamentarias para hacerla eficiente. La salud de la democracia depende de la calidad de las personas que eligen a los gobernantes, y, sobre todo, de las personas que gobiernan". 

El volcán de la incompetencia

Al comienzo de la erupción del volcán de La Palma escribí esto en el blog: "Lo que urge es responder en tiempo y forma a las necesidades de quienes lo han perdido todo, y empezar a prever hasta donde eso sea posible las de quienes aún pueden correr la misma suerte. Por desgracia hay perdidas intangibles relacionadas con la memoria y las vivencias de toda una vida e incluso de generaciones, que será imposible recuperar y que marcarán para el resto de sus días a quienes las sufren en estos momentos. Además del apoyo psicológico, es en las pérdidas materiales en donde es imprescindible la actuación ágil y coordinada de las administraciones removiendo obstáculos burocráticos, acortando los plazos al máximo y apoyando con sus recursos, que son los de todos los ciudadanos, que los afectados puedan rehacer sus vidas al menos en parte y lo antes posible". La autocita es un poco larga y les pido disculpas por ello, aunque reproducirla me ha ahorrado escribir de nuevo algo muy parecido cuando vamos ya camino de los tres meses de erupción. 

Ingenuidad y realidad

Confieso con un poco de rubor que en esta ocasión me había armado con la fe del carbonero y me había dicho que ahora sería distinto, que la emergencia era de una magnitud de tal calibre que el apoyo público no tardaría en llegar y no se repetiría lo de otras desgracias naturales como incendios, terremotos o inundaciones. Siendo incluso consciente de que la burocracia española es una hidra de siete cabezas con pies de plomo, me convencí como un iluso de que alguna vez tendría que ser la primera en la que las promesas de los responsables gubernamentales se materializarían en un plazo razonable y no habría necesidad de que los afectados tuvieran que recurrir a los medios de comunicación para denunciar retrasos.

La Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja acaba de dejar mi ingenuidad al descubierto. En un comunicado de hace unos días denunciaba que no se han abonado las ayudas del Ministerio del Interior por destrucción de viviendas y establecimientos, lo que significa que los vecinos no cuentan aún con la ayuda de 30.000 euros imprescindible para el pago de un alquiler de un piso provisional. Agrega que no se han entregado la mayoría de viviendas provisionales que prometió el Gobierno de Canarias, lo que está produciendo que los afectados no dispongan ya de capacidad económica para hacer frente a los precios de los arrendamientos de pisos privados que, fruto de la especulación, han incrementado de forma notable sus precios, mermando el poder adquisitivo de los damnificados hasta tal punto de tener que pedir dinero prestado a familiares y amigos. 

"No se han abonado las ayudas del Ministerio del Interior por destrucción de viviendas"

Añade que el Gobierno de Canarias tampoco ha abonado "la ayuda para muebles y enseres, lo que está impidiendo a los miles de afectados tener los enseres básicos de hogar, imprescindibles para su vida diaria y de las de sus hijos y mayores a cargo". Por último recuerda que "no se han abonado a la mayoría de afectados los donativos recaudados por el Cabildo de La Palma y El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, lo que tiene como consecuencia que muchos vecinos desalojados y en el paro pasen penurias económicas para vivir día a día, teniendo que vivir de la caridad de familiares y amigos". Ha sido precisamente a raíz de la publicación de este comunicado cuando las administraciones local e insular han empezado a entregar las donaciones particulares, fruto de la solidaridad de ciudadanos y organizaciones de todo el país que, al contrario de los políticos profesionales, sí tienen perfectamente claro lo que significa la palabra "urgente". 

Incompetencia y uso político de la tragedia

Lo realmente dramático de esta situación no es que no se hayan aprobado ayudas en un plazo relativamente breve, que sí se ha hecho. Lo que resulta sangrante e indignante es que, con las ayudas ya aprobadas, la incompetencia y la falta de agilidad administrativa están retrasando su entrega a los beneficiarios en un plazo aceptable y desvirtuando así su finalidad. Aún teniendo en cuenta la complejidad de una casuística diversa, unas administraciones que en casi tres meses solo han sido capaces de atender a trancas y barrancas las necesidades más perentorias de los afectados y de comenzar ahora a entregar las donaciones particulares, que se empezaron a recoger el mismo día de la erupción, distan mucho de responder a las necesidades de los ciudadanos que las sostienen con sus impuestos. Es urgente acabar con los nudos y los cuellos de botella burocráticos que están ralentizando la entrega de las partidas comprometidas, máxime cuando las tareas de reconstrucción durarán años y el Gobierno central tendrá que incrementar sustancialmente los 214 millones de euros aprobados hasta ahora para hacer frente a unos daños que, según las cuentas autonómicas, suman ya cerca de 850 millones de euros.

