Montoro y el misterioso caso de la infanta

Si finalmente se confirma que Cristóbal Montoro es el ministro de Hacienda aunque él intente disimularlo, va a tener que explicar de forma muy convincente el extraño caso de unas fincas presuntamente vendidas por la infanta Cristina, algo que esta niega haber hecho por la sencilla razón de que nunca habían sido suyas; lo niega ella y los que supuestamente las compraron, que han echado mano hasta de las polvorientas escrituras del bisabuelo que demuestran que siempre han sido de la familia y que aseguran que de la tal infanta solo tienen noticias por la tele, en donde aparece mucho últimamente.

Todo el lío parece ser obra de Hacienda que, salvo que se demuestre lo contrario, forma parte del negociado del que Montoro es supuestamente competente. El ministro, tan aficionado a señalar con su dedo acusador a colectivos poco complacientes con el Gobierno, calla ahora mientras crece la bola de nieve. Cuando le preguntan qué ha pasado se escuda en legalismos sobre privacidad, encoge el dedo de acusar y guarda silencio. Lo tendrá que aclarar, quiera o no.

Estamos hablando de la Agencia Tributaria, que cada año nos pasa la factura y nos revisa con lupa los ingresos no vaya a escapársele un defraudador fiscal en potencia. Sin embargo, a la vista de cómo parece haber actuado en el informe que el juez le pidió para conocer el patrimonio de la infanta, bien podríamos estar hablando de la Agencia Tributaria de la República de Chichinabo de Abajo. Primero, porque filtró a EL PAÍS que había comunicado “informalmente” al juez - ¿qué demonios es “informalmente” en un caso como este - que en los papeles que le envío con las supuestas ventas de fincas por parte de la infanta había un error.

Después, en un comunicado, le arrimó el mochuelo pero sin mencionarlos a los notarios y a los registradores de la propiedad que a lo peor se equivocaron al poner el DNI en los formularios. Estos ya han dicho que la posibilidad de error es mínima, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de trece supuestas ventas diferentes en tres provincias distintas ¿Hubo error en todas esas escrituras? ¿Estaban ese día los notarios y registradores celebrando la fiesta del santo patrón y tenían el dedo como tonto? De lo que se deduce que la metedura de pata o de dedo, de existir, estará en otro lado.

Lo más probable es que esté en la propia Agencia que, ante la petición del juez, se limitó a un copia y pega con lo que encontró en su base de datos sobre la infanta. Pero claro ¿cómo figuraban esos bienes a nombre de la infanta si quienes supuestamente los compraron aseguran que siempre han sido suyos y que nunca han tenido relaciones económicas con personajes de sangre azul? Y en su caso ¿había tributado la infanta por los bienes que supuestamente vendió? ¿No? ¿Hacienda somos todos?

Hay más: ¿cómo es posible que Hacienda le remita a un juez un informe para la investigación judicial de un personaje como la infanta sin matizar, ni comprobar y luego le diga “informalmente” que hay un error o más bien trece errores, todos referidos a la misma persona y en trece operaciones diferentes en tres provincias distintas? Y ese error, de haberse producido ¿ha sido intencionado? ¿con qué fines? ¿enredar al juez y desprestigiar la investigación sobre el caso Nóos?

La Fiscalía, que en este asunto no pierde comba para echarle un cabo a la infanta, ya ha anunciado una investigación. El juez Castro, que a estas alturas debe de estar más que harto de que el fiscal torpedee sus decisiones y Hacienda le tome el pelo – recuerden que hace poco se atrevió a prejuzgar que la infanta no había cometido ningún delito fiscal – ha decidido tomar la línea recta y ha pedido a los registros de la propiedad que le informen de si la hija menor del rey vendió lo que Hacienda dice que vendió.

El único que calla de momento es Montoro, tan acusica en otras ocasiones y que en esta se ha apresurado a ponerse de perfil como si el asunto no fuera con él ni con la Agencia Tributaria de la que es el máximo responsable político. Como tal debe dar explicaciones claras y convincentes sobre lo ocurrido o estaremos legitimados para creer que las cloacas del Estado bajan mucho más sucias de lo que todos sospechábamos.

