Marchando una de consenso

Consenso es una hermosa palabra del vocabulario político que procede del latín “consensus” y que a los políticos españoles no se les cae de la lengua desde los tiempos de la Transición. Otra cosa es lo que signifique o lo que esconda en cada momento, pero en su origen más puro quiere decir “acuerdo que se alcanza por el consentimiento entre los miembros de un grupo o entre varios grupos”. El consenso fue la palabra estrella tras la muerte de Franco y la recuperación de la democracia, siguió siéndolo con la mayoría absoluta de Felipe González y su, no obstante, famoso “rodillo” y lo fue después con Aznar, con Zapatero y ahora también con Rajoy. El consenso se saca a pasear por necesidad cuando no hay mayorías absolutas y por estética y lustre democrático cuando las hay aunque no se tenga voluntad alguna de conseguirlo, sólo deseos de no proyectar una imagen autoritaria ante la opinión pública. 

“Buscaremos el máximo consenso para aprobar esta ley”, dicen los que ostentan la mayoría absoluta a sabiendas de que si los que se oponen no se pliegan a sus deseos siempre podrán escudarse en que “lo intentamos pero no fue posible, hemos puesto todo de nuestra parte pero los electores nos han dado la responsabilidad de gobernar y eso es lo que vamos a hacer”. Es excusa vana y poco creíble puesto que nadie cuestiona la legitimidad de la mayoría absoluta pero sí su uso y abuso en contra ya no solo de toda la oposición sino incluso de la mayoría de la sociedad. 

Después de ignorar soberanamente el rechazo político y social generalizado ante la reforma de la Ley del Aborto, Mariano Rajoy acaba de descubrir ahora las bondades del consenso para no aprobar leyes que el próximo gobierno “no derogue desde el minuto uno”, según su acertado símil deportivo. En realidad, lo que han descubierto el presidente y sus asesores es un amplio consenso social contrario a volver a votarle al PP en las dos citas electorales del año que viene y para no echarle más leña al fuego no ha dudado en quemar en la hoguera a Ruiz – Gallardón. Que esa reforma carecía del mínimo consenso era más que evidente mucho antes de que pasara por el Consejo de Ministros. Sin embargo, Rajoy no consideró entonces necesario retirarla como acaba de hacer ahora en un ejemplo de que su manejo de los tiempos no es tan inteligente como proclaman sus hagiógrafos. 

De haber retirado la reforma el año pasado no habría quedado tan de manifiesto que lo único que le preocupa ahora es perder votos y no buscar el consenso sobre una reforma que, por otra parte, nadie había pedido, salvo la derecha extrema de su partido y la cúpula de la Conferencia Episcopal. Si de verdad Rajoy fuera un político de consenso, no sólo habría tenido que aparcar hace mucho tiempo la reforma del aborto. Tendría que haber hecho lo mismo con la reforma laboral que provocó dos huelgas generales, la de la Educación que ha concitado el rechazo unánime de la comunidad educativa o la desorbitada subida de las tasas judiciales que consiguió unir por primera vez en la historia del país a jueces, fiscales, abogados y otros agentes del ámbito jurídico además de a la inmensa mayoría de la población. 

Podríamos citar también aquí su completa falta de cintura política y voluntad de diálogo para encauzar la situación en Cataluña e impedir que llegara a las cotas de enfrentamiento que ha alcanzado. Y por mencionar un asunto más cercano, la imposición sin diálogo ni consenso de unos sondeos petrolíferos en Canarias que rechazan instituciones y buena parte de la sociedad de las Islas. Y solo cito algunos casos flagrantes de absoluta falta de consenso, a pesar de lo cual Rajoy ha seguido adelante con los faroles sin importarle lo más mínimo las consecuencias de sus medidas adoptadas con la absoluta y solitaria mayoría del PP. 

Ahora bien, si con su extemporánea apelación de ayer al consenso para retirar la reforma del aborto pretende Rajoy haberse ganado el reconocimiento de los españoles por su capacidad para el diálogo cargando la responsabilidad del fiasco sobre su ex ministro de Justicia, puede ir renunciando a la idea. El fracaso de esa reforma no es sólo de Gallardón sino del conjunto del Gobierno del que Rajoy es presidente y en el que se aprobó el anteproyecto de ley correspondiente con él sentado a la cabecera de la mesa del Consejo de Ministros el 20 de diciembre de 2013. 

El consenso no presupone debilidad política aunque quien lo busque disponga de votos suficientes para prescindir de él. Se trata de un valor esencial del juego político democrático que debe procurarse al menos cuando se quieren tomar decisiones de calado para el conjunto de la sociedad y no solo cuando los malos augurios electorales aprietan como ha hecho ahora Rajoy. Bertrand Rusell escribió que “un verdadero liberal se distingue no tanto por lo que defiende como por el talante con que lo defiende: la tolerancia antidogmática, la búsqueda del consenso, el diálogo como esencia democrática”. A saber qué hubiera dicho Rusell de Rajoy pero es improbable que lo considerara una liberal.     

Gallardón se desembaraza

No es por apuntarme un tanto pero ya dije hace unos días en este blog que a Rajoy no le temblaría el pulso a la hora de decidir entre perder votos o perder un ministro. Después de haber hecho sus cálculos electorales, el presidente ha confirmado hoy que el Gobierno retira la retrógrada e innecesaria reforma de la Ley del Aborto y, acto seguido, su ministro de Justicia, Alberto Ruiz – Gallardón, se ha ido del Ministerio y de la política, en la que ha permanecido 30 años, dando un sonoro portazo y simulando falsa humildad. Es verdad que no era esta la primera vez que el polémico ministro amagaba con dimitir para luego desdecirse. Sin embargo, en esta ocasión no le quedaba alternativa alguna después de que su jefe de filas y de gobierno desautorizara su reforma del aborto alegando que carece de consenso. 

Sin ánimo de hacer leña del árbol caído, que alguien como Ruiz – Gallardón deje la política es una muy buena noticia. Y no sólo por el hecho de que su reforma de la Ley del Aborto, que devolvía la cuestión a tiempos preconstitucionales, consiguiera concitar el rechazo generalizado de la sociedad española. Similar respuesta han tenido otras iniciativas de este ministro demasiado pagado de sí mismo y de cintura tan estrecha que le incapacita para alcanzar acuerdos con quienes no comparten sus tridentinos puntos de vista entremezclados con un neoliberalismo feroz. Véase, por sólo citar un caso, lo ocurrido con las tasas judiciales y el unánime rechazo que generaron en la sociedad y en el mundo de la justicia. 

Ahora, sin embargo, era distinto. La reforma de la Ley del Aborto en la que se empecinó a pesar de contar incluso con un claro rechazo dentro de su partido, le ha terminado pasando factura. Aunque no había debate social alguno sobre la necesidad de modificar esa ley, este era su proyecto estrella y con él pretendía pasar a la posteridad como el ministro que fue capaz de dar satisfacción a las aspiraciones de la derecha nacional más rancia y a la cúpula eclesiástica más cavernícola de este país. Que su rechazada reforma fuera derogada en cuanto cambiara el gobierno no se le pasaba ni por la cabeza. De este modo se entregó a la tarea con entusiasmo digno de mejor causa y sin escuchar a nadie, como imbuido de una especie de inspiración divina que le impulsaba a continuar adelante con una reforma que volvía a criminalizar a las mujeres y las convertía en rehenes de las decisiones de otros sobre su cuerpo. 

Tras presentar el anteproyecto de ley de reforma del aborto hace ahora justo nueve meses, el ya ex ministro sólo ha tenido oídos para las organizaciones antiabortistas y la Iglesia Católica y sordera absoluta para quienes dentro y fuera de su partido o desde las organizaciones sociales y profesionales le pedían por activa y por pasiva que retirara un cambio legislativo teñido de ideología reaccionaria de la primera a la última letra o que al menos flexibilizara su rígida posición. Ahora, las mismas organizaciones y la jerarquía católica que malamente disimulaban su satisfacción con la reforma haciendo creer que les parecía insuficiente, saldrán a las calles para echarle en cara no haber cumplido su compromiso y anunciar que no volverán a votar al PP. 

De las críticas no se va a librar el propio Rajoy, al que seguramente las manifestaciones que no tardarán en convocarse le evocarán aquellas otras de hace unos años en las que el hoy presidente del Gobierno acompañaba a los obispos para poner a Zapatero literalmente a parir. Dudo mucho de que Rajoy o alguien destacado de los suyos acuda ahora a esas protestas, aunque si fueran coherentes con lo que hacían entonces no deberían faltar ni a una. Rajoy ha incumplido otra promesa electoral, aunque en esta ocasión y para variar ha sido para bien. Sin embargo, cabe preguntarse una vez más por los tiempos que emplea el presidente en la toma de decisiones, toda vez que la falta de consenso en torno a esta reforma era evidente desde mucho antes de que el anteproyecto de ley fuera al Consejo de Ministros. 

El presidente ha dejado pudrirse una situación que ha terminado costándole su primera crisis de gobierno – a ver cuánto tarda ahora en nombrar nuevo ministro de Justicia – y ha puesto en evidencia que lo que le preocupa no es tanto la falta de consenso social y político – si fuera así habría retirado la reforma hace mucho tiempo - como el riesgo de perder cientos de miles de votos el año que viene. No me cabe la menor duda de que si las elecciones no estuvieran a poco menos de otros nueve meses, la reforma habría salido adelante sin consenso y Alberto Ruiz – Gallardón habría acabado esta legislatura como el ministro peor valorado del Gobierno pero elevado a los altares del carquerío nacional.