Esta incompetencia contrasta poderosamente con las siete visitas que el presidente Sánchez ha realizado a La Palma desde el 19 de septiembre, en cada una de las cuales ha reiterado las mismas promesas incumplidas. A sus viajes, convenientemente amplificados por los medios aunque la única novedad con respecto al anterior fuera el color de la corbata, hay que sumar los de once ministros, la mitad del Gabinete, ninguno de los cuales se ha querido privar del "espectáculo de la Naturaleza" ni quedarse sin prometer un futuro venturoso para los afectados. A pesar de este desfile volcánico de ministros y de estos viajes presidenciales sin otro objetivo práctico que el autobombo, el presidente canario no ha considerado oportuno en estos tres meses dar siquiera un tímido toque público de atención para que se agilice la entrega de las ayudas. Como demuestra la experiencia en otros asuntos, las probabilidades de que Sánchez le haga caso en algo al presidente canario son remotísimas. Sin embargo, Torres proyectaría al menos una imagen pública menos sumisa y silenciosa ante un presidente que ha hecho del volcán palmero su set particular de televisión, mientras los afectados se tienen que conformar por ahora con vivir de promesas. 

Cuando mentir es gratis

Con la huera solemnidad en la que suele envolver sus anuncios, el presidente Sánchez prometió el 5 de septiembre en su periódico de cabecera que los españoles pagaremos al final de este año por la luz lo mismo que en 2018. Apuesto a que ni sus fanes más entusiastas se creyeron aquel anuncio a la desesperada, pero le sirvió para ganar tiempo y calmar a Podemos ante las críticas a un Gobierno y a un presidente que llegaron a La Moncloa asegurando tener la varita mágica para meter el recibo de la luz en vereda. Pero el precio no ha parado de subir desde el verano y, a menos que medie un milagro eléctrico, los españoles pagaremos este año por la luz no solo más que en 2018, sino mucho más de lo que hemos pagado jamás en la historia de la energía eléctrica de este país. El calambrazo tira de la inflación y pone en el disparadero la recuperación económica y los bolsillos de 11 millones de consumidores. Mas no importa, Pedro Sánchez tiene una suerte inmensa al gobernar un país con una oposición enredada en sus juegos de tronos, unos sindicatos dispuestos a tolerárselo todo y una ciudadanía apática y exhausta tras año y medio de pandemia. Es así como conseguirá que haber mentido una vez más al país le salga gratis total. 

Estado de la cuestión

Partiendo de que la causa principal de la subida es el encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2, veamos cuál es la situación a fecha de hoy. Desde el verano el precio de la luz ha encadenado ya cinco récords y es probable que haya algunos más. En noviembre el precio medio para los 11 millones de consumidores con tarifa regulada, que representan el 40% del total, se había encarecido el 68% con respecto a noviembre de 2020, lo que supone pasar de 68 a 115 euros de media en solo un año. Esto significa que la subida de un suministro básico para familias y empresas haya registrado en España una de las mayores subidas del mundo, que se dice pronto. 

Las subidas han sido, son y seguramente aún serán de tal calibre que las medidas adoptadas por el Gobierno con más voluntarismo e improvisación que cabeza, han surtido el mismo efecto que administrar una aspirina para detener un cáncer. La rebaja del IVA del 21% al 10%, la reducción de las cargas reguladas y la supresión del impuesto sobre la generación, con fechas de caducidad el 31 de diciembre, se las han comido en poco tiempo las subidas constantes. Incluso aquel famoso Decreto ley con el que el Gobierno iba a recortar a las malvadas eléctricas unos 2.800 millones de euros de beneficios "caídos del cielo", ha terminado convertido en agua de borrajas y apenas lo notarán en sus cuentas de resultados.

Cómo me las maravillaría yo

A principios de septiembre y a la vista de que ni a palos conseguía el Gobierno aplanar la curva de los precios y de que Podemos empezaba a ponerse nervioso y a anunciar movilizaciones, fue Pedro Sánchez a donde la prensa amiga y lanzó su solemne promesa a la ciudad y al mundo. Su problema es que los precios de la energía eléctrica no entienden de promesas rimbombantes y han seguido subiendo en globo. A menos de un mes de que acabe el año y ante el riesgo cierto de que Sánchez se vea de nuevo desmentido por la realidad como tantas otras veces, el Gobierno ya está haciendo circular la cuenta de la vieja para evitarlo. 

El truco consiste en incluir en el cálculo a los siete millones de consumidores del mercado libre a quienes las subidas no solo les han afectado poco, sino que además se han beneficiado de la reducción de impuestos y costes fijos. Solo así, haciendo trampas, hay posibilidades de que Sánchez salve la cara. Aunque es cierto que en sus declaraciones no hizo distingos entre consumidores, todo el mundo entendió que se refería a los de tarifa regulada, los menos pudientes y los más expuestos a la volatilidad de los precios, que van a pagar este año un potosí por poner la lavadora o calentar la sopa a pesar de las promesas del presidente. 