Pacto para la galería

PP y PSOE sacan pecho estos días después de su pacto de mínimos sobre las políticas que deberá defender Rajoy en la próxima cumbre europea. El pacto en política es un valor en sí mismo porque elimina tensiones y acerca puntos de vista, algo muy necesario después de año y medio de legislatura presidida por el enfrentamiento constante, apelaciones del Gobierno a la herencia socialista y el consabido “y tú más”. Lo que el pacto político no puede ser en ningún caso es un fin en sí mismo y el que la semana pasada cerraron los dos principales partidos españoles no parece que vaya más allá de ese objetivo: pactar por pactar sin concretar objetivos, acciones y medidas, plazos o condiciones.

Acudir a la cumbre europea a pedir que se luche contra el paro juvenil, que vuelva el crédito a las pymes y que se destinen recursos a la inversión es algo que Rajoy puede hacer sin necesidad alguna de contar con el respaldo del principal partido de la oposición. De hecho, es exactamente eso lo que ha venido reclamando con insistencia antes de que el PP y el PSOE cocinaran y cerraran casi en secreto este pacto del que se ha desmarcado el resto del arco parlamentario – con la excepción de CC - al sentirse ninguneado por los dos grandes partidos. Y no porque los otros partidos no estuviesen de acuerdo con el fondo – que cualquiera puede suscribir sin comprometerse absolutamente a nada – sino por las formas exhibidas por las cúpulas socialista y popular.

De ingenuos sería suponer que este pacto de vaguedades y generalidades será de alguna utilidad práctica para España en la próxima cumbre europea que, una vez más, se vuelve a anunciar como histórica y decisiva. De cumbres trascendentales está la Unión Europea llena desde que se inició la crisis y miren cómo estamos. Porque de lo que no debe caber ninguna duda es de que hasta que no se celebren las elecciones alemanas no cabe esperar ningún cambio significativo en las políticas de austericidio que han llevado a Europa a la situación de postración económica en la que se encuentra. Y aún después de celebradas tampoco es previsible un giro copernicano que ponga el acento en la reactivación económica y en el empleo después de años de recortes, ajustes y reformas con los dramáticos resultados sociales de sobra conocidos.

Para que ese giro se produzca hace falta mucho más que un pacto para la galería como el que han suscrito el PP y el PSOE. Hace falta una mayoría de países dispuestos a decirle a Alemania y a los estados que secundan sus políticas que hasta aquí hemos llegado, que no son admisibles más recortes sociales ni más pérdida de derechos ni más hachazos al estado del bienestar.

En paralelo, se hace imprescindible un pacto nacional entre las fuerzas políticas y los agentes sociales por el crecimiento y el empleo, contra el fraude fiscal y contra la pobreza y la exclusión social; un gran acuerdo con objetivos concretos, medidas claras y cuantificadas y calendario definido. Nada de eso se recoge en el acuerdo entre populares y socialistas, sólo timoratas peticiones que se olvidarán al día siguiente de concluida la cumbre.

Tal vez el pacto de la semana pasada restañe levemente la maltrecha imagen del bipartidismo en España, tal vez Rubalcaba recupere algo de fuelle ante su propio partido y tal vez Rajoy mejore su imagen con un aggiornamento de hombre dialogante y dispuesto a ceder en los grandes asuntos de estado después de meses de decir no a todo lo que le propusiese el principal partido de la oposición. En cualquier caso, magra cosecha para tanta escasez.

TV griega: el nuevo trofeo de la troika

En su carrera suicida hacia el abismo, la troika comunitaria acaba de adjudicarse un nuevo trofeo y le ha dado un nuevo empujoncito a Grecia para que definitivamente se convierta en un país en ruinas, económicas y democráticas. El reciente cierre con alevosía y nocturnidad de la radiotelevisión pública griega es un ataque dictatorial sin paliativos contra uno de los pilares de cualquier sistema democrático, la libertad de expresión y el derecho a la información. La medida la ha tomado el partido conservador mayoritario que, en lugar de llamarse Nueva Democracia, debería rebautizarse como Vieja Dictadura.

La decisión unilateral y sin previo aviso se ha justificado en la supuesta opacidad y despilfarro del medio público, ignorando interesadamente que la camarilla política que lo dirige cobra tanto como todos los trabajadores juntos, lo cual - es cierto - no es exclusivo de Grecia y sus medios públicos de comunicación. Ha sido tan brutal y repentina la decisión que las otras dos fuerzas políticas que apoyan al Gobierno la han rechazada y pueden estar a punto de desencadenar una nueva crisis política y tal vez unas elecciones anticipadas.