Cambio climático: largo me lo fiáis

Puedo parecer agorero y derrotista pero lo expreso como lo siento: nada espero de la cumbre sobre cambio climático que mañana se inicia en la ONU. Apenas nada se ha avanzado después de las cumbres pasadas, caso de la que se celebró en Copenhage hace cinco años y que se saldó con un sonoro fracaso, y no hay indicio alguno que permita abrigar esperanzas de que en esta va a ser distinto. Las cumbres sobre cambio climático, al igual que las que tienen como eje central la crisis económica, son poco más que un gran escenario mediático en donde los líderes mundiales leen hermosos discursos llenos de promesas que nunca han pensado cumplir. Así ha sido hasta ahora y así va a seguir siendo por desgracia para este castigado planeta y para las generaciones presentes y venideras, a las que les dejaremos un mundo cada día más inhóspito e inhabitable. 

Que la lucha contra el cambio climático es tarea de todos, gobiernos que actúen y ciudadanos que asuman la necesidad de modificar hábitos y pautas de consumo, es algo que está fuera de dudas. Sólo con la labor coordinada de los gobiernos y con el apoyo de sus ciudadanos, marcando objetivos ambiciosos  es posible hacer frente a un proceso a cada día que pasa más irreversible. Sin embargo, esa misma imperiosa necesidad es también la excusa perfecta para que la inmensa mayoría de los gobiernos se escuden en el inmovilismo de los otros para no hacer nada al respecto. ¿Si Rusia, India, China o los Estados Unidos no reducen sus emisiones de CO2 a la atmósfera por qué habría de hacerlo España, por poner sólo un ejemplo? ¿Y por qué habrían de hacerlo economías muchos más atrasadas que las citadas si no lo hacen las grandes y poderosas?

Si a mediados de la década pasada la lucha contra el cambio climático era una reivindicación ampliamente sentida y apoyada por una inmensa mayoría de ciudadanos en todo el mundo, a raíz de la crisis económica a la gente le importa mucho más llegar a fin de mes o no perder el empleo que preocuparse por lo que pueda pasar en un futuro más o menos próximo con el clima global. Los gobiernos de algunos de los países que más emisiones lanzan a la atmósfera se escudaron también en la crisis para no acometer acciones contra el calentamiento global alegando que restaba competitividad a sus economías. 

En definitiva, todos hemos bajado la guardia y la voz para exigir medidas eficaces contra este problema, lo que le ha venido muy bien a los gobiernos para instalarse en el inmovilismo y en las promesas hueras. El ejemplo más palpable y cercano lo podemos encontrar en España, en donde la manifestación de ayer en Madrid a favor de acciones contundentes que frenen el deterioro del planeta apenas mereció la atención de medio millar de personas. En Nueva York, en cambio, fueron más de 300.000 las que salieron a la calle, lo que pone de manifiesto que los ciudadanos de la vieja Europa, acogotados desde hace años por una crisis interminable, ya no tienen entre sus principales preocupaciones el legado medioambiental que le dejarán a sus hijos y nietos. 

Así se entiende también que en España, el Ministerio de Industria se sienta con las manos libres para decir una cosa y hacer la contraria: por un lado asegura que trabaja para impulsar las energías renovables y por otro las castiga con la supresión de las primas a la producción eléctrica con fuentes limpias. De propina le da todas las facilidades a una petrolera privada como Repsol para que haga prospecciones en Canarias y ponga en riesgo biodiversidad, agua desalada e industria turística. No le va a la saga una Unión Europea sin política clara y consensuada sobre cambio climático y que ahora acaba de entregarle la cartera sobre la materia a un político como Arias Cañete, hasta el otro día propietario de acciones en dos compañías relacionadas con el sector petrolero y que ahora vende a la carrera para que no le saquen los colores en el Parlamento Europeo. 

Lo más dramático de la situación es que la profunda transformación que está experimentando el planeta no se va a detener a la espera de que los líderes mundiales se pongan algún día de acuerdo y adopten medidas valientes para luchar contra el cambio climático y sus efectos. Las cifras revelan que los desastres naturales ya generan tres veces más refugiados que los conflictos bélicos y los científicos advierten de que como para 2020 no haya sobre la mesa acciones concretas que recorten de manera drástica las emisiones contaminantes a la atmósfera se superarán niveles considerados muy peligrosos. 

Sin embargo, como en tantas otras cosas, también en la lucha contra el cambio climático se avanza a paso de tortuga que, en este caso, es como caminar hacia atrás. Así, las conclusiones que salgan de la cumbre que se inicia mañana en Nueva York y en la que no estarán presentes los primeros ministros de algunos países que como Rusia tienen mucho que decir y hacer en este asunto, se trasladarán a otro encuentro mundial previsto para finales de este año en Lima al que seguirá otro dentro de un año en París. ¡Cuán largo me lo fiáis!

Y Escocia dijo no

Exagerando un poco, el suspiro de alivio del primer ministro británico David Cameron cuando la pasada madrugada supo que los escoceses habían decidido seguir formando parte de la Union Jack debió disipar de un plumazo la niebla matutina londinense. No digamos nada de Bruselas, en donde se contuvo la respiración durante toda la jornada no fuera a empezar a descoserse el mal zurcido traje de la Unión Europea por las costuras de Escocia. O de los infalibles mercados, que ayer tarde ya daban el “no” por descontado y se lanzaban a una vorágine de compras que ha continuado esta mañana mejorada y aumentada. 

Suspiro de España

Pero para suspiro de verdad y de los grandes el que ha dado Mariano Rajoy , tan fuerte y tan alto que se ha podido sentir en toda España, sobre todo en Cataluña. Fiel a sus principios de que no lo molesten con preguntas incómodas, a primera hora de la mañana grabó un vídeo que envió raudo a las televisiones con su valoración del resultado escocés. En él, mirando fijamente a cámara y poniendo su rictus más solemne e institucional, aseguró que “los escoceses han evitado las graves consecuencias de la separación”. No dejó pasar por alto que el referéndum escocés se ha celebrado “con escrupuloso respeto a la legalidad de su país” y remató afirmando que “todos estamos muy felices de que Escocia siga con nosotros”. 

No hace falta leer nada entre líneas de la intervención enlatada de Rajoy para saber a quién iba dirigido el mensaje, que no era ni a Cameron ni a los escoceses de los que tan feliz se siente el presidente de que “sigan con nosotros”. Si no fuera por lo que se ventila en Cataluña o lo que podría ponerse de nuevo en marcha en el País Vasco e incluso Canarias, es poco probable que a Rajoy le importara gran cosa que los escoceses se independizaran o no del Reino Unido o que se constituyeran todos en una comuna hippie. Había que lanzar un mensaje claro y diáfano a los nacionalistas catalanes y eso es lo que hizo el presidente intentando disimular su satisfacción. 

No hay cambio de guión en España

En Barcelona, el presidente Artur Mas también se vio en la necesidad de comparecer ante los medios a echar su cuarto a espadas sobre el “no” escocés y allí le dio la vuelta a las palabras de Rajoy y dijo que “lo que une es votar y lo que separa es no votar”. Bonita frase para la posteridad si no fuera porque ni Cataluña es Escocia ni España el Reino Unido, y no sólo por sus diferencias históricas. Es verdad que el proceso para el referéndum escocés merece ser considerado un ejemplo de pulcritud democrática, que la participación ha sido elevadísima y que la campaña se ha desarrollado sin zancadillas y con los líderes políticos expresando sus puntos de vista con absoluta normalidad. 

Por desgracia, algo así es a día de hoy muy difícil de imaginar en España, bien porque nuestra democracia no es lo suficientemente vieja y asentada o bien porque nos sobra la sangre caliente que a los británicos tal vez les falta y que ellos llaman flema. A algunos esto les puede sonar tópico pero no creo que lo sea, la búsqueda de salidas negociadas que eviten el enfrentamiento inútil y la frialdad de cabeza con la que en el Reino Unido se ha afrontado el reto independentista escocés es algo que a los británicos les sobra y a nosotros nos falta. De manera que, salvo enfriar un poco y por unos días el ardor independentista catalán, tengo para mí que el resultado del referéndum escocés no va a mover un ápice de sus posiciones a Madrid y su obsesión con el cumplimiento de las leyes y a Barcelona y su mantra sobre el derecho a decidir. Las intervenciones hoy de Rajoy y de Artur Mas así lo corroboran, por lo que lo único que cabe esperar es que el presidente catalán continúe adelante con la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre y que el presidente español se la pare en el Tribunal Constitucional. A partir de ahí queda por saber si se celebrará a pesar de todo o si Mas adelanta las elecciones. Ese será el siguiente capítulo de lo que el otro día llamaba el “monotema catalán” que habremos de padecer aún durante bastante tiempo más. 

El futuro de Escocia

Respecto a Escocia y al Reino Unido también se ha abierto hoy un nuevo capítulo. El “no” a la independencia no supone que las cosas vayan a quedar igual que estaban antes de votar. Cameron se empleó a fondo contra la independencia ofreciendo a los escoceses mayores niveles de autogobierno que  no tendrá más remedio que hacer extensibles a galeses, ingleses e irlandeses del norte. Se mire como se mire, ese es un triunfo que pueden apuntarse en su haber los partidarios del “sí”. Sin duda, la incertidumbre sobre la nueva moneda nacional, la marcha de las grandes empresas radicadas en Escocia, la seguridad del país, el carácter finito de las reservas de petróleo y la pertenencia futura a organizaciones internacionales como la UE, la ONU o la OTÁN han sido escollos decisivos para que el 55% de los escoceses dijera ayer “no” a la independencia. 

Puede que el 44% que dijo “sí” no esté hoy muy contento pero seguramente también es consciente de que, aún perdiendo ayer en las urnas, su país ha ganado. No digo que todos estén igual de contentos – de hecho, el ministro principal y líder del Partido Nacionalista Escocés, Alex Salmond, acaba de dimitir y lo ha hecho con la máxima serenidad, sin aspavientos ni frases de rencor. Creo que, en realidad nadie está absolutamente descontento con el resultado y mucho menos nadie se ha echado al monte a luchar por la independencia escocesa. En España sería deseable un desenlace similar o parecido pero, como ya digo, nos falta flema y nos sobra ardor guerrero. 

