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Montoro tiene un problema

Al ministro Montoro le ha caído hoy la del pulpo y un marrón del que aún no se sabe muy bien cómo saldrá: podría tener que devolver unos 13.000 millones de euros que le pueden hacer un boquete de considerables dimensiones en las cuentas públicas y a los ciudadanos uno más grande aún en nuestros bolsillos. Dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el llamado “céntimo sanitario” que se aplica en España desde 2002, cuando gobernaba Aznar y España iba bien, es una suerte de aberración fiscal. Dice también que se ha venido aplicado de mala fe porque en reiteradas ocasiones Bruselas había advertido al Gobierno español de que el impuesto de marras vulneraba el derecho comunitario y hasta le abrió un expediente a nuestro país por ese motivo. 

Como quien oye llover, España lo siguió aplicando hasta el año pasado cuando, atisbando el revés judicial que se avecinaba, lo incluyó en los impuestos sobre hidrocarburos, algo que debió de haber hecho desde un primer momento. Primero fue la administración central la que lo aplicó y después, con la llegada de la crisis, se fueron animando las comunidades autónomas de todos los signos políticos con el visto bueno del Gobierno central. Sólo cuatro, entre ellas Canarias por su régimen fiscal diferenciado, no sucumbieron a la tentación de obtener unos millones de recaudación extra a costa del bolsillo de los consumidores con la excusa de destinarlos a costear la sanidad pública, algo que está por ver si hacían o no.

Esa es la parte que el Tribunal rechaza: no se puede establecer un impuesto sobre los hidrocarburos si su recaudación no guarda alguna relación específica con ellos. Lo cierto es que no faltan argumentos en contra y a favor de que se cobre un impuesto sobre los combustibles para destinarlo a financiar un servicio público como la sanidad. Los que lo rechazan coinciden con la sentencia conocida hoy y consideran injusto que transportistas o taxistas tengan que contribuir en mayor cuantía que otros ciudadanos al sostenimiento de servicios públicos como el de la sanidad. 

Los que lo apoyan subrayan, por ejemplo, que contribuye a que todos los ciudadanos podamos disfrutar, con el permiso de Ana Mato, de una sanidad pública de calidad. Y añaden que la polución o los accidentes de tráfico también generan importantes gastos en los servicios sanitarios. 

En cualquier caso, la sentencia es firme y obliga expresamente a España a devolver el dinero indebidamente recaudado con este sistema, unos 13.000 millones de euros. Es ahí en donde empieza ahora el problema. Las comunidades autónomas ya hablan de pasarle la factura a Montoro y el ministro minimiza los daños y asegura que no será tanto, como mucho unos 4.000 millones. Ya veremos cuánto es porque hay que tener en cuenta que un impuesto indebidamente cobrado prescribe a los cuatro años y, sobre todo, que Hacienda seguramente pedirá hasta el certificado de buena conducta a quienes osen solicitar que se les devuelva el dinero sisado con el famoso céntimo sanitario.

Es verdad que Montoro tiene un problema pero, como tenga que devolver los 13.000 millones de euros, los españoles vamos a tener más de uno.

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