No es un detalle menor que sólo los neonazis xenófobos de Amanecer Dorado la hayan aplaudido: cuanto más amordazados o silenciados estén los medios, mejor para sus planes criminales. Sea como sea, lo cierto es que más de 2.500 periodistas se han encontrado en la calle de la tarde a la noche, justo en el intervalo que va desde que se anuncia el cierre hasta que se ejecuta con apoyo policial incluido. Mientras, desde Bruselas un hipócrita comisario de Economía llamado Olli Rehn silbaba y miraba para otro lado como si el asunto no fuera con quien lleva años martirizando a los griegos con recortes salvajes y despidos masivos. A la troika le importa literalmente un pimiento que se cierre un medio de comunicación público, el primero desde la Segunda Guerra Mundial, que ha dejado a Grecia en la insólita situación de ser el único país de la Unión Europea sin radiotelevisión pública.

A pesar de las lágrimas de cocodrilo del FMI sobre los errores cometidos en Grecia, no es la libertad de expresión ni el pluralismo ni la cobertura a la que por mero cálculo económico no llegan los medios privados en un país de orografía tan difícil como Grecia lo que les preocupa. Es el bienestar de los mercados y la deuda contraída por Grecia con los bancos alemanes lo que les quita el sueño a los eurócratas comunitarios; si para pagarla hay que hacer tabla rasa del denostado sector público se hace sin miramientos ni contemplaciones, caiga quien caiga, y se manda a unos cuantos miles de trabajadores más al paro.

En los cálculos de un gobierno tan dócil ante la dictadura de la troika como el griego parece que ni siquiera se pensó en la posibilidad de negociar con los trabajadores de la radio televisión pública para buscar la manera de redimensionar la plantilla, cerrar centros innecesarios, rebajar los sueldos de la cúpula directiva o cualquier otra alternativa que hiciera lo menos traumático posible el hachazo y que al mismo tiempo garantizase la viabilidad económica del medio. Se optó por el golpe de mano a traición, traspasando una línea roja que nadie hasta ahora se había atrevido a cruzar y sentando un peligrosísimo precedente. Todo ello con la connivencia cómplice de las exquisitas autoridades comunitarias que no paran en cambio de afear a otros países sus déficits democráticos.

El Gobierno griego debe dar marcha atrás de manera inmediata, reanudar las emisiones de la radio y la televisión públicas y abrir un diálogo con los trabajadores para garantizar el futuro de la empresa y el derecho de los ciudadanos a contar con un medio informativo público y plural de referencia. Sólo así podrá enmendar en parte una medida insólita, autoritaria y más propia de una dictadura que del país en el que nació la democracia.

Fuera de juego de Messi

Al astro argentino del fútbol, el mejor pagado del mundo, le acaba de mostrar la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona una tarjeta de intenso color amarillo que podría tornarse en roja. La causa, un flagrante fuera de juego y unos cuantos goles a Hacienda por toda la escuadra y con la mano. Al decir de la querella que la fiscal presentó ayer contra él, el jugador habría usado su mano izquierda para ocultar en paraísos fiscales como Belice y Uruguay los jugosos derechos de imagen que cobraba con su mano derecha, dándole así un nuevo significado al pasaje bíblico.

La fiscal ha echado cuentas y le sale un fraude a la Hacienda Pública española superior a los cuatro millones de euros. El método no es nada original: se simula que los ingresos por derechos de imagen se ceden a empresas fantasma radicadas en paraísos fiscales y se ahorra uno el engorro de incluirlos en la declaración de la renta. Con todo, dice la fiscal que la trama no se le ocurrió a él, que tal vez no tenga cabeza para esos cambalaches fiscales, sino a su avispado padre cuando vio que el precoz retoño ya iba para estrella del fútbol antes incluso de que alcanzara la mayoría de edad.

Claro que eso no le exime de su responsabilidad ni le permite escudarse en sus “asesores financieros” para eludir el hecho objetivo de que es él, y no su padre o sus abogados, quien tendría que haber rendido cuentas en tiempo, forma y cuantía ante Hacienda. En otras palabras, que no es una suerte de infanta Cristina en pantalón corto que no se entera de cómo es posible que ganando tanto dinero le sale tan poco a pagar en la declaración del IRPF.

