Dos jueces y un peligro

A la hora de escribir este comentario, solo dos jueces investigan los papeles de Bárcenas. No descarto que en las próximas horas o días sean tres o más. Nada de lo que sorprenderse ante un asunto tan complejo y con una Administración de Justicia como la española, sobrada de medios materiales y humanos. El único inconveniente puede ser que todos los jueces investigadores citen a declarar a Bárcenas el mismo día, a la misma hora y por el mismo motivo. Aunque un hombre de recursos ilimitados como ha demostrado ser el ex tesorero popular seguro que también posee el don de la ubicuidad.

 Ironías al margen, la enredada madeja judicial en la que se está convirtiendo la investigación sobre los supuestos pagos en negro en el PP no anima a tener esperanzas de que el caso se sustancie en tiempo y forma. De un lado tenemos al juez Ruz, interino que ocupa el puesto de Garzón, – el único condenado hasta la fecha por el “caso Gürtel” – que en septiembre abandonará su puesto y dejará el voluminoso asunto en manos de otro magistrado, el tercero desde que se inició la causa.

De otro tenemos al juez Bermúdez, juzgador del 11-M y desmontador de la teoría de la conspiración sobre aquellos atentados tan querida por el PP. Ruz se tomó su tiempo para establecer conexiones entre las cuentas en Suiza de Bárcenas y sus explosivos papeles. Mientras, IU presentó una querella en la Audiencia Nacional que, a la vista de la parsimonia de Ruz para decidirse, fue a parar por reparto a las manos de Bermúdez. Entonces Ruz aceleró y pidió concejo a la Fiscalía e informes a la policía sobre la vinculación entre Suiza y los papeles. Y la encontró, de manera que abrió una pieza separada sobre la marcha para investigarla.

Pero Bermúdez no se achicó y se declaró competente – él también – para profundizar en los manoseados papeles. Incluso fue más allá y exigió a Ruz que le pasara el caso no sin antes atacar sus argumentos sobre las conexiones entre ambos asuntos y acusarle de “pretender abrir una causa general contra el PP". Se había montado el lío, cuyo episodio más reciente y esperpéntico es que ambos jueces han citado para el mismo día, casi a la misma hora y por el mismo motivo al hombre de moda más requerido últimamente en España por jueces y fiscales.

A esta pugna entre Ruz y Bermúdez no ha sido ajena en absoluta la Fiscalía General del Estado que, desde un primer momento, ha venido removiendo cielo y tierra para que sea Ruz – aparentemente mucho más blando y en expectativa de destino - y no Bermúdez – previsiblemente más duro con el PP - el que se ocupe del asunto. Como no podía ser menos en un país en donde política y justicia andan tan entrelazadas, los dos grandes partidos políticos también han echado su cuarto a espadas y no han ocultado sus preferencias: el PP y su corte mediática por Ruz y el PSOE y la suya por Bermúdez. Mientras, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mira la pelea desde la barrera y dejar pasar los días sin determinar cuál de los dos jueces debe dirigir la investigación.

Estamos ante un problema crónico, la politización de la justicia en España, y ante un peligro grave. Las preferencias de los grandes partidos no parecen ser las de los ciudadanos castigados por la crisis y escandalizados por los casos de corrupción, que exigen que se depuren las responsabilidades judiciales pertinentes al margen del juez que lo haga.

El grave peligro consiste en que el proceso se enrede más de lo que está y se eternice hasta el punto de que algunos de los presuntos delitos investigados terminen prescribiendo. Sin contar con la posibilidad de que alguien encuentre en este lío entre jueces, fiscalía y partidos políticos un resquicio para exigir la nulidad completa de la causa como ya ocurrió en su día con el “caso Naseiro”. Esa posibilidad sería algo que dañaría de forma irreversible la ya poco saludable imagen de la Justicia y del sistema político de este país y algo que la sociedad española no puede tolerar bajo ningún concepto.