Y peor que se va a poner

El Gobierno lleva tiempo desbordado y sin apenas margen de maniobra, mientras todo indica que los precios seguirán al alza al menos hasta la primavera. Sus lamentaciones ante Bruselas para que la UE se involucre no encuentran eco y tendrá que seguir improvisando como hasta ahora con los resultados ya conocidos. Tiene la posibilidad de prorrogar las rebajas fiscales e incluso aumentarlas, cargar algunos costes a los presupuestos o vincular la tarifa regulada a contratos a plazo para reducir la inestabilidad de los precios, como han propuesto algunos analistas. Claro que eso significaría recaudar menos y seguramente esas medidas no tardarían mucho en verse compensadas también por las próximas subidas. 

Con este panorama la recuperación económica a la que el Gobierno se sigue aferrando parece cada vez más lejana. Los precios de la energía son responsables directos de una espiral inflacionista como no se veía desde 1992. Las empresas están en la cuerda floja, los salarios se deprecian y las pensiones se tendrán que revalorizar el año que viene un 2,5%, ahondando más en el déficit. Los fondos europeos son por ahora un enigma, el paro ronda el 15% y el Índice de Miseria está a la cabeza de la Eurozona, doblando la media de los países del euro y colocándose solo por detrás de Brasil y Turquía entre los países más desarrollados. No es catastrofismo sino realismo, complicado más si cabe con el repunte de la pandemia y la aparición de una variante cuyas consecuencias aún se estudian, que puede causar nuevos estragos en el sector servicios cuando empezaba a levantar tímidamente el vuelo.

Obviamente no se puede responsabilizar a Sánchez de todos estos problema, aunque en el de la luz, por citar solo uno, ha primado la improvisación y ha quedado al descubierto su demagogia. A un gobernante no se le exige que le dore la píldora a los ciudadanos con promesas irreales como la del precio de la luz, sino que los trate como a adultos, les muestre la realidad por cruda que sea y explique qué piensa hacer y, sobre todo y ante todo, que no les mienta. Pero si como suele ocurrir las mentiras le salen gratis, podemos estar seguros de que reincidirá y entonces la culpa no será suya sino enteramente nuestra. 

Ómicron y el miedo

El gran historiador romano Tito Livio escribió que "el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son". La RAE define el miedo como la angustia producida por la percepción de un riesgo o peligro, que puede ser real o no, y que puede percibirse de manera presente o de futuro. También dice un refrán español que "el miedo es libre", pero creo que en este caso se equivoca por completo el refranero: nada menos libre que el miedo y nada más paralizante. Viene este exordio a propósito de la ómicron, la nueva variante del COVID - 19,  la cual ha desatado una ola mundial de miedo que con los datos disponibles hasta la fecha no parece plenamente justificada. Por ejemplo, la doctora sudafricana que alertó de la variante ha declarado a la BBC que hasta ahora "los efectos sobre los pacientes son leves" y que no hay ningún hospitalizado. ¿Significa eso que debemos hacer caso omiso y seguir como si nada? En absoluto, lo que significa es que los responsables públicos y los medios de comunicación tienen la obligación de ser extremadamente cautelosos a la espera de disponer de todos los datos científicos, lo cual no está reñido con permanecer alertas y ser prudentes mientras el virus circule, algo que tal vez haga indefinidamente. Dejarse arrastrar por un miedo cerval sin causa justificada suficiente nos convierte en presas fáciles para la manipulación.  

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Que no cunda el pánico

No hace falta seguir ninguna teoría de la conspiración para recordar que en la Historia hay numerosos ejemplos en los que el poder ha utilizado el espantajo del miedo para fines diversos, casi nunca confesables. No digo que sea el caso pero, desde que la OMS bautizó a ómicron y la calificó de "variante de preocupación", estamos asistiendo a una gigantesca oleada de reacciones políticas y epidemiológicas que lejos de transmitir calma y serenidad a la población contribuyen a alarmarla. La propia OMS ha tenido un comportamiento inexplicable y errático al calificar primero la mutación de "preocupante" para al día siguiente señalar que se desconoce el nivel de transmisibilidad y admitir que "es pronto para determinar su virulencia".  No le va a la zaga a la hora de atizar los mensajes alarmistas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instando a los países europeos a "prepararse para lo peor" y asegurando que "estamos en una carrera contra el tiempo". Lo que según la señora von der Leyen es "lo peor" no lo sabemos porque no lo dijo, pero a fe que sus palabras nos han metido más miedo en el cuerpo.

De eso se encargan especialmente los medios de comunicación, embarcados de nuevo en una carrera para dirimir cuál publica el titular más amenazante. Sin embargo, los llamamientos científicos a la calma y a la prudencia a la espera de disponer de más datos se ignoran o se relegan a un segundo plano, seguramente porque no hay nada mejor para generar audiencias que anunciar el Armagedón en vivo y en directo. De este modo la caza del paciente con ómicron se ha activado y en los medios solo se ve y lee estos días un goteo incesante de casos contagiados con esa variante, pero apenas nada sobre los efectos sobre la salud de esos pacientes. Me atrevo a llamarlo alarmismo informativo y, sin duda, no es la mejor manera de transmitir serenidad a una población que lleva ya año y medio sometida a un bombardeo continuo de titulares intimidantes y ominosos sobre la pandemia. 

