Otra guerra ha comenzado

Lo ha hecho este fin de semana al decidir Francia atacar por aire las posiciones de los heterogéneos grupos salafistas que desde mediados del año pasado controlan el norte de Mali, un extenso territorio desértico más grande que España, en el que imponen la sharia con el mismo rigorismo que los talibanes en Afganistán. La decisión francesa se ha producido con las bendiciones del Consejo de Seguridad de la ONU pero prácticamente en solitario, sin más apoyo de momento que el de carácter logístico que le han prestado países como el Reino Unido o Estados Unidos.

Este nuevo conflicto bélico a escasas tres horas de vuelo de Europa es el primero en el que un gobierno occidental se embarca en una ofensiva militar contra grupos terroristas guerrilleros y no contra un Estado constituido, que era el caso del Afganistán talibán. Se trata, además, de grupos guerrilleros muy numerosos, financiados con el secuestro y el narcotráfico, bien entrenados, fuertemente armados después de la desaparición del régimen libio de Gadafi y, sobre todo, imbuidos de una fe a prueba de bombas.

Es mucho lo que Francia y Europa se juegan en este conflicto bélico, empezando por el riesgo de que un estado terrorista instalado en Bamako acabe definitivamente con la que hasta hace poco estaba considerada como una de las democracias más estables de la región. Sin embargo, a Francia en particular le preocupan sobre todo sus intereses estratégicos no sólo en Mali sino en algunos países vecinos como Níger, de donde procede la mayor parte del uranio del que se nutre el parque nuclear francés.


Al conjunto de Europa, y en especial a España por su mayor cercanía a la zona caliente, la preocupa que el ejemplo de Mali se extienda y genere un nuevo y peligroso foco de inestabilidad en toda la zona del Magreb y aledaños con las implicaciones que eso tendría para la seguridad interna. De hecho, Hollande ordenó al mismo tiempo el ataque aéreo sobre los salafistas y elevar al máximo la alerta antiterrorista en territorio francés.

Dicen los analistas que, teniendo en cuenta las características del inmenso territorio sobre el que se libra esta nueva guerra así como las de los guerrilleros salafistas, ésta contienda no se puede ganar sólo desde el aire. Hay que combatir sobre un terreno inhóspito que hace imprevisible cuánto puede extenderse el conflicto, sin contar las reacciones que puede generar entre otros grupos terroristas de los países africanos implicados. Esta es una guerra que probablemente no hay más remedio que librar salvo que se sea lo suficientemente cándido para suponer que era posible evitarla mediante la negociación.

Sin embargo, no son pocas las interrogantes que se plantean: ¿cuál es el objetivo militar último? ¿exterminar por completo a los salafistas? ¿es eso posible? ¿obligarlos a refugiarse en lo más profundo del desierto y mantenerlos bajo vigilancia permanente? ¿sería Francia la responsable de esa vigilancia? ¿no equivaldría eso a una ocupación sine die del país por una potencia extranjera por más que sea la antigua metrópoli colonial que busca de este modo preservar sus propios intereses estratégicos? ¿Qué hará el resto de la llamada comunidad internacional si el conflicto se enquista? ¿intervendrá también militarmente o dejará que Francia se las arregle sola? ¿qué hará España, el país europeo más cercano al conflicto? 

Incierto panorama el que se abre con una guerra que, como todas las guerras, siempre se sabe cómo empiezan pero nunca cómo terminan.  

La corrupción tenía un precio

Quienes creían haberlo visto todo en casos de corrupción en España pueden despedirse de esa beatífica suposición: siempre habrá algo capaz de sorprender y escandalizar un poco más de lo que ya se estaba. El penúltimo ejemplo es el llamado “caso Pallerols” de financiación irregular de Unión Democrática de Cataluña. Después de casi dos décadas de instrucción judicial, el asunto ni siquiera se ha juzgado porque fiscalía y defensa han tenido a bien resolverlo bajo cuerda y lejos del foco mediático de un juicio a cambio de que los acusados devuelvan una ínfima parte de lo que – para decirlo en román paladino – habían robado.

Se van así libres de polvo y paja los que usaron dinero público procedente de la Unión Europea destinado a financiar cursos de formación para enriquecerse ellos y al partido al que pertenecían. Nada nuevo bajo el turbio sol de la corrupción si no fuera por el escandaloso papel de la Fiscalía, de la que era de justicia esperar que no se aviniera a componendas como ésta. Pero lo ha hecho y el estupor que ha provocado es parejo a la desconfianza sobre la determinación del Ministerio Público para perseguir a los corruptos hasta las últimas consecuencias.