Irak, más de 100.000 muertos después

Todo fue una gran mentira para hacerse con el petróleo irakí. Una gran mentira que, diez años después de consumada, ha costado más de cien mil víctimas civiles según las estimaciones más moderadas y más de dos billones de dólares en gastos militares a Estados Unidos, sin contar los ocasionados en los países de la llamada coalición internacional. ¿Qué se ha conseguido a cambio de tanta destrucción y muerte? Muchas cosas y todas negativas: un país más dividido que nunca, un Estado semifallido gobernado por un político autoritario que aspira a perpetuarse en el poder, una incubadora para el terrorismo islamista y, paradójicamente, mucho menos petróleo del codiciado. Eso sí, las grandes multinacionales, algunas de ellas estrechamente ligadas a los principales impulsores de la guerra como Bush y sus halcones del Pentágono, hicieron grandes negocios en Irak.
 

Nadie cuestionaba que Husein fuera un  dictador pero no era un peligro para la paz mundial. Nunca tuvo armas nucleares o biológicas, nada tuvo que ver con los ataques del 11-S y hasta había sido un fiel aliado occidental. Las evidencias que los inspectores de la ONU mostraron al mundo fueron ignoradas, la legalidad internacional – que nunca ha gozado de buena salud – fue pisoteada y Estados Unidos se embarcó en una guerra que – diez años después – la mayoría de los estadounidenses considera un fracaso. Los más de 4.000 militares norteamericanos muertos en Irak son la prueba.


En donde había un Estado, un gobierno, unas fuerzas armadas y una policía no quedó piedra sobre piedra: todo se desmanteló, amén de saquear las riquezas naturales y hasta artísticas del país, e Irak quedó reducido a escombros en sentido literal y político. Nada había para reemplazar tanta destrucción y los gobiernos títere que los ocupantes intentaron ir poniendo precariamente en pie chocaron irremediablemente con el rechazo y el odio de una población sojuzgada por fuerzas extranjeras.

Para la historia de la infamia quedarán las imágenes de Sadam Husein colgando de una soga, los abusos de los soldados norteamericanos en la cárcel de Abu Ghraib o las matanzas casi diarias en las calles de Bagdad y otras ciudades del país. En el álbum de los horrores no debe faltar el engreído Georg W. Bush cantando victoria desde un portaaviones dos meses después de la invasión o fotografiándose sonriente con un pavo de plástico junto a sus tropas en Irak.

Pero la foto que debe abrir ese álbum de la vergüenza es la de las Azores, con Bush, Blair, Durao Barroso y nuestro ínclito Aznar proclamando al mundo las mentiras con las que pretendían encubrir la necesidad de una guerra ilegal contra la que estaba la inmensa mayoría de la opinión pública mundial. Bush vive hoy tranquilamente en su rancho de Texas; Blair se reafirma en lo necesaria que era la invasión y da conferencias sobre la paz en el mundo a cientos de miles de euros la pieza; Durao Barroso, político trapacero y retorcido donde los haya, se agarra con uñas y dientes a la presidencia de la Comisión Europea.

Por último, Aznar, el que con voz engolada aseveraba que Husein tenía armas de destrucción masiva y que metió a España en un conflicto bélico internacional ilegítimo en el que no le iba ni le venía nada, ha seguido defendiendo las bondades de la decisión. Él y su partido, amparados en la teoría de la conspiración, nunca han querido aceptar que la foto de las Azores estuvo en el origen de los atentados del 11-M en Madrid por los que el PP perdió el poder al intentar ocultar la realidad con una nueva tandas de mentiras a los ciudadanos.

Ninguno de ellos se arrepiente de nada y, por supuesto, ni han respondido ni responderán jamás ante la justicia internacional por las atrocidades que su decisión criminal ha provocado en Irak. Pero sí les ha juzgado la Historia y el fallo es inapelable: culpables de la destrucción de un país y de la muerte de decenas de miles de inocentes.

Pensiones: un nuevo clavo en el estado del bienestar

Cuando escuché a Cospedal decir sin tartamudear ni enredarse en “diferidos” y “simulados” que el PP ha garantizado el futuro de las pensiones, pensé inmediatamente en Bárcenas y en los corruptos de la trama Gürtel. También me vinieron a la cabeza los ministros Mato y Wert garantizando la universalidad, gratuidad y calidad de la sanidad y la educación después de haber recortado ambas a placer. Mediocridad y cinismo político a partes iguales en un partido que sigue gobernando a golpe de decreto ley después de prometer la regeneración de la vida parlamentaria.