No es Messi el primero que ve tarjeta amarilla por llevarse crudas las astronómicas cifras que el mundo del fútbol y aledaños está dispuesto a pagar por ver a alguien corretear detrás de una pelota. En esto ni siquiera es el mejor: sin ir más lejos, su paisano Maradona aún le debe al fisco italiano unos 25 millones de euros tras su paso por el Nápoles. Ahora, cada vez que pone sus mágicos pies en aquel país, los sabuesos de Hacienda le pisan los talones y le embargan todo lo que le trincan, desde el Rolex a las generosas colaboraciones por aparecer en televisión. También están Eto`o, Figo, Sucker, Arantxa Sánchez Vicario o, en el mundo de la farándula, Lola Flores y Ana Torroja. Sin mencionar, por supuesto, a los Bárcenas y compañía, que pertenecen a otro negociado. Eso, por citar sólo los casos que son conocidos y notorios, sin descartar que haya habido muchos otros que no han salido a la luz pública.

En mayor o menor medida, todos fueron en su día astros nacionales o mundiales en lo suyo y modelos idolatrados a imitar por centenares de miles y hasta millones de personas, desde niños de pecho a jubilados, mujeres y hombres. Messi, con su cara de no haber roto nunca un plato, tambien está a punto de fichar por el club de los grandes defraudadores a Hacienda. Algo más que decir que es inocente y que se enteró por la prensa tendrá que hacer para afrontar la situación. Le cabe la posibilidad de admitir las acusaciones de la Fiscalía y avenirse a un arreglo pagando los impuestos, los intereses de demora y la correspondiente multa, todo lo cual le puede salir por unos 25 millones de euros, lo que no creo que lo deje en la indigencia.

La otra opción es negarlo todo y, si el juez admite la querella de la Fiscalía, enfrentarse a un juicio que puede terminar con una condena de entre 2 y 6 años de cárcel. Él, su padre y sus asesores sabrán lo que les conviene más. Pero haga lo que haga, una cosa es evidente: en un país sumido en una profunda crisis económica y social, con un paro y una pobreza galopantes, con recortes y ajustes de todos los colores y con Hacienda mirando debajo del colchón de los ciudadanos de a pie que acuden todas las semanas al estadio a aplaudir a sus ídolos, la imagen de Messi, ese chico discreto y callado que a todos enamora, ha quedado hecha añicos. A los dioses se les puede perdonar casi todo, pero no el juego sucio.

Un crédito, por caridad

Desde que Zapatero habitaba en La Moncloa venimos los españoles asistiendo a una reforma del sistema financiero tras otra. En cada ocasión que se anuncia la reestructuración de los bancos, el anuncio se acompaña con la cantinela de que la medida permitirá que vuelva a fluir el crédito para los autónomos y los particulares. Así llevamos ya no menos de seis años y seguimos en las mismas. Ninguna de esas reformas ha servido más que para sanear los insondables balances bancarios de la indigestión inmobiliaria pero el crédito sigue sin aparecer por ningún lado, al menos para quienes de verdad lo necesitan y lo reclaman casi a gritos un día tras otro.

Aseguran las pequeñas y medianas empresas que siete de cada diez autónomos que acuden a una sucursal bancaria a pedir un préstamo se van por donde han venido sin conseguirlo. Lo más sangrante es que el porcentaje se eleva hasta el 80% si el crédito se le pide a uno de los bancos nacionalizados y ayudados a escapar de la quiebra con dinero público.

La falta de crédito, eso ni siquiera el Gobierno lo niega, es uno de los principales cuellos de botella de la economía española. El círculo vicioso es infernal: los bancos no dan crédito porque - dicen - no hay demanda ni proyectos solventes, lo que no se compadece con las quejas de los pequeños empresarios que sufren en sus negocios cómo las entidades les dan una y otra vez con la puerta en las narices o les piden intereses tan altos o condiciones tan leoninas que mejor echar el cierre y, en su caso, despedir unos cuantos trabajadores más. La repercusión sobre el consumo y la inversión es inmediata, lo que retroalimenta la espiral de la sequía crediticia. Argumentan también los bancos que, en muchos casos, las empresas sólo buscan refinanciar deudas y, claro, por ahí no están dispuestos a pasar porque les obligaría a proveer nuevos fondos y vuelta a empezar.