A pesar de que el lamentable acuerdo extrajudicial supone el reconocimiento implícito de la financiación irregular, el presidente de UDC, Durán i Lleida se niega ahora a cumplir su palabra de dimitir si se demostraba la existencia de irregularidades en este caso. Se escuda en que era ajeno a estos trapicheos con dinero público y que ya se depuraron responsabilidades en su momento. Su actitud numantina ante la evidencia de la corrupción en el partido del que es el máximo responsable y de cuya transparencia en los fondos de los que se nutre debe ser el primer valedor, no hace sino abonar el creciente desafecto social hacia la clase política.

Con sus vergonzosas y escandalosas particularidades, el “caso Pallerols” se suma a la casi interminable lista de casos de corrupción política en nuestro país. Unos tres centenares de políticos de todos los niveles de responsabilidad, partidos y comunidades autónomas se encuentran imputados en España por este tipo de delitos y sólo menos de media decena están en la cárcel por ese motivo mientras los procesos judiciales se alargan indefinidamente haciendo bueno el principio de que Justicia tardía no es Justicia.

Frente a esta ínfima fracción, la inmensa mayoría de los representantes públicos desarrollan su cometido con honradez y dedicación y son por tanto injustas, además de peligrosas para el sistema democrático, las generalizaciones de brocha gorda. Ahora bien, es precisamente a esa inmensa mayoría de la clase política no dañada por la corrupción a la que le corresponde el inexcusable y urgente deber de actuar con contundencia y determinación para evitar que la gangrena se extienda. 

La manida tolerancia cero con la corrupción debe ser un compromiso ineludible en todos los casos y no sólo cuando afectan a los adversarios. También los ciudadanos tenemos un papel crucial en la lucha contra la corrupción que va mucho más allá del mero lamento en las encuestas o la descalificación generalizada. Convertir a los políticos corruptos en héroes y otorgarles la confianza de los votos o de las cúpulas de los partidos es la mejor manera de enquistar la solución de una enfermedad que puede llegar a tener un precio muy alto para el sistema democrático.

Venezuela en la encrucijada

El peculiar régimen político venezolano – una suerte de populismo de izquierdas con elementos de democracia formal y evidentes querencias autoritarias – vive un momento clave. Con el fundador y líder del chavismo postrado en un hospital de La Habana, sus partidarios en Venezuela parecen estar jugando una soterrada partida de cartas en la que se dirime quién heredará finalmente la bandera enarbolada hasta ahora por Chávez.

Lo único cierto es que el presidente electo en octubre no estará hoy en Caracas para jurar su cargo como establece la Constitución Bolivariana. Así lo ha dispuesto el Gobierno, lo ha respaldado la Asamblea Nacional en la que los chavistas son mayoría y lo acaba de avalar – como era previsible en un país en el que la separación de poderes es muy poco nítida – la Corte Suprema de Justicia.

En una interpretación pro domo sua de la Carta Magna, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial coinciden en que el juramento del cargo no pasa de ser un formulismo ya que Chávez es presidente electo y su Gobierno puede seguir actuando “cabalmente”, en palabras de la presidenta del poder judicial. El trámite se cumplirá cuando cesen las “causas sobrevenidas” que han impedido a Chávez tomar hoy posesión del cargo aunque el fallo judicial no establece ningún plazo para que eso ocurra y no considera necesario que una junta médica examine el estado de salud del mandatario.


Gana tiempo el chavismo a la espera de la evolución de la salud de Chávez, del que lo único que se sabe es lo que el propio Gobierno viene diciendo, que no es mucho ni muy claro. Así las cosas, el país ha quedado como en suspenso con importantes decisiones pendientes sobre la mesa a expensas de la salud del presidente. Si la situación no es de vacío de poder es lo más parecido a ella que uno se pueda imaginar. Mientras, los chavistas ganan tiempo, aunque eso no quiere decir que baja la aparente unidad de la superficie no se estén produciendo movimientos encaminados a conseguir los mejores puestos de salida en un escenario político sin Chávez al timón.