¡Sánchez, sálvame!

Mientras espero a que terminen de votar los escoceses me entretengo unos minutos divagando sobre el novedoso sistema que ha encontrado el socialismo español para promocionar a su líder, el eternamente “nuevo secretario general del PSOE”, Pedro Sánchez. Estaba Sánchez ayer tarde a sus cosas y en un programa de la tele le andaban dando estopa al alcalde socialista de Tordesillas, tierra de grandes eventos culturales como el Torneo del Toro de la Vega: que si es una animalada, que si nos avergüenza a todos los españoles, que esto tiene que prohibirse, que yo no voto más al PSOE, etc. Ni corto ni perezoso agarró Sánchez su móvil y llamó a la tele en cuestión y al programa de marras para hablar con el presentador y explicarle que a él tampoco le gusta lo de zaherir al toro hasta matarlo, aunque se le olvidó explicar por qué su partido no hace algo para evitarlo ya que gobierna en Tordesillas. 

No me cabe la más mínima duda de que Sánchez era perfectamente consciente de que estaba llamando a “Sálvame”, ese programa de la tele que se caracteriza ante todo por la enjundia de los asuntos que trata habitualmente – cuernos, braguetazos y traiciones - y la calidad intelectual y profesional de sus colaboradores – Belén Esteban, Lidia Lozano, Kiko Hernández, etc. Luego de dejar su impronta histórica en los anales de la televisión patria, Sánchez se nos apareció por la noche en “El Hormiguero”, otro programa en donde lo mismo te ponen al jugar al baloncesto que a hacer extraños experimentos y en medio te hacen preguntas supuestamente comprometidas. 

Sendas apariciones de Sánchez en estos dos programas revolucionaron las redes sociales – siempre atentas a hacerse eco de cualquier novedad por insustancial que sea – y se convirtieron en trending topic por unas horas hasta que rápidamente pasó el efecto mediático. En cualquier caso, el debate está servido: ¿debe todo un líder político aspirante a la presidencia del gobierno aparecer en programas de entretenimiento – por no llamarlos televisión basura – o debe reservar su discurso para foros mediáticos más formales y serios como los telediarios o las tertulias políticas? Hay quien opina que tenemos que aprender, por ejemplo, de los líderes políticos estadounidenses, a los que no se les caen los anillos por salir en programas de televisión contando chistes o poniéndose en ridículo ante las preguntas de los presentadores. 

Los que así piensan afirman también que Sánchez ha hecho bien en aparecer en “Sálvame” y en “El Hormiguero” porque de ese modo transmite cercanía y le permite llegar a una nutrida audiencia televisiva, una buena parte de la cual seguramente no sabía hasta ayer quién era el “nuevo secretario del PSOE” porque ni lee las páginas de política de un periódico ni escucha los informativos de la radio y la televisión aunque se lo ordene su médico de cabecera. 

Hay quien piensa, sin embargo, que si el líder del principal partido de la oposición tiene que recurrir a los programas de entretenimiento para debatir sus soluciones a los problemas del país con Belén Esteban o Jorge Javier Vázquez es que las cosas están mucho peor de lo que pensábamos y la regeneración política de la que hablan tanto los líderes estos días tendría que empezar casi desde la escuela. De hecho, que Sánchez haya acudido a esos dos programas de televisión es un síntoma de que a los españoles aún nos falta un buen hervor democrático que, por ejemplo, nos enseñe a usar más la cabeza cuando tenemos que elegir a quienes han de gobernarnos. 

Pero no quiero ponerme trascendental con este asunto ni regañarle a nadie porque vea determinados programas de televisión en lugar de otros o porque la política y los políticos que deciden sobre sus vidas y sus haciendas les importen exactamente una higa. Ni aunque esas decisiones terminen afectándonos a todos, los que vemos los programas de telebasura y los que huimos de ellos como de la peste. Por su parte, si Sánchez ve en esta estrategia de comunicación un filón para ganar votos y convertirse en un líder mediático para competir con Pablo Iglesias, que lo explote a conciencia. Tampoco se lo reprocharé aunque el año que viene monte un Gran Hermano para elegir al candidato del PSOE a La Moncloa.

Si Escocia dice yes

Momento histórico al que se enfrentarán mañana los 4,3 millones de escoceses con derecho a voto en el referéndum de independencia respecto del Reino Unido. El término “histórico” adquiere aquí su sentido más genuino y apartado de la ligereza con la que últimamente se suele aplicar a cualquier bobada como un partido de fútbol o cosas similares. Es mucho lo que los escoceses se juegan en el envite de mañana y, aunque casi la mitad de los ingleses observen el referéndum con displicente indiferencia, también es mucho lo que les va en esta apuesta en términos, por ejemplo, de la cuantiosa recaudación fiscal por el petróleo del Mar del Norte. Sin olvidarnos de los efectos que el resultado del referéndum de mañana tendrá sobre el monotema de la consulta soberanista catalana del nueve de noviembre de la que hablamos en el post de ayer. 

Las últimas encuestas le dan un triunfo por la mínima al no a la independencia pero hay una bolsa de unos 600.000 indecisos que pueden fácilmente inclinar la balanza en un sentido o en otro. Hay que tener en cuenta también a los residentes no escoceses cuya decisión puede ser determinante en lo que ocurra mañana. Ante este virtual empate técnico, partidarios y detractores de la independencia luchan voto a voto en defensa de sus respectivas posiciones. Londres lo lleva haciendo desde hace semanas a la vista de las encuestas que daban ganador al “sí” y parece que, al menos por ahora, ha conseguido nivelar las fuerzas frente a los independentistas. Estos, sin embargo, no arrojan la toalla y redoblan sus esfuerzos para hacer de Escocia un estado independiente del Reino Unido.

Si eso ocurriera son muchas las interrogantes e incógnitas que se abren para Escocia y los escoceses. La primera de ellas sería su exclusión casi inmediata de la Unión Europea, con todo lo que eso comporta en términos comerciales, económicos y políticos. Para volver a Bruselas, tendrían que recorrer los escoceses el mismo camino que cualquier otro país que aspire a formar parte de la UE y contar con el beneplácito de todos sus miembros. Quedaría también aislada del resto del actual Reino Unido salvo que Londres aceptara la curiosa propuesta que hacen los independentistas de compartir el Banco de Inglaterra, la libra esterlina y hasta la reina Isabel como Jefa de Estado. 

Uno, que no es independentista escocés, no puede entender que se ansíe la independencia y al mismo tiempo se quiera seguir con el mismo banco central controlando la política monetaria del nuevo Estado, la misma moneda pero con independencia política y el mismo jefe de Estado del país del que se independiza. Es algo muy parecido a lo que ocurriría si Cataluña se independizara de España y le pidiera a Rajoy compartir a Felipe VI como jefe de Estado. 

En todo caso, detrás de la apuesta independentista escocesa parecen primar mucho más los intereses económicos en juego que las señas indentitarias nacionales, que apenas han salido a relucir en esta campaña. En un primer plano de esos intereses figuran las reservas de petróleo del Mar del Norte cuya explotación y beneficios se dirime en el referéndum de mañana. Los independentistas escoceses sospechan que Londres miente al asegurar que son mucho menores de lo que se creía y que están muy agotados. Ven esas reservas como una suerte de maná con el que hacer frente en solitario a los ingentes gastos del nuevo Estado que, entre otras cosas, tendría que contar también con fuerzas armadas propias. 

Incluso han puesto sus ojos en el modelo noruego y proponen crear un fondo soberano con los beneficios del crudo que serviría para financiar ambiciosas políticas sociales. Sin embargo, el Gobierno británico les recuerda que la independencia es para siempre y el petróleo no, que los precios del crudo son muy volátiles y que, además, corren el riesgo de que las grandes empresas radicadas en Escocia, entre ellas las petroleras, hagan las maletas y se vayan a otro lugar si no les gustan los planes del gobierno del nuevo Estado para sus negocios. En otras palabras, que fiar todos los ingresos de una Escocia independiente al petróleo es como poco suicida e insostenible.

A cambio de permanecer formando parte de la Union Jack, el primer ministro Cameron les ofrece a los escoceses más competencias y más participación en la recaudación fiscal, algo que los independentistas no toman ya en consideración después de décadas sufriendo las políticas neoliberales de la señora Thatcher y sus sucesores conservadores e incluso laboristas en el Gobierno de Londres. Junto a las advertencias de un cataclismo económico si gana mañana el “yes”, un Camerón asustado ante el peligro de pasar a la historia como el primer ministro que perdió una parte del territorio nacional, también ha apelado a los sentimientos y le ha pedido a los escoceses que no le rompan el corazón abandonando el Reino Unido. La última palabra la tienen mañana los escoceses.   

El monotema catalán

Con sinceridad: me aburre ya hasta lo indecible el monotema del soberanismo catalán. Comprendo que a los catalanes les vaya mucho en el envite pero a mi empieza a pasarme como a la mitad de los ingleses, a quienes, según las últimas encuestas, les da exactamente lo mismo que Escocia se independice o continúe formando parte del Reino Unido en el referéndum del próximo jueves. Escuchar a Artus Mas o a Mariano Rajoy me produce incontrolables ataques de bostezos, sopor y sueño. Es como si me hubiera quedado atrapado en el tiempo y cada mañana al despertarme fuera otra vez el Día de la Marmota: los mismos discursos, las mismas poses, las mismas advertencias, iguales amenazas, similares cataclismos, parecidas ambigüedades. 