 
Soluciones

En ese círculo vicioso se sigue moviendo el crédito en este país sin que nadie sea capaz de romper el nudo gordiano. Podría hacerlo el Gobierno, el Banco Central Europeo, la troika o todos juntos, lo mismo da. Bastaría con que se obligara a los bancos salvados con dinero público a destinar una parte de las ayudas a la concesión de créditos o imponer intereses sobre los depósitos que muchos de esos bancos tienen en el Banco Central Europeo para que muevan el dinero. Nadie se atreve, en cambio. El BCE se limita a una ridícula bajada de los tipos de interés que, en la práctica, poco arregla. Lo único que consigue es que los bancos se sigan financiando a tipos de interés bajos y coloquen ese dinero en deuda pública cuatro o cinco puntos por encima, con lo que obtienen pingües beneficios destinados de nuevo a sanear sus cuentas.

La troika envía a sus hombres de negro a España y constata que el sistema financiero sigue hecho unos zorros y debe continuarse con la estrecha vigilancia de su evolución. A renglón seguido sale el Gobernador del Banco de España y dice que ya puede ir pensando el Gobierno español en ampliar el rescate de las entidades financieras echando mano de los 60.000 millones de euros aún no gastados. La oposición había propuesto que parte de ese dinero se destinara precisamente a la concesión de créditos, pero los aspavientos de Bruselas advirtiendo de que esa millonada debe emplearse sólo en rescatar a los bancos frenaron la iniciativa.

Así, mientras los bancos, tan esenciales ellos para la economía, siguen su interminable proceso de reestructuración, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los particulares mueren de inanición crediticia al tiempo que las empresas alemanes, por ejemplo, se financian tranquilamente en condiciones infinitamente más ventajosas.

La guinda

La guinda ha venido a ponerla Rajoy en la presentación de una ley de Emprendedores que ha tardado año y medio en tener ultimada y que no entrará en vigor hasta el año que viene. Sabedor de que sin préstamos bancarios su proyecta estrella no pasa de puro papel mojado, ha venido a decir con tono serio que “los que tienen que dar crédito – ni siquiera se ha atrevido a pronunciar la palabra “bancos" – tienen que estar a la altura de las circunstancias”. No lo ha pedido por favor pero poco le ha faltado. Ha dicho que la línea de crédito del ICO está a disposición de los bancos para que fluya el dinero, cuando hace tiempo ya que debería haber implementado medidas para que el crédito pase directamente de esa entidad pública a los que lo demanden y en condiciones asequibles en tiempos de penuria como los actuales.

Claro que eso iría contra el negocio de los bancos, que podrían quejarse de competencia desleal, y eso sí que no puede ser, como no pudo ser tampoco aprobar la dación en pago para las hipotecas que ahora pide hasta el Parlamento Europeo. Por tanto, mientras la banca sigue recibiendo ayudas públicas para regurgitar todo el ladrillo que tragó durante la burbuja inmobiliaria y limpiar sus balances de una gestión desastrosa y en muchos casos delictiva, pymes y particulares harían mejor en dirigir sus oraciones a San Carlos Borromeo, el patrón de los banqueros. A lo mejor él sí atiende sus plegarias, aunque lo dudo.

Gran Hermano Obama

 

Barak Obama ya va camino de convertirse en el presidente de Estados Unidos que más expectativas favorables generó dentro y fuera de su país para irlas defraudando todas y cada una de ellas. La solemne promesa de poner fin a la ignominia de Guantánamo parece haber quedado aparcada indefinidamente al igual que el control de armas en Estados Unidos; la situación actual en Irak y Afganistán es la de sendos estados fallidos y la intervención militar estadounidense se ha revelado como un sonado fracaso. Es verdad que Obama puede en este caso recurrir en parte a la herencia envenenada que le dejó George W. Bush. Sin embargo, no es menos cierto que su primer mandato en la Casa Blanca se saldó con decepcionantes resultados en estos y otros asuntos tanto domésticos como de política internacional.

Obama, el presidente de los discursos brillantes y del precipitado y politizado Nobel de la Paz, proyecta una imagen cada vez más apagada y delatora de la distancia sideral que separa sus palabras de sus hechos. Y entre las cosas que por debilidad o indecisión no ha querido o podido hacer, acabamos de saber que tampoco fue capaz de poner fin al espionaje privado de las comunicaciones telefónicas y en la red de millones de ciudadanos en todo el mundo. En aras de la seguridad de la gran potencia, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos lleva años espiando en secreto las llamadas telefónicas, mensajes, correos, chats, fotografías, comentarios y cualquier otra actividad que a criterio de oscuros funcionarios de inteligencia escondidos en sus guaridas puedan resultar sospechosos.

