Una infanta blindada y un PP ofendido

De manera muy distinta les han ido sus asuntos judiciales a la infanta Cristina y al PP en las últimas horas: la primera ha encontrado un nuevo defensor de su inocencia y el segundo ha sido expulsado como acusación particular del caso Gürtel.

Vayamos por partes. A la infanta Cristina, que ya contaba con el apoyo inquebrantable de la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado, le ha surgido un nuevo y valeroso defensor: la Agencia Tributaria, vulgo Hacienda. En contra del criterio de la Audiencia de Palma y del juez Castro, Hacienda se niega a ampliar la investigación fiscal sobre la infanta y se reafirma en un informe elaborado en Cataluña, pero convenientemente “revisado” por personas de toda confianza del ministro Montoro en Madrid, en el que ya determinó que la hija del Rey no cometió delito alguno de ese tipo. Sobre la posibilidad de que la infanta cometiera delito de blanqueo de capitales, Hacienda se escabulle asegurando que el asunto no es de su competencia. Asombroso.

En su respuesta denegatoria al juez Castro se permite incluso sentar cátedra sobre cuáles son las circunstancias que deben concurrir para determinar la presunta culpabilidad o inocencia de la infanta algo que, al menos eso suponíamos hasta ahora, debería de ser el juez quien lo estableciera en función de los datos que, sin embargo, se le deniegan.

A la vista de la respuesta cabe preguntarse para qué necesitamos a un juez investigando sobre las cuentas y los bienes de la infanta con el fin de intentar determinar su grado de implicación en los negocios de su esposo y, en su caso, imputarla por delitos fiscales o blanqueo de capitales. Si Hacienda dice que no es culpable de nada a Hacienda hay que creer y ya puede ir el juez olvidándose del caso.

De guinda, también se opone Hacienda a que un funcionario experto de Vigilancia Aduanera que ya venía colaborando con Castro en el “caso Nóos” siga haciéndolo. Debe de ser a esto a lo que se suele llamar “colaboración con la justicia” siempre, claro está, que el sujeto de la investigación judicial no sea un destacado miembro de la Casa Real.

Con la infanta blindada judicialmente por la fiscalía, la abogacía del Estado y ahora también por Hacienda, el PP acaba de llevarse una sonora bofetada en la Audiencia Nacional. Muy ofendidos están los populares después de que el juez Ruz primero y ahora la propia Audiencia hayan decidido expulsarlo como acusación particular en el caso Gürtel.

Tal y como sostenía el juez al que ahora respalda la Audiencia, el PP ha empleado el viejo truco de estar en misa y repicando al personarse como acusación particular alegando los graves perjuicios que la trama corrupta le está causando. Sin embargo, una vez dentro, se ha dedicado más bien a actuar a favor de los acusados – entre ellos el innombrable Luis Bárcenas - como señala con toda crudeza la Audiencia. En particular le recuerda los escritos presentados en los que el PP reclamaba el archivo de las diligencias abiertas contra Bárcenas, su esposa y Jesús Merino.

Con todo, lo más duro del auto de la Audiencia es la parte en la que se establecen vínculos “evidentes” entre la trama corrupta Gürtel y los papeles de Bárcenas y que salpican de lleno al PP y su contabilidad en B. Ahora, expulsados del sumario, los populares no podrán conocer las actuaciones del juez ni, en su caso, oponerse a ellas.

¿Qué va a ser de ellos, los pobres? ¿Quién los va a defender ahora de las “arbitrariedades” e “injusticias” del juez Ruz, como escribieron – pasándose veinte pueblos - en su recurso contra la expulsión como acusación particular? ¡Qué injusta es la Justicia! ¡Unas blindadas y otros ofendidos y abandonados a su suerte!