¿Quién puede creerle ya? ¿Le creerán por ventura los pensionistas, muchos de los cuales seguramente le votaron, después de ver que “lo último que tocaría el Gobierno” tampoco escapa a los recortes? Porque un recorte en toda regla es lo que acaba de aprobar el Gobierno para las pensiones, cada día más lejanas, cada día más difíciles y cada día más raquíticas. Y lo ha hecho ignorando olímpicamente el Pacto de Toledo, sin diálogo ni búsqueda de consenso de ningún tipo a pesar de tratarse de un asunto que afecta al presente y al futuro de millones de ciudadanos.

El PP arremetió contra Zapatero por la reforma que ahora endurece y por la congelación de las pensiones que también ha aplicado. Mintió entonces y miente ahora, lo mejor que se le da a Rajoy y a los suyos en este y en tantos otros asuntos como el escándalo de los papeles de Bárcenas, al asegurar que el futuro de las pensiones está garantizado. Lo que está en realidad garantizado es que no hay nada garantizado excepto para aquellos que puedan suscribir un plan privado de pensiones, que en realidad es lo que busca esta reforma del PP y esperan impacientes los bancos y las aseguradoras.

Desazón permanente

La aplicación inmediata del coeficiente de sostenibilidad del sistema, eufemismo para definir el mecanismo de endurecimiento permanente del acceso a la pensión, abre un panorama de incertidumbre y desazón para los futuros pensionistas. Los que aspiren a prejubilarse después de haber cotizado un número razonable de años ya se pueden despedir de ese sueño salvo que acepten una pensión limosnera. La legión de jóvenes en paro por los que ahora se muestra tan preocupado el Gobierno, también pueden decir adiós a la posibilidad, no ya de prejubilarse con una pensión digna, sino incluso a jubilarse algún día con una pensión completa.

La reforma impide el relevo laboral al obligar a los trabajadores de más edad a continuar en el curro para tener derecho a una pensión de miseria. Alega el Gobierno que es muy alto el número de jubilaciones anticipadas, aunque en su mayor parte sean despidos pactados en grandes empresas como TVE, Telefónica o Iberia. Sin negar la necesidad de implementar medidas para que el coste de esas prejubilaciones no recaiga en el presupuesto, el Gobierno oculta que el gasto en pensiones en España está por debajo de la media europea y que la media de las pensiones en nuestro país ronda los 900 euros, con diferencias abismales entre comunidades autónomas. Con esa cantidad la inmensa mayoría de los pensionistas de este país ayudan a hijos y nietos en paro o que no encuentran trabajo, además de apoquinar por los copagos y repagos sanitarios.

La guinda

La guinda de este nuevo tajo a las pensiones futuras ha sido el endurecimiento de las condiciones para que los mayores de 55 años que hayan agotado la prestación por desempleo puedan acceder al subsidio. Nada tiene que ver la medida con la sostenibilidad de las pensiones pero el Gobierno la ha colado de rondón en lo que parece ser sólo un aperitivo de nuevos recortes en el tiempo y la cuantía del paro que, o mucho me equivoco, o no tardarán en llegar de nuevo vía real decreto.

Pero, por encima de las disquisiciones técnicas sobre esperanza de vida o proyecciones demográficas de las que se agarra el Gobierno, lo único cierto es que si no hay empleo tampoco puede haber pensiones. El problema es que el empleo ni está ni se le espera con la suicida austeridad que dicta Berlín y que Rajoy sigue servilmente a la espera de que Merkel se compadezca y afloje un poco el dogal del déficit, lo único que parece preocuparle a este hombre.

Son las cotizaciones a la Seguridad Social las que hacen sostenible el sistema, lo cual no debería impedir explorar otras vías adicionales de financiación de las pensiones mediante impuestos finalistas como se hace por ejemplo en Francia. En su conjunto, la reforma de la reforma de las pensiones que el Gobierno ha aprobado sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, es un nuevo clavo en el estado del bienestar que para cuando el PP deje el poder ya estará listo para ser sepultado y olvidado.

