A veces también llegan buenas noticias de la Unión Europea que contribuyen a paliar un poquito el euroescepticismo galopante, cuando no la eurofobia que ya está generando la obsesión por la austeridad fiscal y los recortes eufemísticamente denominados reformas estructurales. Esa buena noticia en un mar de tijeras nos la dio ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una sentencia que, no por esperada, ha sido recibido con menos satisfacción entre quienes han venido denunciando la sordera crónica y cómplice del Gobierno ante las abusivas cláusulas que imponen los bancos en las hipotecas. En pocas palabras, el fallo dictamina que la vetusta Ley Hipotecaria española vulnera de forma flagrante la normativa comunitaria al dejar indefensos a los ciudadanos frente a los abusos de los bancos. Lo mejor de la sentencia es que, aunque no obliga expresamente al Gobierno español a modificar la injusta norma, sí es de inmediata aplicación por parte de los jueces en los casos de ejecución hipotecaria.
Una victoria social
Los jueces tienen por fin en sus manos una poderosa herramienta jurídica para paralizar cautelarmente los desahucios y dirimir en un juicio si la letra de hormiga de las hipotecas contiene cláusulas abusivas. Es cierto que la sentencia llega con cuatro años de retraso y es dudoso que pueda ya compensar el perjuicio que han sufrido las miles de familias expulsadas de sus hogares por una ley inicua. A pesar de todo, es un triunfo para mucha gente: en primer lugar para las plataformas antidesahucios que han logrado sensibilizar a la sociedad de esta injusticia hasta el punto de reunir casi un millón y medio de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular que ya se tramita en el Congreso aunque a regañadientes de los grandes partidos, siempre tan solícitos con la estabilidad del sistema financiero.
Es un triunfo también del juez José María Fernández que se molestó en llevar las abusivas cláusulas de la hipoteca de un inmigrante ante el Tribunal de Luxemburgo y conseguir así un fallo histórico que deja con las vergüenzas al aire al Gobierno, a los partidos políticos, a las instancias judiciales que han mirado para otro lado mientras se desahuciaba a mansalva y, por descontado, a todo el sistema bancario español. Merece la pena analizar brevemente cuáles han sido sus reacciones.
Reacciones culpables
Horas antes de conocerse la sentencia, Mariano Rajoy pontificaba en el Congreso que la dación en pago generalizada pondría en peligro la sagrada estabilidad del sistema financiero, como si esa hubiese sido la causa de la crisis bancaria estadounidense en donde esa posibilidad está recogida. Con la sentencia ya estampada en su cara, Rajoy sólo vino a reconocer “algunos problemas en la ley” como si hablara de los papeles de Bárcenas en los que “algunas cosas son verdad”.
Por su parte, Ruiz Gallardón hizo de la necesidad virtud y declaró que el Gobierno “asume que tiene que adaptar la normativa hipotecaria española a la comunitaria” pero no dijo ni cómo ni cuándo. Otros dirigentes populares se atreven incluso a tergiversar los hechos y aseguran que el mezquino decreto antidesahucios, aprobado por el Gobierno después de varios casos de suicidio que alarmaron a la sociedad española, ya recoge algunos de los puntos de la sentencia europea. En la oposición socialista, bajo cuyo gobierno se inició el drama de los desahucios sin que moviera un dedo para evitarlo, las reacciones no han podido ser más patéticas al pedir ahora la paralización de todos los expedientes de ejecución hipotecaria hasta que la ley española se adapte a la comunitaria.
Para nota es también la reacción de la banca, que no ha tenido más remedio que cogérsela con un ambiguo papel de fumar para encajar la bofetada que supone para ella este fallo que, en cristiano, la llama ladrona y usurera. Así, mientras la Asociación Española de la Banca califica la sentencia de “razonable y constructiva”, la Asociación Hipotecaria Española se niega a admitir que todos los procesos de desahucio estén condicionados por cláusulas abusivas y pide que se estudie caso a caso. Deberían preguntarles antes a las familias echadas a la calle sin posibilidad de defensa alguna, si su desahucio fue o no una injusticia.