Obama lo sabía y, de hecho, había criticado la paranoia de Bush y sus invasoras medidas de la privacidad y la libertad individuales a raíz de los atentados contra las Torres Gemelas. Cuando llegó a la Casa Blanca expresó su escepticismo sobre la “utilidad” - que no su rechazo -  de ese tipo de investigaciones, pero sus asesores parece que no tuvieron demasiadas dificultades para hacerle ver que eran muy útiles para la seguridad de Estados Unidos.

Tal vez nunca nos habríamos enterado de lo que estaba haciendo Estados Unidos con nuestras comunicaciones privadas si un enigmático ex agente de la CIA – ahora en paradero desconocido - no lo hubiese revelado a dos periódicos mientras Obama dejaba hacer. La primera reacción del presidente ha sido, cuando menos, lamentable: “Para garantizar la seguridad de Estados Unidos hay que renunciar a un poco de libertad”. Sobra decir que en nada se diferencia el mensaje que encierran esas palabras del que lanzaba Bush en sus tiempos y, apurando, del que podría lanzar cualquier sátrapa de alguna república bananera o, incluso, de alguna gran potencia rival de Estados Unidos como China.

El presidente norteamericano ha intentado justificar este espionaje masivo a millones de ciudadanos no estadounidenses con legalismos del estilo de “el Congreso está informado” y la vigilancia “cuenta con respaldo judicial”. Es la palabra de Obama y cada uno le puede dar el valor que desee, aunque a estas alturas ya empieza a ser menguante. En cualquier caso, yo me pregunto, y creo que pueden preguntarse otros millones de personas en todo el mundo que no sean estadounidenses, qué derecho le asiste al Congreso o a los jueces de Estados Unidos para amparar legal y judicialmente el espionaje de mis comunicaciones privadas.

Aún en el supuesto de que el ciberespionaje masivo sirviera para garantizar la seguridad de Estados Unidos – lo que es mucho suponer - la práctica vulnera abiertamente dos principios elementales y sagrados: la libertad y el derecho a la privacidad. Que sea precisamente la potencia que más presume de defenderlos la que los pisotee a conciencia y que lo haga con el conocimiento pleno de su presidente sólo puede producir indignación y una profunda decepción. 

El Obama de las grandes frases – ahora se ve que para la galería - se ha convertido en el Gran Hermano que imaginó Orwell hace décadas, demostrando que la realidad puede superar a la ficción. El Obama de hoy ya no es el del “yes, we can” que tantas esperanzas generó en todo el mundo, sino el del “no, I can´t”. Por acción u omisión.

El gobierno de los expertos

Propongo que a partir de ahora las leyes y reformas las hagan expertos en todos los ámbitos posibles, pero especialmente en todos aquellos que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos de este país: pensiones, mercado de trabajo, impuestos, sanidad, educación, justicia, igualdad, etc. Créanme, es lo mejor a la vista de la impericia y desidia de nuestros diputados y senadores elegidos en las urnas, a lo que se ve, incapaces de proponer y consensuar las reformas que necesita España para salir de la crisis.

La designación de esos expertos correría a cargo del Gobierno que, a su vez, quedaría sometido a sus decisiones y a la posibilidad de que algún ministro particularmente torpe pueda ser removido del puesto y sustituido por un brillante experto en la competencia correspondiente. De esa vigilancia no estaría exento tampoco el presidente, al que igualmente se le puede apartar de sus funciones, eso sí, después de un completo informe científico cuajado de complejas fórmulas matemáticas que demuestren que es un peligroso zote y un riesgo inasumible para el país.

Es muy importante que estos tecnócratas sean unas eminencias en sus respectivas disciplinas, con muchos títulos, premios, masters en Estados Unidos y condecoraciones, y que tengan bien claros sus objetivos. Si se trata de acabar con el sistema de pensiones para convertirlas en caridad para pobres, es imprescindible que sean personas vinculadas directa o indirectamente a los bancos y a las aseguradoras privadas; si hablamos de reforma laboral para flexibilizar al máximo los despidos, nada mejor que unos cuantos cerebros grises salidos de los think tank conservadores o de la patronal; para reformar el sistema fiscal nada mejor que algunas de las grandes fortunas del país; para la reforma y derribo de la sanidad pública son fundamentales las opiniones y propuestas de los expertos en la sanidad privada y para la contrarreforma educativa no pueden faltar las de los obispos.