Atraco bancario en Chipre

Poco dura la alegría en casa del pobre. Un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciara los abusos de las hipotecas españolas, los políticos siguieron a lo suyo en Bruselas: hacer pagar a los ciudadanos los desmanes de los bancos. Arrodillados ante Merkel, la Comisión Europea, el BCE y el FMI, los ministros de Finanzas aceptaron pasarse la garantía de los depósitos bancarios por el arco del triunfo y castigar a los chipriotas con un impuesto sobre sus ahorros – vulgo robo con nocturnidad y alevosía - que se destinará a pagar el empacho de deuda griega de los bancos de la isla, agravado tras la quita que sufrieron las entidades helenas a cambio de su rescate.

 Chipre es un pequeño país de 800.000 habitantes que apenas representa el 0,2% del PIB de la UE pero cuyo sistema bancario multiplica por siete esa cantidad, en gran parte debido a la afición de muchos magnates rusos por blanquear en ellos sus capitales. La troika lo utiliza ahora como conejillo de indias para un experimento ilegal en el que pagan justos por pecadores y que amenaza con imprevisibles consecuencias para los países rescatados o al borde del rescate, casos de Italia o España. La señal que la insólita decisión envía tanto a los mercados como a los ciudadanos no puede ser más alarmante, por mucho que la intenten vender asegurando que la situación chipriota es excepcional y que lo que se ha aprobado no es un impuesto sobre los ahorros sino una quita, como si a los chipriotas les importara gran cosa la diferencia.

Ya el sábado hacían cola para sacar sus ahorros de los bancos, convenientemente cerrados ahora hasta el miércoles. Mientras, el Gobierno conservador busca apoyos para aprobar la ley que le han impuesto Merkel y los serviles gobiernos que la secundan, caso por ejemplo de España, que permite robarles a los ciudadanos una parte nada despreciable de su dinero.

El precedente que se sienta es tan peligroso que nada tendría de extraño que el miedo a que el corralito chipriota se repita tarde o temprano en otros países como España o Italia puede provocar un efecto contagioso de desastrosas consecuencias, con los ciudadanos sacando sus ahorros de los bancos, lo grandes capitales poniendo pies en polvorosa y los mercados castigando con saña la deuda pública de esos países.

Que el Gobierno español diga que la situación en Chipre no es “extrapolable” a nuestro país, lejos de tranquilizar aumenta la incertidumbre. Entre otras cosas, porque no lo explica y porque, de hecho, ya sufrimos en España el corralito en el que han sido encerrados los tenedores de las preferentes alegremente vendidas por los bancos sin control ni supervisión alguna por parte de las autoridades que ahora se rasgan las vestiduras.

Pero si la señal de alarma que el corralito chipriota envía a los mercados y a los ciudadanos es pésima, peor es aún el daño que esta decisión le hace al cada día más devaluado europeísmo. Comprobar una vez más que los intereses electorales de la señora Merkel se imponen incluso a la normativa comunitaria sobre la seguridad de los depósitos bancarios de los ciudadanos, a los que se les birla parte de sus ahorros con toda la desfachatez del mundo y a cara descubierta para volver a salvar a los bancos, no puede sino intensificar el euroescepticismo y hasta la eurofobia ante todo lo que proceda de Bruselas.

Una sentencia para la esperanza

A veces también llegan buenas noticias de la Unión Europea que contribuyen a paliar un poquito el euroescepticismo galopante, cuando no la eurofobia que ya está generando la obsesión por la austeridad fiscal y los recortes eufemísticamente denominados reformas estructurales. Esa buena noticia en un mar de tijeras nos la dio ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una sentencia que, no por esperada, ha sido recibido con menos satisfacción entre quienes han venido denunciando la sordera crónica y cómplice del Gobierno ante las abusivas cláusulas que imponen los bancos en las hipotecas. En pocas palabras, el fallo dictamina que la vetusta Ley Hipotecaria española vulnera de forma flagrante la normativa comunitaria al dejar indefensos a los ciudadanos frente a los abusos de los bancos. Lo mejor de la sentencia es que, aunque no obliga expresamente al Gobierno español a modificar la injusta norma, sí es de inmediata aplicación por parte de los jueces en los casos de ejecución hipotecaria.