Un desafío global

Lo más que se puede decir en estos momentos sobre ómicron es que se trata aún de un enigma que no se resolverá hasta que no haya datos epidemiológicos mucho más fiables. Cierto que entre los científicos y las autoridades hay preocupación generalizada por la elevada capacidad de mutación de la variante, pero de ahí no se puede deducir aún si esto la hace más o menos peligrosa o si será capaz de burlar las vacunas. Por otro lado, aunque se ha detectada en Sudáfrica, seguramente ya se encontraba en circulación en otros lugares del mundo. De ahí que la decisión de suspender los vuelos con ese país y con otros de la zona que se está adoptando en todo el mundo incluida España, además de representar un estigma para Sudáfrica, parece poco eficaz y suena más bien a la necesidad de los políticos de hacer ver a una población atemorizada que se están haciendo cosas. 

Los científicos también advirtieron en su momento de que estamos ante una amenaza global y como tal debía afrontarse. Nadie les hizo caso y ahora tenemos que escuchar como, ayer mismo, los países más ricos del mundo reunidos con urgencia en el G7 ante la alarma del ómicron, instan a esos mismos países, es decir, se instan a sí mismos, a vacunar a los países más pobres. Cuando hace año y medio se dio la voz de alarma global el lema general fue el de sálvese quien pueda y los pobres que se las arreglaran solos. Pero los pobres, especialmente los africanos, no se las han podido arreglar solos y apenas han conseguido vacunar al 10% de la población con solo una dosis. En el norte el porcentaje con la pauta completa sube al 60% de media y en España llega al 90% de la población diana. 

Sin embargo, parece que es ahora cuando los países ricos caen en la cuenta de que este virus no se controla solo cerrando fronteras y suspendiendo vuelos, aunque eso también pueda ayudar en determinadas circunstancias. Como señalé en un reciente comentario, la vacuna es la clave del éxito en la lucha contra esta calamidad pública porque, digan lo que digan algunos irredentos antivacunas, protege contra los cuadros más graves de la enfermedad y ralentiza la circulación del virus. 

Lo que se sabe y lo que no 

Antes de tocar a rebato hemos de saber si ómicron es más peligrosa que otras variantes, algo que se sabrá a medida que aparezcan nuevos casos y se estudie su evolución. Habrá que tener en cuenta que la población africana y la europea, por ejemplo, son diferentes. En la primera hay una mayor prevalencia de enfermedades endémicas que podrían provocar un comportamiento diferente de la variante. De momento, los informes indican que los síntomas son leves y no hay daños neurológicos. La gran pregunta para la que de momento no hay respuesta es si la ómicron burlará la vacuna. Ningún científico se atreve aún a afirmarlo o a negarlo con rotundidad. En la hipótesis más pesimista harían falta algunos meses para desarrollar una nueva vacuna, mientras que en la más optimista contagiarse con ómicron podría quedar solo en síntomas leves. 

Ante tantas preguntas para las que por ahora no hay respuesta es fundamental no dejarse arrastrar por la ansiedad y mantener la calma y la prudencia. Las medidas que se adopten se deben basar en evidencias científicas y no en previsiones alarmistas generadas por hipótesis que el miedo, y por qué no decirlo, el cálculo político y económico podrían estar exagerando injustificadamente. Prevenir no es solo adelantarse a un posible riesgo, es también hacerlo de forma ponderada en función de la información científica disponible y procurando hacer el menos daño posible los derechos fundamentales en juego y a la actividad económica. Por terminar con otra cita, una gran científica, la francesa Marie Curie, escribió algo que cobra hoy toda su vigencia: "Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más, para temer menos". 

El fiasco del Ingreso Mínimo Vital

Todos recordamos el día en que el Gobierno aprobó el decreto ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV): era el 29 de mayo de 2020 y faltaban tres telediarios para que Pedro Sánchez proclamara urbi et orbi que había vencido el virus y ya podíamos echarnos a la calle a "disfrutar". También eran los tiempos del "salimos más fuertes" y del "no dejaremos a nadie atrás" que aún hoy alimentan el autobombo gubernamental. Pablo Iglesias se soltó la coleta y se apuntó el tanto: "es un día histórico para la democracia", dijo; como le pareció poco añadió que el IMV es  "el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la ley de la Dependencia en 2006". En los Presupuestos se consignaron 3.000 millones de euros de los que en septiembre de este año solo se habían gastado 1.400 millones. Así las cosas, un año y medio después perciben la ayuda unos 800.000 de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios y de cada cuatro peticiones se han denegado tres. Así es como esta medida estrella del famoso "escudo social" ha servido hasta ahora mucho más para que el Gobierno se cuelgue inmerecidas medallas que para paliar la miseria de los 4,5 millones de españoles en situación de pobreza severa, "dramáticamente agravada por la pandemia" según el propio Gobierno. 