Entra uno en internet, abre los periódicos de tirada nacional, enciende la televisión o la radio esperando encontrar una noticia que le ayude a afrontar el día con el optimismo justo para llegar a la noche sin desfallecer y lo único que encuentra es más de lo mismo del día anterior. Mas ejecutando su hoja de ruta contra viento y marea aunque el viento de ERC le haga por momentos tambalearse y mientras, en La Moncloa, Rajoy y los suyos escenificando su guión al pie de la letra. Ninguno de los dos se sale ni por un momento del discurso aprendido y mil veces repetido, nadie da su brazo a torcer y mientras tanto se acerca el día D sin que a ninguno de los dos se les mueva un pelo. 

Diría uno que en este país llamado España hay muchos otros asuntos que ocupan y preocupan a los ciudadanos de a pie y que de un tiempo a esta parte han quedado relegados a un segundo plano a favor del monotema catalán que todo lo empapa. Diría también que en este país llamado España existen otros territorios que merecen que sus problemas y aspiraciones tengan algún reflejo en los grandes medios nacionales de comunicación. Sin embargo, lo único que merecen en el mejor de los casos son pequeñas gacetillas sueltas en páginas interiores. 

Estaría uno por afirmar que a los españoles les preocupa sobre todo el paro, la precariedad laboral, los recortes de los servicios públicos, la corrupción o la falta de transparencia de las instituciones. Al menos eso es lo que reflejan desde el inicio de la crisis las encuestas de opinión pública. Sin embargo, todos esos problemas terminan pasando más pronto que tarde a un segundo plano en las grandes cabeceras nacionales en cuanto Mas y los suyos o Rajoy y los suyos dicen algo que tenga que ver con Cataluña y el proceso soberanista. Así por ejemplo, unas destempladas declaraciones de hoy mismo del ministro de Exteriores García Margallo amenazando con suspender la autonomía catalana si a pesar de todo se celebra la consulta del nueve de noviembre, ha copado rápidamente lugares privilegiados en las ediciones digitales de los periódicos y en los informativos de radio y televisión. 

Cataluña y su órdago soberanista alimenta informativos las veinte y cuatro horas del día y expertos, historiadores, sociólogos, analistas políticos y periodistas de todo signo y pelaje peregrinan por estudios de radio y platós de televisión de la mañana a la noche para glosar y dar su sabio punto de vista sobre lo último que han dicho Rajoy o Mas, el PSOE o el PP, ERC o CiU, IU o Podemos sobre Cataluña. Pontifican sin rubor sobre lo que debe hacer y lo que no debe hacer el Gobierno, sobre las causas del problema, sobre las soluciones más convenientes o sobre el futuro de una Cataluña independiente de España. Palabra: es insufrible. 

Admito que escribo este post más con el corazón que con la razón pero es que la cabeza ya la tengo absolutamente saturada del monotema catalán. Empiezo a sentirme un poco inglés y a considerar la conveniencia de darle vía libre a la consulta para que se decida en las urnas el futuro de Cataluña. Y si sale independencia allá se las compongan Artur Mas, Junqueras y los que apoyan su órdago con su soberanía y su nuevo Estado, tal y como ocurrirá con Escocia si se independiza del Reino Unido. Y aunque sintamos la pérdida, estoy convencido de que el resto nos las arreglaremos para continuar sin su compañía, incluso aunque alguno más también se proponga hacer las maletas y seguir los pasos catalanes. 

¿Por qué tenemos que empeñarnos en vivir con alguien que no quiere vivir con nosotros y cuyas quejas, demandas y reivindicaciones parecen no tener fin? Al diablo la Constitución y las leyes ya que no hay cintura política por parte de nadie, ni en Madrid ni en Barcelona, para encauzar una situación podrida y enquistada desde hace mucho tiempo. Por otra parte, tampoco sería la primera vez que se vulneran a conciencia la Carta Magna y la legislación sin que pase absolutamente nada. Admito que todo esto que digo puede que no sea ni muy razonable ni muy políticamente correcto y suene más a descarga y alivio de alguien ahíto de un discurso manido, trucado y tramposo por ambos lados. Sin embargo, llegado a estas cotas de hastío e inmovilismo de unos y de otros ya no se me ocurre otra fórmula mejor para poner fin a esta interminable pesadilla.

Reforma abortada

Como buen gallego que es, Rajoy sabe muy bien cuando se aproxima temporal y no conviene hacerse a la mar. Desde su atalaya de La Moncloa el presidente ha oteado el horizonte y parece haber llegado a la conclusión de que no está el oleaje para muchas audacias: las negras orejas del lobo de las urnas se atisban ya en el horizonte del calendario y no es el momento de soliviantar más al electorado, incluido el suyo. Varios hechos vienen a confirmar esta percepción. Después de iniciar el curso político dándose un breve garbeo con Angela Merkel por el Camino de Santiago y pedirle algún cargo para los suyos en la Unión Europea, Rajoy dijo aquello de que la economía española ha dejado atrás los “brotes verdes” y ya “tiene raíces vigorosas”. 

Nada más sobre economía ha dicho el presidente y ninguna “reforma estructural” de calado aparece de momento en su agenda de aquí a las elecciones de mayo y a las generales de noviembre. Parece que, por ahora, se acabaron los viernes de dolor en los que el Consejo de Ministros salía a “reforma estructural” – vulgo recortes - por reunión. Y da igual que las pidan el Fondo Monetario Internacional, la UE o la OCDE, organismos a los que no urgen en absoluto los periodos electorales sino la obligación de presionar a los gobiernos de turno para que hagan los “deberes” que exigen “los mercados”. Ahora que la prima de riesgo duerme la siesta, la respuesta ante esas demandas de más reformas es el silencio o, en el mejor de los casos, que ya se han hecho y “están dando buenos resultados”. 

El acento de la gestión de aquí a las elecciones quiere ponerlo ahora el Gobierno en la regeneración, esa palabra con la que todos se llenan últimamente la boca y que a fuerza de uso y abuso acabará por convertirse en un slogan vacío de contenido como no se pase de una vez de la teoría a la práctica y se deje de marear la perdiz. 

Tres años después de llegar a La Moncloa y cuando soplan vientos electorales poco propicios para el PP, a Rajoy le han entrado las prisas por regenerar la democracia. Sin embargo, la propuesta estrella de esa regeneración, la elección directa de alcaldes, ha quedado de momento aparcada dado el rechazo unánime de la oposición a tragar con una rueda de molino pensada por los populares para salvar de la quema algunas de sus plazas fuertes. Seguir adelante con ella en solitario y contra viento y marea habría sido un desprecio al más mínimo consenso en asunto de tanta enjundia y, sobre todo, una decisión que se da de bruces con la regeneración política que el PP dice defender al menos de boquilla. Salvo improbable acuerdo con el PSOE, que insiste en no negociar sobre este asunto antes de las elecciones, tendrán que arreglárselas como puedan los alcaldes populares y de otras formaciones que ven peligrar en las encuestas su continuidad en el puesto. 

Otra reforma estrella del Gobierno y mucho más polémica si cabe que la anterior, la del aborto, lleva también camino de ir a parar a un cajón del despacho del ministro Gallardón a la espera de tiempos más propicios. Todo hace indicar que Rajoy no dará luz verde a una modificación de la Ley del Aborto que la sociedad no demandaba y que retrotrae la cuestión a los tiempos del franquismo al criminaliza a las mujeres y desandar todo el camino andado hasta ahora. Además de las críticas unánimes a la reforma por parte del resto del arco parlamentario, de organizaciones profesionales relacionadas con la sanidad o la justicia y de una inmensa mayoría de la sociedad que no ve la necesidad de esa modificación pensada en último extremo para satisfacer a la Conferencia Episcopal y a los sectores más rancios de la derecha española, en su mismo partido son numerosas las voces que le han pedido que la retire o que la suavice para consensuarla con la oposición. 

A Gallardón, que en julio aseguró muy convencido que la reforma se aprobaría en el Consejo de Ministros antes de que terminara septiembre, se le acaba el tiempo para ver su gran sueño legislativo cumplido. En algunos foros se especula ya con la posibilidad de su dimisión si finalmente Rajoy decide que no toca reabrir en las Cortes y en la calle el debate sobre un asunto de alta sensibilidad social y política coincidiendo con la precampaña y la campaña electoral que tenemos casi a las puertas. En los cálculos electorales del presidente seguramente pesa mucho más el riesgo de perder cientos de miles de votos que a un ministro de Justicia. O como diría un marinero paisano de Rajoy: no salgas de puerto si las nubes no corren con el viento. 

Petroleando

De nuevo se preparan en Canarias manifestaciones de protesta contra las prospecciones petrolíferas que Repsol se propone iniciar en noviembre en aguas de Lanzarote y Fuerteventura. Este fin de semana se reúnen en Gran Canaria las organizaciones ecologistas de las islas y el próximo lo harán en Fuerteventura las de otros puntos del país en donde también hay proyectados sondeos. En ambos casos el objetivo es intentar detenerlos por la vía de la presión social a la espera de lo que ocurra en las vías administrativa y judicial, además de en la consulta popular que se prevé llevar a cabo antes de finales de noviembre. 

Hasta el momento son tres los recursos de alzada presentados contra la resolución del 13 de agosto – no es casual que fuera en plena canícula y con todo el mundo de vacaciones – en la que el Ministerio de Industria dio el visto bueno a la petrolera de Brufau para que empiece a perforar el lecho marino en busca de oro negro. El primero en presentar recurso fue el Gobierno de Canarias, que no arroja la toalla en su lucha contra un proyecto impuesto a golpe de decreto por el ministro Soria sin consenso social ni político previo alguno. En las últimas horas han seguido sus pasos los ecologistas de Greempeace y los de WWF. Piden también que el expediente se retrotraiga al principio y que se someta a análisis y a información pública la documentación aportada por la petrolera y que – según los recurrentes – no figuraba en la declaración de impacto ambiental. 