Con el fin de dotar de algo de color y animar los debates, es conveniente incluir a algún experto discordante pero asegurándose siempre de que sus opiniones sean claramente minoritarias. La misión de este parlamento experto en la sombra sería la de marcarle con claridad y sin ambigüedades ni contradicciones la agenda política al Gobierno, que ya no se vería obligado a someterse a las Cortes y solo tendría que aplicar las medidas y reformas propuestas mediante el BOE, sin más engorros legislativos, debates, enmiendas y votaciones. 

Puesto que estos acreditados expertos cobrarían ya de las empresas cuyos intereses defienden, podríamos así suprimir el Congreso y el Senado y, por supuesto, los parlamentos autonómicos. Los españoles nos ahorraríamos así un pastizal en campañas electorales, sueldos, dietas y viajes, nos evitaríamos perder un domingo de campo o playa para ir a votar, tendríamos un Gobierno decidido y competente y cumpliríamos holgadamente con el objetivo de déficit. ¿Qué más se puede pedir?

Soria + IVA

Decididamente, Mariano Rajoy es un hombre sin suerte al que la realidad no le deja hacer las cosas que le gustarían. Un día después de que dijera en Bruselas que no tocará el IVA “a corto plazo” – no dijo cómo de corto será el plazo – y de que hasta el Banco Central Europeo le pidiera que no lo suba – en contra, por cierto, del parecer de la Comisión Europea - va su ministro de Industria, Energía y Turismo y dice que sí lo tocará, al IVA me refiero. Lo dijo Soria en Antena 3, en donde hace apenas unos días José María Aznar también le había espetado al presidente que tiene que bajar los impuestos. Sospecho que Rajoy terminará eliminando esa emisora de su mando a distancia.

Como puede observarse, la coordinación y claridad de ideas entre el presidente y sus ministros es absoluta, con lo que no sé a qué viene nombrar a Soraya Sáenz de Santamaría coordinadora del área económica del Gobierno si ya se coordinan perfectamente Soria, de Guindos y Montoro como es público y notorio. Y eso por no mencionar a la Comisión Europea y al BCE, todos tocándonos las narices según su leal saber y entender.

La explicación de Soria para decir que nos tocará el IVA recuerda a la de Cospedal sobre la “simulación de la indemnización en diferido” al bueno de Luis Bárcenas. Reproduzco literalmente las palabras del ministro porque soy incapaz de glosarlas sin enredarme. Así respondió cuando le preguntaron si subirá el IVA: “No, una subida del IVA sería que lo que está en un tipo del 10% pase a un tipo del 15%, pero de lo que se está hablando es de que algunos productos que tributan en el tipo superreducido y que en otros países no tributan a ese tipo, pasen a tributar al mismo tipo que lo están haciendo en otros países". 

O sea que, según Soria, subir el IVA de los bienes y servicios que ahora pagan el tipo reducido no es subir el IVA. El gran Perogrullo lo habría explicado de forma mucho más clara: subirá el IVA porque subirá el IVA. Si lo he entendido bien, de la parrafada tipo Soria parecen deducirse dos cosas: que no subirá el IVA del turismo pero sí lo hará el que afecta a productos de lujo, superfluos y prescindibles como el pan, la leche, los huevos, las frutas o las verduras. En definitiva, nada de lo que no pueda privarse un país en el que las personas que pasan hambre apenas superan los tres millones y en el que son sólo unos centenares de miles los niños desnutridos que acuden a diario al colegio con la mochila repleta y el estómago vacío.

Ese IVA superreducido con el que Soria dice que nos tocará la cartera y que pagamos todos los ciudadanos al margen de nuestro nivel de renta, también afecta a otros bienes y servicios igualmente innecesarios y caprichosos como viviendas sociales, libros, medicamentos, material sanitario, prótesis, vehículos para personas con movilidad reducida o teleasistencia.

Claro que cabe la hipótesis de que a Soria lo haya enviado el propio Rajoy para que explore el terreno de una subida del IVA con un globo sonda como el que lanzó ayer en televisión. Eso es algo que ya ha hecho este Gobierno en ocasiones anteriores y que, en realidad, suelen hacer todos los gobiernos. Poco importa dar una imagen de descoordinación absoluta entre el presidente y sus ministros y transmitir de paso la idea de que este país se gobierna a veces desde el camarote de los hermanos Marx. 