Para muchos analistas, la insistencia del ungido Maduro en considerar un mero formulismo la toma de posesión y retrasarla sine die es una maniobra en toda regla para impedir que Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea, asuma interinamente el poder y convoque elecciones, tal y como establece también en otro de sus artículos la ambigua Constitución. De Cabello se dice que no es hombre amigo de los Castro y eso tal vez esté jugando en su contra en estos momentos. Además, la convocatoria de elecciones antes de que se determine definitivamente que Chávez no puede asumir el poder podría ser interpretada entre las bases como una suerte de traición al comandante, sin contar con el hecho de que no faltan quienes dudan de que Maduro sea el hombre indicado para darle continuidad al chavismo por mucho que fuera designado expresamente por el propio Chávez para esa misión.

Por su parte, a pesar de reclamar que Cabello asuma interinamente el poder y convoque elecciones si finalmente Chávez no jura su cargo, la oposición tampoco parece tenerlas todas consigo tras las derrotas de octubre y diciembre a manos de los chavistas en las elecciones presidenciales y en las de los estados. Puede que esta sobrevenida situación de incertidumbre política de imprevisible desenlace que vive el país la haya cogido también con el pie cambiado y sin la suficiente capacidad de respuesta.

En resumen, la única conclusión posible en estos momentos es que la encrucijada política que vive estos días Venezuela sólo se resolverá en función de lo que ocurra en una cama de un hospital de La Habana.

El Banco de España o el supervisor despistado

El Banco de España va a “empotrar” inspectores en las entidades financieras para vigilar que no vuelvan a las andadas y atiborren de dinero al primero que entre por la puerta sin pedirle a cambio poco más que su palabra de honor de devolverlo. La decisión se anuncia a raíz de un informe de los propios inspectores, que ahora se verán “empotrados” cual reporteros de guerra, en el que denuncian que el supervisor había supervisado poco y mal antes y durante la crisis del ladrillo.

No crean, sin embargo, que este celo supervisor del supervisor ha surgido de un ataque espontáneo de responsabilidad. Es en realidad una de las exigencias de la Unión Europea a cambio del multimillonario rescate que pagaremos a escote los ciudadanos a los bancos por no haber sido bien supervisados por el supervisor con el fin de evitar la alegre concesión de créditos que ahora se quieren cobrar por la expeditiva vía del desahucio mientras sus directivos han seguido percibiendo primas, bonos y pensiones con absoluto descaro y sin que nadie haya sido capaz de hacerles pagar sus irresponsabilidades.

Si en el post de ayer me refería a las pifias de los economistas que ni se olieron la crisis y que cuando les cayó encima tiraron de manual neoliberal para aplicarnos sin mayores miramientos la receta de la austeridad fiscal que nos ha llevado a donde estamos, qué podemos decir del Banco de España. Ahora han sido sus propios inspectores los que le han afeado la conducta, pero no han sido los primeros.

Al supervisor que no ha supervisado como era su obligación se le ha acusado desde hace tiempo, y creo que con razón, de mirar para otro lado mientras la burbuja inmobiliaria se hinchaba hasta estallar. Nada hizo ni propuso para detener el disparate que se estaba produciendo ante sus propias narices incapaces de oler el desastre que se avecinaba. Fuera por connivencia con las propias entidades financieras, siempre tan celosas de sus negocios y tan poco dispuestas a aceptar que el Banco de España metiera sus narices en ellos, fuera por alicortos intereses políticos deseosos de seguir vendiendo una falsa prosperidad económica o fuera por ambas cosas a la vez, lo cierto es que el supervisor dejó que la bola siguiera rodando hasta que nos ha arrollado a todos.

Ahora, aunque niega las acusaciones de sus propios inspectores, hace propósito de la enmienda y promete ser más severo y supervisar mejor. Ya le vale. Desde luego, nunca es tarde para meter a los bancos en cintura sobre todo después de haber visto y sufrido lo que sus desmanes le cuestan al país. Claro que ahora, con buena parte del sistema financiero español nacionalizado – situación cuando menos paradójica en un país con un Gobierno tan alérgico a lo público salvo que sean bancos – es mucho más fácil vigilar de cerca a las entidades financieras. Casi me atrevería a decir que no tiene demasiado mérito.

Añadan si quieren que en unos meses el 90% del sistema financiero español quedará bajo la lupa del supervisor bancario único de la Unión Europea y coincidirán conmigo en que este gesto a destiempo del Banco de España no va mucho más allá de hacer realidad aquel viejo y sabio refrán de a conejo ido, palos a la madriguera.

FMI: cuando errar no es de sabios

Que una buena parte de los economistas no estuvo nada fina a la hora de prever la crisis es algo sabido. Aunque algunos – los menos – venían advirtiendo desde hacía tiempo de los riesgos que se estaban corriendo, la mayoría de ellos los ignoró olímpicamente y hasta apenas unos días antes de que el castillo de naipes empezara a desmoronarse afirmaban que sólo se trataba de tensiones pasajeras que el mercado en su perfecta sabiduría sabría corregir sin mayores sobresaltos. 