Una victoria social

Los jueces tienen por fin en sus manos una poderosa herramienta jurídica para paralizar cautelarmente los desahucios y dirimir en un juicio si la letra de hormiga de las hipotecas contiene cláusulas abusivas. Es cierto que la sentencia llega con cuatro años de retraso y es dudoso que pueda ya compensar el perjuicio que han sufrido las miles de familias expulsadas de sus hogares por una ley inicua. A pesar de todo, es un triunfo para mucha gente: en primer lugar para las plataformas antidesahucios que han logrado sensibilizar a la sociedad de esta injusticia hasta el punto de reunir casi un millón y medio de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular que ya se tramita en el Congreso aunque a regañadientes de los grandes partidos, siempre tan solícitos con la estabilidad del sistema financiero.

Es un triunfo también del juez José María Fernández que se molestó en llevar las abusivas cláusulas de la hipoteca de un inmigrante ante el Tribunal de Luxemburgo y conseguir así un fallo histórico que deja con las vergüenzas al aire al Gobierno, a los partidos políticos, a las instancias judiciales que han mirado para otro lado mientras se desahuciaba a mansalva y, por descontado, a todo el sistema bancario español. Merece la pena analizar brevemente cuáles han sido sus reacciones.

Reacciones culpables

Horas antes de conocerse la sentencia, Mariano Rajoy pontificaba en el Congreso que la dación en pago generalizada pondría en peligro la sagrada estabilidad del sistema financiero, como si esa hubiese sido la causa de la crisis bancaria estadounidense en donde esa posibilidad está recogida. Con la sentencia ya estampada en su cara, Rajoy sólo vino a reconocer “algunos problemas en la ley” como si hablara de los papeles de Bárcenas en los que “algunas cosas son verdad”.

Por su parte, Ruiz Gallardón hizo de la necesidad virtud y declaró que el Gobierno “asume que tiene que adaptar la normativa hipotecaria española a la comunitaria” pero no dijo ni cómo ni cuándo. Otros dirigentes populares se atreven incluso a tergiversar los hechos y aseguran que el mezquino decreto antidesahucios, aprobado por el Gobierno después de varios casos de suicidio que alarmaron a la sociedad española, ya recoge algunos de los puntos de la sentencia europea. En la oposición socialista, bajo cuyo gobierno se inició el drama de los desahucios sin que moviera un dedo para evitarlo, las reacciones no han podido ser más patéticas al pedir ahora la paralización de todos los expedientes de ejecución hipotecaria hasta que la ley española se adapte a la comunitaria.

Para nota es también la reacción de la banca, que no ha tenido más remedio que cogérsela con un ambiguo papel de fumar para encajar la bofetada que supone para ella este fallo que, en cristiano, la llama ladrona y usurera. Así, mientras la Asociación Española de la Banca califica la sentencia de “razonable y constructiva”, la Asociación Hipotecaria Española se niega a admitir que todos los procesos de desahucio estén condicionados por cláusulas abusivas y pide que se estudie caso a caso. Deberían preguntarles antes a las familias echadas a la calle sin posibilidad de defensa alguna, si su desahucio fue o no una injusticia.

Una puerta abierta a la esperanza

Pero más allá de estas reacciones a caballo entre lo culpable y lo vergonzoso, lo trascendental de esta sentencia es que abre una gran puerta a la esperanza de miles de familias a las que el paro ha dejado al borde de perder su casa con el esperpéntico agravante de que, encima, tendrán que seguirla pagando. Es improbable que el Gobierno se atreva hacerle un feo a sus adorados bancos y paralice los desahucios en curso hasta que la ley española se homologue a la comunitaria. Por eso, cabe esperar y exigir que los jueces hagan uso de esta sentencia para acabar con los abusos de la banca tanto tiempo consentidos por quienes podían haberlos evitado y, sin embargo, no movieron un dedo para hacerlo.