Como ya hay experiencia contrastada sobre el modus operandi de Industria en este asunto, Gobierno canario y ecologistas dan por descontado que la respuesta será negativa. El siguiente paso será entonces acudir a la Audiencia Nacional con un nuevo recurso que, en este caso, pedirá expresamente la paralización cautelar de los sondeos hasta que se entre en el fondo de la cuestión.

Casi al mismo tiempo conocíamos esta semana una respuesta del todavía comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea a un europarlamentario que le había preguntado por escrito sobre el cumplimiento por parte de España de la directiva comunitaria sobre informes de impacto ambiental. En su contestación, el comisario asegura que, ”por la información de la que dispone”, la tramitación ha sido acorde con la normativa de la UE. Los partidarios del petróleo han interpretado inmediatamente que Bruselas cierra la puerta a las quejas canarias y han obviado que lo único que ha dicho el comisario – que ya está haciendo las maletas - es transmitir la información que le había hecho llegar el Gobierno español pero sin entrar en el meollo de la cuestión. 

Por tanto, a priori no cabe hablar de portazo de Bruselas a las quejas de Canarias, máxime cuando en la reciente sentencia del Supremo que avaló la convalidación del decreto con el que el ministro Soria resucitó las prospecciones en Canarias, dos de los tres magistrados de la Sala emitieron sendos votos particulares en los que advertían de que el asunto debería elevarse al Tribunal Europeo de Justicia para que dictamine al respecto. 

De todos estos detalles, por cierto, se olvida sospechosamente un reciente editorial de EL PAÍS que carga las tintas contra el Gobierno de Canarias por su rechazo de las prospecciones, una posición que según diversas encuestas es compartida por una buena parte de la sociedad canaria que el periódico de PRISA ignora soberanamente. Ni una palabra hay tampoco en ese editorial sobre la falta de diálogo del titular de Industria con las autoridades de las islas desde que en 2012 reactivó un asunto que Zapatero había aparcado ante la falta de consenso en Canarias y ni una línea se incluye sobre la doble vara de medir del PP con su rechazo al petróleo en Baleares y su apoyo en Canarias. 

Pero como no hay dos sin tres, hoy nos hemos enterado de que el Ministerio de Medio Ambiente acaba de sacar a información pública los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que pretenden crearse en aguas de Lanzarote y Fuerteventura por su rica biodiversidad marina para incorporarlos a la Red Natura 2000. No es casualidad que la decisión se haya tomado poco después de que Industria autorizara a Repsol a iniciar sus trabajos petrolíferos a escasos 10 kilómetros de la zona que ahora se pretende proteger. De hecho, el expediente de este LIC lo había guardado con primor en un cajón el ahora comisario europeo de Energía y Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, cuando era ministro de Medio Ambiente. 

Mientras, fueron saliendo a información pública los LIC de otros nueve lugares de toda España en donde, claro está, no había prospecciones de por medio. Únicamente ese Ministerio y quienes solo ven en el petróleo un futuro venturoso – para Repsol – y ningún riesgo para Canarias, son capaces de negar la evidencia y sostener al mismo tiempo que los sondeos y el LIC pueden convivir sin problemas a pesar de encontrarse tan cerca entre sí. Cabe preguntarse entonces por qué no se sacó antes a información pública – de hecho, el expediente debía de estar concluido en 2013 – el LIC canario como ocurrió con los otros nueve. ¿Hubiera podido aprobar el Ministerio de Medio Ambiente una declaración de impacto ambiental favorable a los intereses de Repsol con un LIC que casi se solapa con el área de los sondeos? Blanco y en botella en este caso es petróleo.

La cartera de Cañete

Arias Cañete ya tiene cartera, ahora que acaba de empezar el curso escolar. Se lo pensó mejor el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker, y le acaba de entregar la de Energía y Cambio Climático después de haber pensado en adjudicarle la de Innovación e Investigación, algo que había puesto a los científicos de la UE a dar saltos de alegría. Lo siento por ellos. Cabe sospechar que después de examinarlo a conciencia hace un par de días, el conservador luxemburgués Junker llegó a la conclusión de que a Cañete le viene mejor una responsabilidad en la nueva Comisión Europea más acorde con su perfil empresarial y sobre, todo, con sus intereses. 

El que fuera ministro de Medio Ambiente con Mariano Rajoy hasta la víspera de las elecciones europeas por la tarde, fue también presidente de la petrolera DUCAR hasta unos meses después de entrar a formar parte del Gobierno. Entonces lo dejó, pero conserva más de 85.000 acciones de la compañía, según él mismo ha reconocido en su declaración de bienes. Entre otros negocios, DUCAR tiene gasolineras flotantes en el Estrecho que son verdaderas bombas de relojería para el medio ambiente. Y por si alguien lo ha olvidado, también dejó listo para la firma el informe de impacto ambiental favorable a las denostadas prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas de Canarias, con cuya rúbrica prácticamente se estrenó en el cargo su sucesora, Isabel García Tejerina. 

Sin duda, para Junker deben de ser méritos más que suficientes para que Cañete asuma sin condicionantes particulares o empresariales de ningún tipo ni incompatibilidad alguna, una cartera de la trascendencia de la política energética de la Unión Europea y la lucha contra el cambio climático. La única tarea que le ha puesto antes de entregarle el maletín es que les explique a los eurodiputados en qué consiste eso de la “superioridad intelectual” de los hombres con respecto a las mujeres que se le escapó en la campaña electoral. Como el nuevo comisario es hombre con sobrados recursos intelectuales y dialécticos no es probable que suspenda ese examen en la Eurocámara.

Ahora son las organizaciones ecologistas las que aplauden entusiasmadas el nombramiento, convencidas de que con el nuevo titular de Energía y Cambio Climático Bruselas va a impulsar por fin de verdad las energías renovables y luchar sin tregua contra el calentamiento global del planeta. Si se lo propone puede que hasta acabe con el agujero de la capa de ozono. Solo hay que echarle un vistazo a las decisiones políticas adoptadas en esta materia por el Gobierno del que el nuevo comisario era miembro hasta hace apenas unos meses para hacerse una idea de lo acertado del nombramiento: por citar sólo una, ahí están los 1.700 millones de euros que con la excusa del déficit de tarifa se les han recortado con carácter retroactivo a las energías limpias de este país por la vía de la supresión de las primas, algo que sólo ha provocado una decena de denuncias de empresas internacionales contra España. 

Por tanto, todos contentos, incluido el Gobierno de Rajoy, que saca pecho y habla del “alto nivel” de la cartera de Arias Cañete. Es verdad que no se trata de un cargo de relumbrón en el anillo económico de seguridad del que se ha rodeado Junker para seguir aplicando a diestro y siniestro la austeridad que le impone su jefa de Berlín, pero tampoco se puede ser tan ambicioso y pedirlo todo – cartera de peso y encima presidencia del Eurogrupo - a cambio de unos cuantos y escasos recortes en servicios públicos y una simple mariscada en Santiago de Compostela. 

Habida cuenta de que la cola para obtener carteras en la Comisión no ha parado de crecer desde que a Bruselas le dio por expandirse como el big bang en todas las direcciones y de que incluso hay que inventarlas y duplicarlas con nombres distintos para dar satisfacción a la creciente demanda, bien nos podemos dar los españoles con la de Energía y Cambio Climático en los dientes. Y por el peso que a todas luces pierde España en la nueva Comisión tras la salida del vicepresidente y comisario de Competitividad, Joaquín Almunia, no hay que preocuparse: Arias Cañete se basta y sobra para compensarlo con creces. 

De Botín a Mas pasando por Rajoy

No seré yo quien se sume con una loa al obituario nacional por la muerte de Emilio Botín. Nada tengo en su contra como persona y nada a favor como banquero. Ni me detendré en sus aciertos ni comentaré sus errores, que supongo que de todo hubo. Tampoco volveré sobre la responsabilidad de la banca y de los banqueros, incluido el desaparecido hoy, en la crisis financiera que con el tiempo ha devenido en la crisis política y social que sufrimos los ciudadanos de a pie. En esa crisis, Botín y el Santander también tienen su parte correspondiente de responsabilidad. Creo simplemente que cumplió con su cometido y mantuvo alto el pabellón de la familia de banqueros más famosa de España. 

El banco seguirá en buenas manos ya que, como establecen los preceptos de todo clan familiar que se precie, ahora es muy probable que lo herede su hija Ana Patricia. La continuidad de la saga está garantizada por tanto. Así que, quienes quieran escribir una tesis doctoral sobre la obra, vida y milagros de Emilio Botín, sólo tienen que echar un vistazo a las ediciones digitales de los principales medios y encontrarán material en abundancia. Particularmente les recomiendo EL PAÍS, en donde no había un despliegue igual por el fallecimiento de un prócer nacional desde que murió Adolfo Suárez. 

Me inspira más desde el punto de vista político el choque de trenes que se avecina en Cataluña. En la Diada de mañana sonará el que puede ser el último silbato de advertencia antes de la colisión y, mientras tanto, los personajes de este drama político permanecen inmutables en medio de la vía. Personaje principal es Mariano Rajoy, quien asegura que ya están previstas todas las medidas necesarias para que la consulta soberanista de noviembre no se celebre. Pero no las dice, con lo cual caben todo tipo de especulaciones. ¿Se incluye entre esas medidas la suspensión de la autonomía catalana si a pesar de todo la Generalitat continúa adelante? No lo sabemos pero no es descartable. 