Camino del fiasco

Ante tantas y tan buenas intenciones, uno se pregunta qué está saliendo mal para que el IMV vaya camino de ser otro fiasco si no lo remedian los cambios introducidos en la ley que el Congreso acaba de aprobar sin ningún voto en contra. La primera respuesta es que ha fallado todo lo que suele fallar cuando se adoptan decisiones de esta naturaleza con la mente puesta ante todo en los eslóganes resultones y en los titulares del día después, es decir, sin estudiar a fondo cómo, cuánto y a quién se pretende ayudar a salir del hoyo de la pobreza. Es lo que se ha calificado de diseño equivocado - por improvisado y alejado de una realidad compleja - de una medida sobre la que hasta el Defensor del Pueblo ha mostrado sus recelos por si discrimina a los jóvenes con respecto a los adultos.

En segundo lugar, no tuvo en cuenta el Gobierno la pesada e inmisericorde maquinaria burocrática de este país, capaz de acabar con la paciencia de un santo y de convertir en papel mojado cualquier decisión por bien intencionada e incluso bien articulada que esté. Lo hemos visto decenas de veces cuando las ayudas "inmediatas" que prometen los políticos a pie de inundaciones, terremotos, incendios o volcanes deben pasar mil y un filtros administrativos mientras los potenciales beneficiarios desesperan esperando. Con el IMV está ocurriendo exactamente lo mismo, agravado por el número de administraciones que se involucran en el proceso. 

EFE

Requisitos inalcanzables

Pero no culpemos a la burocracia de todos los males. Los espartanos requisitos del decreto, ahora levemente suavizados en la ley, resultan inalcanzables para la gran mayoría de quienes teóricamente tendrían derecho al IMV. Por citar solo un ejemplo, los ingresos de referencia para conceder la ayuda son los de 2019, año en el que afortunadamente aún no sabíamos nada de la existencia de un virus llamado COVID-19 y sus efectos. Además, para poder presentar la solicitud es muy recomendable disponer de ordenador y conexión a internet, lo cual resulta cuando menos sarcástico tratándose de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Sin embargo, presentarla en papel garantiza una larga espera para saber si se es merecedor del IMV o toca seguir de pobre de solemnidad. 

Hablando de seguir de pobre, ya me dirán cómo se vive con 484 euros mensuales, que es el IMV de un adulto que viva solo, o con 900 euros para una familia de dos adultos y dos menores. Para que se entienda mejor baste con decir que, entre estas cantidades y la que marca la línea roja a partir de la que ya no se pertenece oficialmente a la categoría de pobre, cifrada en unos 20.000 euros, hay una diferencia de unos 11.000 euros. A lo anterior hay que añadir que las ayudas llegarán a familias que ya han caído por el tobogán de la pobreza y que lo tendrán muy difícil para revertir su situación. Y cierro este capítulo con una pregunta para subir nota: ¿cuántos millones procedentes de los fondos europeos para hacer frente a los daños de la pandemia destinará el Gobierno a paliar la lacra de la pobreza y la exclusión? 

Canarias, a la cabeza de la cola 

El círculo del chasco lo completa la foto de su cobertura por comunidades autónomas, cuyas insuficientes rentas mínimas ha venido teóricamente a complementar el IMV. Y cómo no, ahí está Canarias una vez más, casi liderando las autonomías menos beneficiadas, superada solo por Cataluña. En estas islas el IMV ha llegado al modesto porcentaje del 5,5% de los potenciales beneficiarios, lo que supone que lo han recibido unas 36.000 personas. Para entenderlo mejor hay que recordar que en 2020 había en Canarias algo más de 800.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, de las que cerca de la mitad caían en la categoría de pobreza severa. Este dato es un 7% superior a la media nacional, por no hablar de un paro en las islas del 24% que también supera en 10 puntos el dato nacional.

Para 2022 los Presupuestos del Estado consignan una partida para el IMV de 4.436 millones de euros y la ley relajará algunos de los leoninos requisitos del decreto ley para acceder a la ayuda, cuya cuantía también se incrementa un 3%. Aún así, los responsables de servicios sociales consideran que el arreglo es insuficiente y calculan que el IMV no sacará de su situación a una quinta parte de la población en riesgo de pobreza siempre y cuando se cumplan las previsiones del Gobierno, algo sobre lo que no conviene hacerse muchas ilusiones dada la experiencia. 