Pero el castillo se desmoronó y aplastó en su caída no solo sus erróneas previsiones sino también a millones de ciudadanos que un buen día despertaron sin empleo y sin ahorros. Sin inmutarse por el estrepitoso fallo de sus propias previsiones echaron mano entonces del libro de las recetas neoliberales y propusieron que no había otra alternativa que aplicar una drástica política de austeridad fiscal para volver a crecer y crear empleo, política que la derecha y la plutocracia siguen aplaudiendo sin desmayo.

Error sobre error, esa es la salida a la crisis que desde sus cálidos despachos en el Fondo Monetario Internacional – experto en hundir países en Asia y en América Latina -, la Unión Europea o el Banco Central Europeo nos siguen imponiendo a día de hoy, indiferentes ante el sufrimiento y la miseria social que se derivan de su fanatismo fiscal. Brazo ejecutor de esa política ha sido y sigue siendo la canciller alemana Angela Merkel sin en apariencia preocuparle gran cosa que el austericidio en curso esté convirtiéndose en un peligroso boomerang para la propia economía alemana. 

Y para qué recordar aquí los destrozos sociales y económicos que la obsesión por ajustar el déficit público – que sin duda debe moderarse aunque en condiciones mucho más flexibles que las que imponen Berlín y la troika – están causando en Grecia, España o Portugal. 

En esas estábamos cuando el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, acaba de hacer público un informe que, por resumirlo en términos coloquiales, viene a admitir que se volvieron a equivocar de medio a medio y que se pasaron tres pueblos imponiendo una política económica de recorte drástico del gasto público. Las consecuencias del error que el propio Blanchard admite es que lejos de crecer y crear empleo – que dirían Rajoy y los suyos – son que la economía se ha contraído y el paro ha aumentado vertiginosamente. 

Al parecer, la pifia ha consistido en suponer que un recorte de, por ejemplo, un euro en gasto público generaría sólo una caída de medio euro en el PIB nacional cuando en la práctica se ha demostrado que el efecto puede llegar a ser del triple. Dicho en otros términos: recortar, subir impuestos, establecer copagos en servicios públicos, abaratar el despido o devaluar los salarios y las pensiones encuentra un pronto reflejo en la caída del consumo y en el aumento del paro.  

Claro que esto es lo que pasa cuando las previsiones económicas se basan en abstractos cálculos matemáticos que desprecian por completo la realidad compleja y las condiciones económicas a las que se aplican los resultados, de las que los economistas jefe como Blanchard y otros de su mismo alto nivel y cualificación seguramente sólo tendrán una percepción pálida y lejana si es que la tienen. 

¿Pagará alguien por el error y sus consecuencias dramáticas para decenas de miles de pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar y para los millones de trabajadores que se han quedado sin empleo o para los que lo conservan pero han visto como su poder adquisitivo cae en picado? 

¿Quién asumirá los dolorosos costes sociales de una política económica que – a la vista ha estado y está para quien con un mínimo de sentido común lo ha querido ver – lo único que ha conseguido es deprimir hasta niveles inimaginables y por mucho tiempo los principales datos macroeconómicos y, en consecuencia, los de la microeconomía cotidiana de los ciudadanos víctimas del rampante austericidio? 

¿Seguirán el dócil Rajoy y los suyos pregonando que no hay alternativas a los recortes y al desmantelamiento y la privatización del estado del bienestar porque hay que cumplir el déficit para poder crecer y crear empleo? ¿Por qué la llaman economía y la intentan hacer pasar como ciencia cuando es pura y dura ideología neoliberal? Me temo que, de momento y salvo que la protesta social haga cambiar el rumbo de la política económica, lo de Blanchard no irá más allá de unos golpes de pecho sin verdadero propósito de la enmienda. 

Por si les apetece, aquí les dejo el enlace al austero menú con el que el FMI celebró la reciente Navidad. La fiesta costó entre 350.000 y 500.000 dólares y a ella fueron invitadas unas 7.000 personas. A la vista de la pantagruélica comida es probable que la mayoría de los asistentes estuviera tan convencida del cumplimiento de la profecía maya sobre el fin del mundo como del éxito de sus recomendaciones económicas. Que lo disfruten....

Menú navideño del FMI