Una puerta abierta a la esperanza
Pero más allá de estas reacciones a caballo entre lo culpable y lo vergonzoso, lo trascendental de esta sentencia es que abre una gran puerta a la esperanza de miles de familias a las que el paro ha dejado al borde de perder su casa con el esperpéntico agravante de que, encima, tendrán que seguirla pagando. Es improbable que el Gobierno se atreva hacerle un feo a sus adorados bancos y paralice los desahucios en curso hasta que la ley española se homologue a la comunitaria. Por eso, cabe esperar y exigir que los jueces hagan uso de esta sentencia para acabar con los abusos de la banca tanto tiempo consentidos por quienes podían haberlos evitado y, sin embargo, no movieron un dedo para hacerlo.
Una victoria social
Los jueces tienen por fin en sus manos una poderosa herramienta jurídica para paralizar cautelarmente los desahucios y dirimir en un juicio si la letra de hormiga de las hipotecas contiene cláusulas abusivas. Es cierto que la sentencia llega con cuatro años de retraso y es dudoso que pueda ya compensar el perjuicio que han sufrido las miles de familias expulsadas de sus hogares por una ley inicua. A pesar de todo, es un triunfo para mucha gente: en primer lugar para las plataformas antidesahucios que han logrado sensibilizar a la sociedad de esta injusticia hasta el punto de reunir casi un millón y medio de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular que ya se tramita en el Congreso aunque a regañadientes de los grandes partidos, siempre tan solícitos con la estabilidad del sistema financiero. Es un triunfo también del juez José María Fernández que se molestó en llevar las abusivas cláusulas de la hipoteca de un inmigrante ante el Tribunal de Luxemburgo y conseguir así un fallo histórico que deja con las vergüenzas al aire al Gobierno, a los partidos políticos, a las instancias judiciales que han mirado para otro lado mientras se desahuciaba a mansalva y, por descontado, a todo el sistema bancario español. Merece la pena analizar brevemente cuáles han sido sus reacciones.
Reacciones culpables
Horas antes de conocerse la sentencia, Mariano Rajoy pontificaba en el Congreso que la dación en pago generalizada pondría en peligro la sagrada estabilidad del sistema financiero, como si esa hubiese sido la causa de la crisis bancaria estadounidense en donde esa posibilidad está recogida. Con la sentencia ya estampada en su cara, Rajoy sólo vino a reconocer “algunos problemas en la ley” como si hablara de los papeles de Bárcenas en los que “algunas cosas son verdad”.
Por su parte, Ruiz Gallardón hizo de la necesidad virtud y declaró que el Gobierno “asume que tiene que adaptar la normativa hipotecaria española a la comunitaria” pero no dijo ni cómo ni cuándo. Otros dirigentes populares se atreven incluso a tergiversar los hechos y aseguran que el mezquino decreto antidesahucios, aprobado por el Gobierno después de varios casos de suicidio que alarmaron a la sociedad española, ya recoge algunos de los puntos de la sentencia europea. En la oposición socialista, bajo cuyo gobierno se inició el drama de los desahucios sin que moviera un dedo para evitarlo, las reacciones no han podido ser más patéticas al pedir ahora la paralización de todos los expedientes de ejecución hipotecaria hasta que la ley española se adapte a la comunitaria.
Para nota es también la reacción de la banca, que no ha tenido más remedio que cogérsela con un ambiguo papel de fumar para encajar la bofetada que supone para ella este fallo que, en cristiano, la llama ladrona y usurera. Así, mientras la Asociación Española de la Banca califica la sentencia de “razonable y constructiva”, la Asociación Hipotecaria Española se niega a admitir que todos los procesos de desahucio estén condicionados por cláusulas abusivas y pide que se estudie caso a caso. Deberían preguntarles antes a las familias echadas a la calle sin posibilidad de defensa alguna, si su desahucio fue o no una injusticia.
Una puerta abierta a la esperanza
Pero más allá de estas reacciones a caballo entre lo culpable y lo vergonzoso, lo trascendental de esta sentencia es que abre una gran puerta a la esperanza de miles de familias a las que el paro ha dejado al borde de perder su casa con el esperpéntico agravante de que, encima, tendrán que seguirla pagando. Es improbable que el Gobierno se atreva hacerle un feo a sus adorados bancos y paralice los desahucios en curso hasta que la ley española se homologue a la comunitaria. Por eso, cabe esperar y exigir que los jueces hagan uso de esta sentencia para acabar con los abusos de la banca tanto tiempo consentidos por quienes podían haberlos evitado y, sin embargo, no movieron un dedo para hacerlo.
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