La Justicia española en la picota

Dos noticias casi simultáneas han vuelto a dejar al sistema judicial español y a determinada clase política con sus vergüenzas a la vista de todo el mundo. Por orden cronológico, la primera de las noticias está fechada en Argentina. Allí, una juez federal de Buenos Aires acaba de admitir a trámite la denuncia presentada contra España por los familiares de cinco republicanos fusilados a manos de leales franquistas en 1937. Los hechos ocurrieron en el que entonces era municipio de San Lorenzo, en la isla de Gran Canaria, y los fusilados fueron el alcalde, el secretario municipal, el jefe de la policía local y dos sindicalistas. Como es fácil de suponer, su delito fue mantenerse leales a la República. 

Afirman los denunciantes que todos ellos fueron torturados antes de ser fusilados y añaden que el hijo de uno de los sindicalistas, un bebé de cuatro meses, murió al ser arrojado violentamente contra una pared durante un registro. Los familiares, parientes directos de las víctimas, prestarán declaración ante la juez bonaerense que en fechas próximas se trasladará a España para conocer de cerca otras causas de represaliados por el franquismo abiertas en su juzgado. 

Para estos denunciantes se abre por fin una vía a la esperanza de que se haga justicia y de que los restos de sus seres queridos, enterrados en una fosa común del cementerio de Las Palmas, sean desenterrados, identificados y entregados a sus familiares para que les den sepultura. No parece mucho pedir pero lo cierto es que el sistema judicial español les ha negado esa posibilidad en reiteradas ocasiones, así que ahora queda en manos de la Justicia argentina satisfacer sus justas demandas, las mismas que la fracasada Ley de Memoria Histórica es incapaz de atender. 

La otra noticia está fechada en Estrasburgo, en donde tiene su sede el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En una sentencia que como mínimo debería de avergonzar también a las autoridades españolas y al sistema judicial de este país, se condena a España por la orden de expulsión de una treintena de inmigrantes saharauis que habían llegado a Fuerteventura huyendo de la represión de la policía marroquí en El Aaiún.

Afirma la sentencia conocida hoy que España ordenó la expulsión sin haber concluido el examen de la petición de asilo presentada por los inmigrantes a su llegada a España alegando que de ser devueltos al Sahara su vida corría peligro. No lo dice el fallo, aunque es fácil deducirlo, que en el Ministerio del Interior hubo una prisa inusitada por echar del país a treinta posibles activistas saharauis y dar así satisfacción al régimen marroquí. 

La orden de expulsión fue ratificada incluso por los jueces de la Audiencia Nacional, a la que acudió pidiendo medidas cautelares la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Sólo cuando el caso llegó al Tribunal de Estrasburgo la expulsión quedó en suspenso y los saharauis pudieron permanecer en España a la espera de que se resolviera el contencioso. Eso es lo que acaba de ocurrir y el varapalo judicial a nuestro país es de los que debería escocer en lo más profundo de un país democrático.

Asegura el fallo de Estrasburgo que España violó nada menos que tres artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el número 13 sobre el derecho a un recurso efectivo, el número 2 sobre el derecho a la vida y el número 3 de prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Y remata afirmando que España también se saltó a la torera el artículo 46 del mismo Convenio que “debe garantizar, jurídica y materialmente, el mantenimiento de los demandantes en territorio español hasta que concluya el examen de sus causas”. 

Claro que, bien pensado, qué se puede esperar cuando el portavoz parlamentario del partido en el Gobierno, Alfonso Alonso, afirma que la “Justicia universal sólo crea falsas expectativas y conflictos diplomáticos”. Y es que no hay nada tan tranquilizador para las conciencias de algunos y que menos problemas diplomáticos genere que la paz de los cementerios.