Dice un conocido proverbio chino que si regalas pescado a un hombre le darás alimento para un día, pero si le enseñas a pescar lo alimentarás para el resto de su vida. En España esto significaría que no basta con que el IMV llegue a las personas que han caído en el pozo de la pobreza; la necesaria ayuda debería estar acompañada de políticas que les sirvan para salir de una situación que suele volverse crónica y hereditaria para la mayoría, y que con la crisis de la pandemia se ha agravado. Creo que no hay mejor ingreso mínimo vital que el acceso a la formación y a un trabajo digno, sin que esto suponga que los poderes públicos no deban hacer lo posible para no dejar a nadie atrás. Sin embargo, a fecha de hoy, esa expresión todavía tiene mucho más de eslógan propagandístico y electoral que de realidad palpable. 

Vacuna obligatoria, de entrada no

Un fantasma recorre Europa, el fantasma de la vacuna obligatoria contra la COVID-19. Resurge este debate a raíz del importante aumento de los contagios en varios países europeos, cuyos gobiernos están poniendo en marcha una nueva tanda de restricciones de movilidad, acompañada esta vez de la obligatoriedad de vacunarse para la población que ha rechazado la vacuna o de determinados grupos profesionales como sanitarios, profesores y otros empleados públicos. Estas medidas han provocado manifestaciones violentas en Viena, Bruselas o Róterdam, instrumentalizadas por fuerzas populistas de extrema derecha. Estas formaciones están demostrando una preocupante capacidad de llevar a su molino el agua del hartazgo, el descontento y la desconfianza de muchos ciudadanos ante las élites políticas y los llamados expertos, cuya gestión de la pandemia no ha sido precisamente sobresaliente. 

Una vacuna segura y eficaz

Aunque con mucha menos fuerza, el debate también ha llegado a España a pesar de que la situación epidemiológica en nuestro país es aún comparativamente mucho mejor. La clave es el elevado porcentaje de vacunados con la pauta completa: un 89% de la población diana en España frente a dos tercios aproximadamente de Alemania, Austria o el Reino Unido. La primera conclusión es que a mayor porcentaje de vacunados menos presión hospitalaria y, sobre todo, menos casos graves. El aumento de los contagios y el leve repunte de hospitalizados e ingresados en unidades de cuidados intensivos de los últimos días, no desmienten, sin embargo, la eficacia de la vacuna. 

Que seis de cada diez pacientes en cuidados intensivos no estuvieran vacunados prueba precisamente la importancia de la vacuna para luchar contra las peores consecuencias del virus: el patógeno circula con mucha más facilidad y es mucho más dañino entre los no inoculados, cuya capacidad de contagio es también mucho mayor y de consecuencias más graves que la de quienes se han vacunado. Con este simple dato bastaría para darse cuenta de que la vacuna no es el problema, sino la solución. Con todo, con el virus circulando y provocando contagios como lo está haciendo, será necesario reactivar ciertas medidas preventivas para evitar que la situación se vuelva a desbocar. 

El repunte de los contagios está poniendo nerviosas a unas comunidades autónomas que empiezan a pensar de nuevo en restricciones y certificados de vacunación para acceder a lugares públicos o viajar. A pesar de la falta de consenso entre los especialistas sobre la eficacia de algunas de esas medidas y sin legislación estatal en la que ampararse por el cálculo político del Gobierno central, las autonomías se aprestan de nuevo a vérselas con los jueces y con el recelo de una población agotada después de más de año y medio de restricciones. La evolución de los datos de la pandemia y la recuperación económica anunciada por el Gobierno pero que no termina de llegar, condicionarán las medidas que se adopten cara a una Navidad que ya se barrunta nuevamente llena de pegas. Esto es particularmente relevante en Canarias, en donde el aumento de casos en los países emisores de turistas puede dar al traste con la segunda temporada de invierno consecutiva, la más importante en el Archipiélago. 

Patronal y Podemos a favor de la obligatoriedad

En ese contexto se han escuchado las primeras voces a favor de la vacuna obligatoria. Además de la de algún epidemiólogo, también se han mostrado partidarios el presidente de la CEOE y Unidas Podemos, una coincidencia cuando menos llamativa. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como algunos creen. Echando la vista atrás, la historia de las vacunas está llena de dificultades, aunque con el paso del tiempo se han ido normalizando y aceptando por la inmensa mayoría de la población. Por solo citar un par de ejemplos, la primera vacuna contra la viruela involucró la linfa de la viruela de ganado. En el siglo XIX, para algunos sectores del ascendente movimiento vegetariano británico, esto era repugnante. El tejido porcino también ha llevado a algunos musulmanes a preguntarse por el uso de gelatina derivada del cerdo como estabilizador de la vacuna, lo que dificultó la vacunación contra el sarampión en Indonesia hasta una fecha tan reciente como 2018. 