Lo importante es producir una onda expansiva que, convenientemente analizada, permita decidir cómo y cuándo subirá de nuevo el IVA. Porque subirá, de eso no hay duda. Entre tanto, Rajoy ya nos está dorando la amarga píldora con el anuncio de una reforma fiscal tan integral, profunda e intergaláctica que puede que hasta los que más tienen tengan que pagar más impuestos. Como Montoro calla de momento, cualquier duda habrá que planteársela a Soria, el ministro de Industria que más sabe de impuestos en el Gobierno.

Blesa de nuevo entre rejas

Como si de un vulgar caco reincidente se tratara, el ex presidente de Caja Madrid ha vuelto a ingresar en la madrileña cárcel de Soto del Real. En esta ocasión lo ha hecho para quedarse una temporada previsiblemente algo más larga que la anterior, cuando en menos de 24 horas consiguió reunir sin aparente esfuerzo los 2,5 millones de euros de fianza que le había impuesto el juez Silva. Ahora no hay fianza y el inspector de Hacienda convertido en banquero gracias a su amigo Aznar tendrá que esperar sentado a que su defensa – y tal vez la misma fiscalía – consigan sacarlo del trullo. Puede que no tarden mucho a la vista de la indignación del fiscal que, ni en la primera ocasión ni en la de ayer, ha estado de acuerdo con la decisión del juez.

Entiende el Ministerio Público que la medida es desproporcionada, que Blesa está colaborando con la Justicia y que no hay riesgo de fuga toda vez que el propio juez ya le retiró el pasaporte al banquero. No lo ve así el instructor, que ha basado su de nuevo fulminante decisión en la posibilidad de que Blesa y otros implicados en la ruinosa compra para Caja Madrid de un banco en Estados Unidos unifiquen su versión de lo ocurrido y se vayan de rositas. Y entre lo ocurrido, según revelan los correos entre Blesa y su director financiero, aparecen 100 millones de euros “sobrantes” de la operación de compra del banco estadounidense que no se sabe muy bien para qué fueron empleados y quién se los quedó finalmente.

 El juez, que califica la gestión de Blesa de “aberrante”, sospecha que se añadieron a la compra para tener posibles con los que realizar otra operación que “se pusiera a tiro”. De este modo podría burlarse de nuevo el preceptivo control de la inversión tal y como ya ocurrió con la adquisición de ese banco norteamericano que supuso un quebranto de 500 millones de euros para la entidad madrileña.

La fiscalía, sin embargo, amenaza con denunciar al juez. Afirma que puede haber incurrido en prevaricación continuada al solicitar a Caja Madrid mediante providencia y no a través de un auto judicial motivado los correos electrónicos de Miguel Blesa. Le acusa también de abrir y cerrar el sumario a conveniencia y recuerda que el juez Silva está recusado por el propio Blesa a propósito del crédito de 26,6 millones de euros concedidos pero no pagados a Gerardo Díaz Ferrán, compañero de cárcel del banquero desde anoche. Entiende el fiscal que Silva debería de haberse abstenido de tomar una medida tan dura contra Blesa a la espera de que se resuelva la recusación.

Al margen de que la fiscalía esté mostrando en los últimos tiempos un celo defensor de encumbrados imputados digno de mejor causa, no deberían echarse en saco roto sus advertencias por mucho que suenen a triquiñuelas jurídicas. Silva parece ser un juez controvertido, de decisiones fulminantes y lenguaje mucho más propio de un afilado editorial periodístico que de una pieza judicial de la que se espera sea lo más meditada e imparcial posible.

Ese etilo justiciero tan particular, unido a posibles irregularidades en la instrucción, podrían ser argumentos más que suficientes para que la defensa de Blesa e incluso la fiscalía solicitaran la nulidad de las actuaciones y entonces sí que habríamos hecho un pan como unas tortas. El legítimo deseo de la sociedad de que paguen por sus actos los responsables del latrocinio bancario no puede ser la coartada para saltarse a la torera los procedimientos reglados en una instrucción judicial si lo que queremos es justicia y no revancha. En ningún caso y aunque el imputado se llame Miguel Blesa.