Enfrente, Artur Mas se enfrenta al callejón en el que él mismo se metió y que ahora tiene cada vez más estrecha la salida. ¿Qué hará si el Constitucional, como es previsible, suspende la consulta? ¿Seguirá adelante con los faroles? ¿Frenará en seco? ¿Convocará elecciones anticipadas de carácter plebiscitario? ¿Pactará con el PSC – PSOE y romperá con una ERC cada vez más montaraz que llama ya abiertamente a la desobediencia civil si no hay consulta? Difícil es saberlo aunque uno supone que tendrá un plan B si el A no sale. 

En realidad, si separamos el polvo de la paja y el cruce diario de declaraciones redundantes entre Madrid y Barcelona, prácticamente nada ha cambiado desde que el presidente catalán decidió tomar el camino de en medio. Nada, salvo la confesión de fraude fiscal de Jordi Pujol con la que seguramente Artur Mas no contaba. El mea culpa del símbolo del nacionalismo catalán de las últimas tres décadas ha caído como un baldón sobre las aspiraciones soberanistas del que Mas y los suyos han intentado escabullirse aunque sin éxito alguno dadas las dimensiones de la desvergüenza del clan Pujol. 

Por lo demás y en el terreno estrictamente político, las posturas siguen tan enfrentadas como desde el primer momento y nada hace prever que variarán un ápice en los escasos dos meses que quedan para la consulta. Rajoy dice que todas las medidas legales están listas y con eso se da por satisfecho, como si sólo estuviéramos ante un asunto de leguleyos y no ante un desafío político de verdadero órdago. Mas, por su parte, reitera a diario el mantra del derecho a decidir que ningún ordenamiento jurídico internacional reconoce, pero que él ha convertido en el lema central de su proyecto soberanista más allá de todo miramiento a la Constitución y a las leyes. 

Uno no puede menos que comparar la situación catalana con la escocesa en donde, en 8 días y con las fuerzas muy igualadas, se votará entre continuar formando parte del Reino Unido o independizarse. Al margen de las diferencias entre los ordenamientos jurídicos británico y español, en donde se aprecia más la divergencia entre ambos casos es en el plano político. Para empezar el referéndum escocés está autorizado por el parlamento británico y el Gobierno de Su Majestad se ha volcado estos días con ofertas de mayor autogobierno a los independentistas escoceses. Hasta ha llegado a colocar la bandera escocesa en el tejado del 10 de Downing Street, la sede del primer ministro, como señal de aprecio y deseo de continuar juntos y ha instado a los municipios del resto del reino a hacer lo mismo. ¿Se imaginan la bandera catalana ondeando en lo alto de La Moncloa? Yo tampoco. 

Hace sólo unos meses, el fallecido Emilio Botín aseguró ante los accionistas del Santander que la “independencia de Cataluña es ilegal” y “no se va a producir puesto que no interesa ni a los catalanes ni al resto de los españoles”. Rajoy no lo hubiera dicho mejor.

No hay cama pa tanta gente

Un mes sí y el siguiente también, Canarias sigue batiendo récords en la llegada de turistas extranjeros a tostarse en las playas de las islas. Volvió a ocurrir el pasado mes de agosto, cuando el número de visitantes llegados allende nuestras fronteras volvió a rondar el millón, un 12,7% más que en el mismo mes del año pasado. Sólo en lo que llevamos de 2014 ya han visitado Canarias más de 7,5 millones de turistas, más del 12% que en los ocho primeros meses de 2013. En paralelo aumenta el gasto global de los turistas que visitan Canaria, aunque más porque crece su número de manera que parece imparable que por que se rasquen más el bolsillo en el destino. Aunque en esto no se ponen muy de acuerdo los expertos, la mayoría coincide en que al menos la mitad del desembolso para pasar una semana de vacaciones en Canarias se hace en origen y no en el lugar elegido para descansar. Al mismo tiempo, son recurrentes las críticas de pequeños y medianos comerciantes y de dueños de restaurantes, cafeterías y otros negocios ligados al sector servicios ante el auge del “todo incluido” al que se apuntan muchos establecimientos hoteleros de las Islas. 

Con este sistema, el visitante se queda durante toda su estancia en el hotel y en él termina haciendo la mayor parte del gasto. Al hotelero le viene bien porque tiene ocupadas las habitaciones pero a los negocios relacionados con el turismo le causa un daño irreparable en ventas y, a la postre, repercute negativamente en el empleo. Claro que, para animar a los turistas a abandonar la piscina del hotel y darse un garbeo por las islas, es imprescindible ampliar y diversificar la oferta complementaria a la de sol y playa. 

Aunque mucho se ha avanzado en este terreno, parece evidente que aún queda bastante por hacer. El objetivo del turismo de calidad, un viejo mantra del que todos se olvidan cuando la situación económica viene mal dada y hay que presentar buenas cifras de ocupación hotelera, no debería abandonarse a las primeras de cambio y tendría que seguir constituyendo la meta de hoteleros y autoridades relacionadas con el sector. Porque, por mucho que nos deslumbren las cifras de visitantes, mejor sería tal vez que no vinieran tantos pero que gastaran más en las Islas. Y ya puestos, uno se pregunta por la incapacidad histórica del empresariado local para contar con touroperador y línea aérea de capital canario que puje por quedarse al menos con una parte del pastel que se llevan los grandes monstruos de un sector que mueve anualmente decenas de miles de millones de euros. 

Sin embargo, para críticas las que reciben casi a diario los hoteleros por no reflejar en los datos del empleo las excelentes cifras en la llegada de visitantes. Ellos se defienden alegando que contratan todo lo que pueden y que no es de recibo que se les exija que resuelvan por sí solos las altas tasas de paro que, a pesar de esas deslumbrantes estadísticas turísticas, sigue sufriendo Canarias. Uno, en cambio, sospecha que algo más podrían hacer. Hay abundantes testimonios que hablan de plantillas insuficientes para atender hoteles con ocupaciones cercanas al 100% y de largas jornadas laborales para paliar la falta de personal. Todo ello repercute en la calidad del servicio que reciben los visitantes y eso es algo que los hoteleros deberían de cuidar porque un cliente satisfecho es un cliente que repite. 

Los turistas son los protagonistas de uno de los negocios más grandes del mundo pero también de los más frágiles: basta un volcán que entra en erupción en Islandia, una revolución política en algún destino competidor, una crisis económica en Alemania o el hundimiento de la libra británica por la independencia de Escocia para que se queden en casa o elijan otro destino más barato. Por no hablar del riesgo de que reviente un pozo de petróleo – Dios y Soria no lo quieran – para que no volvamos a verlos por aquí en unos cuantos años y entonces ríete tu de las cifras de paro. Por tanto, es vital para lugares como Canarias atenderlos con esmero al menos mientras siga siendo nuestra principal industria y eso parece que no tiene visos de cambiar ni siquiera a largo plazo.

Esto incluye también el respeto al medio ambiente y al entorno natural, lo que supone no alicatar las laderas y montes de las islas con bungalows u hoteles de cuatro o cinco estrellas a mayor gloria de empresarios ávidos de hacer caja a toda prisa. No vayamos a acabar con la gallina de los huevos de oro de la economía canaria con la excusa de buscar cama pa tanta gente.

Alcaldada

Regenerar es el mantra elegido por el Gobierno del PP para darnos la brasa hasta las elecciones de mayo. La influencia de Podemos debe de ser ya que, si no, no se entiende la súbita caída del caballo de los populares que han tenido tres años para acometer una regeneración política amplia y consensuada y sólo la sacan a relucir cuando se acercan las elecciones. Bienvenida sería si se cumplieran varios requisitos previos, entre ellos, que de una vez por todas Mariano Rajoy dijera todo lo que sabe sobre el “caso Bárcenas”. Ya es llamativo que el partido cuyo ex tesorero se encuentra en la cárcel por ocultar dinero en Suiza se apunte ahora al carro de la regeneración. 

Al mismo tiempo, si de verdad quieren el PP y el Gobierno regenerar la vida política, deberían decir con claridad  lo que se proponen ofrecer al resto de las fuerzas políticas y acallar las dudas sobre la tentación de embarcarse en reformas de calado apoyándose sólo en la mayoría absoluta de la que usan y abusan en el Congreso. Y por último, para que la propuesta fuera creíble, debería abrirse a asuntos que de momento no aparecen en la agenda regeneradora ni de los populares ni del PSOE – dicho sea de paso -, caso de las listas electorales abiertas o la corrección del perverso sistema electoral español que, por ejemplo, castiga a los partidos que concurren en todo el país a favor de los que lo hacen en un solo territorio. Sólo un dato lo pone de manifiesto: en las elecciones generales de 2011 que llevaron al PP a La Moncloa y le dieron mayoría absoluta en el Congreso, IU obtuvo 600.000 votos más que CiU pero cinco diputados menos.

Sin embargo, la propuesta estrella del PP es la elección directa de los alcaldes por parte de los ciudadanos, una cuestión que no figura precisamente entre las principales reclamaciones sociales de regeneración política y a la que el PSOE se resiste por el momento alegando que no es el momento procesal oportuno, aunque ya veremos cuánto tiempo le dura la resistencia. La propuesta, cuya letra pequeña el PP sigue sin desvelar, llega a pocos meses de unas elecciones municipales en las que según las encuestas los populares podrían perder plazas locales muy importantes. En otras palabras, tiene trampa porque huele a apaño para salvar los muebles con un cambio de la ley electoral ad hoc.


El PP defiende que la elección directa de alcaldes regenera la vida política, acerca la administración a los ciudadanos y evita la corrupción. Suenan bien estos argumentos pero tienen poca consistencia: que un alcalde gobierne mediante pactos con otras fuerzas o con mayoría absoluta no implica necesariamente más o menos corrupción. De hecho, puede pensarse que los pactos son mejor cortafuego de la corrupción que las mayorías absolutas en tanto los socios de gobierno se vigilan y fiscalizan más entre ellos que cuando gobierna un solo partido. Lo de la regeneración y la cercanía a los ciudadanos son razones de poco peso ya que no es la composición de la mayoría de gobierno de un ayuntamiento sino las políticas municipales y hasta el talante del alcalde y de los concejales las que hacen más cercana o lejana la administración municipal al ciudadano. 