Pero más allá del rechazo a la vacuna por motivos religiosos, sociales, políticos o filosóficos, o simplemente por estulticia incurable, hay una serie de requisitos cruciales que se deben tomar en consideración. Desde el punto de vista legal, solo bajo un estado de excepción sería posible imponer en estos momentos en España la vacuna obligatoria. El pasotismo del Gobierno y del Parlamento para cumplir sus obligaciones legislativas ante la pandemia es la causa de que a fecha de hoy no exista una norma concreta y específica que ampare, llegado el caso, una decisión como esa. Solo una sentencia judicial podría obligar a un ciudadano a vacunarse, aunque aquí no estamos hablando de unos pocos ciudadanos renuentes, sino del 11% de la población diana que ha rechazado la vacuna. 

Ni la ONU ni la OMS recomiendan la obligatoriedad

Además de los legales, deberían cumplirse otros supuestos que avalen y justifiquen la obligatoriedad. Organismos como la ONU recomiendan que solo se llegue a ese extremo si no hay alternativa para lograr el objetivo, en este caso poner el virus bajo control para reducir al máximo los casos hospitalarios y graves; también debe responder a una necesidad social urgente, ser proporcional a los intereses en juego, lo menos intrusiva posible y no discriminatoria. Dicho de forma resumida, para la ONU lo conveniente es que la vacuna sea voluntaria y no coercitiva con el fin de evitar la división social y no generar un problema añadido al que se pretende combatir. Tampoco la OMS ve con simpatía la vacuna obligatoria y de hecho no prevé recomendarla.

A efectos de extender la vacunación entre los reacios, tal vez sería mucho más eficaz mejorar sustancialmente la transparencia de la información pública para hacer frente a los bulos y combinar la pedagogía con algún tipo de incentivo que anime a vacunarse. Apostar por la obligatoriedad o aplicar medidas punitivas conduciría a un terreno resbaladizo que afectaría a derechos y libertades fundamentales, por mucho que a la inmensa mayoría nos resulte absolutamente incomprensible y merecedor del más severo reproche social que haya gente dispuesta a contagiar y a contagiarse y a sufrir las graves consecuencias, debido a vaya usted a saber qué extraña idea o teoría negacionista. Pero salvo que se dieran los requisitos de los que habla la ONU, una decisión así habría que enmarcarla más en las prácticas de los regímenes autoritarios que en las de la democracia. 

Aplicadas todas estas matizaciones, consideraciones y requisitos al caso español, creo que la conclusión solo puede ser una: vacunación obligatoria, de entrada no. No solo porque no se cuenta con el marco legal adecuado, sino porque el alto porcentaje de vacunados que ya hay en nuestro país y los datos epidemiológicos actuales no la justificarían y tendría en cambio importantes contraindicaciones sociales y políticas. 

Las cuentas y los cuentos de las pensiones

Dije hace poco en el blog que para saber qué será de las pensiones hay que prestar atención a los globos sonda del ministro Escrivá. Este hombre se ha ganado una merecida fama por decir lo contrario de lo que hace y hacer lo contrario de lo que dice. En 2019, siendo presidente de la AIReF, dijo que las cotizaciones sociales en España están seis puntos por encima de la media de la OCDE, por lo que no era necesario subirlas para mantener las pensiones. Dos años después, el ahora ministro ha acordado con los sindicatos y sin los empresarios subirlas el 0,6%, porcentaje del que la empresa pagará el 0,5%. En diciembre de 2020 sugirió ampliar el periodo para calcular la pensión y en los papeles enviados a Bruselas con las reformas exigidas a cambio de los fondos para la crisis, esa propuesta está negro sobre blanco. Sin embargo, contra toda lógica, Escrivá niega hasta en arameo que la medida suponga un recorte de la pensión. A continuación ha jurado también que el caballo blanco de Santiago no es blanco, sino alazán. 

S. Burgos

Recortando que es gerundio

Vaya por delante que solo soy experto en intentar entender la realidad que me rodea. En mi supina ignorancia siempre había pensado que lo de las pensiones consistía solo en que entre un poco más de dinero del que sale para que el sistema no quiebre. También creía que para eso era imprescindible, entre otras cosas, que haya trabajo estable y de calidad, especialmente para los jóvenes. Pero al parecer los cambios demográficos y otros factores han hecho que eso ya no sea así, por lo que nadie piensa hoy en esas viejas fórmulas; tampoco se acuerda nadie de los 180.000 millones de la economía sumergida que no cotizan, de la ausencia de políticas demográficas, de la ineficiencia del gasto público o del colesterol malo del gobierno y su legión de asesores multiplicada por diecisiete autonomías. Ahora, si se gasta en pensiones más de lo que se ingresa la única solución que ven los políticos es meter la tijera y decir que están trabajando para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Lo que veo sin ser experto es que las pensiones van camino de convertirse en un futuro tal vez no muy lejano, en una rara avis sobre la que los abuelos contarán historias para dormir a sus nietos. Tres bazas tiene el Gobierno para lograr lo que pomposamente llama la "sostenibilidad" del sistema, que hablando en plata significa cobrar menos pensión durante menos años. Pagar más cotizaciones no da derecho a cobrar una pensión mayor y, en cambio, puede perjudicar el empleo y los salarios. Además, las cifras de Escrivá parecen tan infladas como las previsiones económicas del Gobierno: conseguir 50.000 millones de euros para la hucha de las pensiones en los diez años en los que estará en vigor la subida, se antoja como un brindis al sol que obligará a subir de nuevo las cotizaciones más pronto que tarde. El Gobierno llama a esto Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que suena muy bonito pero que de ambas cosas parece tener lo que yo de monje tibetano: en realidad solo blinda las pensiones del baby boom a costa de elevar las aportaciones de las generaciones más jóvenes, las que más dificultades de empleo tienen en un país que es líder europeo en paro juvenil. 

