No es cierto como escriben algunos que la reforma del sistema electoral canario sea solo un asunto de estricto interés partidista. Mienten quienes tal cosa afirman y lo saben. Contar con un sistema electoral que tienda al principio de "un ciudadano, un voto", es algo que interesa a cualquier sociedad cuyo sistema político reciba el nombre de democrático. Que en el caso de Canarias los ciudadanos no paren por la calle al presidente del cabildo de Tenerife y le pregunten por el sistema electoral, no implica que el mismo sea la primera maravilla de los sistemas que en el mundo son o han sido. Quienes aseguran que este es un rollo político que solo interesa a los políticos le hacen un flaco favor a la democracia con su desprecio por uno de sus pilares: la representación de la soberanía popular en el parlamento.
Tal vez lo que busquen quienes así piensan y escriben es descalificar el debate y a quienes defienden la ineludible necesidad de cambiar las reglas del juego democrático por otras que reflejen la realidad demográfica de estas islas, convencidos de que los parlamento representan ante todo a ciudadanos más que a territorios. Por repetidos hasta la náusea no es momento ahora de volver a sacar a relucir las singulares características del descompensado sistema electoral canario que, lejos de tender al principio señalado, se aleja lo más posible de él. Desde luego, no lo acerca mucho a ese objetivo la propuesta de reforma que, a regañadientes, acaba de dar a conocer CC. Después de mucho hacerse rogar propone ahora que el número de escaños regionales se incremente en tres, uno por Gran Canaria, otro por Tenerife y el tercero por Fuerteventura. Eso y una bajada a la mitad de los límites para conseguir escaño.
Si la propuesta del PP, PSOE, Podemos y Nueva Canarias ya era de mínimos - 10 diputados más y bajada de barreras de acceso a la mitad - esta no llega siquiera a esa consideración. Ignoro si lo que CC busca es un punto intermedio entre ambas propuestas pero si ésta es la última palabra de los nacionalistas, es a todas luces insuficiente por raquítica y tacaña. En términos de mejora de la proporcionalidad de la representación de las islas más pobladas - Gran Canaria y Tenerife - apenas resuelve nada y, además, rompería la sagrada triple paridad entre islas no capitalinas y capitalinas y entre provincias. No descarto que con esta propuesta se esté buscando abrir una brecha en el bloque de los cuatro partidos que defienden elevar en nueve el número de escaños y añadir uno más por Fuerteventura.
De momento se mantienen en sus trece, aunque en política es fama que los burros pueden llegar a volar. Lo que sí me parece cada vez más evidente es que CC está comprando todos los boletos para que la reforma nos la aprueben en Madrid los diputados por Cuenca, Burgos o Jaén y no los representantes canarios en el Parlamento autonómico. Tratándose de un partido que se reclama nacionalista, la paradoja no puede ser más llamativa. A estas alturas y a la vista de la escasa voluntad de los nacionalistas para poner sobre la mesa una propuesta de reforma que permita la unanimidad o por lo menos un amplio consenso, parece que no va quedando otra salida. Resignarse a aceptar lo que propone CC sería asumir la imposibilidad de entender a Canarias como un solo pueblo y dar por bueno que el voto de un ciudadano de alguna isla no capitalina tiene forzosamente que valer catorce veces más que el de uno de una isla capitalina. Sería, en definitiva, conformarse todo lo más con una reformilla, es decir, hacer como que han cambiado las cosas sin que en realidad haya cambiado prácticamente nada.
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