Lo poco que se sabe de la propuesta popular que parece guardada bajo siete llaves es que para ser alcalde bastaría con el 40% de los votos o una diferencia sobre el segundo más votado del 5%. Nada ha dicho en cambio el PP sobre cómo conseguiría ese alcalde gobernar un municipio si solo representa a la minoría mayoritaria. Tampoco ha dicho qué encaje constitucional tendría el hecho de que la mayoría de los ciudadanos haya votado por otras fuerzas políticas que sumadas sí representan a la mayor parte del cuerpo electoral. ¿Habrá una segunda vuelta para resolver esa situación? ¿Qué partidos de los que concurrieron a la primera podrían presentarse a la segunda? ¿Se permitirían alianzas electorales entre ellos en una segunda vuelta? ¿Se le adjudicarán al candidato más votado la mitad de los concejales para que tenga mayoría absoluta saltándose incluso el principio de representación proporcional? ¿Se mantendrá la moción de censura? 

A la espera de concreción sobre estos y otros interrogantes, lo más que se puede decir en estos momentos es que el PP, al igual que el resto de las fuerzas políticas, tampoco ha predicado hasta ahora con el ejemplo y cuando se le ha presentado la oportunidad no ha dudado en aliarse con el enemigo para desbancar al partido en el gobierno municipal aunque sea el más votado. Lo que no se entiende – o se entiende demasiado bien – es que ahora nos quiera regenerar de un plumazo dándole dos meses de plazo a la oposición para ponerse de acuerdo sobre la elección de alcaldes y no sobre un amplio y profundo cambio normativo que de verdad merezca el nombre de regeneración política. ¿Y qué hará si no hay consenso? ¿Retirará o cambiará la propuesta o seguirá adelante con los faroles por el bien de nuestra degenerada democracia? Lo veremos.   

Justicia a remolque

A los jueces españoles, a menudo tan vilipendiados, habría que levantarles un monumento en alguna plaza de este país. Por lo menos a aquellos que han tenido la valentía de cuestionarse algunas leyes manifiestamente injustas. De no haber sido por su negativa a aplicarlas sin ponerlas en duda las cosas hoy serían aún peores para muchas familias españolas. Estoy hablando de los desahucios y de los dos varapalos consecutivos que el Tribunal Europeo de Justicia le ha propinado a nuestro país por mantener una legislación hipotecaria obsoleta y pensada para satisfacer sólo a una de las dos partes de cualquier contrato, en este caso a los bancos. Todos tenemos en la memoria el fallo del alto tribunal Europeo a instancias de un juez español contra las leyes hipotecarias españolas que obligó al Gobierno de Rajoy a modificar la normativa. 

Por desgracia y a pesar de la propaganda con la que se vendió la medida, lo que salió de la modificación no ha servido para detener el drama de los desahucios en este país del que, a pesar de que ya no se habla tanto en los medios de comunicación, sigue siendo una realidad cotidiana para muchas familias que después de perder el trabajo han terminado también perdiendo sus casas. Para comprobarlo basta con echar un vistazo a las estadísticas que periódicamente publica el Consejo del Poder Judicial, según el cual, sólo en los tres primeros meses de esta año se han registrado en España casi 18.500 lanzamientos de viviendas y locales, un 7% más que en el trimestre anterior. 

Las peticiones de las plataformas antidesahucio para que se incluyera en la nueva normativa la dación en pago de la deuda, tal y como ocurre en otros países, fueron ignoradas por el Gobierno y los bancos siguieron desahuciando a pesar de que eso significara engordar aún más su volumen de pisos y lastrar sus balances. En Andalucía y Canarias se intentó poner coto al problema con una normativa de expropiación temporal del uso de la vivienda para que las familias en dificultades no fueran lanzadas a la calle por las entidades financieras. Apenas aprobada la suya por el gobierno de la Junta de Andalucía, La Moncloa la llevó al Tribunal Constitucional y pidió su suspensión automática. En Canarias, en donde se quiso copiar el modelo andaluz pero en donde no existe la posibilidad del decreto ley, los cambios se eternizaron al hacerse necesario modificar la ley autonómica de vivienda para incluir medidas que protegieran a las familias en apuros frente a los desahucios y lanzamientos judiciales. 

El Gobierno de Rajoy ha venido presumiendo de que con las medidas aprobadas tras la primera sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Justicia, la legislación hipotecaria se había adaptado a la realidad social y se había dado respuesta al drama de los desahucios. Ma non troppo. Otra sentencia del mismo tribunal, dictada también a instancias de otro juez español y ésta mucho más reciente, ha vuelto a dejar a nuestro país y a su gobierno con las vergüenzas al aire y ha puesto de manifiesto que la modificación anterior se había quedado corta por injusta para con los más débiles. 

Dice el fallo, conocido a mediados de julio, que la legislación sigue siendo injusta porque no se le permite al desahuciado recurrir a una segunda instancia judicial cuando se desestime su oposición a un lanzamiento. Por el contrario, si quien perdía el pleito en la primera instancia era el banco sí podía apelar a una segunda instancia, así de equitativa era la norma. Ahora, el Consejo de Ministros acaba de aprobar un nuevo cambio normativo, esta vez a través de la Ley Concursal y no de la Ley de Enjuiciamiento Civil como plantea el tribunal europeo, que pone en pie de igualdad a acreedores y deudores: ambos tendrán una segunda instancia si en la primera no ven satisfecha su posición. 

Y uno se pregunta: ¿no cayeron en la cuenta de ese trato injustamente desigual las lumbreras que elaboraron el primer cambio de la normativa? Seguramente lo sabían pero prefirieron hacer la vista gorda a mayor gloria de los bancos con la esperanza de que los jueces siguieran aplicando la ley como hasta ahora y ninguno elevara sus dudas al Tribunal Europeo de Justicia. Se equivocaron y volvieron a poner en evidencia cuál es la vara de medir que se usa en España cuando se trata de elegir entre los que tienen y los que no tienen, a quienes hay que rescatar y a quienes hay que dejar en la calle.

¿Qué hay de lo mío?

Va a tener Mariano Rajoy que invitar a Angela Merkel a otro paseo por el Camino de Santiago seguido de mariscada y albariño si quiere colocar a los suyos en algunos de los puestos clave que acaban de ponerse en almoneda en Bruselas tras las elecciones europeas de mayo. Se las prometía muy felices el presidente español después de conseguir el apoyo de la canciller para que su ministro de Economía, Luis de Guindos, se convirtiera en el nuevo presidente del Eurogrupo. La única pega es que el puesto está ocupado hasta el año que viene y su actual inquilino, el también ministro de economía holandés, no parece dispuesto a levantarse de él para cedérselo al hombre de Rajoy. 

Se llama Jeroen Dijsselbloem – prueben a pronunciarlo sin trabucarse – y ha dicho que no se apartará de su amado cargo antes del verano de 2015, cuando expira su mandato, ni con agua caliente. A los que esperan para moverle la silla, Guindos entre ellos, les ha dicho que será dentro de un año cuando decida si se vuelve a presentar o no, así que lo mejor es que vayan guardando la cola. No contento con dejar de momento al ministro español compuesto y sin cargo europeo de relumbrón, el tal Jeroen le ha mandado un recado que estaría cargado de mucha razón si no fuera porque debería de aplicárselo también a sí mismo:“deberíamos hablar menos del empleo de los políticos y más del empleo de los jóvenes”, ha dicho. 

Mirándolo por el lado positivo y conociendo a Rajoy, hay que admitir que al presidente español le viene muy bien que su ministro de economía no se le vaya antes del verano del año que viene a presidir el Eurogrupo, aunque siempre podría simultanear ambos cargos como hace el holandés sin cortarse un pelo. En caso contrario tendría que enfrentarse al tremendo esfuerzo que le supondría pensar en quién pone en su lugar. ¿Se acuerdan ustedes cuántas semanas estuvo Rajoy deshojando la margarita primero para nombrar candidato y luego para sustituir a Arias Cañete en Agricultura – el único miembro del gabinete que ha cambiado en tres años de legislatura - y cuánto tiempo pasó el entonces ministro simultaneando el cargo oficial con la candidatura al Parlamento Europeo hasta el punto de no saber cuándo actuaba como ministro y cuándo como candidato? 


El ex ministro de la manteca colorá que presumía de consumir yogures caducados también estaba hasta hoy en expectativa de destino en la Unión Europea. Nadie en sus cabales pensó en ningún momento que alguien como él, con su superioridad intelectual, iba a integrarse como uno más en la tropa de más de 700 europarlamentarios y someterse sin protestar a la torre de Babel de la eurocámara. Él y quien ordenó que se fuera a Bruselas con el dedo de designar, aspiraban a mucho más. Concretamente, a que se encargara de una cartera del área económica en la nueva Comisión Europea en la que, a pesar de contar con un montón de puestos vacantes, también hay largas colas para ocupar alguno de ellos. Ahora parece que Arias Cañete no da la talla, al menos en altura, para convertirse en comisario económico con toda la barba. 

El presidente electo de la Comisión, Jean Claude Junker, - otro que se agarró durante años a la presidencia del Eurogrupo gracias a la bendición de su mentora Merkel - parece que lo ve más ocupándose de la Investigación y la Innovación. De hecho, en ese puesto lo ha colocado Junker en un borrador con los miembros del nuevo gobierno comunitario que hoy ha revelado el Financial Times. ¿Arias Cañete de comisario de Investigación e Innovación mientras le dan la cartera de Agricultura a un irlandés, que seguramente ni siquiera sabe lo que es la manteca colorá? Pues sí, como lo han leído: esa será su responsabilidad, lo que pone de manifiesto la importancia que le da el presidente de la Comisión a esos dos asuntos que, en manos de Arias Cañete, sin duda convertirán a la UE en la primera potencial del mundo mundial en ambos terrenos muy por delante de EEUU o Japón. Será por la superioridad intelectual, suponemos. Ángela, por favor, arregla esto. 