¡Más recortes, es la guerra!

La segunda baza es elevar el periodo de la vida laboral que se toma para calcular la cuantía de la pensión. Podemos y los sindicatos se oponen por ahora pero, como ya dije, la medida está en los papeles sobre las reformas enviados a Bruselas. Si bien la subida de las cotizaciones no conllevará un aumento de la pensión, la ampliación del periodo de cálculo hasta los 35 años sí supondría un recorte de la cuantía inicial por mucho que Escrivá quiera hacer creer lo contrario. Aunque de momento solo es una propuesta, algunos informes académicos calculan el tijeretazo en cerca del 9%, aproximadamente unos 1.500 euros anuales menos para una pensión mensual de unos 1.000 euros. Como ahorro para el sistema no estaría nada mal, pero para los futuros pensionistas, que lo tendrán bastante más crudo para encadenar muchos años seguidos de empleo, sería un sablazo en toda regla que afectaría especialmente a las mujeres. 

"La sostenibilidad requiere también que la edad de jubilación se aproxime cada vez más a la de deceso"

La tercera baza es hacer que entre la edad legal de jubilación y la de deceso transcurra el menor tiempo posible. Es una fórmula infalible de ahorro que todo el mundo entiende, incluso quienes solo somos expertos en tirar para adelante hasta que el cuerpo aguante. A la noble tarea de retrasar paulatinamente la jubilación hasta los 67 años se dedicó con esmero Rodríguez Zapatero y la continuó con entusiasmo Mariano Rajoy, quien antes la había rechazado. Y en esas estamos, retrasando año tras año un poquito más la hora de guardar las herramientas y descansar. Al ministro le preguntaron si entre sus cálculos está darle una vuelta de tuerca a este asunto por si Zapatero y Rajoy se quedaron cortos. La pregunta traía causa de unas manifestaciones del propio Escrivá en las que soltó otro de sus globos sonda: la posibilidad de llevar la edad de jubilación a los 75 años. Ahora se santigua y hace cruces negándolo y garantizando a los jóvenes que se incorporen al trabajo - afortunados ellos - que se jubilarán con 67 años. Que cada cual crea lo que quiera, pero no olvidemos que también dijo que no había que subir las cotizaciones y las acaba de subir. 

El Gobierno tiene un pacto con Bruselas: recortar las pensiones

Si me han seguido hasta aquí coincidirán conmigo en que lo de las pensiones tiene muy mala pinta ya que las únicas soluciones que se proponen pasan todas por recortar de un modo u otro. Dicen los verdaderos expertos que existe un déficit de 30.000 millones de euros y, de hecho, en los Presupuestos de 2022 figura una transferencia de 28.000 millones de euros a la Seguridad Social. Por eso la subida de las cotizaciones es casi como matar moscas a cañonazos: supone un impuesto más sobre el empleo y los salarios y no resuelve el problema de fondo. Además, el Gobierno se ha quedado sin el apoyo de los empresarios, del que tanto ha presumido en estos dos años y a los que ahora pretende engatusar para la contrarreforma laboral. Hay que recordar también que la revalorización de las pensiones se ha vuelto a ligar al IPC, lo que supone un importante factor de tensión añadido en tanto se trata de subidas que se van consolidando año tras año. 

Está meridianamente claro que, en contra de lo que afirma, el Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a recortar las pensiones para que el maná de los fondos europeos no se retrase o mengue y le sirva a Sánchez para sacar pecho antes de las elecciones. Es iluso esperar que los partidos políticos, tanto los que están en el Gobierno como los que aspiran a estarlo, piensen en otras medidas para garantizar el futuro de las pensiones que no pasen por castigar a los de siempre. Eso sí, el Gobierno no escatimará esfuerzos propagandísticos para convencer a los damnificados de que si la pensión encoge es solo por su bien, no se la vayan a gastar en vino. En mi ingenuidad me pregunto también cuándo serán capaces los partidos políticos de ponerse de acuerdo sobre el futuro de las pensiones con un pacto que sobreviva a las siguientes elecciones y cuándo dejarán de hacer en el gobierno lo mismo que rechazaron en la oposición. Sospecho que no será antes de que las ranas críen pelo o de que ustedes y yo lo veamos.