La OCDE descubre la pólvora

No es verdad que fueran los chinos los inventores de la pólvora. Eso no es más que un mito que no se ajusta a la realidad histórica. La pólvora la acaba de inventar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el informe sobre perspectivas de empleo presentado hoy. Tan alta institución que, junto a otras de similar alcurnia como el Fondo Monetario Internacional guardan celosas el Santo Grial con las esencias del neoliberalismo, asegura que bajar demasiado los salarios retrasa la salida de la crisis económica. La razón es que hasta los que tienen trabajo pasan miserias y caen en la pobreza porque, además, han de pechar con la creciente presión fiscal, los recortes y los repagos varios. O dicho en otras palabras, que no les llega el salario para consumir con el entusiasmo al que están llamados para que la rueda del capitalismo pueda seguir girando hasta la siguiente crisis cíclica y vuelta a empezar. 

De verdad, nunca se nos habría ocurrido llegar a una conclusión tan sagaz como la que hoy ha dado a conocer la OCDE. La única pega es que quien ahora descubre que los bajos salarios son un lastre para la salida de la crisis es la misma institución que lleva años exigiendo moderación salarial contra viento y marea. La receta ha sido asumida con fervor por los grandes empresarios y reflejada negro sobre blanco en la reforma laboral española con la que el Gobierno del PP tuvo a bien iniciar esta legislatura de nuestros recortes. 

Todo lo que sobre moderación salarial para ganar competitividad pedía la OCDE, el FMI o la Comisión Europea – los mercados, para entendernos – era inmediatamente asumido y aplicado sin miramientos ni análisis alguno de los efectos perversos que el recorte salarial terminaría generando más pronto que tarde, como está quedando de manifiesto con los afortunados asalariados que han pasado a engrosar las estadísticas de la pobreza y la exclusión social. 


Gracias a los recortes salariales por la vía de cortocircuitar la negociación colectiva, abaratar el despido y precarizar el empleo, ganó España competitividad pero, a la vista de los últimos datos sobre nuestras exportaciones, el efecto ha sido más bien pasajero y flor de un par de días en lugar de las raíces vigorosas de las que acaba de presumir Rajoy. Ningún país puede salir de un hoyo económico como en el que cayó España recortando a mansalva la participación de los trabajadores en la renta nacional mientras ha crecido sin parar la de las grandes empresas. Puede que durante algún tiempo le vendamos más tomates, berenjenas y pepinos que nuestros competidores a alemanes y franceses, pero a medio plazo si el consumo interno no carbura de nada nos vale exportar un poco más. 

Esta caída del caballo de la OCDE y su sorprendente descubrimiento de que salarios bajos equivalen a extender los efectos de la crisis incluso a aquellos que están llamados a tirar del consumo, ponen de manifiesto que empresarios y Gobierno se pasaron de frenada con sus políticas de ajuste salarial y precarizacion loboral a todo trapo. Es la pescadilla que se muerde la cola y eso es algo que no hace falta que nos lo diga ni la sapientísima OCDE ni la bruja Lola: si el consumo no tira las empresas no venden y si las empresas no venden echan más trabajadores a la calle y si hay más paro el consumo se enfría aún más y si el consumo se enfría aún más los bancos guardan el dinero bajo siete llaves. Es la lógica del capitalismo y no hay más vueltas que darle, salvo que el conjunto de la sociedad se decida algún día a apostar por un sistema económico que no fíe su estabilidad al consumo compulsivo y superfluo de bienes y servicios prescindibles y opte por preservar el medio ambiente y los recursos finitos del planeta para las futuras generaciones. 

Pero mientras eso no ocurra – y solo podría ocurrir a muy largo plazo -, una situación económica empantanada como la actual comporta que el Estado no recaude los suficientes impuestos y si el Estado no recauda los impuestos que necesita tiene que endeudarse aún más y hacer más recortes en servicios públicos para cumplir el sagrado déficit y si hay que hacer más recortes y endeudarse más…¿sigo? De todos modos estoy convencido de que este genial descubrimiento sobre la política de salarios que acaba de hacer la OCDE, por un oído le entrará y por otro le saldrá a la gran patronal y al Gobierno que hace tiempo ya han aprendido a escuchar solo lo que les interesa. Hasta puede que Montoro nos recuerde aquello de que los salarios en España “están subiendo moderadamente”. En cuanto a la OCDE, le alabo su perspicacia y genialidad y desde aquí apoyo entusiasmado su candidatura al próximo Premio Nobel de Economía. Es lo menos que se merece, además del agradecimiento eterno de los pobres asalariados españoles.       

Empezamos bien

Eso que, más por convencionalismo periodístico que por otra cosa, se ha dado en llamar nuevo curso político ha arrancado hoy en la práctica con traca de altura en el Congreso de los Diputados. Sin necesidad de ayudarse de su ya famoso Power Point, el ministro Montoro se ha despachado a gusto contra el ex molt honorable Pujol por habérselo llevado crudo durante más de treinta años a paraísos fiscales. No digo yo que no le asista la razón a Montoro cuando arremete como un astado contra el ex presidente catalán, sólo que no se le notó la misma bravura ni la misma preocupación ética y moral cuando le tocó hablar de las cuentas en Suiza de Bárcenas, algo al menos tan feo como lo que ha hecho el patriarca de los Pujol. 

Sin embargo, más allá de afear la conducta pujoliana, poco más de enjundia dijo el ministro. Que Pujol no se acogió a la graciosa amnistía fiscal que el propio Montoro organizó en 2012 a mayor gloria de los defraudadores patrios es algo que ya sabíamos de puño y letra del propio ex presidente catalán. Mientras, lo de que Hacienda llevaba mucho tiempo investigando de dónde sacaba para tanto como destacaba la honorable familia de Pujol, especialmente su hijo mayor con sus casas de 3,5 millones de euros en Pedralbes y su colección de coches de lujo comprados a precio de saldo, es algo que a estas alturas no parece fácil de creer. 

Más bien ha ocurrido que Hacienda – que seguimos sin ser todos – ha mirado durante décadas para otro lado no fuera a ocurrir que una de las estrellas de la añorada Transición se nos pusiera hosco como en el episodio aquel de Banca Catalana y señalara con el dedo de acusar al Madrid de todos los males catalanes, que es lo que precisamente acaba de hacer el Gobierno de la Generaliltat nada más digerir la filípica montoriana de esta mañana. Se ve que determinadas reacciones políticas no cambian con los años y mucho menos con las abrumadoras evidencias por él propio Pujol reconocidas de que durante años defraudó al fisco, a los catalanes y a los españoles en general. 

Ya metido en faena, no dejó pasar Montoro la ocasión de tirarle algunos mandobles al heredero político de Pujol, el muy honorable Artur Mas, y a la consulta soberanista catalana que se nos viene encima como un tren de mercancías salvo que a punto de la colisión frene el convoy aún a riesgo de que descarrile el gobierno de la Generalitat y tengan que saltar todos por la ventanilla de socorro. 

Un Montoro muy crecido también ha presumido hoy de lo bien que va la lucha contra el fraude fiscal en este país de nuestros pufos: 5.500 millones de euros en los primeros seis meses del año ha ingresado el fisco por ese concepto. La única pega – como se han apresurado a recordar los siempre incómodos técnicos de Hacienda – es que esa cantidad es prácticamente la misma que se recaudó en el primer semestre del año pasado y del anterior. Todo ello en un contexto en el que, debido a la crisis, la economía sumergida no ha hecho sino engordar. ¿De qué presume entonces Montoro si, además, el presupuesto destinado a la Agencia Tributaria se ha recortado, como casi todo lo que sea público, y si las grandes empresas, en donde se acumulan las grandes bolsas de fraude en este país, siguen pagando mucho menos impuestos de los que deberían? 

Aunque para presumidos ahí tenemos al mismísimo Rajoy, entregado en este nuevo curso político a las metáforas vegetales y viendo “raíces vigorosas” en la economía española aunque la mayoría de los españolas más bien perciba hojas secas. Entre ellas la del empleo, que hoy le ha dado un mal día al Gobierno después de subir en más de 8.000 personas en agosto y caer las afiliaciones a la Seguridad Social en más de 97.000. Y aún puede que confíe Rajoy en que acabará la legislatura con menos parados de los que había cuando la comenzó, va ya para tres años. Tres años de política económica culminados con la rendición completa y definitiva ante el austericidio merkeliano, escenificada por el propio Rajoy y la canciller alemana a los pies del patrón Santiago y cierra España. 

A la vista de que la economía ya tiene “raíces vigorosas” y de que las hojas del calendario caen cada vez rápido, me huelo que el Gobierno va a dejar de torturarnos todos los viernes con nuevas “reformas estructurales” y se va a pasar de inmediato al campo de la “regeneración democrática” de la que aspira a convertirse en campeón universal. Ya le ha dado un plazo de dos meses a la oposición para que acepte que un alcalde pueda gobernar en un ayuntamiento aunque sólo represente a la minoría mayoritaria de los electores. La incógnita es si aparcará la propuesta – cuya letra pequeña se resiste a explicar - o seguirá adelante con los faroles si la oposición le dice nones al apaño electoral y de casi imposible encaje constitucional con el que se quieren cambiar las reglas del juego democrático a menos de un año de las elecciones para salvar de la quema algunas plazas políticas de mucho relumbrón. Continuará…